Entre 2022 y 2026, las instituciones públicas en Guatemala adjudicaron Q69.9 millones para servicios relacionados con Inteligencia Artificial y reconocimiento facial para videovigilancia. Estas tecnologías funcionan sin una ley de …
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Entre 2022 y 2026, las instituciones públicas en Guatemala adjudicaron Q69.9 millones para servicios relacionados con Inteligencia Artificial y reconocimiento facial para videovigilancia. Estas tecnologías funcionan sin una ley de protección de datos ni de ciberseguridad. Ambas normas en Guatemala están estancadas en el Congreso.
Al vacío legislativo se suma la falta de control y regulación en los centros de monitoreo que tienen a su cargo el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia.Esto supone una debilidad ante riesgos como la persecución política, la criminalización de protestas, el acoso o la venta de datos personales.
Ante la falta de una institución responsable de regular este tema, Agencia Ocote se acercó al Ministerio de Gobernación (Mingob) para conocer el panorama y lo que están haciendo de frente a esta realidad.
Desde el 2012 el Ministerio de Gobernación tiene bajo su administración el cuarto viceministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Este viceministerio se creó para impulsar soluciones tecnológicas aplicadas a la seguridad y la protección de la información.
De acuerdo con el Mingob, este viceministerio debe promover herramientas digitales para fortalecer las capacidades del Estado frente a nuevos desafíos. Aquí se incluye la prevención de delitos cibernéticos, el bloqueo de señales en centros de privación de libertad y la reducción de brechas tecnológicas dentro de la administración.
A cuatro meses de su nombramiento como viceministra de tecnología, Karen Stephanie Ortiz Solares, sentada desde un salón contiguo a su despacho, explica lo que implica para el Estado que los mecanismos electrónicos de vigilancia no tengan regulación. La viceministra Ortiz se pregunta: «¿Quién vigila al que vigila?».
Usted nos confirmó hace unas semanas que no existe ningún permiso, licencia o autorización que las instituciones públicas deban tramitar ante el Ministerio de Gobernación para la instalación de cámaras de videovigilancia o la apertura de centros de monitoreo en Guatemala. ¿No le parece que eso es un vacío grave?
Por supuesto, he recalcado en muchas ocasiones que el problema medular está en la falta de regulación para el uso de la información personal. Recordemos que todo lo que no es prohibido ante la ley, es permitido. Hemos estado tratando de impulsar el uso consciente y responsable de la información, sobre todo de la biometría. Desafortunadamente, como guatemaltecos no entendemos los alcances que puede tener un mal uso de la biometría en muchos aspectos.
Internacionalmente es una problemática para países que van mucho más adelantados. El tema de desarrollar videos con contenido sexual o contenido inapropiado utilizando la biometría física.
Cuando menciona que lo han impulsado, ¿con qué acciones?
Estamos haciendo un proyecto para videovigilancia de la Policía Nacional Civil. Tenemos empresas de seguridad privada y asociaciones de vecinos que tienen videovigilancia y que quieren que nosotros podamos tener un espejo de esta información. El manejo en PNC de todos estos datos será a través de un protocolo que se va a desarrollar para el uso de esta información.
Primero, porque es información de seguridad nacional y segundo, porque estamos obteniendo imágenes de los y las guatemaltecas. Si el Congreso no ha avanzado con tener un marco regulatorio que proteja esta información, como institución de seguridad estamos en la obligación de que toda esta información que vamos a recopilar sea utilizada de forma idónea. No solo protegerla internamente, resguardar para que no pueda ser objeto de hackeo.
¿Y los centros de monitoreo de las municipalidades y otras instituciones?
No podemos ir más allá. La autonomía municipal no nos permite restringir estos procesos. Ellos están en la facultad de instalar videovigilancia y tener el tratamiento que consideren necesario a la información que recaben. No hay un marco regulatorio que nos permita decir que esto es un delito porque se está usando de una mala manera.
La forma en la que nos hemos interconectado es a través de convenios en los que se establece límites al uso de la información y para qué fines, es el único marco para restringir este tema.
Si usted me lo pregunta, sí, es necesario que esto tenga una regulación, pero esta regulación tendría que ser a nivel de normativa ordinaria y esto es el Congreso de la República el responsable de regular. Es protección de datos. La ley de protección de datos debe ser integral, datos personales, datos biométricos, que incluyen faciales, dactilar y voz. Toda esa información sería protección de datos.
Tenemos el registro del convenio con la Municipalidad de Guatemala, ¿tienen con más municipalidades?
No le sabría dar un dato exacto.
Ya hay centros de monitoreo y cámaras de videovigilancia de instituciones públicas, incluyendo municipalidades, que están usando reconocimiento facial e inteligencia artificial, ¿qué implica esto para la protección de datos personales desde el Estado?
El problema es cuando hacemos un mal uso de la herramienta, tenemos la biometría de las personas y podemos hacer muchas cosas con ella. En las bancas virtuales y diferentes plataformas tenemos acceso a través de la identificación biométrica, también supone un riesgo para la propiedad privada de los ciudadanos.
No estoy en contra de que se utilicen herramientas de inteligencia artificial en el monitoreo. Nos da datos y los datos nos sirven para la toma de decisiones conscientes y para la elaboración de planes estratégicos.
Pero es importante ¿Qué se hace con la información que se requiere? ¿Dónde se almacena? ¿Estamos realmente preparados a nivel de infraestructura y de ciberseguridad para no ser atacados, para no saber que alguien está vigilando? ¿Quién vigila al que vigila?
Esta tecnología debería de ser implementada, pero de una forma objetiva y consciente. En Guatemala se han hecho esfuerzos por regular la inteligencia artificial. Desafortunadamente legislar es un dinosaurio muy lento y la tecnología es un colibrí super rápido.
¿Debería el Ministerio de Gobernación tener un control o alguna regulación de estos centros de monitoreo, de las cámaras de videovigilancia y de las tecnologías que se están comprando y usando para la videovigilancia desde el Estado? (como la IA y el reconocimiento facial)
Es un tema un poco complejo y delicado por el tema de competencias, propiedad privada, propiedad intelectual. No quisiera ser imprudente y tener una respuesta en este momento.
Es importante que esté incluido dentro de este contexto. ¿Hasta qué límite? Creo que sería imprudente de mi parte decirlo en este momento cuando no es algo que he profundizado.
Entiendo que entonces desde el ministerio no se ha planteado esto, el tener algún control o alguna regulación sobre estos centros.
Creemos que el primer paso es la Ley de Protección de Datos. Cuando esto suceda, vamos a poder avanzar al siguiente paso, que es regular este tema. No podemos pensar en correr si no hemos aprendido a caminar.
En concreto, ¿que ha hecho el viceministerio de tecnología de la información y las comunicaciones durante el gobierno de Bernardo Arévalo para dar pasos firmes en garantizar asuntos mínimos, como la protección de datos?
Hay un montón de iniciativas en el Congreso. Poner más iniciativas vuelve esto más pesado porque todos quieren llevarse la estrellita en la frente. Al igual que el tema de ciberseguridad, apostamos porque las iniciativas que ya estén, que caminen. Que las comisiones hagan observaciones objetivas.
Hemos tenido un par de diálogos, hemos insistido que es algo importante siempre dentro del contexto de la transformación digital. La triada clásica de división de poderes existe por algo y es competencia del organismo Legislativo. Ya ellos tienen determinada la necesidad y tienen iniciativas en el Congreso. El balón está del lado de la cancha de ellos.
Cuando dice que han insistido, ¿A quién le han insistido?
En espacios, en mesas en donde están diferentes actores del Ejecutivo, del Legislativo, siempre hemos reiterado que lo más importante es tener una ley de protección de datos. Tengo cuatro meses en el cargo, entonces los espacios no han sido tantos.
La seguridad se usa como justificación para instalar centros de monitoreo y contratar servicios de videovigilancia. ¿El Ministerio de Gobernación tiene datos que prueben su efectividad?
No tenemos. No tenemos datos sobre esto porque no tenemos información de cuántas cámaras hay, qué están monitoreando… Desafortunadamente y con honestidad, no tenemos esos datos.
A finales de junio de este año, medios de comunicación informaron que la PNC había retirado 201 cámaras de videovigilancia controladas por estructuras criminales en la capital. Esto demuestra cómo no solo las instituciones públicas usan la videovigilancia sin control y regulación. ¿Qué factores llevaron a este nivel de descontrol de la videovigilancia en Guatemala?
Que cualquiera pueda acceder a comprar una cámara. No se necesita mucha ciencia, ni mucha inversión. Las cámaras son tecnología de fácil acceso. Cualquiera puede comprar una, tener un enlace de datos para conectarla.
Los ciudadanos pueden comprar cámaras e instalarlas en su propiedad privada, las que se encuentran en calles, postes, deben de ser de las municipalidades porque ellos tienen la rectoría y la propiedad de estos espacios. Entonces, si están en las calles, no están en una propiedad privada, están en postes y no son de la municipalidad, así es como hemos identificado que pertenecen a la delincuencia organizada.
Acá sí hay un límite, la muni tendría que autorizar esta instalación o ser de la municipalidad, pero cuando están en propiedad privada, están en propiedad privada.
¿Qué acciones deberían tomar las municipalidades para que los grupos criminales no aprovechen estos espacios para instalar cámaras, como ya lo hicieron?
Que las municipalidades puedan identificar sus cámaras con colores específicos que no sean comunes. Por ejemplo, verde fosforescente. Usted no va a encontrar en el mercado una cámara verde fosforescente. Podría ser un buen mecanismo que las municipalidades podrían adoptar para que también a la policía se le haga mucho más efectivo identificar las cámaras clandestinas.
Hasta el momento se hace un trabajo en conjunto, con un tema más técnico de revisar y tener la coordinación con la municipalidad.
Especialistas en protección de datos advierten cómo esta videovigilancia sin control representa otros riesgos para los derechos humanos, como el derecho a la protesta y a la privacidad. ¿Qué medidas urgentes se deberían tomar para resguardar estos derechos?
Es un tema muy delicado, porque el derecho a la libertad de expresión es un tema polémico en el límite de la seguridad, la privacidad e información personal. No es algo que yo me esté inventando, hay diferentes estudios, puede leer ene cantidad de libros en donde abordan esta problemática. Cada caso es distinto por las aristas que nos da.
Las fuerzas de seguridad pueden hacer inteligencia para poder identificar. Porque seamos honestos, también hay estructuras criminales que pretenden desestabilizar a través de generar acciones dentro de protestas pacíficas para que todo se salga de control.
Entonces, esta información, según el caso, puede ser importante para poder identificar cuando hay alguna revuelta y saber de dónde la ocasionaron o por qué la ocasionaron.
Creo que cualquier herramienta que se use para limitar derechos está mal. Es peligroso. Limitar derechos a través de mecanismos electrónicos es preocupante y por eso se debe de tener regulación. Entonces, ahí nos vamos también a la información personal, si tenemos protocolos y tenemos límites de la información que estamos capturando, entonces hacemos un proceso más transparente.
¿Se plantean presentar alguna iniciativa de ley sobre ciberseguridad; otro de los vacíos reguladores en Guatemala?
No. Hay una iniciativa que se ha tratado de impulsar y que sí hemos trabajado en diferentes mesas del Ejecutivo con el Legislativo y que esperamos pueda ser aprobada en lo que queda de este periodo parlamentario, es la que está más avanzada. Hemos hecho observaciones y participado en foros. Hay poca claridad entre ciberseguridad, ciberdelincuencia, a todo le ponemos ciber para que se escuche tecnológico, pero se necesita poder separar las competencias y tener más claridad.
Nosotros no podemos más que hacer bulla y responder a las dudas técnicas que puedan tener. No consideramos presentar más iniciativas de ciberseguridad, hay como ocho iniciativas. Eso solo retrasa los procesos. Es de tomar una que sea la que esté más fuerte y a través de la comisión a la que toque, trabajar con los técnicos y depurar.
Hacer que la redacción legislativa realmente sea buena para que primero la iniciativa no tenga inconstitucionalidades, y segundo para que responda a las necesidades de la población. Porque si no, va a pasar lo que pasó hace unos años, que tenía restricción a la libertad de expresión y eran claras.
(El Decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia quedó archivado en 2022 bajo el argumento de que podría utilizarse como argumento para callar voces críticas en contra de funcionarios).
¿Qué iniciativa es la que apoyan, que está más avanzada?
Es la 6347.
(La iniciativa la presentaron los diputados de CREO José Pablo Mendoza Franco, Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez y Gustavo Adolfo Crúz Montoya, en 2024. Se encuentra en fase de análisis y discusión.
En abril de 2026, el Congreso aprobó que la iniciativa retornara a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional y Comisión de Economía y Comercio Exterior, para un nuevo estudio y dictamen.
El 22 de julio de 2026, el Congreso publicó que la propuesta de ley sigue en discusión y análisis).
En el tema de la Ley de Protección de Datos, ¿impulsan alguna en particular?
De protección de datos hay tres: las iniciativas 6105, 6464 y 6572. Ninguna ha avanzado. De la ley de ciberseguridad hay más ganas, para la protección de datos no hay entusiasmo en el Congreso.
¿Qué metas tiene este gobierno previo a terminar su mandato en el uso de tecnologías y videovigilancia?
Ambiciones, muchas. Esperemos que en el corto tiempo que nos queda podamos avanzar un montón.
Se espera contar con un C4: un centro de monitoreo para PNC que aloje todas las cámaras corporales y los espejos de todas las cámaras de los convenios que podamos llegar a tener con las municipalidades, porque eso es optimización de recursos. Si la municipalidad instala cámaras y los centros de monitoreo, nosotros podemos a través de un enlace de datos tener un espejo. Eso es optimización de recursos. No necesitamos tener una cámara a la par de la otra para monitorear lo mismo.
Que se pueda culminar con que cada agente de PNC tenga su arma, su radio y su cámara corporal. El radio para la comunicación es importante, la cámara corporal también porque va a proteger tanto a nuestros agentes para tener pruebas de una situación, como también a los ciudadanos para el abuso de autoridad de los agentes.
Hay aproximadamente 20 proyectos importantes de seguridad en materia tecnológica, También prevemos tener ya definida la gobernanza en tema de ciberseguridad y fortalecer el centro de respuestas anti-incidentes cibernéticos.
Si quieres saber más sobre ciberseguridad, puedes visitar la plataforma del Índice Mundial de Ciberseguridad – UIT y leer el último reporte global que incluye a Guatemala.
Redacción: María José Longo Bautista
Fotografías: Christian Gutiérrez
Edición: Carmen Quintela
