La etapa de presentación de pruebas de la fiscalía y los querellantes adhesivos en el juicio del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, finalizará el 8 de mayo, según …
En resumen
- El peritaje de Luis Assardo reveló que las 56 niñas y adolescentes encerradas inhalaron humos y gases tóxicos durante nueve minutos.
- En el hogar, las niñas eran sometidas a maltratos que pueden ser clasificados como tortura, según un peritaje médico y psicológico.
- Un peritaje arquitectónico reveló que las niñas y adolescentes vivían hacinadas en el hogar temporal.
La etapa de presentación de pruebas de la fiscalía y los querellantes adhesivos en el juicio del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, finalizará el 8 de mayo, según el Tribunal Séptimo.
En esta etapa, la jueza Ingrid Cifuentes recibió cuatro peritajes, que han demostrado las condiciones en las que convivían las niñas y adolescentes institucionalizadas.
Estos informes, presentados en marzo pasado, permitieron entender cómo ocurrió el incendio dentro del salón de pedagogía la mañana del 8 de marzo de 2017.
«una cantidad enorme de calor»
Esa madrugada 56 niñas y adolescentes fueron encerradas en el salón y las autoridades colocaron colchones de poliuretano en el suelo.
Horas más tarde ocurrió un incendio que terminó con la vida de 41 y dejó heridas de por vida en las otras 15.
Según Luis Assardo, ex bombero municipal y perito especializado en incendios que declaró ante el tribunal el 15 de marzo, el fuego inició en una esquina del salón.
Esto se evidencia en la condición de la pared, que, a diferencia del resto, «estaba descascarada», afirma el experto.
El incendio se esparció con rapidez debido a la falta de ventanas en el salón y a que el material de las colchonetas era altamente combustible.
La temperatura del salón alcanzó entre 300 y 500 grados célsius. Esto es «una cantidad enorme de calor», explica el perito.
Inhalaron muerte
Durante nueve minutos, las niñas y adolescentes inhalaron humo y gases tóxicos provenientes de esas colchonetas quemadas.
Las niñas sobrevivientes y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que han declarado en el juicio, afirman que las víctimas alertaron del incendio y pedían auxilio.
Sin embargo, la subinspectora Lucinda Marroquín, señalada de tener la llave que abría el candado, ignoró todas las alertas y no abrió la puerta.
En el análisis, realizado el 12 de marzo de 2017, el experto encontró solo una pared sin mayor daño. Es la opuesta al punto donde se inició el fuego.
«Allí estaban los cuerpos, intentando huir del fuego», dice Assardo. En la pared quedaron incluso arañazos de desesperación, según el experto.
«Lo que ocurría dentro del hogar era tortura»
El 7 de marzo de 2017, horas antes del incendio, niñas y adolescentes institucionalizadas escaparon del albergue.
«Iniciaron un “mini bochinche” como una respuesta a una problemática estructural y como un derecho legítimo desde la colectividad», dice Raquel Cruz Hernández.
Cruz es la médico que realizó un peritaje transdisciplinario médico y psicológico sobre el suceso y qué lo desencadenó.
Según la perita, fue una respuesta a las circunstancias en las que las menores vivían. Estas afectaban su bienestar e impedían su desarrollo pleno.
A las niñas se les sometía a acciones que producían miedo y dolor. Según el peritaje, en el hogar existía «negligencia y abuso infantil».
«Lo que ocurría en el hogar era tortura», agrega Cruz Hernández.
En audiencias anteriores, las sobrevivientes denunciaron la carencia de insumos de higiene personal y comida de mala calidad.
También visibilizaron insuficiente vestimenta y condiciones deficientes en los dormitorios.
Una realidad mortal
Las niñas vivían «en condiciones de hacinamiento», según Helen Mendoza, quien realizó un peritaje arquitectónico, forense y tridimensional de la estructura del edificio.
La realidad del hogar era muy distante a lo planificado en los planos, según la experta.
El total de literas en cada dormitorio sobrepasaba lo permitido y las áreas de juego fueron convertidas también en habitaciones.
Los muros que separaban los sanitarios y las duchas eran muy bajos, lo que les impedía tener privacidad.
Las habitaciones carecían de ventilación, pues las ventanas fueron reemplazadas con acrílicos industriales.
Estas fueron «modificaciones importantes que afectaban el día a día de las niñas», indica Mendoza.
Esto fue confirmado por un peritaje sociológico sobre las condiciones del hogar, realizado por Lily Muñoz.
«Este llamado de atención no fue escuchado, generando mayor sufrimiento y riesgo eminente», dice Edith Sarceño, psicóloga y coautora del peritaje transdiciplinario junto con Cruz Hernández.
Sometidas a estrés y golpes
Después de que escaparan, las niñas y adolescentes fueron ubicadas por agentes de la PNC y regresadas al hogar.
Se les colocó en el portón y pasaron unas 15 horas previo a que se les permitiera reingresar.
En ese tiempo, fueron sometidas a estrés psicológico extremo, golpes, humillaciones, desgaste físico y amenazas, según los testimonios.
También estuvieron expuestas a temperaturas extremas y, algunas, fueron rociadas con gas pimienta, según los documentos en poder del juzgado.
Estas acciones «atentaron contra su dignidad física y son usadas como métodos de maltrato y tortura», afirma Cruz Hernández.
Tortura que aún duele
La teoría pericial indica que el incendio fue un mecanismo para impedir nuevas formas de manifestación a niños institucionalizados en hogares de protección.
«El fuego fue el agente térmico usado por las niñas como método de protesta contra el entorno torturante».
Pero, «ese mismo fuego fue usado como castigo ejemplar hacia sus cuerpos, como parte del abuso y la tortura», dice la médica.
Como consecuencia, las sobrevivientes atraviesan secuelas emocionales, como estrés postraumático, la ruptura en la confianza sobre ellas mismas y su entorno, daños en su autoestima y proyectos de vida.
Esto también impacta a las familias, quienes experimentan sentimientos de culpa, depresión y afectaciones en la salud física.
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