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Nanci Paola Chiriz Sinto enfrentará juicio con 50 pruebas en contra y solo tres a favor. Así lo decidió la jueza que mantiene su criminalización. Después de tres años de la última audiencia celebrada, el proceso penal en su contra fue reactivado este mes.
«Las condiciones de mi proceso son complejas porque no hay una igualdad de armas, no voy en las mejores condiciones jurídicas a un debate oral y público», explica Sinto.
La activista kaqchikel es acusada del delito de depredación de bienes culturales por unas pintas en la fachada del Congreso de la República el 21 de noviembre de 2020. Los incidentes sucedieron durante una manifestación ciudadana que rechazaba el presupuesto nacional 2021 aprobado por una mayoría oficialista del partido Vamos.
Una tacha y la reactivación del caso
El caso se reactivó días después de que Sinto presentó una de las 33 tachas que la candidatura de Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP), recibió en su intento por ser reelecta.
La presentación de la tacha «pudo agilizarlo, no sabríamos. Algunos medios de comunicación están manejando esa narrativa y no sé, realmente no tengo la respuesta a esto. Pero de lo que tengo certeza es que en este país las casualidades no existen», indica Sinto.
Según el abogado Esteban Celada, quien representó a Sinto durante la etapa intermedia del proceso, el inicio del juicio responde a los tiempos procesales. Recordó que el último amparo pendiente en el caso fue resuelto en enero.
«Lo que sí nos parece interesante, no es la notificación sino la fecha que inicia el debate porque coincide con una semana importante para Guatemala», indica Celada. El juicio iniciará el 13 de abril, la misma semana en la que la Comisión Postuladora debe presentar la nómina de seis candidatos a fiscal general al Presidente de la República.
El caso
Siete meses después de la captura de Sinto, registrada el 24 de noviembre de 2021, la jueza Wendy Coloma del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal ordenó cerrar su caso.
También ordenó a la fiscalía que la criminalizó investigar por posible abuso de autoridad a agentes policiales que golpearon a Sinto durante la manifestación de 2020.
El MP apeló la decisión. La Sala Tercera del Ramo Penal decidió repetir la audiencia el 28 de marzo de 2023.
El caso fue conocido entonces por la jueza Sonia Carol Martínez Obregón del Juzgado Duodécimo Pluripersonal Especializado en Delitos Contra el Ambiente y Patrimonio Cultural de Guatemala.
Tanto la defensa como la Procuraduría General de la Nación (PGN), solicitaron que el proceso se detuviera hasta que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera un amparo. La jueza Martínez Obregón se negó.
En la audiencia de ofrecimiento de pruebas, Martínez aceptó 50 de los 51 peritajes, documentos y audiovisuales que el MP utilizará contra Sinto durante el juicio. En contraste, solo aprobó tres de los medios de prueba de la defensa.
Celada afirmó que durante la audiencia se violaron los principios de certeza, seguridad jurídica y libertad probatoria. También presentó un recurso de reposición, pero fue interrumpido por la jueza quien se excusó de continuar el caso, bajo el argumento de enemistad con la defensa.
Al finalizar la audiencia, las partes fueron convocadas a una sala para firmar el acta. No obstante, al ingresar, se les notificó que se celebraría una segunda audiencia a puerta cerrada.
En esta audiencia, la jueza Martínez buscó dejar sin efecto sus declaraciones de enemistad grave contra la defensa, así como la recusación presentada en su contra.
Siete amparos y una recusación
El proceso penal se vio detenido por siete amparos presentados por la defensa de Sinto. Seis de ellos se unificaron, hasta que llegaron a la Corte de Constitucionalidad (CC). La resolución de la CC coincidió con la solicitud del MP de reactivar el caso, enviando a Sinto a juicio.
El último amparo fue resuelto en enero de 2026. El juicio ya solo continuaba retrasado por la recusación en contra de la jueza Martínez. La defensa supo, por medio de la fiscalía, que ella ya no se encontraba en ese juzgado y que el caso sería conocido por la jueza Marjorie René Azpuru Villela, quien en 2024, brindó medidas sustitutivas a dos exfiscales procesados junto al exfiscal Stuardo Campos.
La defensa notificó a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones que, sin Martínez, ya no existía materia de recusación, según Celada. Así, el juicio podría iniciar.
Una de más de 160
Sinto no es la única que enfrenta un proceso penal por las manifestaciones de noviembre de 2020. Junto a ella, se encuentran también los estudiantes Dulce Archila y Juan Francisco Monroy.
Ha existido un patrón de criminalización durante la administración de la fiscal Consuelo Porras. Este fue revelado por el informe ¿Eficacia o impunidad?, presentado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) de Argentina y la organización Alianza por las Reformas.
La criminalización está dirigida, principalmente, a cuatro sectores: operadores de justicia y ex miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), periodistas independientes, defensores de derechos humanos y del territorio, y opositores políticos, incluyendo estudiantes y profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
El estudio estima que más de 100 personas han salido al exilio como consecuencia de la criminalización, más de 60 personas han sido procesadas y 6 personas se encuentran en prisión.
El Inecip identifica patrones similares en los casos de criminalización, como acciones de vigilancia previa, amenazas y campañas de desprestigio en redes sociales.
En los procesos se utilizan tipos penales abiertos o ambiguos, se asignan los casos a jueces ad hoc y se abusa de la prisión preventiva. Un ejemplo de ello es el caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán.
Un sistema de justicia renovado
Consuelo Porras deja su puesto como fiscal general del MP en mayo de 2026, o eso consideran muchos. Con esta nueva elección, «debería, en primer lugar, concluir una etapa del control judicial y de criminalización que han sido promovidos por el MP y avalado por algunos jueces y salas», indica Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
La llegada de una nueva persona al puesto permitiría una revisión exhaustiva de la criminalización. A partir de ello, se podría determinar qué hechos no constituyen delitos y fueron construidos únicamente para criminalizar, indica la abogada y exmandataria de la Cicig, Claudia González.
«La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de sus jueces, va a continuar conociendo estos casos. Ahí tenemos un obstáculo muy grande. Pero esperamos que con el cambio de la Corte de Constitucionalidad (CC) se puedan hacer revisiones de esas ilegalidades permanentes y esas decisiones arbitrarias de los jueces», agrega González.
En casos como el de Sinto, el cambio de las autoridades permitiría corregir irregularidades, como el rechazo de las pruebas que presentó.
«Lo que esperamos es que haya una actuación conforme a derecho. No queremos fórmulas mágicas, ni queremos nada extraordinario», indica la abogada.
La criminalización sigue
La criminalización tiene un objetivo político y social: desmovilizar a la sociedad. Por ello, mientras Porras deja el puesto, Asturias considera que es posible que la criminalización continúe. Puso de ejemplo la judicialización de la elección de magistrados y magistradas de la CC del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac.
La magnitud de nuevos casos presentados antes de la salida de Porras — si se presentan — dependerá de la respuesta ciudadana. También del papel de los jueces de quienes el MP podría ya no tener el mismo apoyo.
«La mejor manera de enfrentar la criminalización es quitar el miedo. El miedo es la herramienta principal que tiene el pacto de corruptos para consolidar su poder», agrega Asturias.
Mientras esto sucede, las personas criminalizadas como Nanci Sinto, se continúan enfrentando al cansancio y la incapacidad de construir una ruta de vida. Estos seis años han sido marcados para ella por la incertidumbre de cuándo obtendrá libertad plena.
