Ana Prudencia López Sales ha pensado «esta soy yo» en dos ocasiones en su vida. La primera, cuando leyó la convocatoria para el puesto de director ejecutivo del Consejo Nacional …
Ana Prudencia López Sales ha pensado «esta soy yo» en dos ocasiones en su vida.
La primera, cuando leyó la convocatoria para el puesto de director ejecutivo del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en 2018.
La segunda, cuando consultó el perfil deseado para integrar las comisiones de postulación que nombrar a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ambas ocasiones acertó.
A López Sales la precede una extensa trayectoria de trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres y pueblos indígenas. Y la narra con orgullo. A sus 55 años, es la primera abogada maya mam que integra la comisión de postulación para la CSJ.
Pero, «hay una historia un poco dolorosa atrás», dice. Ana Prudencia López Sales nació en Huehuetenango y creció en Ixcán, en los años más cruentos del conflicto armado interno de Guatemala. En 1982, dejó de estudiar. El Ejército llegó a su comunidad y quemó su escuela.
Ella y su familia vivieron en una de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR). En los años noventa, en sus treintas, fundó la Organización de Mujeres en Resistencia de las CPR.
Este colectivo apoyaba a sobrevivientes de violencia de género en su búsqueda de justicia. López las acompañaba a instituciones como el Ministerio Público (MP) y los juzgados.
En una ocasión, recuerda que una de las mujeres salió de la audiencia llorando porque el juez justificó los golpes que había recibido de su esposo.
«Yo tenía cuarto de primaria terminado, pero pensé: voy a estudiar. Quiero estudiar Derecho, ser abogada y, sobre todo, quiero ser jueza y estar en el lugar de ese juez que debía facilitar justicia y lo que hizo fue revictimizar a la víctima», dice López.
Se trasladó a la ciudad capital, con una mochila y una mudada de ropa. Retomó su educación en la escuela Dr. Carlos Martínez Durán. Lo hizo 15 años después de que el ejército quemara su escuela en Ixcán. Luego, estudió en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Trabajó en instancias de la sociedad civil, como la Asamblea de Poblaciones de Desarraigados y en la Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CONIC), donde participó en el primer Congreso de Mujeres Campesinas. También trabajó en el Estado, en la formulación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de la Mujer Guatemalteca 2001-2006 y en el equipo técnico de la Secretaría Presidencial de la Mujer, en la administración de Lily Caravantes.
Durante el gobierno de Álvaro Colom, López Sales fue directora ejecutiva de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y dirigió el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, del cual considera que fue despedida injustificadamente.
Ana López es también abogada litigante. Se dedica a defender a mujeres sobrevivientes de violencia y a casos de defensa del territorio. «También defiendo a autoridades indígenas, quienes son criminalizadas por el mismo Estado cuando ejercen la jurisdicción indígena», recuerda.
Pero litigar en materia de género en un país como Guatemala es una experiencia frustrante, según López. Especialmente, porque «no existe esa justicia especializada. No existe la justicia pronta y cumplida», indica.
A López le tomó tres semestres de la licenciatura entender que algo estaba mal con las leyes en Guatemala. «Son escritas y aprobadas por hombres y para hombres. Las mujeres y los pueblos indígenas no estamos en estas leyes y menos en los contenidos que enseñan en las facultades de Derecho», señala.
En ese momento, supo que quería crear un espacio para mujeres abogadas mayas. En 2016, luego de graduarse como abogada y notaria, fundó la Asociación de Abogadas Indígenas Chomijá, de la cual fue presidenta desde 2021 hasta 2023. «Si nos ven organizadas, articuladas y coordinadas, hay más fuerza», asegura.
Las abogadas indígenas enfrentan discriminación en el sistema de justicia guatemalteco. Principalmente, racismo, machismo y clasismo, según López. «Al entrar a un juzgado, nos confunden. Piensan que somos la esposa del procesado o la mamá. Allí hay un análisis del rol reproductivo de las mujeres. Nos ven como las indígenas, mamás, las del oficio doméstico, y no como la abogada defensora», narra López.
Las mujeres indígenas también tienen impedimentos para ser electas como magistradas de las altas cortes del país, según López. «No calificamos porque la tabla de gradación mide méritos académicos y a la mayoría de las abogadas indígenas nos ha costado salir de nuestras comunidades y venir a estudiar. Las colegas decían: mi mamá estaba endeudada y al graduarme, corrí a mi pueblo, a instalar la oficina a trabajar y pagar esa deuda», indica.
Junto a otras colegas, López reconoció la importancia de auditar la elección de comisiones de postulación para elegir a magistrados de la CSJ y las Cortes de Apelaciones. Comenzaron a hablar sobre el tema con abogadas de otros sectores, por ejemplo, de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia (AMMI), de la cual también formó parte.
En 2024, se postuló como candidata a las comisiones de postulación de la CSJ con la planilla ocho: Unidad X la Justicia, por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Y ganó.
¿Por qué decidió postularse con Unidad X la Justicia?
Las abogadas indígenas determinamos que era importante participar en estas comisiones. Pero, también, que era importante empezar desde la academia, por ejemplo, eligiendo decano de la Facultad de Derecho y al rector de la USAC, porque tienen mucha decisión para elegir cortes. De ahí identificamos que era importante también la Junta Directiva del CANG por la decisión que tiene.
Esta vez, tuvimos una reunión con la Asociación de abogadas indígenas donde se motivó a que participaran. Al ratito me empezaron a llamar. Me decían: «Postúlese, nosotros la apoyamos». Pensé: «Esto es para mí». Entonces tomé la decisión, renuncié a mis casos, lo dejé por un lado y me dediqué a la campaña. En 20 días de trabajo que hicimos, recorrimos los departamentos. Fue una experiencia muy, muy brillante.
En la planilla ocho estuvimos los abogados con la visión de transformar la justicia. Todos los que estuvimos en la planilla estamos convencidos que la justicia de Guatemala no está bien. No está del lado de los pueblos indígenas o de las mujeres.
En esta planilla compartimos una diversidad de abogados; había jóvenes, que dan otra mirada y personas de diversas universidades. Había abogados con un perfil honorable y, sobre todo, una juventud que ha defendido el Estado de Derecho en Guatemala, que ha defendido la democracia en Guatemala, como el caso de Edgar Ortiz y Goyo (Gregorio Saavedra). Todos hemos ejercido la profesión defendiendo el principio democrático en Guatemala.
Hubo abogados de los territorios y sobre todo indígenas. Entonces toda esa diversidad considero que eso fue lo que convenció el voto de los abogados y de las abogadas. En Quetzaltenango, nos dijeron que por primera vez, se había considerado a los abogados indígenas para integrar planillas, que siempre han llegado a pedir que voten por ello, pero no a que sean candidatos.
Uno de los abogados que encabezó el listado de la planilla para la comisión de salas de apelación fue Luis Laparra, hermano de Virginia Laparra, la abogada criminalizada (y que recientemente salió al exilio).
Que haya ganado me da esa esperanza porque es como decir que los abogados no están de acuerdo con esa criminalización a los mejores abogados que han defendido derechos humanos, al Estado de Derecho y a la democracia, como Virginia, Claudia González y otros abogados que están en el exilio.
Que el 21 de junio haya ganado nuestra planilla, es un mensaje profundo, no solo para todo el gremio de abogados, sino también un mensaje a la ciudadanía y al pueblo de Guatemala de que no estamos de acuerdo con lo que está pasando y que es importante dar esa transformación.
En este contexto, ¿considera que es responsabilidad de las y los comisionados recuperar las cortes?
Los abogados tenemos un compromiso profundo, tenemos la responsabilidad de dignificar al gremio. Ahora tenemos el compromiso de elegir a los mejores abogados y abogadas para integrar las cortes, que no estén vinculados a todo el perfil del lado oscuro en la administración de justicia.
Es tiempo de pensar en Guatemala, en la ciudadanía guatemalteca que nos está pidiendo una justicia social incluyente. Los pueblos indígenas escribimos historia. Fueron 106 días de resistencia para defender la democracia en Guatemala. Los pueblos indígenas y las mujeres indígenas no salimos a defender a un partido político, sino a defender el voto ciudadano que determinó el partido que ganó. Salimos a defender la democracia y los pueblos lo han dicho en todos los discursos.
Esta vez nos corresponde a los abogados y nos corresponde a la comisión de postulación, transformar la justicia, y la única forma de garantizar una justicia social incluyente y transparente, es elegir magistradas y magistrados honorables e independientes.
¿A qué deben prestar atención los comisionados ahora? ¿Qué peligros hay en este proceso?
El 11 de julio se tenía previsto realizar nuestra primera sesión para instalar la Comisión. Sin embargo, no lo logramos porque el 4 de julio, el Congreso de la República no juramentó a dos decanos, el de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y de la Mariano Gálvez.
Ese es el primer reto y la responsabilidad la tiene la UFM, el rector tiene que elegir su decano para poder juramentar. Y el Congreso debe realizar de forma inmediata la juramentación de los dos decanos pendientes.
Después empieza nuestro trabajo y yo tengo una gran esperanza de que actuaremos con mucha objetividad y con un principio de independencia. Nosotros, electos en la planilla ocho, no llevamos ni un solo compromiso. Nosotros no llevamos ni un solo nombre. No tenemos compromiso con nadie y eso espero de cada uno de los comisionados.
Usted está compartiendo comisión con personas señaladas de amañar otras elecciones. ¿Cómo enfrentará esta situación?
El 11 (de julio) nos encontramos y tomamos café después de la sesión. Sin embargo, yo conozco de antecedentes de algunos, incluso de algunos decanos. Yo lo único que llevo en mi corazón en este momento es la esperanza de que estos profesionales cambien de pensamiento y razonen su voto pensando en Guatemala y en la justicia social incluyente, para todas y todos y que va para la mayoría.
La justicia y los derechos humanos no es solo obtener una sentencia condenatoria o absolutoria. La injusticia es ver las carreteras hundirse en tiempo de lluvias como el reflejo de actos de corrupción, o cuando no hay escuelas. Espero que los comisionados y comisionadas piensen en eso, que no solo pensemos en nuestras sentencias, en lo que estamos buscando, sino, también en los servicios sociales.
No es justo que en Guatemala es a quienes se animan a denunciar actos de corrupción, a quienes les construyen delitos para criminalizarlos y que todos aquellos que han estado vinculados a actos de corrupción, están saliendo libres. En la mesa de la comisión de postulación, los comisionados relacionados a todas esas malas decisiones tienen la oportunidad de poder rectificar su actitud, rectificar su pensamiento, pensando en una Guatemala con justicia social.
Las últimas elecciones de magistrados de las altas cortes no han estado libres de señalamientos. ¿Qué estrategias implementarán junto a su planilla para garantizar la transparencia del proceso?
Buscamos que todo el proceso sea público y transparente. La sociedad civil organizada debe estar ahí presente, observando nuestro actuar para garantizar una elección de cortes honorables e independientes.
Las mujeres deben acercarse para poder conocer lo que las mujeres que están hablando, que están exigiendo justicia especializada, con pertinencia cultural para mujeres indígenas.
Los periodistas también deben estar con nosotros y observarnos. No debemos ser una comisión que cierre las puertas. La ciudadanía puede acercarse a observar. No tenemos miedo porque no llevamos ni un solo candidato en nuestras manos, no tenemos compromiso con nadie.
¿Considera que los contrapesos serán suficientes?
Es difícil. Es difícil porque vamos a entrar por votación. Tengo la esperanza de que se consigan los votos a favor de la transparencia. De no lograrlo, al menos nosotros vamos a evidenciar que vamos a calificar los expedientes cuidadosamente y con mucha objetividad, para que sean honorables e independientes.
¿Ha recibido amenazas o coacciones?
No, hasta el momento no.
¿Teme recibirlas?
Un poquito, sí. Es una cuestión posible porque, de plano, no compartimos con la oscuridad. Nosotros soñamos con la transparencia, y la claridad en este proceso.
Usted es la primera abogada indígena que integra una de las comisiones de postulación. ¿Qué significa esto para usted? ¿Cómo tomó la noticia?
Siento una emoción fuerte y un compromiso muy profundo. Es algo muy fuerte y muy delicado a la vez, porque vengo del movimiento de mujeres indígenas, estuve en la construcción de la organización de mujeres, en pleno conflicto armado interno. Yo tengo una trayectoria muy fuerte y eso hace que tenga un compromiso profundo con estas mujeres.
El día de la elección, fui fiscal (de mesa). Salimos tarde y llegué cansada a la casa. Me quedé dormida. Cuando desperté, mi celular estaba saturado de mensajes, pero la satisfacción verdadera la viví durante la campaña y fue la respuesta de las organizaciones de mujeres.
Las mujeres organizadas celebraron foros, conversatorios y actividades donde me invitaron a mí para hablar de las planillas, las candidaturas y la importancia de las comisiones. Y después de cada evento publicaban un mensaje apoyándome, reconociendo mi trayectoria y todo. Entonces eso hace también mi compromiso hacia ellas.
Es una función delicada, y un gran desafío. Lo único que he respondido es que yo voy con esa esperanza en la mesa. Si no logramos la mayoría de votos por candidatos honorables, pues ya será fuera de mí.
¿Cómo incidirá su experiencia defendiendo los derechos de las mujeres y pueblos indígenas en su trabajo en la comisión de postulación?
Para seleccionar con objetividad. Yo visualizo una CSJ con mujeres indígenas, o bien, abogados indígenas. Solo estando allí, será posible establecer políticas judiciales que garanticen el acceso a la justicia especializada, con pertinencia cultural para mujeres indígenas. Solo estando allí se podría garantizar el reconocimiento del sistema de derecho de los pueblos indígenas a partir de la reforma a la Constitución Política de la República.
El tema tiene que ver con la reforma a la ley del Organismo Judicial (OJ), pero se puede sentar bases en la CSJ y el OJ mediante políticas judiciales, que afirmen que reconocemos que hay dos justicias: la justicia occidental y la de los pueblos indígenas. Solo estando indígenas allí, se puede hablar de estos temas. De lo contrario no, porque no nos van a entender, no nos comprenden.
