El Consejo de la Unión Europea renovó hasta el 2027 las sanciones contra funcionarios del Ministerio Público, jueces y miembros de la Fundación contra el Terrorismo señalados de socavar la democracia tras las elecciones de 2023 en Guatemala. Estas personas crearon un sistema de persecución judicial, criminalización y ataques contra actores políticos, judiciales, defensores sociales y periodistas.