Cerca de las nueve de la mañana del lunes 24 de enero de 2022, Yassmin Barrios, la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, dejó caer el mazo contra el escritorio. El golpe se escuchó en toda la sala. Con ese sonido, duro, seco, se cerraba el juicio contra cinco expatrulleros de autodefensa civil acusados de violar sexualmente a cinco mujeres achies. El tribunal se retiraba para deliberar antes de emitir sentencia.  Minutos antes, en esa misma sala de audiencias, los jueces habían escuchado las últimas peticiones de dos de las mujeres.  “Se ha quedado en mi cuerpo todo lo que pasó, con dolor. Yo soy mujer y he aguantado los dolores y las luchas”, dijo Pedrina López ante el tribunal.  Le siguió Margarita Alvarado, que apenas pudo terminar su declaración. El llanto le cortó la voz: “Aquí estamos, estamos buscando la justicia”, dijo como pudo.    Las dos hicieron una petición a los cinco acusados. Solicitaron que revelaran el lugar donde estaban sus familiares, desaparecidos durante el conflicto armado interno. Pedrina López exigió saber dónde estaba el cuerpo de su padre y su madre. Margarita Alvarado, el de su esposo. “Yo esperaba a mi esposo y ya no llegó”, dijo. 

Cuatro décadas para lograr justicia Seis horas después de retirarse a deliberar, puntuales, Yassmin Barrios, Patricia Bustamente y Gervi Sical, los tres miembros del Tribunal de Mayor Riesgo A, regresaron a sus lugares. Gervi Sical, el vocal del tribunal, leyó la sentencia. “A las mujeres las utilizaron para satisfacerse sexualmente, tratándolas peor que animales, obligándolas a tener relaciones sexuales en forma violenta, a través de las fuerza, amarrándolas, amenazándolas con armas o indicándoles que las matarían si no accedían a estar con ellos”. Benvenuto Ruíz Aquino, Bernardo Ruíz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado, los cinco acusados, escuchaban la sentencia a través de una videoconferencia desde la cárcel militar Mariscal Zavala, donde están recluidos. Los cinco eran integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), un grupo civiles armados que fue creado por el Ejército de Guatemala para enfrentar a la guerrilla durante el conflicto armado interno.    Al otro lado de la sala, con una muralla de periodistas y fotógrafos por el medio, Pedrina López, Margarita Alvarado Enríquez, Marcela Alvarado Enríquez, Inocente Alvarado Enríquez y Estefana Alvarado esperaban sentadas, atentas. “Los juzgadores creemos firmemente en las declaraciones de las víctimas”, dijo Gervi Sical, luego de explicar los peritajes y testimonios con los que el tribunal tejió la condena. La sentencia del tribunal estableció que el Ejército, junto con las PAC, habían desaparecido a los hombres de las comunidades de Rabinal, Baja Verapaz, el lugar del que son originarias las cinco mujeres. Desprotegidas, según la judicatura, las mujeres de estos poblados fueron llevadas a los destacamentos militares.  “En Xococ -la aldea donde estaba el grupo de patrulleros más dominante de Rabinal- existió una estructura militar que tenía su escuadra, su pelotón, comandantes y patrulleros”, explicó el juez. Los patrulleros, según la sentencia, estaban bajo la responsabilidad de los comandos militares.  Sical explicó que las PAC no eran una  “organización espontánea de la aldea”, sino que eran “una estructura administrativa” y “los comandos militares” solicitaban las municiones que luego estas usaban como parte de la estrategia subversiva.    “De acuerdo con los peritajes culturales y de género, se ha podido establecer la opresión y desproporcionalidad utilizada contra las mujeres achies de Rabinal. Ellas, mujeres pobres, campesinas, solas y desprotegidas, con hijos y con hambre, sin educación, quienes fueron tratadas como animales, quienes fueron explotadas laboralmente y sometidas a esclavitud doméstica”, argumentó el juez.  El tribunal estableció esto último porque, luego de recluirlas en los destacamentos militares, las mujeres achies fueron obligadas a cocinar para los soldados y patrulleros de autodefensa civil. “Ellas no tenían posibilidad de evadir esta situación”, dijo el juez.  El tribunal también concluyó que las mujeres achies fueron convertidas en un objetivo de guerra para lograr el “vencimiento de las personas consideradas como enemigas”, para lo cual usaron la fuerza física y psicológica en sus “mayores extremos”.   Con estos argumentos, los jueces declararon culpables de delitos contra los deberes de la humanidad en su modalidad de violencia sexual a los cinco expatrulleros, quienes fueron condenados a 30 años de prisión. El tribunal, formado por Barrios, Bustamente y Sical, quienes han conocido casos como el juicio por el genocidio ixil y el caso de violencia sexual de las mujeres q’eqchi’es de Sepur Zarco, estableció la audiencia de reparación para el próximo 27 de enero.    En la Plaza de los Derechos Humanos, ubicada frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), unas 50 personas -familiares y simpatizantes de las mujeres- escuchaban la sentencia.  Las abogadas que representan a las mujeres habían solicitado que el debate se realizara en la sala de vistas de la CSJ, donde se han celebrado otros juicios históricos como el del caso por el genocidio ixil y el caso de Sepur Zarco y que tiene una capacidad de 300 personas. Pero el Organismo Judicial (OJ) negó la petición: alegó que la sala sería usada por la Comisión de Postulación para elegir al Fiscal General.  El OJ tampoco dispuso su Sala de Mayor Capacidad, con un aforo similar y donde se han conocido los casos de corrupción. Alegaron que ahí se celebraría el juicio del caso La Línea, en el que están implicados Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. En cambio, según las abogadas, la institución se ofreció a instalar una pantalla en la plaza para transmitir la sentencia. Esto no ocurrió. Únicamente se colocó una bocina para que los asistentes, que no pudieron entrar a la sala del tribunal por los protocolos de COVID-19, escucharán el fallo del tribunal.  Sobre las gradas de la plaza y en las vallas que rodean la Corte Suprema de Justicia, las personas colocaron carteles de apoyo: “Somos las mujeres achi”, “Todas somos achi”.   A pocos metros, en uno de los costados del edificio, un grupo más reducido, de no más de una docena de personas, había colgado otras pancartas con otros mensajes.  “Testimonios con fines lucrativos”, decía una de ellas. Otras tenían citas bíblicas en defensa de los acusados. Al atardecer, después de una ceremonia maya con la que se cerraba un ciclo,  las mujeres y sus abogadas agradecieron el acompañamiento que recibieron en el juicio, mucho menos concurrido que otros casos de memoria histórica.   

Un juicio tardío El juicio del caso de las mujeres achies empezó el 5 de enero de 2022, una década después de que 36 mujeres sobrevivientes de la violencia sexual denunciaran los crímenes en 2011.  Pese a que en el proceso penal participaron estas 36 mujeres, la fiscalía únicamente procesó a los acusados de cometer los crímenes contra cinco de ellas. Ana Lucía Xiloj, una de las tres abogadas mayas que representan a las mujeres achies, explicó que el caso buscaba responsabilizar a los mandos militares que tenían bajo su control a los soldados y a los patrulleros que cometieran las demás violaciones: “Se buscaba procesarlos porque ellos consintieron y no hicieron nada para evitar que esto pasara”, dijo Xiloj. Sin embargo, la fiscalía decidió perseguir únicamente a los hombres que cinco de las víctimas habían reconocido.  

[Lee aquí la entrevista a Ana Lucía Xiloj: “Las violaciones fueron una estrategia contrasubversiva dirigida contra las mujeres”]

  La abogada recuerda que en estos años han fallecido tres de las mujeres achies que sufrieron violencia sexual y al menos uno de los hombres que podría haber estado vinculado a estos delitos.     El caso de las mujeres achies llegó a tribunales en 2018. Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, fue la encargada de conocerlo en un inicio, pero luego fue separada del mismo.  Durante una de las audiencias, la jueza cuestionó a las mujeres que testificaron. Les preguntó si habían recibido un pago por declarar y más adelante no le dio valor probatorio a sus narraciones.  Domínguez archivó de manera permanente el caso contra tres de los acusados y lo cerró provisionalmente para los cinco que este lunes 24 de enero fueron condenados. Las apelaciones presentadas por la fiscalía y las abogadas querellantes lograron revertir esta última decisión y consiguieron que los cinco acusados continuaran el proceso penal.  La jueza fue retirada del caso. En su lugar fue designado Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, quien decidió enviar a los cinco hombres a juicio.  Domínguez enfrenta en la actualidad una denuncia por racismo que fue presentada por el trato que tuvo hacia las mujeres y hacia sus abogadas mayas. Las abogadas consideraron que tuvo un trato diferenciado hacia ellas y hacia las mujeres achies.   Las querellantes y la fiscalía buscan abrir el caso contra los otros hombres que la jueza favoreció. Sus nombres son Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Felix Tum Ramírez. Si lo logran, empezaría una segunda fase del Caso Mujeres Achi.