Martina García es una mujer de 75 años. Trabajó en comedores preparando y sirviendo comida desde que tenía 10. Durante la pandemia de COVID-19, perdió su trabajo y cuenta que …
Martina García es una mujer de 75 años. Trabajó en comedores preparando y sirviendo comida desde que tenía 10. Durante la pandemia de COVID-19, perdió su trabajo y cuenta que por su edad ya no logró conseguir uno nuevo. Hoy sobrevive vendiendo caramelos sobre la Sexta Avenida de la zona 1 de Ciudad de Guatemala.
Por jornadas de trabajo, que pueden llegar a las 12 horas, y «por tocar cosas frías y calientes al preparar la comida» Martina García dice que desarrolló artritis reumatoide que ha deformado sus manos. Lo cierto es que ningún médico ha llegado a diagnosticar la razón de su padecimiento. Dice que a veces ha logrado recibir un poco de tratamiento para el dolor en las jornadas médicas de Eventos Católicos, una organización religiosa laica; o Mis Años Dorados, un programa de asistencia social creado por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).
En Guatemala, la población adulta mayor sobrepasa el millón de personas con más de 60 años de edad. Representan un poco más del 7% de los residentes en el país, según los resultados del Censo Nacional de Población 2018.
Si bien, no todas las personas mayores de 60 años requieren cuidados especializados relacionados con su salud o con situaciones de dependencia; cuando un adulto mayor necesita atención y apoyo específico para garantizar su bienestar y calidad de vida, la infraestructura pública que le puede brindar atención es limitada.
Un diagnóstico territorial elaborado y publicado en 2024 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) evidencia que las personas adultas mayores enfrentan actualmente las mayores brechas de acceso dentro de la oferta pública de cuidados en Guatemala.
Solo en el municipio de Guatemala el PNUD identificó 60,633 personas mayores de 60 años, de las cuales 40,867 (67.4 %) viven en «desiertos de cuidado», áreas donde el centro de atención público más cercano se encuentra a más de 20 minutos de distancia caminando desde su lugar de residencia.
Para una población cuya movilidad suele verse reducida por la edad o por condiciones de salud, esta distancia representa una barrera que impide el acceso a servicios de apoyo.
El informe también revela que existe una oferta pública de centros públicos limitada. Las personas adultas mayores del municipio de Guatemala, únicamente cuentan con un Centro de Atención Permanente (CAP) que sirve para brindar alimentación, residencia, servicios de salud, recreación, entre otros. Y un Centro de Atención Diurna (CAD), donde pueden recibir los mismos servicios de cuidado y atención pero únicamente en el día, como parte del programa Mis Años Dorados.
El programa cuenta solo con una residencia permanente
El programa Mis Años Dorados de la SOSEP fue creado bajo el Acuerdo Interno 183-2012 el 16 de julio de 2012, durante los primeros meses de gobierno de Otto Pérez Molina. Fue modificado según el Acuerdo Interno número 22-2017, el 8 de noviembre de 2017.
En este período de gobierno, la persona responsable de lo administrativo y legal que compete a la SOSEP es Zulma Calderón. Lucrecia Peinado, la esposa de Bernardo Arévalo, acompaña algunos procesos interinstitucionales.
Los registros institucionales, según información pública, muestran que en 2025 el presupuesto asignado a ese programa fue de 39 millones de quetzales. En años anteriores, durante 2024 fue de 30 millones de quetzales; y en 2020 y 2021 de 32 millones de quetzales.
Mis Años Dorados tiene una red nacional de 73 centros para adultos mayores. La gran mayoría, 72 son Centros de Atención Diurna. Estos centros dan servicios de salud, terapias, estimulación cognitiva, alfabetización, talleres artísticos, espacios de convivencia y actividades recreativas en un horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde.
El otro establecimiento es un Centro de Atención Permanente. Hasta agosto de 2026, es el único en todo el país. Está ubicado en zona 1 de Ciudad de Guatemala y tiene capacidad para apenas 25 personas. Este tipo de espacios, además de los servicios de un centro de día, funcionan como albergue residencial para personas mayores en condiciones vulnerables, en situación de pobreza y pobreza extrema.
Pero el ingreso es limitado por ser un centro de larga estancia, es decir, una vez admitidas, las personas permanecen en el centro mientras requieran la protección del Estado. Algunas pueden salir si son reintegradas a su familia o cuentan con otra alternativa de cuidado.
Para su admisión los adultos mayores deben cumplir los criterios de ingreso establecidos por SOSEP. Entre ellos ser mayor de 60 años; tener recurso familiar y económico limitado; y no consumir ningún tipo de sustancia que produzcan adicción (como alcohol o drogas).
Las personas deben ingresar por voluntad propia o por requerimiento de la Procuraduría General de la Nación (PGN) o una orden de juez que los refiera, por algún proceso judicial vinculado a algún tipo de vulneración de sus derechos.
El modelo funciona de manera diferente al de otros países, donde las residencias públicas para personas mayores tienen otra finalidad.
Por ejemplo, en Costa Rica, Argentina o Chile, las residencias también están preparadas para cuidados de larga duración, donde se toman en cuenta aspectos como cuidados paliativos y otro tipo de servicios.
Solo en 2005, la Unidad de Protección de Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la PGN reportó que atendió a 5,647 adultos mayores y 2,194 de enero a abril de 2026 a nivel nacional.
La PGN identificó casos de maltrato, abandono, extravíos, conflictos judiciales y personas adultas mayores en situación de calle. Pero el acompañamiento de la PGN se limita a recibir denuncias, brindar orientación, ofrecer apoyo humanitario y dar acompañamiento a las personas afectadas.
Aunque el número de casos que atiende la PGN se contabilizan por miles y no necesariamente todos necesitan atención de cuidados permanentes, en el único Centro de Atención Permanente al adulto mayor en la Ciudad Capital, hasta agosto de 2026, solo aparecían registradas 17 personas como residentes.
En todos los casos, se trata de adultos mayores cuyos derechos fueron vulnerados o que fueron encontrados en abandono y requieren una protección estatal. Debido a que son residentes en situación de alta vulnerabilidad, la SOSEP no brinda sus datos específicos.
A nivel general, Guatemala cuenta con una ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad y un Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, como instrumentos para garantizar la protección del Estado y la responsabilidad de las familias en el cuidado y atención de las personas adultas mayores.
SOSEP depende de las municipalidades para mantener centros de día
La cobertura de los Centros Diurnos de Mis Años Dorados, que se extiende a los departamentos de Alta Verapaz, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén y Santa Rosa, dependen de inmuebles y servicios básicos que son costeados por las municipalidades locales.
Aunque no está establecido en una ley, las acciones se impulsan a través de convenios de cooperación interinstitucional entre las municipalidades con la SOSEP.
«Todo lo demás lo cubre SOSEP: mobiliario, equipamiento, compra de insumos y el pago del personal», asegura a Agencia Ocote Natalee Contreras Maldonado, subsecretaria de la SOSEP.
Contreras explica que el único centro administrado completamente por la SOSEP es el Centro de Atención Permanente que funciona en la capital.
La funcionaria reconoce que la infraestructura a nivel nacional todavía está lejos de responder a la demanda de la población y asegura que el objetivo institucional es ampliarla significativamente, sin entrar en mayores detalles sobre cómo se lograría y con cuánto presupuesto.
Para Contreras, parte de la expansión del programa depende del interés de las municipalidades por establecer alianzas con la SOSEP, pese a que esa institución es la responsable del programa. Según explica, los departamentos donde actualmente existe mayor presencia es en Zacapa, Jalapa y Jutiapa, precisamente por el apoyo brindado por los gobiernos locales.
A través de la unidad de comunicación de la SOSEP, también se informó que esa institución no realiza ningún aporte económico a otra institución que atienda a personas mayores en el país.
Para César Vega, analista de Acción Ciudadana, uno de los principales puntos débiles del programa Mis Años Dorados radica en que su funcionamiento a nivel municipal depende, en gran medida, de la voluntad política de las municipalidades a través de los convenios voluntarios que se deciden firmar con la SOSEP
Vega advierte que este diseño también abre la puerta a prácticas clientelares, particularmente durante los períodos electorales. Según el analista, al ser las municipalidades las encargadas de facilitar espacios físicos para el funcionamiento de los centros, hay un «riesgo de que estos programas sean utilizados para favorecer intereses políticos, privilegiando el acceso a determinados beneficiarios o aprovechando la vulnerabilidad de las personas mayores para promover afiliaciones partidarias o movilización electoral».
Un programa que se estancó con Giammattei
En respuesta a una solicitud de acceso a información pública de Agencia Ocote, se indicó que en 2025, un total de 2,134 personas fueron beneficiarias registradas en el programa Mis Años Dorados.
Contreras asegura que uno de los principales cambios impulsados por el actual gobierno de Bernardo Arévalo, fue la reactivación de los centros diurnos, que según afirma, permanecieron cerrados desde 2020, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
César Vega, de Acción Ciudadana considera que esto puede interpretarse como «una muestra de la baja prioridad que históricamente ha recibido la atención de las personas mayores dentro de las políticas públicas».
PDH sin actualización sobre datos de adultos mayores
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), otra de las instituciones que tiene una responsabilidad en atención a las personas adultas mayores en el país, consignó algunos datos en su Informe Anual Circunstanciado 2016, con información del Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud (DRACES) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
La PDH reportaba entonces —hace 10 años— la existencia de 130 hogares para adultos mayores registrados a nivel nacional, de los cuales 80 eran hogares de atención permanente (asilos) y 50 centros de día. Además, 41 establecimientos tenían la licencia sanitaria vencida.
El informe también señaló que, durante las supervisiones realizadas en 2015, aproximadamente la mitad de los establecimientos identificados operaba sin autorización, de los cuales no especificaron en el informe cuántos pertenecían al ámbito público o privado.
Desde entonces, la PDH no ha vuelto a publicar una cifra nacional actualizada y sus informes posteriores se han limitado a reportar supervisiones y recomendaciones, sin presentar un registro consolidado de estos centros.
En respuesta a las solicitudes de información pública realizadas por Agencia Ocote, la Procuraduría de los Derechos Humanos brindó los registros sobre revisiones y recomendaciones realizadas durante 2020 a mayo de 2026 a centro de cuidado para el adulto mayor de entidades públicas y privadas.
En los informes elaborados por la PDH indicaron que sus sistemas de registro Sistema de Gestión de Denuncias y Actuaciones (SGDA) no permiten conocer el desenlace de la denuncia (si hubo denuncias o cierres) ni el tipo específico de abuso cometido, justificando que su plataforma no está diseñada para realizar búsquedas automatizadas a esos detalles.
Entre 2016 y mayo de 2026, la PDH registró 544 denuncias por vulneraciones a adultos mayores en asilos, centros de día y residencias hospitalarias. El mayor número de casos se reportó en 2020, cuando se contabilizaron 91 denuncias, derivado de la pandemia de covid-19.
A ello se suma que nueve de las 40 auxiliaturas departamentales remitieron información específica, lo que dificulta la documentación y seguimiento territorial de las denuncias para evaluar el alcance de la protección que reciben las personas adultas mayores.
Agencia Ocote solicitó en tres ocasiones una entrevista a Teresa Magnolia Maldonado Mérida encargada del área de Defensoría de las Personas Mayores de la PDH, pero no se obtuvo respuesta a esa solicitud.
Para conocer las dinámicas y situación de los hogares de residencia permanente que son privados en la Ciudad de Guatemala, Agencia Ocote envió cartas con solicitudes de entrevistas a los centros: ASCAVIP San Vicente de Paul, Asilo Juan Pablo II y Casa de Misericordia, pero al cierre de edición de este texto tampoco respondieron.
Si deseas información sobre el programa Mis Años Dorados puedes llamar a la SOSEP a los teléfonos 2294-3900 / 2294-3800. También visitar el sitio web aquí
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera y Carmen Quintela
Fotografías: Christian Gutiérrez
