Con casi 300 días en prisión preventiva, Luis Pacheco y Héctor Chaclán —autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán— enfrentan un proceso judicial marcado por recusaciones, retrasos y decisiones cuestionadas. Mientras el Ministerio Público (MP) los criminaliza por su papel en el Paro Nacional 2023, su defensa denuncia un «litigio malicioso» que busca prolongar su encarcelamiento, entrampando el proceso y criminalizando la protesta social.