La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró al Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes (Acuerdo Gubernativo 164-2021) como inconstitucional el 27 de agosto. Este fue …
En resumen:
- La Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el reglamento para clasificar los desechos, al considerar que invade la autonomía municipal.
- El Ministerio de Ambiente advierte que la decisión agrava la crisis de contaminación en ríos, lagos y calles, y pone en riesgo la salud de la población.
- La ANAM y el MARN se enfrentan en torno a las responsabilidades y recursos necesarios para atender el creciente problema nacional de la basura.
La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró al Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes (Acuerdo Gubernativo 164-2021) como inconstitucional el 27 de agosto. Este fue promovido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según la decisión de la corte, tomada por unanimidad por su pleno, dicho acuerdo viola los principios de seguridad jurídica y autonomía municipal. Según los magistrados, corresponde a cada municipio establecer la forma en que regulará la recolección y tratamiento de los desechos. con sustento en el Código Municipal.
En conferencia de prensa, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, rechazó el fallo. «Es tremendamente lamentable que para la CC, la autonomía municipal se vuelva vía libre para la contaminación», expresó.
El MARN también publicó un comunicado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). En él alertan que la decisión tendrá serias consecuencias sobre la salud de los ríos y lagos y aumentará la contaminación de calles, carreteras y paisajes.
Esto pondrá en mayor riesgo la salud de la población, advierten los ministerios.
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— Ministerio Ambiente y Recursos Naturales 🌳 (@marnguate) August 28, 2025
El problema se agrava
La entrada en vigencia del reglamento sucedió durante lo que Orantes clasificó como una «crisis nacional de contaminación de basura», especialmente de los ríos y costas del país.
Según un informe de Human Rights Watch, el 90 % de los cuerpos de agua en Guatemala están contaminados.
Esto provoca enfermedades en las familias que consumen su agua, quienes experimentan dolores de estómago, vómitos, fiebres y diarrea, incluso la muerte.
Aunque el MARN afirma que acatará este fallo, según la ministra, este elevará «enormemente la impunidad ambiental y pondrá en riesgo la salud de los guatemaltecos».
Los responsables
Orantes aseguró que, mediante vigilancia con drones, el MARN identificó 230 vertederos de basura municipales mal manejados.
También que existen más de 2 mil botaderos clandestinos que las municipalidades tienen obligación de cerrar y no lo hacen.
«La contaminación es un problema nacional y requiere de una solución nacional. (…) No puede ser que tengamos un país que no trata las aguas que todos ensuciamos, que tengamos un país que no maneje la basura que todos manejamos», agregó la ministra.
El 40 % de la basura en el mundo es generado por los envoltorios de alimentos, bebidas y productos procesados. Reducir estos desechos debe ser un esfuerzo que inicie desde que comienza el proceso de producción.
Así, Orantes hizo un llamado a que el sector privado mejore el diseño de sus productos y envoltorios y asuma una responsabilidad como productor.
Dos herramientas estancadas
La decisión de la CC responde a una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento presentada por el diputado Ronald Portillo, del partido VAMOS. Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), también había objetado la norma.
El 30 de mayo, Siero, también presentó un recurso contra el Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales (Acuerdo Gubernativo 236-2006).

Orantes identifica un patrón en ambas acciones: se trata de normas técnicas y ambientales que buscan garantizar que los gobiernos municipales brinden servicios esenciales. Ambas fueron elaboradas por gobiernos pasados.
Dichas administraciones no se atrevieron a ponerlos en vigencia, al menos, los artículos más transformadores, asegura la ministra.
En ambos reglamentos, la entrada en vigencia fue aplazada hasta que el actual gobierno decidió no postergarla.
«Decidieron patear la pelota para adelante y pasársela al gobierno siguiente», agrega Orantes.
El argumento de los alcaldes
Contrario a su oposición a las normativas, Siero califica al tratamiento de los desechos sólidos como una emergencia nacional. Asegura que debe ser atendido por tres sectores clave: el Gobierno central, las municipalidades y la población.
«Este Gobierno tiene el presupuesto más grande de la nación y no ha destinado un solo quetzal para el tratamiento de la basura. Si no se consigue ese financiamiento, tiene que venir del presupuesto general de la nación, no hay forma de resolver el problema», dijo el presidente de la ANAM a Agencia Ocote.
Orantes cuestiona esa declaración, al asegurar que el Gobierno ya oficializó el compromiso de gestionar Q 3 mil millones para que las municipales inviertan en proyectos e infraestructura para esos proyectos.
¿Quieres saber qué ordenaba el Reglamento para la clasificación de los desechos? ¿Quieres clasificarlos aunque no exista una norma al respecto? lee nuestra nota de febrero de 2025, cuando la norma entró en vigencia.





