El presidente Alejandro Giammattei anunció el 29 de mayo que crearía una Comisión Presidencial de la Mujer, ya que considera que la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) es inconstitucional. La Seprem pasó cuatro meses sin secretaria, ya que Giammattei no la juramentó. Esto implicó que 40 personas perdieran su puesto de trabajo. El Ejecutivo tampoco ha invitado a la Seprem a las reuniones para abordar los problemas de las mujeres ante el COVID-19.
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La Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) llevaba cuatro meses en el limbo.
Antes de tomar posesión, en una reunión con organizaciones de mujeres en noviembre de 2019, Alejandro Giammattei, presidente del Gobierno, ya había anunciado su intención de cerrarla.
Poco después de asumir el cargo, en febrero de 2020, tomó la primera decisión sobre la Seprem: destituyó a Yolanda del Rosario Sian Ramírez, secretaria de la mujer, y dejó su cargo vacante.
Desde entonces, silencio. No hizo ningún pronunciamiento público ni volvió a hablar de la posibilidad de cerrar la institución. Hasta el viernes 29 de mayo.
Durante una reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), representantes de organizaciones sociales le solicitaron al mandatario que nombrara a una nueva secretaria de la mujer.
Alejandro Giammatei respondió en pasado. Dio a la Seprem por muerta. “Uno de los problemas que hay en la Seprem era su inconstitucionalidad, dado que fue creada por un acuerdo gubernativo cuando la Constitución dice que las secretarías deben ser creadas por medio de un acuerdo legislativo, es decir, por medio de una ley”.
La Seprem fue creada durante el gobierno de Alfonso Portillo, el 17 de mayo de 2000, hace 20 años, por medio del acuerdo gubernativo 200-2000. El 24 de febrero de 2000, cuatro meses antes de la creación de la Seprem, el Congreso de la República había emitido el acuerdo 14-2000, en el que instó al presidente de la República que, “ordene crear la Secretaría de la Mujer, cuyo principal objetivo será promover su plena participación en el desarrollo del país y la igualdad real y efectiva entre hombre y mujer; velar por la observancia y aplicación de los preceptos constitucionales, leyes ordinarias, tratados y convenios internacionales que se refieran a la mujer (…)”.
Hasta ahora, la Seprem era la institución encargada de planificar, asesorar, promover y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a las mujeres, y asegurarse de su ejecución. También de realizar capacitaciones para la prevención y atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. No sólo a nivel central, en la capital. También en los demás departamentos y municipios de Guatemala, donde daba asesoría técnica a instituciones de la administración pública, municipalidades (con las oficinas municipales de la mujer) y a los consejos de desarrollo urbano y rural.
El artículo 202 de la Constitución dice que el mandatario “tendrá los secretarios que sean necesarios” y aclara que las atribuciones de estos serán determinadas por la ley.
Es este último punto (“serán determinadas por la ley”) en el que se apoya Giammattei para decir que la creación de la Seprem es inconstitucional. “Al no haber sido así, varias secretarías de la Presidencia están actuando de forma ilegal. Como nos comprometimos a respetar la ley, lo que se está haciendo ahorita en tanto el Congreso de la República crea la secretaría como Dios manda, es crear la Comisión Presidencial de la Mujer, como una potestad del presidente”.
“Esto quedará resuelto en los próximos días cuando consolidemos la creación de la Comisión Presidencial de la Mujer para que pueda actuar, nombrar a sus delegados en todos los departamentos y municipios para que sea efectiva la participación de nuevo, como debía de ser, sólo que esta vez con un marco legal que no nos haga tener reparos o posteriores problemas judiciales”, añadió Giammattei.
El mandatario no aclaró cuándo se dará vida a esta comisión presidencial ni cuáles serán sus atribuciones. Tampoco qué ocurrirá con la Seprem, con sus trabajadores y sus instalaciones.
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Según pudo conocer Agencia Ocote, el mismo viernes 29 de mayo, Giammattei destituyó a Patricia Castro Cordón de Camposeco, subsecretaria de la Seprem, y quien fungía, en funciones, el liderazgo de la institución.
Sin embargo, a la fecha, la secretaría no se cerró. El lunes 1 de junio, los trabajadores llegaron a las oficinas. Una de estas trabajadoras nos confirmó que 38 personas se encontraban “laborando, a la espera de disposiciones”. “Hay un ambiente de incertidumbre y afectados emocionalmente por posibles despidos en esta situación de emergencia por la pandemia”, añadió.
Esta misma mañana, organizaciones de mujeres brindaron una conferencia de prensa en la que rechazaron la creación de una Comisión Presidencial de la Mujer y exigieron al presidente Giammattei que recapacite y no cierre la Seprem.
Alma Odeth Chacón, de la organización Tierra Viva, denunció que eliminar la Seprem y crear una comisión presidencial nueva implica “bajarle de nivel a la Secretaría, disminuir el acceso de derechos a las mujeres y el nivel de institucionalidad. Entendemos que hay una irregularidad que hay que modificar, pero eso no se hace creando una comisión”.
Chacón recordó que el mandatario “invitó a las organizaciones a acompañarle al Congreso para poder fortalecer la institucionalidad de la Seprem. Reiteramos que estamos dispuestas a acompañarlo”, añadió
Tratamos de contactar a Carlos Sandoval, secretario de Comunicación de la Presidencia, para consultarle cuál sería el procedimiento para crear la Comisión Presidencial de la Mujer, si ya cuentan con alguna persona para presidirla y si considerarían las peticiones de las organizaciones. Sandoval no contestó las llamadas ni mensajes.
Esteban Celada, abogado especializado en derechos de las mujeres, explicó a Agencia Ocote que, según su análisis, la creación de la Seprem no es inconstitucional. Celada explica que el artículo 15 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que “el presidente de la República tendrá además de las Secretarías señaladas en esta ley, las que sean necesarias para el apoyo de sus funciones” y añade que “la regulación y atribuciones de éstas, serán determinadas por la misma norma de su creación”.
“Cuando habla de la norma de su creación es porque no solo las leyes son normas. Dependiendo el organismo en el que estemos y las competencias que tenga, algunos de los actos que promulga, pueden ser normas. Hay normas legislativas, del Ejecutivo y municipales. Las que más conocemos son las leyes del Congreso, pero el Ejecutivo también dicta normas jurídicas. Están los acuerdos gubernativos y los reglamentos de las instituciones del Estado”.
Así, este artículo 15, explica Celada, le da la facultad al Ejecutivo de crear la Seprem.
El abogado recuerda que una comisión presidencial no tiene el mismo grado de jerarquía que una secretaría. “Una secretaría es parte de la Presidencia. Es un órgano colegiado de coadyuva a la Presidencia. Una comisión tiene un grado más bajo. No sería una dependencia a alto nivel”, concluye.
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La institución sin cabeza
La del 29 de mayo fue la primera declaración pública del presidente Alejandro Giammattei con relación a la Seprem. Hasta entonces, las acciones del Ejecutivo habían sido opacas y poco directas.
No hubo pronunciamientos que confirmaran que cerraría la Secretaría, sin embargo, durante los más de cuatro meses de su mandato, Giammattei no nombró a la nueva secretaria de la Seprem, desde que en febrero destituyó a Yolanda del Rosario Sian Ramírez, quien estaba en el cargo desde agosto de 2018.
El Procurador de los Derechos Humanos presentó a finales de marzo un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad para que nombrara a alguna autoridad para ese cargo que permanecía vacante.
Según Patricia Castro Cordón de Camposeco, quien fue subsecretaria de la Seprem hasta que también fue destituida el viernes pasado, el cambio de secretarias es una práctica habitual cuando hay un cambio de mando en la Presidencia. Lo que no es habitual es que cuatro meses después de la destitución de un cargo, todavía no se nombrara a su sucesora.
Para la Seprem, la ausencia de una persona que asumiera el liderazgo de la secretaría, supuso una serie de consecuencias. “Hay leyes ordinarias que prohíben que alguien que no sea la secretaria o la autoridad superior pueda firmar contratos”, explicaba Castro Cordón antes del anuncio de Giammattei el 29 de mayo.
“Al ser yo la segunda de abordo, no la primera, no puedo firmar contrataciones administrativas ni de Recursos Humanos. La Ley de contrataciones del Estado y la Ley de servicio civil lo impiden. A no ser que haya una delegación de firma. En mi caso, por no ser la secretaria, esa solicitud ha sido realizada sin éxito”, aclaró.
“Yo sigo siendo la subsecretaria, con funciones de subsecretaria. Y no puedo asumir el cargo de secretaria sin un nombramiento”, contaba entonces Castro Cordón.
Según la exsubsecretaria, por este motivo, en la Seprem no se renovaron los contratos de 40 personas, que en marzo se quedaron desempleadas y que representaban, aproximadamente, al 30% de las personas contratadas en la secretaría. “De esas personas, 26 corresponden a recurso humano que ejercía sus funciones en el interior del país. Y las otras 14 personas son personal de la sede central que hacían trabajos administrativos como pilotos, asesores de despacho, servicios secretariales y servicios administrativos en bodegas”.
Una trabajadora de la Seprem, que prefiere que su nombre no salga publicado por temor a represalias, aseguró que, entre las personas a las que no se les renovó su contrato, estaban las delegadas departamentales de la Seprem. Hasta la semana pasada, sólo quedaron con representación de la secretaría ocho departamentos: Petén, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Sacatepéquez, Escuintla, Guatemala y Alta Verapaz.
Castro Cordón explicaba a Agencia Ocote antes de ser destituida que una de las direcciones que más se vio afectada fue la de Gestión de políticas públicas, que es la encargada de asesorar a instituciones del Estado. “Ahí se perdieron 26 personas”, lamentó.
La exsubsecretaria también indicó que desde el Gobierno no recibieron ninguna invitación para participar en las reuniones relacionadas con la pandemia por coronavirus y las implicaciones que esta crisis tiene en las mujeres.
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Responsabiliza a las organizaciones
Durante la reunión del Conadur, Giammattei indicó que no había nombrado a una secretaria para sustituir a Sian Ramírez después de su destitución porque las organizaciones de mujeres no le hicieron ninguna propuesta.
“Las normas que regían la elección de esa secretaria de la Seprem, hasta el día de hoy, que todavía tienen su vigencia, decían que tenía que ser propuestas por las asociaciones de mujeres. Y resulta que hasta el día de hoy, jamás han propuesto. Y yo no puedo nombrar por motu propio, porque estaría violando las normas establecidas, que aunque el origen de esa secretaría sea ilícito o ilegal, tiene una normativa que también la tendría que violar para nombrar a una persona que yo quisiera, a dedo”, aseguró.
Pero esto es incorrecto. En el acuerdo 200-2000 original sí se estipuló que la secretaria de la mujer sería nombrada por el presidente de la República, “de un listado de diez mujeres propuestas por las coordinaciones de organizaciones de mujeres de la sociedad civil, cuyo procedimiento de elección se regulará en el reglamento orgánico interno”.
Esto fue modificado el 1 de febrero de 2012, a través del Acuerdo Gubernativo 34-2012, firmado por Otto Pérez Molina. En la reforma, se concretó que “la secretaria presidencial de la mujer será nombrada por el presidente de la República” y se eliminó la segunda parte que hablaba de una nómina de candidatas.
En la conferencia de prensa que brindaron este lunes las organizaciones de mujeres, aclararon que, en 2016, después de llevar a cabo un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Jimmy Morales, “estableció una solución amistosa”.
Sonia Acabal, de la Red de la No Violencia contra Mujeres, explicó que “en la audiencia de la CIDH, el Estado de Guatemala se comprometió a arreglar la situación. Aunque no estaba estipulado en la forma legal, Jimmy Morales posibilitó hacer la restitución de derechos que se había comprometido y se hizo el proceso de elección”.
Linsley Tillit, de la Asociación Alas de Mariposas, añadió que en 2016 “se hizo un llamado a las organizaciones de mujeres para que se pueda hacer nuevamente el procedimiento y que presenten un listado de diez candidatas. Se hizo una restitución de ese derecho”.
“(Giammattei) olvidó que el procedimiento es que él como presidente debe convocar a las organizaciones para que podemos presentar el listado”, añadió. Las organizaciones de mujeres enviaron una carta al mandatario para que convocara a las agrupaciones con este fin.
El Ministerio de la Mujer
El 23 de julio de 2015 se presentó en el Congreso de la República una iniciativa de ley para crear un Ministerio de la Mujer. La iniciativa 4977 buscaba reformar la Ley del Organismo Legislativo y sumarle un artículo, el 31 ter, bajo el título “Ministerio de la Mujer”.
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En el texto se describieron las funciones de esta nueva cartera del ejecutivo y se indicó que, en cuanto entrara en vigencia, el Ministerio de la Mujer absorbería las funciones de la Seprem.
“A partir de la vigencia del presente Decreto, toda disposición técnica, legal y administrativa que se refiera a la Secretaría Presidencial de la Mujer, deberá entenderse que pasa a referirse al Ministerio de la Mujer”, se expone. “Todas las funciones, atribuciones y competencias asignadas, así como los bienes y el presupuesto para el funcionamiento de la Secretaría Presidencial de la Mujer, Seprem, se entenderán como asignados al Ministerio de la Mujer, a partir de la fecha en que dicho Ministerio sea instalado y asuma las funciones que estipula la presente ley. El patrimonio y obligaciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer pasarán a formar parte de los bienes y obligaciones a cargo del Ministerio de la Mujer”.
La iniciativa 4977 se presentó en el pleno en 2016 pero no pasó en primer debate hasta abril de 2018 y en segundo debate en junio de 2018.
Ahí se quedó. Ahora, dos años años después, puede que vuelva a reactivarse. Sonia Gutiérrez, diputada de Winaq, explicó a Agencia Ocote que la 4977 “es una de las iniciativas que estamos tratando de impulsar”.
Sin embargo, añadió, con la crisis ocasionada por la COVID-19 “ha desorientado la agenda”. “Ya estamos tratando de retomarla”, concluyó.
