Violencia LGTBIQ+
Una muerte marcada con odio y tres años de impunidad
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Esa noche, José Roberto Díaz le dijo a su novio que iría a su casa a cambiarse de ropa y que volvería para seguir con el trabajo en la taquería. Nunca regresó. Era el 24 de marzo de 2019 en el municipio de Huehuetenango, a unos 230 kilómetros de la Ciudad de Guatemala y unos 84 de la frontera con México.

Josecito, como le decían sus amigos, era delgado, de pelo negro y piel palida. En su rostro resaltaban sus cejas depiladas. Atendía un local de tacos de la tía de su novio, en la zona 4 de la ciudad. Vivía a diez minutos a pie del negocio, a unos 500 metros, así que pensaron que regresaría pronto.

Mientras caminaba hacia su casa, el muchacho le envió un mensaje por teléfono a su pareja. Esa sería la última vez que sabrían de él. José escribió que estaba cerca de la “panadería Lupita” y que había visto a su madre y a su padrastro, pero que no habían cruzado palabra. Ese también sería el último momento en que su mamá, Sonia Díaz, lo vería con vida.

La mañana siguiente, unos vecinos encontraron el cuerpo de José en un terreno en construcción, al lado de una bodega hecha con láminas metálicas, donde los albañiles guardaban sus herramientas. El sitio estaba de camino a su casa.

José estaba ahí sin camisa, boca arriba. Entre polvo y matorrales. Alguien le había marcado la piel con un objeto metálico. En el pecho se leía la palabra “puto”, un término despectivo para referirse a los hombres homosexuales. En la espalda encontraron también otras palabras, marcadas de la misma manera: “Por no pagar la merca 18”.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaría después de la necropsia que José había muerto estrangulado. Los estudios concluyeron que no hubo violencia sexual.

Esas últimas horas de José con vida y las causas de su muerte quedaron registradas en el expediente de investigación de la Fiscalía Distrital de Huehuetenango.

Alessandra Villamizar, la reina

El 25 de enero de 2019, dos meses antes de su muerte, el muchacho había cumplido 18 años. Además de atender el local de tacos, también empezaba a trabajar como maquillador. Era algo que disfrutaba hacer y que había practicado por mucho tiempo en su propio rostro, por lo menos desde dos años atrás, cuando tenía 16.

José llegó con esa edad a Huehuetenango. Se había mudado junto con su familia desde la Ciudad de Guatemala porque su padrastro es originario de ese departamento. Cursó hasta tercero básico y desde adolescente trabajó para ayudar a su familia, que no pudo pagarle los estudios por más tiempo.

“Era tímido, pero cuando sentía confianza, se mostraba ya como una persona muy alegre”, dice uno de los amigos que conoció en 2017, nada más llegar al municipio, cuando se unió a Trabajando Unidos Huehuetenango, un colectivo de personas LGTBIQ+.

El primer encuentro que José tuvo con la organización fue en un taller gratuito de automaquillaje, algo que luego le sirvió para incursionar en el travestismo. Se hacía llamar Alessandra Villamizar. Con ese nombre, consiguió tres títulos en los concursos Miss Teen Huehuetenango, Reina de Reinas Nacional Quetzaltenango y Miss Teen World Quetzaltenango.

En Trabajando Unidos Huehuetenango, José colaboraba en talleres ocupacionales y de salud para la comunidad LGTBIQ+ y en actividades de incidencia y de protesta que organizaban en el departamento.

Su amigo, que prefiere que no publiquemos su nombre por respeto a su intimidad, recuerda a Jose en los plantones frente a la municipalidad que se hicieron como parte del Día para salir del closet, una conmemoración que se celebra desde los ochenta a nivel mundial, cada 11 de octubre. También lo recuerda en una actividad en la que, junto con otras reinas de belleza, entregó paletas en forma de corazón que tenían mensajes contra el suicido.

La última vez que este amigo habló con José fue cuatro días antes de su muerte. Lo entrevistó para una investigación que realizaba sobre las oportunidades educativas y laborales para las personas de la comunidad LGTBIQ+.

Los crímenes de odio que no se juzgan
El 25 de marzo de 2019, el día en que José fue encontrado sin vida, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) condenó el crimen. Un día después lo hizo el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA).

La PDH lo definió como un “crimen motivado por el odio” y recordó las palabras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien afirmó que la violencia contra las personas LGTBIQ+ “constituye una forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género”.

En el comunicado que compartió en redes sociales, la PDH también hizo hincapié en que las personas de la comunidad LGTBIQ+ “se encuentran expuestas a violencia basada en la orientación sexual o de género, entre las que se encuentran los asesinatos, la tortura y otros tipos de agresiones”.

Tanto la PDH como ONUSIDA hicieron un llamado para que las autoridades nacionales esclarecieran el crimen. ONUSIDA instó al Gobierno de Guatemala a “tomar acciones necesarias para reducir y eliminar los crímenes de odio y transfobia”.

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En Guatemala ninguna ley castiga los crímenes de odio. En 2016, un grupo de exdiputados encabezados por Ronald Arango, presentaron una iniciativa que buscaba tipificar crímenes de odio por orientación sexual o racismo. Pero no avanzó en el Congreso.

Tampoco lo hizo la que presentó en 2019 la exdiputada Sandra Morán, con la que también buscaba que se agravaran las penas para las personas que cometieran delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de las personas.

Henry España, defensor de la diversidad sexual de la PDH, explica que un crimen por prejuicio contra la comunidad LGTBIQ+ está basado en ideas erróneas sobre este sector de la población. “Ideas erróneas como que son pecadores, son obscenos, que representan un peligro para la niñez”, dice el funcionario.

Define un crimen de odio como el que se comete con saña y con la intención de castigar una conducta que rompe con algo establecido socialmente como la heterosexualidad y la binariedad. Es un término, afirma, que surgió en Estados Unidos por la violencia ejercida contra la población afrodescendiente.

Norma Pérez es la fiscal a cargo del expediente en la Fiscalía Distrital de Huehuetenango. A través de una llamada telefónica, confirma que el caso por el asesinato de José Roberto todavía sigue abierto. Tres años después del crimen, aún no han dado con los responsables. A estas alturas, la funcionaria cree que es poco probable que pase.

La fiscal explica que en el lugar donde encontraron el cuerpo de José, el terreno en construcción, no había cámaras. Hasta ahora, tampoco cuentan con testigos. Según Perez, una persona llegó a la fiscalía y aseguró que conocía a un posible testigo, pero no proporcionó la identidad ni una dirección o teléfono para contactarlo.

Además, asegura que la fiscalía realizó un análisis al teléfono celular y a las redes sociales de José, pero no encontraron ningún indicio sobre el crimen. Aparentemente, no había recibido amenazas relacionadas con su orientación sexual ni rastros de algún conflicto que generara sospechas, a pesar de que en el pecho le habían escrito un insulto homófobo.

La fiscal explica que por ese motivo no han podido establecer que su muerte haya sido motivada por la orientación sexual de José.

La fiscalía también siguió la pista de la otra frase que marcaron en el cuerpo de José: “Por no pagar la merca 18”. La línea de investigación pretendía establecer si el crimen estaba vinculado con drogas por la palabra “merca”. La fiscal explica que se solicitó un análisis toxicológico al Inacif para determinar si la víctima consumía drogas. Los exámenes no mostraron rastros de narcóticos en su organismo.

Perez asegura que en el área donde fue encontrado el cadáver son comunes los asaltos y en otras ocasiones han sido hallados otros cadáveres. Ninguno, aclara la fiscal, con marcas parecidas a las que le hicieron a José.

La fiscal también explica que el caso será trasladado a la Secretaría de Política Criminal del MP, que lo analizará junto con otros expedientes de homicidios y asesinatos sin resolver, como parte de un proceso común. Tras el estudio determinará si la Fiscalía Distrital de Huehuetenango aún debe seguir la investigación o si lo recomendable es archivarlo.

El 24 de marzo de 2019, el día que murió José, la auxiliatura de la PDH en Huehuetenango abrió un expediente para dar acompañamiento al caso. Lo cerró unos meses después, el 30 de octubre de 2019. Erik Villatoro, el defensor de derechos humanos de esta localidad, explica que, cuando lo abrieron, solicitaron información a la fiscalía sobre los avances de la investigación, pero finalmente decidieron apartarse para no poner en riesgo los hallazgos que se lograran, ya que se trataba de un expediente penal y había recelo de la fiscalía.

Villatoro explica que también decidieron apartarse porque consideraron que la fiscalía había empezado a investigar de manera adecuada, pues había solicitado ya informes médicos, entrevistas a familiares y análisis de su teléfono.

El defensor añade que unos meses antes del crimen de José, la PDH ya había hecho recomendaciones al Ministerio Público para la atención de los casos relacionados con la comunidad LGTBIQ+.

Sin protocolos

En enero de 2019, la PDH le envió una carta a la Fiscal General, Consuelo Porras, en la que incluyó esas recomendaciones. La institución le pidió al MP que realizara capacitaciones para determinar si la violencia ejercida contra una persona es motivada por su orientación sexual o identidad de género.

También le sugirió a la Fiscalía crear lineamientos que permitan identificar y registrar adecuadamente los cuerpos de personas trans víctimas de violencia y las muertes de personas LGTBIQ+ y sus causas, para generar así datos oficiales.

Hasta ahora, tres años después de las recomendaciones de la PDH, el Ministerio Público no cuenta un protocolo de atención para la investigación de delitos contra la población LGTBIQ+. Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, asegura que el Departamento de Coordinación y Atención de la Víctima (DCAV) elabora uno, aunque añade que comenzó a trabajarlo hace dos años, en 2020. No aclara cuándo se proyecta finalizarlo.

Pantaleón afirma además que “el MP cuenta con una oficina de atención a grupos vulnerables que garantiza la atención a grupos LGBTIQ+” y que la institución mantiene reuniones con colectivos y organizaciones sociales para atender los casos contra este sector de la población.

Henry España, el defensor de la PDH, confirma que hay avances en la atención a personas LGTBIQ+. “La Unidad de Capacitación del MP tiene módulos sobre la atención a personas de la comunidad y ahora en las sedes centrales, por ejemplo, hay personas capacitadas para atender a las mujeres trans”, dice.

Sin embargo, el funcionario señala que estos avances se han dado únicamente en el departamento de Guatemala y no en el resto del país.

España afirma que el MP mantiene registros de denunciantes y víctimas de violencia de la comunidad LGTBIQ+, pero hasta ahora no se han aprobado protocolos de investigación criminal y litigio para estos casos, en los que se establezca lineamientos para determinar si son crímenes de odio.

A través de la Unidad de Acceso a la Información Pública y el Departamento de Comunicación, Ocote solicitó al Ministerio Público copia de sus políticas para conocer casos relacionados con la diversidad sexual y pidió la cantidad de denuncias de violencia contra personas de la comunidad LGBTIQ+ así como las muertes registradas. Hasta el cierre de edición de este texto no se había recibido respuesta.

Según el último informe anual del Observatorio Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género, elaborado por la asociación Lambda y la Red Nacional de la Diversidad Sexual (Rednads), en 2021 hubo 33 muertes violentas de personas de la comunidad LGTBIQ+, consideradas por las organizaciones como crímenes por prejuicio.

De acuerdo con el estudio, 19 eran hombres gays, nueve mujeres trans, tres mujeres lesbianas y dos hombres bisexuales. La mayoría de las víctimas, 14, murieron por arma de fuego y cinco más por arma blanca.

Diego Lima, investigador de Lambda, explica que la organización clasificó estos casos como crímenes por prejuicio tras un análisis a partir de los datos publicados por medios de comunicación y la información que reciben de contactos que tienen en las áreas donde asesinaron a las personas.

El informe además revela cuatro intentos de asesinatos, una violación, 31 agresiones contra personas de la diversidad sexual y 41 casos de amenzas relacionada con la identidad de género y orientación sexual de la población LGTBIQ+.

Lima explica que uno de los patrones en los crímenes contra la comunidad LGTBIQ+ es que pocos llegan a conocerse en los juzgados. La mayoría, asegura, se quedan en el MP, como ha ocurrido con el caso de José Roberto Díaz.

De los 33 asesinatos registrados en 2021 sólo en uno de ellos capturaron a dos personas. Los demás casos continúan en la fase inicial

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