Después de las tormentas
Diversidad
Las violencias eternas y un Estado casi sordo a la diversidad
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Cada día, personas de la población LGBTIQ sufren insultos, agresiones y discriminación. Mucha violencia viene del mismo sistema. Pocas denuncian. Las que lo hacen, no siempre quieren seguir con el proceso. En el Organismo Judicial no tienen registros de casos ni de sentencias, así que entender la magnitud del problema y de la impunidad es casi imposible.


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“Yo estaba con un chavo en el carro frente a mi casa. No nos podíamos mover porque había procesiones y estaba cerrado el paso. Estábamos besándonos, acariciándonos, cuando de la nada llegan unas seis motopatrullas de la PNC y empiezan a golpear el carro con el arma”.

El que cuenta la historia es un hombre, homosexual, que prefiere que no incluyamos su nombre en este relato, “por cuestiones laborales”. Lo contactamos a través de la organización Visibles, un movimiento creado en 2017, que trabaja para conseguir la inclusión de la diversidad sexual en la sociedad guatemalteca.

“Nos dijeron que nos bajásemos del carro porque, decían, el vehículo había sido denunciado. Decían que estaba armado y era sospechoso”. Les hicieron caso y salieron. Los agentes los esperaban de pie. Nunca registraron el vehículo. “Entonces uno de ellos empezó a decir: ‘¿Y ustedes que estaban haciendo ahí? No me van a decir que son un par de huecos’. Nos empezaron a insultar”.

Él sacó su teléfono, casi como un acto reflejo. Les dijo que tenía que llamar a su abogado, pero la propuesta no fue bien recibida. “El policía me dio un aventón, me tiró el celular y me dijo: ‘Vos no vas a llamar a nadie, hijo de la gran puta. Por maricas de mierda hoy sí les voy a meter la verga’”. Cuando protestó, el agente le golpeó el estómago. Decidió mantenerse en silencio, para evitar enojarlo más.

“Unos vecinos salieron a preguntar qué había pasado y les dijeron a los policías que ellos podían dar testimonio, que éramos personas honorables, que podíamos resolver el problema ahí mismo. El policía dijo: ‘No. Ahí que después les cuenten… Si es que este sale”. Les pusieron las esposas, les llevaron al Organismo Judicial y después de la audiencia de primera declaración les dejaron en libertad. “Pero por estar en carceleta, se mancharon mis antecedentes policíacos”, concluye.

La historia que cuenta este hombre es una constante. A personas trans, homosexuales, lesbianas, bisexules, no les resulta desconocida. Históricamente personas del colectivo han sufrido comentarios, insultos y agresiones en algún momento de su vida, como muestran estudios como este, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El problema, como vemos, se agrava cuando se involucra personal de la Policía Nacional Civil (pnc). El miedo a ser detenido en un retén, a estar en un bar cuando pasa de medianoche por si un grupo de agentes entra a desalojar, a besarte con tu pareja en público, es un hecho en la población LGBTIQ.

Jorge López Sologaistoa es el director de OASIS (Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida), fundada a mediados de los noventa y enfocada en la defensa de los derechos de la población LGBTIQ. López se ha dedicado durante los últimos 25 años a señalar las agresiones y asesinatos que han sufrido personas de la comunidad. Él mismo ha recibido amenazas, insultos e incluso un intento de secuestro, tanto por su trabajo como activista como por su orientación sexual.

Aunque la situación no es tan dura como era en los noventa, Jorge López encuentra ciertos paralelismos con lo que viven hoy personas de la diversidad, sobre todo, en relación al trato de prestadores de servicios públicos, como la Policía Nacional Civil.

“Prevalece todavía la imagen que se tiene de la policía del tiempo de la guerra —explica Jorge López—-, y esa visión es la que permite a los funcionarios hacer lo que quieran. Muchos crímenes de odio mediante ejecuciones judiciales, que han disminuido pero todavía existen, son cometidos por hombres homosexuales que al estar reprimidos, lograron que se convirtiera en rencor para ellos mismos. Esas ejecuciones eran realizadas por policías corruptos que llegaban a un lugar de trabajo sexual, se llevaban a una chica trans, tenían relaciones sexuales y luego, cuando cobraran conciencia de la realidad en base a sus valores religiosos, se daban cuenta que habían llevado a cabo un hecho abominable, el tener una relación de personas del mismo sexo. Asesinaban a la persona que consideraban culpable”.

[Mira también el corto documental “Raíces de Visibles. La historia del movimiento LGBTIQ en Guatemala]

En la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) son conscientes de esta situación. Henry España, defensor de la diversidad sexual de la institución, cuenta que este año están especialmente preocupados por las agresiones de la PNC a la población LGBTIQ.

En la primera mitad de 2019, especialmente, tuvieron conocimiento de varios casos de intimidaciones de agentes de la Policía en discotecas y bares de personas de la comunidad en la zona 1. “Son lo que llaman operativos de despistolización y respeto a la ley seca. Hacen operativos con un número grande de agentes. Ingresan a las nueve o diez y les advierten que regresarán a la una. Hay denuncias incluso de uso de gas pimienta”.

Esto mismo, el uso de gas pimienta en un espacio cerrado, ocurrió la madrugada del 21 de junio, después del Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género. En la Casa de la Cultura LGBTIQ 4 de Noviembre —también sede de Gente Positiva, la organización que hasta hace unos meses dirigía el diputado electo Aldo Dávila— se celebró una fiesta para cerrar el día. Cuando todavía quedaban en el lugar unas 150 personas, miembros de la PNC rociaron gas pimienta en el interior para detener el evento.

[Lee “El activista gay del altoparlante llega al Congreso”]

Según indicó la Policía a medios de comunicación, los vecinos habían denunciado que se escuchaba mucho ruido, y en cumplimiento del acuerdo gubernativo 221-2004 (conocido como Ley Seca) se dispusieron a desalojar el lugar.

Este hecho fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que mostró su preocupación sobre los abusos policiales contra personas LGBTIQ. La CIDH pidió al Estado de Guatemala que realice investigaciones sobre los hechos ocurridos “de manera imparcial y libre de estereotipos en contra de las personas de orientación sexual y de género diversas”.

Henry España, de la PDH, explica a Agencia Ocote que existe un expediente abierto para investigar estos hechos, pero que a la fecha, cuatro meses después, todavía no existe ninguna resolución. Además, añade que a pesar de este tipo de situaciones, hasta ahora los agentes de la Policía no tienen una capacitación para tratar a personas de la diversidad.  “Sabemos que la PNC no ha tenido un tema de sensibilización adecuada. Las actitudes que tienen son violentas y generan violencia. Durante 2019, el Comité Nacional contra la Tortura le recomendó a la PNC capacitación a agentes en el tema a atención a personas LGBTIQ. Desde PDH se capacitó a la comisaría del Progreso, a la número 12, que está en zona 18 y a personal del departamento de atención a la víctima. Sin embargo son agentes que no están en operativos de calle. Estas personas que deberían estar sensibilizadas no lo están lo suficiente”.

Se consultó a Pablo Castillo, comunicador de la PNC, si en la institución se brinda alguna formación a personal policial para atender a personas de la diversidad sexual que llegan a plantear denuncias a la institución, y sobre el trato a personas de la diversidad en general. La consulta se realizó el 1 de octubre y a la fecha de cierre aún no respondió la pregunta.

La CIDH, que durante años ha pedido al Estado de Guatemala que ayude a mejorar las condiciones de la población LGBTIQ, también demandó este año que se prevenga, se investigue, se procede, se sancione y se reparen las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por actores estatales o privados contra personas LGBTIQ, “incluso a través de medidas integrales que incluyan la adopción de protocolos específicos para la debida actuación de funcionarios y administradores de justicia”.

Algunas personas consultadas por Agencia Ocote narran hechos de discriminación y comentarios hirientes por parte de otros prestadores de servicios públicos, como el personal de salud pública. Por ejemplo, Brandy Vázquez, coordinadora general de la Red Trans Guatemala, cuenta que hace unos tres años, cuando se dedicaba al trabajo sexual, unos hombres le dispararon desde un vehículo en la pierna. Al llegar al hospital, cuando la vieron, los enfermeros de turno empezaron a hacer comentarios entre ellos: “Ahí te busca tu novia”. “Me dejaron un buen rato sentada en la sala de espera, mientras se burlaban de mí. Me hicieron sentir mal, porque había más pacientes en la sala”, dice Vásquez. “Después, el doctor que me estaba curando me empezó a decir que algo habría hecho, que a quién había agredido. Al enfermero le decía: ‘Mirá vos, tu novia está herida’.

Sin datos, sin respuestas

 Solicitamos a varias instituciones datos relacionados con los delitos contra población LGBTIQ. No todas respondieron con información. El Organismo Judicial (OJ), por ejemplo.

En una solicitud de información pública pedimos que nos proporcionaran los datos de casos ingresados al sistema y de sentencias condenatorias y absolutorias relacionadas con delitos de homicidios, agresiones, intimidaciones y amenazas y delitos sexuales contra población LGBTIQ. Remarcamos que con población LGBTIQ nos referíamos a personas “lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis o cualquier otra identidad de género u orientación sexual” que se registrara en el sistema del Organismo Judicial. Después del tiempo estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública, la unidad del OJ respondió en una resolución que “no se encontraron registros de expedientes en los sistemas de información del Organismo Judicial”.

Además, hicieron la acotación de que la información registrada en el sistema se realiza por parte de auxiliares judiciales y depende de cada uno de ellos la calidad y la cantidad de la información que ingresan.

Se consultó a Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial, si contaban con alguna base de datos o con información acerca del tema. Siekavizza indicó que “gestionaría el requerimiento” y cuando le ampliaran la información, la facilitaría. Esto sucedió el 1 de octubre y a la fecha todavía no recibimos ninguna respuesta.

Según Henry España, defensor de la PDH, es muy probable que el OJ no genere datos porque no los tiene, no porque no existan casos. En la institución sí tienen constancia de que existen algunas sentencias de casos relacionados con violencia a población LGBTIQ.

En el Ministerio Público (MP), desde 2011, guardan un registro de denuncias en el que se especifica la orientación sexual y la identidad de género de las personas que llegan a plantearlas.

Sin embargo, las bases de datos tienen algunas carencias. No diferencian entre orientación sexual e identidad de género, que son dos conceptos diferentes. Una mujer trans, por ejemplo, podría ser también lesbiana, y eso no se recoge en el sistema.

Además, en bases de datos que titulan “Reporte estadístico de personas de la comunidad LGBTIQ agraviadas” tienen una categoría titulada “LGBTI” en la que dicen, supuestamente, si la persona que denunció pertenece o no al colectivo. Esto genera la incertidumbre de si la base de datos, en efecto, es de personas de la diversidad o no.

En esta gráfica pueden verse las denuncias recogidas por el Ministerio Público en relación a agresiones, delitos contra la vida, sexuales e intimidatorios contra personas LGBTIQ.

En los últimos cinco años, se plantearon 630 denuncias por agresiones, 111 por delitos contra la vida, 212 por delitos sexuales, y 674 por delitos intimidatorios. En total, 1,627 denuncias.

Y en esta otra, las mismas denuncias, segregadas por orientación sexual o identidad de género de la persona.

De las 161 denuncias presentadas por personas trans, 142 las plantearon hombres, a pesar de ser las mujeres trans mucho más visibles y de estar agrupadas en organizaciones que registran numerosos casos de violencia contra ellas. Por ejemplo, un informe publicado recientemente por la organización Otrans, señaló que sólo en 2018 se produjeron 15 asesinatos de mujeres trans. Ese mismo año, el MP sólo registró dos homicidios, los dos de hombres trans.

Esto, según Tristán López, de la organización Visibles, podría significar que cuando se recoge la denuncia de una mujer trans, se puede registrar su identidad de género correctamente, pero se registra también su sexo de nacimiento, y el que probablemente aparezca en su identificación: hombre.

El Ministerio de Gobernación también recibe denuncias por delitos en contra de población LGBTIQ. Los datos enviados por esta institución tienen bastantes variables, sin embargo, no están consolidadas en una misma base de datos, lo que dificulta el análisis de la información. Según la Subdirección de Operaciones, desde 2015 se genera información sobre el tipo de delitos denunciados, sobre la edad, la orientación sexual y la identidad de género de la víctima, el mes y el departamento donde sucedió. Pero al generar esta información segregada, es imposible hacer un cruce. Por ejemplo, no se puede saber cuántos casos de violencia sexual contra mujeres lesbianas se registraron en el departamento de Guatemala.

Los datos varían mucho cada año. En 2015 se registran 104 denuncias. En 2016, nada más ocho. En 2017, 15. En 2018, 14. Y en los primeros dos meses de 2019, solo dos. Mucho menos que las que registra el Ministerio Público en el mismo período. En octubre de 2019 solicitamos al Ministerio de Gobernación una actualización de estos datos. A pesar de que meses antes nos los habían entregado, en la resolución de la Unidad de Información Pública se incluyó la respuesta del Departamento de Planificación de la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil, que expuso que “dentro de los archivos no cuentan con la información solicitada, toda vez que no se lleva el control de las denuncias hechas por la población LGBT+, solamente de forma general” (sic).

Estas son las imágenes de las dos resoluciones (la de marzo y la de octubre), que muestran la contradicción dentro del Ministerio de Gobernación.

En esta gráfica pueden verse las denuncias según la orientación sexual o identidad de género de la persona que denuncia.

También solicitamos al Ministerio de Gobernación las estadísticas de detenciones e investigaciones llevadas a cabo dentro de la PNC por delitos contra población de la diversidad sexual. En el primer caso argumentaron que no tienen información desglosada sobre detenciones. En cuanto a las investigaciones, indicaron que “la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC actúa con absoluta neutralidad política e imparcialidad y sin discriminación alguna, por raza, religión, sexo, edad, color, idioma, origen, nacionalidad, posesión económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

La PDH también guarda un registro de denuncias que ingresan a la institución. En lo que va de 2019, abrieron 19 expedientes en la institución. Varias son por actos de discriminación y por agresiones. Por ejemplo, una mujer lesbiana denunció que después de haber aprobado las pruebas de ingreso de la Universidad Mariano Gálvez se le prohibió el ingreso por tener una “preferencia sexual diferente”.

En Agencia Ocote contactamos por vía telefónica a la universidad, donde nos dijeron que podíamos hablar con Leopoldo Colom, secretario de actas del Consejo Directivo de la Universidad Mariano Gálvez, para consultarle si tenía conocimiento de la denuncia y si en el centro de estudios tienen alguna política relacionada con la población LGBTIQ. En su extensión telefónica nos comentaron que era complicado contactarle por esa vía y nos pidieron mandar un correo. Esto lo hicimos el 11 de noviembre por la mañana. Una semana después, cuando se publicó este texto, no había contestado el mensaje.

Otra denuncia en la PDH: un hombre gay señaló que cuando fue a donar sangre al banco de sangre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), una enfermera le preguntó por su orientación sexual. Después de decirle que se identificaba como homosexual, la mujer le indicó que “jamás podrá donar sangre” por este motivo.

Consultamos a Sandra Rodas, encargada de comunicación del IGSS, lo mismo que en la UMG: si tenían conocimiento de esta denuncia y de otras similares y si existía alguna política y formación al personal de la institución. Por correo electrónico, del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Seguro Social envió la siguiente respuesta: “Los criterios (para seleccionar a la persona que va a donar sangre) están enfocados en la evaluación de riesgos y en evitar reacciones adversas en el donador y el receptor. Los bancos de sangre no discriminan a ninguna persona por sus creencias religiosas, etnia, preferencia sexual o género. Sin embargo, todos los donantes son sometidos a un proceso de selección previo con criterios científicos y legales. El personal que labora en los siete bancos de sangre de la institución está capacitado para la acertada selección y atención de los donantes”.

Tipificar el delito

No hay datos y tampoco hay dependencias especializadas en atender estos casos. “No existe una justicia especializada en población LGBTIQ. No hay una secretaría de la diversidad, por ejemplo”, señala Henry España, de la PDH.

En el Ministerio Público, según el delito cometido, será una u otra fiscalía la que reciba e investigue el caso. Por ejemplo, si una persona de la comunidad LGBTIQ fue asesinada o sufrió una agresión fuerte, probablemente su caso sea investigado por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida. Pero además, cualquiera de las fiscalías distritales puede recibir este tipo de denuncias. También puede investigar intimidaciones, extorsiones, amenazas, violaciones, agresiones sexuales, lesiones…

Algunos de los delitos relacionados con la población LGBTIQ van a parar a la Fiscalía de Derechos Humanos. Concretamente a la Unidad Fiscal contra Delitos de Discriminación. Marco Tulio Escobar es el fiscal a cargo de la unidad. En su despacho en la zona 1, da un repaso de las complicaciones que encuentra en la persecución de estos delitos. “El delito de discriminación es muy difícil de probar porque es muy subjetivo”, comienza. En el Código Penal está registrado en el artículo 202 bis. “El artículo nos da móviles específicos, pero es un delito abierto. Debemos de probar el motivo, y el motivo es una idea predeterminada. Y si no podemos probar el motivo, no podemos especular”.

[Escucha este episodio de nuestro podcast Radio Ocote: “La llegada de Aldo Dávila al Congreso y la violencia contra la población LGBTIQ”

Escobar explica que “tenemos que perseguir la idea, como origen, pero traducida en actos. En un delito de robo, es muy fácil. Se persigue que una persona me quitó la billetera. La acción está bien predeterminada. En el delito de discriminación no sólo tengo que probar la acción, también tiene que haber un resultado. El resultado es que haya una restricción, una exclusión, que se haya impedido ejercer un derecho”. Esto hace casi imposible en muchos casos probar que existió esta exclusión.

Y si no se prueba, la persona que llevó a cabo la discriminación, no tendrá consecuencias: “Ya hemos tenido prácticas de aquel famoso principio de in dubio pro reo: en caso de duda, el juez debe resolver a favor del procesado”.

—¿Cuántos delitos han conseguido condenar en lo que lleva usted como fiscal?— se le pregunta al fiscal.

—Hasta el día de hoy, no hemos podido probar ni uno— responde, tajante.

 

El motivo, explica, es que las personas que plantean la denuncia ya no regresan. “Hay una falta de credibilidad en el sistema. Este ha sido un sector que históricamente hemos discriminado, que ha vivido a oscuras. Entonces, al venir a un sistema público, desconfían de las instituciones”, concluye el fiscal. “También puede ser que en el momento lo consideran un tema grave, pero ya cuando se enfría y llega el pensamiento tradicional: por qué fuiste, no te van a hacer caso… ya no regresan”.

La manera en la que fueron atendidas cuando pusieron la denuncia, también es un factor para que continúen en el proceso. “En la Policía se ríen de ellas, se mantienen indiferentes…”, dice el fiscal.

Otro motivo, según Escobar: el nombre de las denunciantes. Cuando las mujeres trans llegan a colocar su denuncia, por lo general no lo hacen con su nombre oficial, es que está recogido en su Documento Personal de Identidad (DPI) y en el sistema. Después, conforme avanza la investigación, no se les consigue localizar, o los jueces no toman en cuenta el proceso porque no se utilizó el nombre registrado.

“Tenemos que tenerla ingresada como persona civil, y encontramos a muchas personas que no quieren dar su nombre civil, porque toman posiciones muy radicales. Es que yo me llamo Jazmín. Pero si Jazmín no existe…”, dice Escobar.

Henry España añade que en muchas denuncias, sobre todo las que tienen que ver con lesiones leves, el Ministerio Público busca que se concilie. “No digo que para que pare la violencia haya que meter a personas a prisión, pero hay leyes. Y si sabes que no vas a ir a prisión…”

Por eso, uno de los reclamos de organizaciones que trabajan con personas LGBTIQ es que exista una tipificación específica de lo que se llaman crímenes de odio. Jorge López, de Oasis, explica por qué: “Las dificultades de llevar ante la justicia crímenes de odio es la carencia de figuras típicas que logren definir estos delitos que son cometidos y rompen la armonía social. Los delitos homofóbicos o transfóbicos son confundidos con crímenes pasionales”.

Además, añade que las personas o no denuncian, o lo hacen pero no señalan que los delitos fueron cometidos por su orientación sexual o su identidad de género. “Una persona que ya fue victimizada por su orientación o identidad, no quiere seguir siendo victimizada por un sistema de justicia que es prácticamente inoperante”, explica.

Hace dos años, dos iniciativas de ley llegaron al Congreso de la República. La 5229 y la 5278. Ambas, con el mismo objetivo. Tipificar los crímenes de odio.

La primera, la trabajó precisamente Jorge López, el director de OASIS. Consiguió que 12 diputados la impulsaran en el Congreso y el 18 de enero de 2017 fue presentada formalmente en el Legislativo. La propuesta se planteó como una reforma del Código Penal.

Algunos de los 12 diputados que respaldaron la iniciativa son los que hoy buscan aprobar la 5272, la Ley de Protección de la Vida y la Familia, rechazada por mujeres y por población LGBTIQ por pretender prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo y aumentar las penas por abortos. Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) o Anibal Estuardo Rojas Espino, de Visión con Valores (VIVA) fueron ponentes de la 5229.

[Lee: “Por qué la 5272, de ser aprobada, puede ser declarada inconstitucional”]

En nueve artículos, la iniciativa introducía dos nuevos delitos: el delito de odio y el delito de incitación al odio. En ambos se indicaba que quienes promovieran el odio, desprecio, hostilidad o violencia contra personas o grupos por una serie de motivos (entre ellos el machismo, la homofobia, la transfobia, la orientación sexual y la identidad de género) serían sancionados con prisión de dos a ocho años y una multa de hasta 6 mil quetzales.

Entre las circunstancias de agravación se incluyó que la persona que llevara a cabo estos hechos fuera empleado público; que los realizara mientras ofrecía un servicio público; que fuera director o supervisor de la víctima; su cónyuge o pariente; o que además, exisitiera violencia sexual o psicológica.

La iniciativa terminaba con el siguiente artículo: “En los Delitos de Odio e Intolerancia Social tipificados en este Código, no podrá invocarse costumbres o tradiciones culturales como causal de justificación o de exculpación”.

La 5229 no llegó ni a ser discutida en el pleno del Organismo Legislativo. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales le dio dictamen desfavorable el 6 de junio de 2017. Los diputados argumentaron que la iniciativa era muy general a la hora de tipificar el delito, y que podría atentar contra la libertad de expresión y contra los derechos humanos.

Dos meses después, el 22 de agosto de 2017, entró la siguiente iniciativa a la Dirección Legislativa. La 5278, presentada por Sandra Nineth Morán Reyes, diputada de Convergencia, buscaba crear la “Ley para sancionar crímenes por prejuicio”, que también modificaría el Código Penal. Al artículo 27, que recoge varias categorías de circunstancias agravantes para un delito, se le incluiría en la categoría “Menosprecio al ofendido” el agravante de ejecutar el hecho “con desprecio de la orientación sexual, identidad y expresión de género”.

[Escucha a Sandra Morán en el episodio 2 de Radio Ocote]

Además, al delito de discriminación (artículo 202 bis) le incluyeron los motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género.

La iniciativa corrió la misma suerte que la anterior. Cuatro meses después, de nuevo la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió dictamen desfavorable. Los diputados argumentaron que era innecesaria y redundante. En el caso del artículo 27, porque, según su visión, la orientación sexual, identidad y expresión de género ya están recogidas como agravante en una primera categoría, titulada “Motivos fútiles o abyectos”. Una categoría muy general, que no profundiza en qué motivos son estos.

Según la comisión, la modificación al artículo que tipifica la discriminación tampoco era válida, ya que este artículo finaliza con esta frase: “o cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido”. Para los congresistas, los motivos relacionados con la orientación sexual o identidad de género, pueden incluirse dentro de este último punto, aunque no se nombren.

En 2007 —hace 12 años— la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales,  sumarias o arbitrarias realizó un informe de su misión en Guatemala en el que indicó que la responsabilidad de las muertes de población LGBTIQ recae sobre el Estado. “Han gozado de impunidad los asesinatos motivados por el odio hacia las personas que se identifican como homosexuales masculinos, lesbianas, transgeneristas o transgénero”.

En su momento, la Relatora Especial pidió al Estado de Guatemala “renovar sus esfuerzos para proteger la seguridad y el derecho a la vida de las personas que pertenecen a minorías sexuales”. Desde entonces, hacía hincapié en que la falta de estadísticas oficiales dificultaba obtener datos reales de la situación.

Jorge López, de Oasis, añade que desde 2013, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recalcó al Estado de Guatemala que tiene la obligación de rechazar públicamente todas las formas de estigmatización de la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad. “No lo ha hecho. Por el contrario, nos siguen persiguiendo. Yo escucho las declaraciones del presidente Jimmy Morales y de sus anteriores, de sus ministros…. diciendo que somos personas nocivas para la armonía social”.

Por ahora, tanto la ausencia de instituciones especializadas que revisen el fondo del problema y señalen estos problemas como la carencia y fragilidad de los datos disponibles en las instituciones, hacen que sea difícil, casi imposible, saber cuál es la verdadera situación de la violencia contra personas LGBTIQ. El número real de denuncias, los casos abiertos en el sistema de justicia y las sentencias, si las hay, que condenen estos hechos, son un misterio.

[Para conocer más sobre organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y de las poblaciones LGBTIQ revisa: “Organizaciones de la complicidad”]

 

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