La madrugada del martes 14 de abril la Corte de Constitucionalidad (CC) asumió funciones apenas horas después de que se conociera que el Ministerio Público (MP) había intensificado acciones penales …
La madrugada del martes 14 de abril la Corte de Constitucionalidad (CC) asumió funciones apenas horas después de que se conociera que el Ministerio Público (MP) había intensificado acciones penales para tratar de capturar y no permitir que asumiera la ahora magistrada Astrid Lemus quien, junto con Anabela Morfín, son calificadas como parte del ala democrática del país.
Morfín, ahora presidenta de la CC (el cargo se rota de mayor a menor edad) llegó como magistrada tras su designación por parte del presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros. Su suplente es María Jocholá.
Los electos por el colegio de Abogados y notarios, Astrid Lemus y Luis Bermejo, tuvieron una entrada más estrepitosa. Desde su criminalización siendo candidatos, que el MP ingresó a los centros votación, hasta la duda sobre si Lemus lograría tomar posesión al ser criminalizada.
Designaciones polémicas
El caso de Roberto Molina Barreto, designado por el Congreso, también llamó la atención debido a las denuncias de injerencia de la embajada de los Estados Unidos. Luis Rosales fue reelecto como su suplente.
Otra reelección polémica fue la de la magistrada Dina Ochoa, que llegó al ser nombrada por la Corte Suprema de Justicia. Este es su tercer período, ahora acompañada de la también reelecta Claudia Paniagua como suplente.
Una sorpresa fue la designación de Julia Rivera y José Luis Aguirre (suplente), por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, entidad donde presentó papelería la fiscal Consuelo Porras con la intención de ser electa, pero no obtuvo votos.
Esta será la CC que tendrá que ser garante de acciones de corte constitucional en el marco de las Elecciones Generales 2027. Pero antes de ello tiene procesos relevantes como la elección de fiscal general, de contralor general y acciones contra la designación de Walter Mazariegos como rector de la Usac.
Los casos por resolver
Andrea Rabanales, directora de Be Just, organización que promueve el fortalecimiento del sector justicia, explica a Agencia Ocote que hay dos grandes áreas que podrían marcar la dirección de la CC.
Uno es el de los casos vinculados a la política nacional y el otro que tiene más que ver con la problemática social y de los territorios.
Por una parte, «están los casos políticos como el de fiscal general, el rector de la Usac, elecciones. Todos estos casos de coyuntura nacional en donde la CC tiene que resolver para desentrampar algo», detalla la magíster en Derecho Constitucional.
«El otro gran bloque son los casos que tienen una relación directa con derechos humanos. Casos como explotaciones mineras, justicia transicional y protección de derechos de grupos sociales».
Rabanales menciona que la CC deberá hacer, con sus resoluciones, un pronunciamiento en ambas líneas. «Que no es algo fácil», afirma.
Fiscal general y rector
Entre los primeros casos, que ya son presión para la nueva CC, La Hora publicó que minutos después de haber asumido funciones, los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera enviaron una carta a la presidenta, Anabella Morfín, para conocer recursos relacionados a la elección de fiscal general.
Buscan excluir candidaturas con récord de juez, como es el caso del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien se perfila como uno de los candidatos del presidente Bernardo Arévalo.
Por su parte, en el caso del nuevo fraude de Wálter Mazariegos como rector, casi 20 amparos están pendientes de resolver, pues la anterior CC no lo hizo. El día del acto de juramentación, la comunidad universitaria protestó a las afueras del Teatro Nacional exigiendo que se resuelva.
Rabanales explica que «esos van a ser dos puntos muy álgidos en un momento inicial de la CC. Va a resultar interesante ver cómo responden».
Entre otros casos con tinte político que la nueva CC debe conocer están la criminalización de operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos o líderes indígenas en prisión o con procesos penales.
Sin contar aún con la judicialización que los partidos políticos realizan de los procesos electorales, de cara a las Elecciones Generales 2027.
Resoluciones de interés social
«Es una CC que tiene mucho que resolver. Del lado de la justicia transicional y los derechos humanos también hay casos interesantes», menciona Rabanales.
Entre los casos entrampados desde 2024 y 2025 están: el segundo juicio por genocidio, el caso del Diario Militar o el caso Creompaz, que eventualmente llegarán a la CC.
Con respecto a decisiones del Legislativo, la experta también teoriza sobre la posibilidad de que la corte deba resolver sobre una ley de aguas que se impulsa desde el Ministerio de Ambiente.
También están los conflictos entre comunidades y mineras o hidroeléctricas.
Distribución del poder
Hay dos bandos claros en la nueva corte: Morfín y Lemus, por el lado más democrático, y Barreto y Ochoa por el conservador y vinculado a corrupción e impunidad.
Pero el caso de Rivera (electa por el CSU), aún deja dudas para expertos como Rabanales y Marco Antonio Canteo, consultor en procesos de reforma judicial. Esto a pesar de los vínculos de Rivera con Walter Mazariegos a través de su exesposo Luis Cordón y su hermano Ragde Rivera, secretario general y asesor legal de la Usac, respectivamente.
Aún así, Rabanales reconoce que Rivera «ha sido una jueza de carrera, sin señalamientos drásticos de corrupción durante el ejercicio de su judicatura», lo que podría permitir que su postura se incline del lado democrático.
La balanza de la justicia
Canteo explica algunos de los escenarios con respecto a cómo podría inclinarse la balanza de la nueva magistratura con «un sector duro pro continuidad de lo que hemos visto hasta hoy y otro que quiere dar salidas más democráticas».
«Estaríamos empatados dos a dos, porque la magistrada electa por el CSU muchos hablan de que puede ser la bisagra e inclinar la balanza».
Pero él vislumbra un escenario no positivo de tres a dos, con Molina, Ochoa y Rivera por un lado y Morfín y Lemus del otro.
Sin embargo, «en el caso de la elección de Walter Mazariegos puede que haya una posibilidad debido al escándalo (de fraude), y por presión la magistrada se inhiba».
Canteo considera que «con el tema de fiscal general puede haber un escenario favorable para las fuerzas democráticas que buscan cambio. (Puede haber) un respeto a los procesos transparentes en la Comisión de Postulación».
El abogado cree que en general la nueva CC tiene un corte conservador, pero que «las magistradas electas por el CANG, por el presidente, incluso la designada por el CSU, tienen convicciones democráticas».
Para Canteo esto representaría un mayor respeto a la institucionalidad y lo considera «una válvula de escape a la crisis de los últimos años, en donde la corte ha invadido las funciones de otros organismos del Estado».
Rabanales finaliza indicando que en casos en los cuales la CC necesita de siete y no cinco magistrados, la balanza es más positiva.
«Ahí es donde integran los suplentes, cuya alternativa es (más democrática y) menos desfavorable».
