Han pasado más de 3 mil días desde que 41 niñas y adolescentes fallecieron como consecuencia de las heridas que les provocó el contacto directo con el fuego y el …
Han pasado más de 3 mil días desde que 41 niñas y adolescentes fallecieron como consecuencia de las heridas que les provocó el contacto directo con el fuego y el humo. Otras 15, ahora convertidas en adultas, han vivido este tiempo con el daño físico y emocional que el incendio les dejó.
El 12 de agosto de 2025, se dictó la primera sentencia por este caso. Cuatro exfuncionarios y dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron condenados a entre 6 y 25 años de prisión por las acciones y omisiones que hicieron posible el incendio. Los delitos: maltrato contra menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y homicidio culposo.
Se trata de Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro; Luis Armando Pérez, exjefe de operaciones de la Policía Nacional Civil; Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos; Brenda Chamán, exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato de la Secretaría de Bienestar Social y Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil.
Según la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, la Fiscalía demostró los delitos a través de más de mil pruebas documentales y audiovisuales, 107 testigos y 45 peritos que Cifuentes escuchó a lo largo de 120 audiencias.
Por medio de ellos, el Ministerio Público (MP) logró determinar que el incendio ocurrió dentro de un aula donde las 56 habían sido encerradas bajo llave durante la madrugada. Esto, como castigo después de que varias jóvenes escaparan y protestaran denunciando el maltrato, abusos y hacinamiento que vivían en el hogar.
Cuatro meses después de la sentencia, el MP despidió al fiscal Édgar Gómez, quien había liderado el caso, sin aclarar el motivo. A criterio de Diana Vivar, abogada del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, esta decisión afecta el caso «porque un nuevo fiscal tendrá que apropiarse del mismo».
La sentencia aún no es firme
Todos los sentenciados presentaron apelaron a la sentencia. Algunos argumentaron que hubo errores en el procedimiento del juicio y buscan que este se repita. Otros manifestaron inconformidad en la sentencia, pues sostienen que no se tomaron en cuenta los argumentos de los abogados defensores.
Dos de las tres organizaciones que dieron asesoría legal a las familias de las víctimas y sobrevivientes, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos y Mujeres Transformado el Mundo (MTM), también presentaron apelaciones. Una de ellas, contra la absolución de Harold Flores, el exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el único acusado que no fue condenado. Otra busca que se tomen en cuenta algunos argumentos presentados que no fueron incluidos en la reparación digna.
La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal debe ser quien conozca estos recursos, pero aún no los ha resuelto. Cuando lo haga, el proceso continuará en la etapa recursiva, donde podrán presentarse otros recursos legales, como la casación o el amparo.
La sentencia será firme hasta que esto finalice.
Mientras tanto, los seis sentenciados continúan en libertad. «Desde hace tiempo, ellos habían estado enfrentando el proceso con medidas sustitutivas (fuera de la cárcel) y eso no cambiará hasta que la sentencia esté firme», explica Diana Vivar.
Debido a que la sentencia no está firme, las medidas de reparación digna y no repetición ordenadas por la jueza Cifuentes tampoco se han cumplido.
Anahy Keller continúa ausente
Anahy Keller Zavala, exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social, enfrentó casi dos años de juicio junto a los seis sentenciados. Dos días antes de la presentación de conclusiones, la Corte de Constitucionalidad (CC) la favoreció con un amparo provisional. Con ello, evitó enfrentarse a una posible sentencia.
En agosto de 2025, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia conoció tres recursos de casación presentados por los abogados que representan a las familias de las víctimas del incendio en el Hogar Seguro. Por medio de ellos, buscan que Keller enfrente juicio de nuevo.
«Creemos que está clara la responsabilidad (de Keller en los hechos juzgados). La señora jueza nos ha dado por lo menos un ánimo al decir que sí existía una Subsecretaría de Abrigo y Protección, que esa subsecretaría era la que dirigía a la Dirección de Abrigo y Protección Especial del Hogar Seguro y que también (Keller) estuvo presente y era parte de esa toma de decisiones. (…) Esperamos que sea una resolución (de la Cámara Penal) apegada a derecho», dijo a Agencia Ocote Carlos Quiej, abogado de la Fundación Sobrevivientes que representó a las querellantes adhesivas, después de la sentencia.
Los abogados no han sido notificados de avances en este proceso. Según el abogado penalista Javier Monterroso, esto es normal por la mora judicial. La resolución podría tardar meses en llegar.
Otros acusados a la espera
En 2017, el proceso judicial por el incendio en el Hogar Seguro se fraccionó en tres grupos de acusados, según las fechas de sus capturas. Los primeros dos se unieron para el mismo juicio, el que terminó el 12 de agosto de 2025.
Sin embargo, cuatro acusados del tercer grupo aún enfrentan un proceso judicial estancado en la fase intermedia. Se trata de Rocío Murillo, y Romeo Rolando Miranda, exjueza y secretario del Juzgado de Paz de San José Pinula; Ofelia Pérez Campos, excoordinadora del área «Mi Hogar» del Hogar Seguro y Crucy López, exmonitora del Centro Juvenil para Mujeres Gorriones.
En octubre de 2025, una resolución frenó la audiencia de apertura de juicio, la cual fue reprogramada para el 29 y 30 de abril del 2026.
La justicia incompleta
«Para las familias y las víctimas, la resolución representa un paso importante porque, por primera vez en el proceso judicial, un tribunal reconoció y dio credibilidad a lo que ellas han denunciado durante años: las graves violaciones cometidas por el Estado contra las niñas del Hogar Seguro», señala Diana Vivar, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos.
Sin embargo, esa esperanza convive con una sensación de espera e incertidumbre. La sentencia aún no está firme y se encuentra sujeta a los recursos de apelación que deben resolverse.
«Aunque se ha dado un paso importante hacia el reconocimiento de los hechos, la justicia todavía no es completa. Las familias siguen esperando que la sentencia quede firme, que las responsabilidades se consoliden y que las medidas de reparación se cumplan de manera efectiva», finaliza la abogada.
