Casi 300 días después de su captura, el proceso contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán sigue entrampado en un litigio malicioso que solo prolonga su prisión preventiva.
Luis Pacheco y Héctor Chaclán, expresidente y extesorero de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, han estado en prisión preventiva por casi 300 días. La defensa de los líderes indígenas y los retrasos en el caso prueban el litigio malicioso que impera.
Detenidos el 23 de abril de 2025, con autorización del Juzgado Cuarto Penal, fueron ligados a proceso en una audiencia a puerta cerrada dos días después. Se les criminalizó por su liderazgo en el Paro Nacional 2023 cuando un levantamiento indígena aseguró que el binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomara posesión.
El Ministerio Público (MP) los acusó por los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, obstrucción de justicia, terrorismo y obstaculización a la acción penal. El 25 de abril, la jueza de turno, Carol Patricia Flores, aceptó solo los últimos dos.
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Después de una apelación del MP, el 28 de abril, la Sala Cuarta de Apelaciones les agregó el delito de asociación ilícita. Los tres delitos están contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Aunque un juzgado debía determinar si Pacheco y Chaclán irían a prisión en julio de 2025, recursos jurídicos de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) siguen retrasando el caso para que la diligencia no se realice y ambos sigan en prisión preventiva.
La estrategia: recusar a los jueces
El caso fue conocido inicialmente por el juez Mario Rodrigo Flores Maldonado, del Juzgado Cuarto Penal. Fue quien el 10 de abril autorizó las órdenes de captura que se materializaron 13 días después.
No obstante, el juez se excusó de seguir conociendo el caso el 28 de mayo por una denuncia en la que Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, manifestaba «dudar de su imparcialidad».
El proceso pasó a manos de Judith Secaida Lemus, jueza A del Juzgado Quinto Penal. Méndez Ruiz también la recusó —es decir, solicitó que sea apartada del caso—, afirmando que existía entre ambos una «grave enemistad».
La recusación fue conocida y aceptada por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal. Por su jurisdicción, es la encargada de conocer los recursos jurídicos presentados en este caso.
Una sala de apelaciones señalada
La sala, conformada por Alejandro Prado Estrada, Ingrid Vanessa García Vasquez y Mario Federico Hernández Romero —con Wilson Joel López González y Néstor Gabriel Batres Ochoa como suplentes— es señalada de tener vínculos con el diputado Felipe Alejos y el expresidente Jimmy Morales.
Esta sala fue la que reactivó el caso contra los estudiantes Sergio Morataya y Heizel Morales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y giró órdenes de captura en contra del excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aun cuando la ley lo prohíbe.
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El proceso judicial contra Pacheco y Chaclán quedó estancado en etapa intermedia ante la ausencia de un juez. Mientras tanto, el 5 de septiembre, Esteban Toc Tzay, exvicealcalde indígena de Sololá, fue capturado. Un día después es ligado a proceso pero con medida sustitutiva y sale de prisión.
Cuatro meses después, el 14 de enero de 2026, Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones es capturado. El 16 es ligado a proceso y también obtiene medida sustitutiva.
Otra recusación y acusación sin pruebas
La Sala Tercera asignó el caso al juez Arnulfo Rocael Carrera Dávila, juez quinto B, el 24 de octubre de 2025.
Juan Castro, el abogado defensor de Pacheco y Chaclán, asegura que esperaban que este juez conociera los memoriales pendientes y que aceptara la petición de medidas sustitutivas.
Carrera Dávila aceptó conocer la solicitud y, por ello, el 12 de diciembre, Mendez Ruiz también lo recusó. La FCT acusó al juez de buscar «favorecer» a Pacheco y que supuestamente mantenían una «amistad íntima» y una enemistad con Méndez Ruiz.
Méndez Ruiz también denunció penalmente al juez. Afirmó que «hubo transacciones de dinero». También dijo que contaba con videos en los cuales se puede probar que el abogado de Pacheco le entregó un paquete de dinero al juez.
La recusación fue conocida, una vez más, por la Sala Tercera de Apelaciones el 10 de febrero de 2026. Fue una audiencia a la que los medios de comunicación y observadores internacionales acudieron, pero no se les permitió ingresar.
La FCT llegó a la audiencia pero no presentó los supuestos videos incriminatorios del juez, por lo que, al inicio de la resolución, los magistrados dijeron que los hechos denunciados no habían sido acreditados.
Sin embargo, los magistrados Prado Estrada, García Vásquez y Hernández Romero afirmaron que la existencia de una denuncia siembra la «mínima duda». Fue por ello que aceptaron separar al juzgador del caso.
Objetivo: llegar al Juzgado Séptimo
Según el artículo 89 de la Ley del Organismo Judicial, el caso debía pasar al juzgado que siguiera en orden numérico —es decir, al sexto—. Sin embargo, la Sala Tercera resolvió que sería conocido por Fredy Orellana del Juzgado Séptimo.
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Entre los casos con los cuales criminaliza a actores sociales, ordenó la cancelación del partido Movimiento Semilla y envió a juicio al periodista Jose Rubén Zamora. Además, emitió las órdenes de captura de los exfiscales Virginia Laparra y Juan Francisco Sandoval.
Según el abogado Castro, el plan de Méndez Ruiz y la FCT era llevar el caso a las manos de un juez «que les convendría». Todo con el silencio cómplice del MP.
Mantenerlos en prisión preventiva
«A eso le llamamos litigio malicioso, porque nada de lo que ellos están presentando tiene sustento legal o fáctico. No hay pruebas que puedan sustentarlo, pero atrasa el proceso y mantiene a Luis y Héctor en prisión preventiva», denuncia su abogado.
Las cuatro autoridades indígenas ligadas al proceso se encuentran en el mismo expediente. Es decir que, como el caso de Pacheco y Chaclán han sido enviados al Juzgado Séptimo, el mismo juez conocerá el proceso contra Toc y Puac.
Si el caso va a debate, «se va a caer porque no tiene solidez. El delito de terrorismo es muy complejo de entender, pero también de probar», explica el abogado Castro.
Por ello, considera que la estrategia del MP y de Méndez Ruiz, a quien llama «operador jurídico», será alargar la estancia de las autoridades ancestrales en prisión preventiva. Porque asegura que no hay pruebas para una condena.
«La intención es castigarlos, y esa es la finalidad del proceso penal cuando es utilizado para reprimir la protesta social», asegura.
El impacto para las autoridades ancestrales
A criterio de Victoria Tubin, comisionada presidencial Contra la Discriminación y el Racismo, el proceso contra las autoridades ancestrales tiene fuertes connotaciones racistas, de discriminación y de criminalización.
Es «una violación a los derechos de los pueblos indígenas, no sólo como personas sino desde su identidad, porque la persecución tiene que ver con su liderazgo, al haber sido parte de la autoridad ancestral de los 48 cantones», explica Tubin.
Según la comisionada, el ejercicio de la autoridad indígena es una práctica de siglos de antigüedad que no afecta el sistema organizativo del país.
La criminalización y encarcelamiento que Pacheco y Chaclán enfrentan amenaza los procesos de organización comunitaria colectiva ancestral.
«Si criminalizan a los líderes, ¿cuánto puede impactar en las juventudes y a otras personas? (Ellos) estarán con miedo de ejercer o no, si no es que se pierde (el proceso) y es lamentable porque ahí se ve el racismo», finaliza la comisionada.
