Han pasado nueve años del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, Guatemala, donde 41 niñas que estaban bajo la protección del Estado …
Han pasado nueve años del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, Guatemala, donde 41 niñas que estaban bajo la protección del Estado murieron quemadas y otras 15 resultaron con graves heridas. A la fecha, el proceso judicial continúa incompleto.
Aunque en 2025 se emitió una sentencia contra varios exfuncionarios, existe un tercer grupo de acusados cuya situación penal sigue sin resolverse desde hace 6 años, a partir de enero de 2020.
Este grupo está conformado por cuatro personas vinculadas al sistema judicial y a la operación interna del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
- Rocío Murillo, exjueza del Juzgado de Paz de San José Pinula.
- Romeo Rolando Miranda, exsecretario del Juzgado de Paz de San José Pinula.
- Ofelia María Pérez Campos, excoordinadora del área «Mi Hogar» de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
- Crucy Flor de María López, exmonitora del Centro Juvenil para Mujeres Gorriones.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, estas personas tendrían algún grado de participación o responsabilidad en decisiones institucionales que ocurrieron antes del incendio, particularmente en el manejo de denuncias y solicitudes relacionadas con la situación de las adolescentes.
En el caso de Murillo y Miranda, los señalamientos se relacionan con actuaciones judiciales la noche previa al incendio, mientras que las otras dos acusadas estaban vinculadas a la operación interna del hogar.
Una de las últimas audiencias de este grupo de acusados estaba programada para octubre de 2025, cuando el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal tenía previsto conocer la acusación del Ministerio Público y decidir si los señalados debían enfrentar juicio.
Sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a que aún estaba pendiente la resolución de recursos legales relacionados con los delitos que se imputan a algunos de los acusados, particularmente a la exjueza Rocío Murillo.
En la audiencia del 29 y 30 de abril el juez deberá determinar si existen suficientes elementos para enviar al grupo de acusados a juicio o si corresponde cerrar el proceso para algunos.
Para la abogada Juanita Pérez del bufete de Derechos Humanos, que lleva el caso Hogar Seguro, esta diligencia es importante porque el proceso se ha visto retrasado por acciones legales pendientes, incluido un amparo ya resuelto.
«Para las familias de las víctimas representa un avance en su búsqueda de justicia y en la definición de responsabilidades dentro del caso».
¿Qué pasó después de la sentencia de 2025?
El 12 de agosto de 2025 el tribunal emitió la primera sentencia por el caso y condenó a seis exfuncionarios del Estado por su responsabilidad en el encierro de las adolescentes y las condiciones que llevaron al incendio.
Las condenas fueron:
- Santos Torres, exdirector del hogar: 25 años de prisión
- Carlos Rodas, exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social: 25 años
- Brenda Chamán, exjefa de Protección Especial de la Secretaría de Bienestar Social (SBS): 17 años
- Luis Pérez, exsubcomisario de la Policía Nacional Civil: 15 años
- Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la PNC: 13 años
- Gloria Castro, exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humano (PDH): 6 años
Las penas impuestas por el tribunal oscilaron entre seis y veinticinco años de prisión, según el grado de responsabilidad atribuido a cada uno.
En el mismo fallo también fue absuelto Harold Flores, exprocurador de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación.
La resolución fue considerada histórica por sectores de la sociedad civil a favor de los derechos humanos, porque se reconoció la responsabilidad de funcionarios públicos en la cadena de decisiones que llevó al encierro y la muerte de las adolescentes.
Sin embargo, para familiares de las víctimas y organizaciones que han acompañado el caso, la sentencia no cerró completamente el proceso judicial.
En declaraciones para Agencia Ocote la abogada Diana Vivar del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, destacó que la sentencia contra el segundo grupo de acusados es valiosa porque se reconoció y dio credibilidad a lo que las niñas denunciaron durante años, sobre las graves violaciones cometidas mientras estaban bajo resguardo del Estado.
Sin embargo, señaló que «Las familias siguen esperando que la sentencia quede firme, que las responsabilidades se consoliden y que las medidas de reparación se cumplan de manera efectiva».
La justicia pendiente en la cadena de mando
Entre las personas señaladas en el caso también fue señalada Anahí Keller Zabala, quien se desempeñaba como subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social cuando ocurrió el incendio en 2017.
Keller Zabala fue acusada por el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en decisiones institucionales relacionadas con el resguardo y la protección de las adolescentes.
Sin embargo, en 2022 un tribunal la absolvió al considerar que las pruebas presentadas no eran suficientes para establecer responsabilidad penal. A la fecha, esa absolución se mantiene, lo que para familiares y organizaciones refleja las dificultades que ha enfrentado el caso para establecer responsabilidades completas dentro de la cadena institucional que antecedió al incendio.
Otro de los señalados durante la sentencia del segundo grupo fue el expresidente Jimmy Morales. La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes ordenó en ese momento que el Ministerio Público investigara posibles responsabilidades de Morales debido al rol del Ejecutivo en la supervisión de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y los hechos ocurridos antes de la tragedia.
Créditos:
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera
Fotografías: María del Carmen Hernández
¿Conoces el especial periodístico No fue el fuego? Lee aquí las crónicas, reportajes, entrevistas y notas sobre este caso.
