Los rostros de las autoridades que lideraron el Paro Nacional en 2023 en busca de una transición democrática están siendo criminalizados por el Ministerio Público, esa entidad a donde miles de guatemaltecos llegaron a plantarse durante más de cien días convocados para exigir la renuncia de la fiscal general y otros fiscales y funcionarios cercanos. Estos hechos han sido condenados nacional e internacionalmente.