Un año después de las manifestaciones de noviembre de 2020 en las que fue agredida por la Policía, Nanci Chiriz Sinto, una activista kaqchikel, se enfrenta a un proceso penal. El Ministerio Público la señala de haber hecho unas pintas que, asegura la Fiscalía, deterioraron las paredes del Congreso. Un juzgado decidió ligarla a proceso penal a ella y a Juan Francisco Monroy Gómez, estudiante universitario.
El 21 de noviembre de 2020, el Gobierno de Alejandro Giammattei reprimió con bombas lacrimógenas y golpes a cientos de ciudadanos que salieron a las calles a protestar contra el Presupuesto General que había aprobado el Congreso y que el mandatario había respaldado.
Ese presupuesto, de 99,700 millones de quetzales, aumentaba los fondos para instituciones cuestionadas, como el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y se los restaba a otras como la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y a partidas destinadas a pacientes oncológicos, mujeres y niños recién nacidos.
En esas protestas, las cámaras de los medios de comunicación capturaron cómo agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) empujaba y tiraba al suelo a Nanci Chiriz Sinto, una activista kaqchikel y militante del partido político Winaq. Esta agresión quedó impune.
Un año y tres días después de aquella protesta, el 24 de noviembre de 2021, el Ministerio Público (MP) solicitó la detención de Chiriz Sinto y la señaló de haber hecho pintas que supuestamente habían dañado los muros del Organismo Legislativo durante la manifestación.
Juan Francisco Monroy Gómez, estudiante de la licenciatura de Artes Visuales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), también fue detenido por el mismo señalamiento. Las dos órdenes de captura fueron emitidas por el delito de depredación de bienes culturales.
Chiriz Sinto y Monroy Gómez fueron detenidos por la mañana. Ambos fueron llevados al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, que está especializado en ambiente y patrimonio cultural de Guatemala.
“No es casual lo que está pasando hoy, lo que está pasando en El Estor, lo que está pasando en otras comunidades. Hay una estrategia para mantenernos dispersos, criminalizados”, dijo Chiriz Sinto antes de que empezara su audiencia de primera declaración.
El juzgado, a cargo de la jueza Lluvia Velásquez Soto, empezó a celebrar la audiencia cuando eran casi las tres de la tarde. Chiriz Sinto y Monroy Gómez, esposados a un lado del estrado, escucharon la imputación de la fiscalía.
Jorge De León, fiscal de delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, aseguró en su intervención que el Ministerio Público contaba con un peritaje realizado por el arquitecto Luis Fernando Rejopachí Salinas, con el que se había determinado que varias paredes del Congreso sufrieron deterioros durante la manifestación.
El fiscal aseguró además que la investigación preliminar contaba con fotografías y videos obtenidos a través de redes sociales y entregados por periodistas y medios de comunicación con los que se evidenciaba que Chiriz Sinto y Monroy Gómez habían hecho las pintas en los muros del Congreso.
Mientras De León trashojaba el expediente con las imágenes, cuentas de Twitter compartían fotografías similares y señalaban a Chiriz Sinto de haber realizado estas pintas. Algunas de estas cuentas son perfiles anónimos. Otras, pertenecen a personas que en los últimos años han atacado a periodistas y defensores de derechos humanos, como Ricardo Méndez Ruiz y el usuario “Yes Master”.
Esteban Celada, el abogado de Chiriz Sinto, afirmó que esas imágenes no estaban incluidas dentro del expediente que le habían entregado y por esa razón no podía pronunciarse acerca de éstas.
Celada también señaló que, previo a emitir un peritaje, el arquitecto que mencionó la Fiscalía tenía que haber sido nombrado por un juez y avalado por la defensa como perito, algo que, dijo, no ocurrió en este caso.
Según el abogado, la elección de este arquitecto fue hecha discrecionalmente por el MP y ponía en duda su imparcialidad. Además, Celada señaló que la Fiscalía no dejó claro en la audiencia cuál había sido el deterioro que causaron las pintas en los muros del Congreso.
Otra de las críticas del defensor fue el hecho de que, en la investigación, el MP usara imágenes entregadas por los periodistas. Según Celada, los periodistas entregaron estas fotografías y videos como parte de las denuncias que presentaron luego de haber sido agredidos en las protestas de noviembre de 2020.
El abogado dijo que en el expediente no hay documentos que demuestren que hubo una cadena de custodia adecuada de esos indicios, la cual implica mantener un control formal del origen y traspaso de las pruebas.
Consultado porOcote sobre esto, el fiscal Jorge De León aseguró que en su investigación contó con estos materiales debido a que se integró un equipo especial, que reúne a varias fiscalías, para investigar los delitos que se pudieron haber cometido en la manifestación de 2020.
El fiscal añadió que este equipo, integrado por la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural, la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas y la Fiscalía Contra la Vida, puede compartir los indicios que han recolectado desde sus unidades.
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Chiriz Sinto y Monroy decidieron no declarar luego de escuchar la imputación de la fiscalía.
La jueza decidió ligar a proceso penal a los dos manifestantes detenidos por el delito de depredación de bienes culturales, tras rechazar los argumentos de la defensa.
Lluvia Velásquez Soto aseguró que aún no se encontraban en la fase judicial oportuna para calificar la pertinencia del perito y aseguró que las imágenes entregadas por la Fiscalía eran suficientes para creer que Chiriz y Sinto pudieron haber hecho las pintas.
La jueza otorgó medidas sustitutivas a Chiriz Sinto y Monroy. Ninguno de los dos puede salir de Guatemala sin un permiso judicial, deben presentarse quincenalmente a la fiscalía más cercana y cancelar una fianza de 5 mil quetzales. El Ministerio Público había pedido que esa fianza fuera de 25 mil quetzales.
Ambos fueron liberados a las siete de la noche. La jueza les dio tres días para cancelar la caución económica.
La audiencia de etapa intermedia, la fase en la que se determinará si deben enfrentar un juicio ante un tribunal de sentencia, fue programada para febrero de 2022.
El delito sólo tiene como pena la cárcel
El delito de depredación de bienes culturales, por el que Chiriz Sinto y Monroy fueron ligados a proceso penal, contempla una condena de seis a nueve años de prisión y una multa equivalente al doble del precio del bien cultural afectado.
De acuerdo con Esteban Celada si cualquiera de los dos es condenado, la pena sería inconmutable y deberán ir a prisión. El Código Penal establece en el artículo 50, que sólo son conmutables las penas que no superen los cinco años.
La agrupación política Winaq rechazó la captura de Chiriz Sinto y dijo que era una muestra de la criminalización que sufren los opositores de parte del Gobierno. El movimiento señaló también que se trata de un “ataque político por la posición del partido frente a la problemática nacional”.
