Justicia transicional en Guatemala
Los casos de memoria histórica que aún esperan justicia
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Sobrevivientes y familiares continúan en búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Estos son 10 casos de memoria histórica en los que se investigan posibles violaciones de derechos humanos, que están activos en el Organismo Judicial.


Genocidio maya ixil durante el gobierno de Lucas García (1978-1982)

Los generales retirados Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Callejas y Callejas están acusados por genocidio, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad contra la población maya ixil.

El juicio está programado para el 9 de enero de 2023. El caso está a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo «A». Las juezas Yassmín Barrios y Patricia Bustamente se excusaron de conocerlo porque ellas fueron las encargadas de dictar sentencia en el juicio por genocidio en 2013, cuando se condenó a Ríos Montt. Por este motivo, se integró otra terna. El Tribunal estará conformado por el juez Gervi Sical Guerra, las juezas Aura del Carmen Canil Grave y Diana Guisela Juárez Ordoñez

Sical integró el tribunal que dictó la sentencia en el «Caso mujeres achi».

Masacre de las Dos Erres

En 1982, kaibiles y soldados asesinaron a más de 200 personas en la comunidad Dos Erres, en Petén. Las víctimas sufrieron torturas y violaciones. Por este proceso ya han sido condenadas varias personas y otras serán juzgadas en los próximos meses.

Genocidio maya ixil durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt (1982-1983)

Luis Enrique Mendoza García, jefe de operaciones militares durante el gobierno de Ríos Montt y suegro del exdiputado Estuardo Galdámez, se enfrenta a cargos de genocidio y delitos de lesa humanidad contra la población maya ixil.

El acusado se encuentra a la espera de juicio. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) presentaron un amparo contra la jueza de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, por no admitir algunos medios de prueba. Este amparo fue resuelto sin lugar, CALDH y AJR apelaron y la Sala Primera de Mayor Riesgo deberá resolver la apelación. 

El juicio está a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo «A». Las juezas Yassmín Barrios y Patricia Bustamente se excusaron de conocer el caso porque ellas fueron las encargadas de dictar sentencia en el juicio por genocidio en 2013, cuando se condenó a Ríos Montt, por lo que deberá integrarse otra terna. La Sala Primera de Mayor Riesgo “A” debe designar a jueces suplentes del tribunal para conformar la nueva terna.

Familiares de las víctimas durante una audiencia del caso Diario Militar. Fotografía: Verdad y justicia en Guatemala.

Diario Militar

El Diario Militar, o Dossier de la muerte, es un documento que registra operaciones de vigilancia, detenciones ilegales, torturas y ejecuciones a activistas, sindicalistas y miembros de organizaciones considerados subversivos por el aparato estatal. También incluye información de organizaciones y medios de comunicación. Se creó durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).

[Lee aquí: Caso Diario Militar: la inteligencia militar va a juicio]

El juez Miguel Ángel Gálvez durante una audiencia del caso Diario Militar. Fotografía: Verdad y justicia en Guatemala.

Creompaz

Este caso de desaparición forzada masiva se centra en el descubrimiento de las osamentas de 565 personas en 85 fosas clandestinas en la antigua Zona Militar 21 en Cobán, Alta Verapaz, hoy Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz). 

La jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Alto Riesgo «A», dictaminó en 2016 que había pruebas suficientes para juzgar a ocho militares retirados por este caso:  

En el inicio del proceso penal el MP y los abogados que representan a las familias de las víctimas habían solicitado que se llevara a juicio a 14 imputados. El proceso se encuentra en etapa intermedia. Lleva años paralizado debido a diversos recursos pendientes de resolución.

[Lee aquí: Creompaz, base militar y cementerio clandestino]

Un soldado frente al Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en marzo de 2022. Fotografía: Andrea Godínez /Ocote.

Masacre de Xamán

Cinco militares retirados son señalados de participar en la masacre registrada en 1995 contra miembros de la comunidad Aurora 8 de octubre, en la finca Xamán, Chisec, Alta Verapaz:

Masacre de Tululche

El excomisionado militar Juan Alecio Samayoa Cabrera es acusado de participar en la masacre de más de 10 personas, cometer asesinatos, violaciones y otros delitos en la finca estatal de Tululche, en El Quiché. 

En 2020, la jueza Susy Pérez, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Cruz, en Quiché, desestimó el caso, pero las víctimas apelaron la decisión judicial. Se volvió a emitir una orden de detención contra Samayoa. Actualmente está prófugo, y se espera la comparecencia del acusado para continuar con el proceso judicial. 

Tres casos con condena,
cuyas sentencias están bajo apelación

Caso mujeres achi (Condena dictada el 24 de enero de 2022)

Cinco expatrulleros de autodefensa civil fueron condenados por el Tribunal de Mayor Riesgo «A»: 

 Las juezas Yassmín Barrios, Patricia Bustamante y el juez Gervi Sical dictaron una condena de 30 años de prisión, por violar a un grupo de mujeres achi durante el conflicto armado interno. 

Las abogadas querellantes Lucía Xiloj, Haydeé Valey y Gloria Reyes apelaron la decisión de la jueza Claudette Domínguez —del Juzgado de Mayor Riesgo «A»—, quien había dictado sobreseimiento a otros tres expatrulleros. Las abogadas buscan que se abra juicio contra ellos. La Sala Segunda de Mayor Riesgo debe resolver la apelación. 

[Lee aquí: Caso mujeres achi, la condena llega 40 años después de los crímenes]

Mujeres Achi celebran la sentencia condenatoria en enero de 2022. Fotografía: Sandra Sebastián/Ocote.

Caso Tactic (Condena dictada el 24 de febrero de 2022)

El excomisionado militar José Manuel Castañeda Aparicio fue condenado por el Tribunal de Mayor Riesgo «D» a 45 años de prisión.  Los integrantes del Tribunal, Sara Yoc Yoc, Walter Eugenio Mazariegos Culpatan y Jorge Adolfo Díaz Alonzo dictaron condena por la desaparición forzada de tres dirigentes comunitarios en la aldea Tampó en Tactic (Alta Verapaz). 

El crimen sucedió en enero de 1983, durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. La defensa de Castañeda interpuso una apelación contra la sentencia, alegando que la desaparición forzada es un delito que ha prescrito y que no estaba tipificado en el Código Penal al momento de los hechos.

Mynor Alvarado, abogado querellante del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), explica que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que no prescribe. La Sala Primera de Mayor Riesgo deberá resolver la apelación.

[Lee aquí: Condena para acusado de la desaparición forzada de tres dirigentes comunitarios]

Caso Molina Theissen (Condena dictada el 23 de mayo de 2018)

El Tribunal de Mayor Riesgo «C» —integrado por los jueces Pablo Xitumul de Paz, Elvis David Hernández Domínguez y la jueza Eva Marina Recinos Vásquezcondenó al comandante Francisco Gordillo Martínez a 33 años de cárcel y a tres altos mandos militares a 58 años de prisión, por delitos de lesa humanidad y agresión sexual agravada contra Emma Molina Theissen y por la desaparición forzada de su hermano de 14 años, Marco Antonio Molina Theissen

La defensa de los condenados presentó recursos para apelar la resolución, alegando que se violó su derecho de defensa y tutela judicial efectiva. La Corte de Constitucionalidad conoció el amparo y debe emitir resolución.


Con información de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y la nota publicada en WOLA por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada, «Esperanza en medio de la oscuridad: las víctimas continúan en su búsqueda de justicia por crímenes del conflicto armado interno de Guatemala».

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