Impulsar procesos de justicia transicional es enfrentarse al «pacto de corruptos». Eso afirman sobrevivientes y víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI) en Guatemala, luego de un año de retrocesos y …
- Procesos emblemáticos por justicia transicional como Genocidio Ixil, Creompaz y Molina Theissen sufrieron graves obstáculos legales, incluyendo resoluciones que favorecieron la impunidad de exmilitares como Benedicto Lucas García.
- Entre noviembre y diciembre de 2024, el Ministerio Público desmanteló la Fiscalía de Derechos Humanos, trasladando personal clave y nombrando a un jefe señalado de corrupción en la Lista Engel.
- Abogados, víctimas y organizaciones sociales denuncian estrategias legales de los acusados para evitar condenas, pero también destacan la importancia de no claudicar en la lucha contra la impunidad.
Impulsar procesos de justicia transicional es enfrentarse al «pacto de corruptos». Eso afirman sobrevivientes y víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI) en Guatemala, luego de un año de retrocesos y de mantener en la impunidad a exmilitares acusados de graves crímenes de lesa humanidad.
El 28 de noviembre de 2024, por unanimidad, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones benefició a Benedicto Lucas García, procesado en el segundo juicio por genocidio en Guatemala.
Dicha resolución se otorgó en la etapa final, previo a que se conociera la sentencia en contra del exmilitar, tras más de 90 días de audiencias. El juicio inició el 5 de abril de ese año.
🚨#Ahora Benedicto Lucas García, acusado de #Genocidio, fue beneficiado por unanimidad del tribunal de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones que dio lugar a una recusación planteada contra el Tribunal Primero de Sentencia por procesos de Mayor Riesgo del Grupo A. pic.twitter.com/uzyTjZthwo
— Ocote (@AgenciaOcote) November 28, 2024
Aunque el juicio contra Lucas García no fue suspendido, se encuentra en un «impasse procesal», según explica a Ocote la abogada Jovita Tzul.
Ella acompaña legalmente a la querellante Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR).
Tzul indica que aún no se ha ejecutado la resolución unánime que dictó la Corte.
Esa sala le dio lugar a una recusación planteada por la defensa de Lucas García contra el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A.
Ahora, este Tribunal, que conoció todo el juicio oral y público, debe trasladar el caso al Tribunal Primero de Mayor Riesgo B.
«El Tribunal A debe recibir la ejecutoria (de la Corte) y ahí veremos sus efectos reales. También debe dictaminar el Tribunal B al momento de recibir el expediente».
Tzul indica que, además, esa resolución no está firme porque es susceptible de amparo. «Por eso no decimos que el juicio fue anulado. En este momento está en un impasse procesal».
La abogada también resalta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún puede intervenir «si es que hubiera voluntad política, legal y de hacer justicia».
Mario Trejo, también abogado de las víctimas, coincide, pero señala los efectos procesales de este retraso.
Dice que al expresar la resolución verbal, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones «está técnicamente mal» porque el debate ya había finalizado la etapa de audiencias.
En ese sentido, el juicio estaría «congelado» por lo que Trejo asegura que ya se presentaron acciones legales para que se continúe con el proceso.
Contra Lucas García y otros tres exmilitares también pesa una solicitud de extradición solicitada por la Corte Penal de Lovaina en Bélgica.
Desde 2022, la Corte de Lovaina encontró culpables a los exmilitares por asesinato y tortura de cuatro misioneros belgas durante los años más cruentos del conflicto armado.
Creompaz también a la espera de justicia
El 5 de noviembre de 2024, la Sala Segunda de Mayor Riesgo ordeno anular todo lo actuado en el caso conocido como Creompaz, siglas del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz.
Creompaz se ubica en lo que alguna vez fue la Zona Militar No. 21 de Cobán, Alta Verapaz.
Ahí, hace poco más de diez años, las autoridades nacionales encontraron 14 fosas clandestinas con los restos de 558 personas torturadas y masacradas.
Al menos 90 de las víctimas eran menores de edad.
Nuevamente, con este fallo se benefició a Lucas García, también implicado en el caso. También a los exmilitares Carlos Augusto Garavito, Cesar Augusto Cabrera Mejía, Byron Humberto Barrientos, José Antonio Vásquez García, César Augusto Ruiz y Juan Ovalle Salazar.
Ante esa resolución, el 9 de enero de 2025, se realizó una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) para escuchar los argumentos de los querellantes.
Las víctimas buscan revertir la resolución que anuló el proceso.
Caso Molina Theissen sin sentencia firme
Lucas García también está implicado en el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen.
También en la detención, violación y tortura de su hermana Emma Guadalupe.
Lucrecia Molina Theissen, hermana de las víctimas, dijo a Ocote que la sentencia condenatoria de 2018 por este caso no está firme.
Lucas García, Manuel Callejas y Francisco Luis Gordillo fueron favorecidos con una resolución de arresto domiciliar desde 2022 que les fue otorgada por la CC.
Respecto de Gordillo sí se hizo efectiva la medida sustitutiva, mientras que Lucas García y Callejas permanecen en el Hospital Militar por su involucramiento en el proceso por el genocidio Ixil.
«El autor material, Hugo Zaldaña, interrogador de Emma, quien ordenó torturas y violaciones sexuales, sigue en el hospital militar, pero persiste en su afán de salir libre», señala Lucrecia.
Sin tener fecha precisa de momento, las víctimas esperan una audiencia programada para conocer las apelaciones en este caso.
La impunidad que persiste
Juan Pérez, de la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, asegura que «Cualquier acción que quede en la impunidad se vuelve a repetir».
Con esto asegura la importancia de alcanzar justicia por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron.
A criterio de sobrevivientes y organizaciones sociales que les brindan acompañamiento, los exmilitares hacen uso de diversas estrategias para evitar una condena.
Las víctimas también advierten sobre que se «desmanteló» la Fiscalía de Derechos Humanos.
Esto luego que entre noviembre y diciembre el Ministerio Público (MP), removió y trasladó a casi todos los auxiliares y fiscales que conocían estos casos.
La acción que más incertidumbre les provoca fue el nombramiento de Noé Nehemías Rivera Vásquez como nuevo jefe de la fiscalía.
Rivera está incluido desde diciembre de 2023, cuando era jefe de la Fiscalía de Asuntos Administrativos, en la lista de actores corruptos (Lista Engel) por el Departamento de Estado de los EE.UU.
Junto con él están en la lista, desde esa ocasión, la fiscal Leonor Eugenia Morales y el fiscal Pedro Otto Hernández, ambos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
Mujeres Ixil reconocidas
En diciembre pasado, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, sobrevivientes y víctimas fueron reconocidos por su lucha en un año particularmente negativo para la justicia transicional.
Como parte del reconocimiento, las Mujeres Ixiles Tejedoras de Justicia recibieron la Orden Monseñor Juan José Gerardi que otorga la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).
Nery Rodenas, director de la ODHAG, dijo en ese momento que es importante reconocer el trabajo que ellas han realizado en la búsqueda de justicia por violaciones a sus derechos durante la guerra.
También fueron reconocidos los presbíteros Prudencio Rodríguez y Miguel Cortés Bofill.
«Los culpables piensan que están libres, pero no. Hay suficientes pruebas para decir que estamos buscando la justicia», reiteraron las mujeres Tejedoras de Justicia.
Entretanto, Raúl Nájera, investigador del área legal de la ODHAG, comentó que este tipo de reconocimientos son muy importantes en el actual momento político.
«Es un respaldo en un contexto en el que el sistema judicial le da la espalda una y otra vez a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos».
Este esfuerzo también significa un reconocimiento de la Iglesia Católica a las mujeres sobrevivientes que testificaron contra Benedicto Lucas García.
«Es decirles que su lucha no es en vano, es para fortalecer los espacios organizativos de reconstrucción de memoria y no claudicar por la justicia», finalizó Nájera.
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Toda la información por el proceso contra Benedicto Lucas García y otros casos de justicia transicional puedes consultarla en las redes sociales de Verdad y Justicia y Asociación para la Justicia y Reconciliación -AJR-.
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