Luego de que los diputados de Raíces presentaron la iniciativa: Ley contra la Usurpación de la Usac el pasado 1 de julio, con la cual pretenden que se instale un …
Luego de que los diputados de Raíces presentaron la iniciativa: Ley contra la Usurpación de la Usac el pasado 1 de julio, con la cual pretenden que se instale un interventor durante un año, el abogado Diego Sagastume aseguró en sus redes sociales que dicha institución no puede ser intervenida. Esto es cierto por mandato constitucional y solo se podría hacer con una reforma a la Constitución.
Sagastume se fundamenta en el artículo 88 de la Constitución Política de la República que establece exenciones totales de pago de impuestos, arbitrios y contribuciones a tanto a la única universidad pública, como a las universidades privadas.
«No podrán ser objeto de procesos de ejecución ni podrán ser intervenidas la Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades privadas», según el párrafo cuarto del artículo citado. Sin embargo, hace una salvedad para las universidades privadas —no para la Usac— «cuando la obligación que se haga valer provenga de contratos civiles, mercantiles o laborales».
La CC ya resolvió en 2003
El abogado y exfiscal anticorrupción Julio Prado confirma que las universidades privadas y la Usac están protegidas. Lo que se buscaba en su momento era evitar el control de lo político en la academia.
«Este impedimento hace imposible que el presidente tenga las facultades de intervención sobre los servicios públicos que tienen deficiencias, y que pueda ejercer esas facultades sobre las universidades».
Varios sectores fundamentan que es viable la intervención de una institución con autonomía citando el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.
El 22 de mayo de 2003, el Gobierno de Alfonso Portillo intervino el IGSS y nombró como interventora a Odilia Alfaro luego de descubrirse un caso de desfalco de 55 millones de dólares del fondo de pensiones.
Sin embargo, esa medida tomó apenas una semanas, una sentencia de la CC dejó sin efecto la intervención procurando la autonomía técnica y orgánica de la institución. El organismo Ejecutivo emitió el 3 de junio un acuerdo en el que daba marcha atrás.
Arévalo no va a intervenir
Durante una conferencia de prensa el 1 de julio, día en que los diputados presentaron la iniciativa en el Congreso, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que rechaza la imposición de Mazariegos como rector, pero que respeta la autonomía universitaria.
«La Universidad de San Carlos merece autoridades legítimas, electas en un proceso transparente y plenamente apegado a la ley», dijo. Sin embargo remarcó que «como Gobierno, respetamos la autonomía universitaria de hoy para que sea respetada siempre en el futuro».
Julio Prado resalta la necesidad de que el gobernante no asuma un rol que legalmente no le corresponde. Menciona que significaría abrir la puerta a que cuando la universidad sea incómoda para otro gobierno, este pueda intervenirla.
Respetar procesos
Recuerda que la universidad se rige por su propia ley orgánica, que tiene mecanismos, y que no seguirlos ha sido la razón por la que la Corte de Constitucionalidad ha desechado los amparos que se han interpuesto en contra del fraude.
«Cuando uno no está de acuerdo con una decisión, la ley prevé que uno pueda hacer que se replantee un tema. En este caso, los amparos (presentados por la oposición) no han agotado estos recursos» según Prado.
«Suena “truculento” porque si estamos hablando de un fraude, entonces (por los procesos) tendría uno que acudir con el que hizo el fraude. Pero el problema es que el amparo no puede ser utilizado como vía que sustituya esos recursos», afirma el experto.
Es por ello que, según Prado, para que pueda existir un interventor dentro de la Usac, u otra entidad autónoma, debería haber una reforma constitucional que permita estas acciones.
