El caso Hogar Seguro sigue acumulando retrasos. Dos meses después de la primera sentencia en la que seis exfuncionarios fueron condenados, aún hay un grupo de cuatro acusados que esperará …
El caso Hogar Seguro sigue acumulando retrasos. Dos meses después de la primera sentencia en la que seis exfuncionarios fueron condenados, aún hay un grupo de cuatro acusados que esperará medio año más hasta saber si irán o no a juicio.
La audiencia de etapa intermedia para este grupo estaba programada para este jueves 16 de octubre en el juzgado cuarto de primera instancia penal. En ella se resolvería si Ofelia María Pérez Campos, Crucy Flor de María López, Rocío Murillo y Romeo Rolando Miranda serán juzgados por su responsabilidad en el incendio del 8 de marzo de 2017.
Esta audiencia llevaba suspendida desde el 24 de enero de 2020. Durante estos cinco años y nueve meses, el juzgado aplazó por los amparos que Rocío Murillo y Ofelia María Pérez interpusieron, después de la audiencia de primera declaración.
Este jueves, uno de estos recursos volvió a ponerla en pausa. La audiencia se llevó a cabo para dar cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en respuesta a un amparo que había presentado Ofelia Pérez Campos.
La resolución que alarga el segundo proceso por el caso Hogar Seguro
Ofelia María Pérez Campos, es la excoordinadora del Área «Mi Hogar» de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
Sus funciones eran supervisar el bienestar de las niñas y niños en el albergue, garantizar el cumplimiento de las actividades del plan integral de la (SBS), reportar incidentes y verificar que recibieran un buen trato.
La Fiscalía acusó a Pérez Campos de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y detenciones ilegales. Se le señala de haber incumplido con su obligación de atender las necesidades de las niñas, presuntamente, por haber firmado un acta, y delegado sus funciones a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la noche del 7 de marzo.
La defensa de Pérez Campos presentó un amparo para que ella fuera absuelta de todos los delitos. «El amparo llegó hasta la sala de apelaciones, después a la Corte de Constitucionalidad y hoy se resolvió, dos años después», explica a Agencia Ocote el abogado Carlos Quiej, de Fundación Sobrevivientes.
La resolución de la CC contra Pérez Campos dice que el juez debe procesarla por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. La exime del delito de detenciones ilegales.
Ante esta resolución , el Ministerio Público (MP) solicitó un plazo de cuatro meses para poder hacer las investigaciones y analizar el expediente de Pérez Campos. Después de esto, debe presentar su acto conclusivo de acusación y entregarlo el 17 de febrero del 2026. El fiscal a cargo del caso es Billy Alexander Oxom Paredes.
Diana Vivar, abogada de las víctimas desde el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, considera que la Fiscalía no necesita tanto tiempo para investigar. Según Vivar, tomando en cuenta todas las pruebas que el MP reunió durante el primer juicio «no habría mayores medios que investigar». «Ya ha pasado mucho tiempo (desde los hechos) y la investigación ya está muy robustecida», asegura la abogada.
«No hay ningún cambio para los demás acusado»
Rocío Murillo, exjueza del Juzgado de Paz de San José Pinula; Crucy Flor de María López Pérez; exmonitora del Centro Juvenil para Mujeres Gorriones; y Romeo Rolando Miranda, secretario del Juzgado de Paz de San José Pinula, siguen sindicados por los mismos delitos.
Murillo Martínez está acusada de falsedad ideológica y retardo de justicia.
El MP la señala de haber mentido cuando redactó un acta en la que indicó que se hizo presente el 7 de marzo y que por seguridad se retiró. Con base en la identificación de su celular y testimonios, la fiscalía señala que la jueza nunca llegó. En su lugar, se presentó al Hogar Seguro luego de las 9:23 del 8 de marzo del 2017, cuando ya había ocurrido el incendio.
Como jueza de Paz, Murillo tenía la obligación de realizar una exhibición personal a favor de las niñas, niños y adolescentes que estaban en el Hogar Seguro. Con esta acción legal se buscaba verificar que no se vulneraran sus derechos humanos.
Crucy Flor de María López Pérez está acusada por el delito de maltrato contra personas menores de edad.
La fiscalía señala que López Pérez habría utilizado gas pimienta contra las adolescentes del Hogar Seguro cuando las menores de edad se encontraban retenidas por la Policía. Además, se encontraba en un lugar en el que no tenía funciones.
El MP acusa a Romeo Rolando Miranda por falsedad material. El exsecretario del Juzgado de Paz de San José Pinula es procesado por firmar el acta de la exjueza Murillo, la cual contenía inconsistencias sobre su visita al Hogar Seguro.
«Camino libre hacia la audiencia de etapa intermedia»
La audiencia de etapa intermedia se reprogramó para el 29 y 30 de abril del 2026. Son seis meses después de la audiencia que se tenía prevista para el 16 y 17 de octubre de este año.
En esta audiencia se discutirán los actos conclusivos de cada uno de los acusados presentados por el Ministerio Público. Son las decisiones que dan fin a la fase de investigación de un proceso penal y se presentan ante el juez, quien decidirá si los acusados deben o no enfrentar un juicio.
«Con todo el trabajo de investigación que ha realizado, consideramos que hay una gran probabilidad de que puedan ser llevados a juicio», asegura Vivar. «Hay documentos que sostienen participaciones y omisiones en los hechos del 7 y 8 de marzo», concluye la abogada.
