Son casi las nueve de la mañana de un día caluroso del 29 de abril. En el Juzgado Cuarto de Instancia Penal se espera que se lleve a cabo una …
Son casi las nueve de la mañana de un día caluroso del 29 de abril. En el Juzgado Cuarto de Instancia Penal se espera que se lleve a cabo una audiencia para evaluar las pruebas y señalamientos contra cuatro exfuncionarios acusados en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
En la sala de audiencias, casi vacía, ya se encuentran: Rocío Murillo, exjueza del Juzgado de Paz de San José Pinula, Guatemala; Romeo Rolando Miranda, exsecretario del Juzgado de Paz de ese municipio; Ofelia María Pérez Campos, excoordinadora del área «Mi Hogar» de la Secretaría de Bienestar Social (SBS); y Crucy Flor de María López, exmonitora del Centro Juvenil para Mujeres Gorriones.
Han transcurrido seis años desde que en el 2020 fueron vinculados al caso. Aún no se sabe si alguno de ellos será absuelto del proceso o enfrentarán juicio.
Mientras arranca la audiencia y la temperatura se incrementa en la sala, los señalados se muestran acalorados, cruzan los brazos y mantienen la mirada al frente. Evitan el contacto visual con los periodistas. Voltean el rostro o bajan la mirada cuando se dan cuenta que les toman fotografías. Esperan que el juez Mario Flores Maldonado inicie con el protocolo.
Los acusados conforman el grupo 3 de personas señaladas por tener algún grado de responsabilidad en las acciones que se registraron una noche previa al incendio y su vinculación en la operación interna del hogar estatal donde murieron quemadas 41 niñas y otras 15 resultaron con graves heridas.
A las 9:19 de la mañana, el juez inició la audiencia con casi una hora de retraso. Verificó que estuvieran presentes todos los sindicados y sus abogados.
Cuando el juez le dio la palabra al fiscal del Ministerio Público (MP), Sergio Santizo, él le solicitó la suspensión de la audiencia, debido a que fue asignado al caso apenas un día antes.
El anterior fiscal Billy Oxom fue recusado por la defensa de Ofelia María Pérez Campos. El 22 de abril se presentó el memorial donde se planteó que podría existir una relación de amistad entre el juez y fiscal que afectaría su imparcialidad en el proceso.
A nivel interno del MP se decidió nombrar a Santizo, que argumentó que era imposible estar enterado de todo el expediente del caso en tan poco tiempo. Ese archivo contiene alrededor de 1,300 folios, además de múltiples modificaciones en las imputaciones a lo largo del proceso.
La sala se quedó en silencio. El juez con un semblante serio realizaba anotaciones. Luego dio la palabra a cada una de las partes para saber si estaban de acuerdo o no con la solicitud presentada. Nadie se opuso.
El juez ordenó suspender y reprogramar la audiencia para el 25 y 26 de agosto próximos.
Familiares de las víctimas también estaban presentes. Antes de dar por finalizada la audiencia el juez hizo la observación sobre la importancia de salir de la etapa intermedia de este proceso, porque se ha reprogramado en muchas ocasiones.
Luego de la resolución y que el juez saliera de la sala, algunos de los señalados tenían un semblante diferente al del inicio. Incluso algunos con una sonrisa.
El impacto de los retrasos en las víctimas
Carlos Quiej, abogado de la Fundación Sobrevivientes, asegura que los constantes retrasos en este proceso «han provocado que el proceso avance con lentitud, ya que el tribunal debe analizar distintas imputaciones que se han ido incorporando con el paso de los años».
La abogada Juanita Pérez del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, también señaló el uso que hace la defensa de los recursos legales, entre amparos, apelaciones y otras acciones constitucionales, que repercuten en constantes suspensiones y reprogramaciones de las diligencias judiciales.
«Estas acciones han impedido avanzar hacia la resolución de la etapa intermedia, en la que el juez debe decidir si existen suficientes indicios para enviar el caso a juicio», afirma.
Tanto Pérez como Quiej indican que para las víctimas y sus familiares, los retrasos han significado largos años de espera para alcanzar justicia y conocer la responsabilidad de los implicados en el caso.
«Mientras no se establezca la responsabilidad de todas las personas que pudieron haber participado en los hechos, la búsqueda de justicia permanece abierta», afirma Quiej.
Además, señala que el prolongado proceso judicial mantiene a muchas familias en una situación de incertidumbre, mientras aún enfrentan las secuelas del incendio ocurrido en 2017.
Lo que se espera en agosto
En la audiencia programada para agosto, el juez Flores deberá determinar si existen suficientes elementos para que los acusados enfrenten juicio penal. Sin embargo, el abogado Quiej, advierte que se podrían presentar nuevos recursos legales por la defensa de los acusados.
De manera específica señala que Romeo Rolando Miranda, exsecretario del Juzgado de Paz de San José Pinula, no ha presentado ninguna acción, pero podría hacerlo en agosto.
«No se descarta que en el futuro alguno de los acusados o sus defensas planteen nuevos recursos o incidentes que vuelvan a postergar el avance del caso, como ha ocurrido en ocasiones anteriores».
De resolverse esta etapa, el expediente sería enviado a un tribunal de sentencia que deberá programar el debate oral y público.
«Incluso si la audiencia se lleva a cabo en agosto, un eventual juicio podría tardar varios meses más, debido a la carga de trabajo de los tribunales», puntualiza el abogado.
Créditos:
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera
Aquí puedes conocer la cobertura que Agencia Ocote ha dado al caso Hogar Seguro.
