Jimena vive en Quetzaltenango, una ciudad a 200 kilómetros de la capital de Guatemala. Cuando tenía seis años, su abuelo paterno la violó.
La agresión la dejó en shock y con daños en su cuerpo. Fue trasladada al Hospital Regional de Occidente. La madre denunció el hecho en el Ministerio Público. Tres años después, Jimena está lejos de su agresor, quien goza de libertad. Nunca se le procesó penalmente.
Ni ella ni su madre tienen apoyo económico del padre, quien le recrimina haber denunciado al abuelo. Tampoco han recibido terapia psicológica. Nadie le dijo a la mamá dónde podía acceder a un servicio gratuito.
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Cuando Ernesto tenía cinco años, su padre lo dejó sólo con su tío. Este lo agredió sexualmente. Al enterarse, su madre tomó a Ernesto y se escapó. Su padre nunca lo entendió. Insistía en dejar a Ernesto sólo con su agresor.
La madre denunció el caso en el Ministerio Público. No solo fue la agresión que sufrió su hijo, sino la que ella recibió por parte del padre de Ernesto. Una vez más, la justicia no llegó. Ernesto tampoco recibió terapia psicológica. En el servicio de salud pública nadie le dijo a la madre que podía acceder a una.
En cambio, el padre de Ernesto sí logró que un juzgado de familia le otorgase la custodia del niño. Su madre se negó. Pidió ayuda a una organización no gubernamental que le gestionó apoyo psicológico y protección fuera de Guatemala. Ernesto también vivía en Quetzaltenango. Ahora crece en otro país que le dio asilo, porque él y su madre recibieron amenazas de muerte tras denunciar la violencia sufrida.
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Alejandra tiene 11 años. Cuando tenía 9, fue violada por un primo. Su madre lo denunció en el Ministerio Público. Ninguna de las dos sabe qué pasó después de la denuncia.
Alejandra vive en el Valle de Palajunoj, un área rural de Quetzaltenango. No sabía lo que era la violencia sexual hasta entonces.
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Sentada en una de las sillas de la sede de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), Elena Ruiz Bejarano, directora general de la organización, hace un balance de los avances en estos años.
Según los datos de Ciprodeni, los monitoreos que realizan y las historias que escuchan, en los últimos cinco años hubo un retroceso en la atención y prevención de la violencia contra la niñez en Guatemala. Específicamente de violencia sexual. Para Ruiz Bejarano este retroceso es el resultado de las deficiencias en la atención de salud a las víctimas de abusos, a las que se suma la lentitud en la justicia.
El 14 de enero de 2024, el presidente Alejandro Giammattei terminó su periodo de cuatro años. Durante este tiempo, según los datos oficiales consultados, así como los de organizaciones y especialistas consultadas por Ocote para este especial de Otras Miradas, aumentaron los casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años. Los casos de violencia sexual también se incrementaron después del primer año de Giammattei. Jimena, Ernesto y Alejandra la sufrieron durante el mandato del expresidente.
Las fallas se pueden explicar en cinco puntos: una política que no se implementó como estaba planeada; la falta de acceso real a la atención en salud física y mental; la falta y la deficiencia de los programas sociales; no hubo campañas de prevención; y el Congreso bloqueó o ignoró las iniciativas de ley al respecto.
La Política Pública que quedó en papel mojado
En 2019, se creó la Política Pública contra la Violencia Sexual en Guatemala. El documento incluyó varios puntos que debían concretarse en una primera etapa de cinco años (de 2020 a 2024); cuatro de estos durante el Gobierno de Giammattei. Según analistas consultadas, la mayoría de los objetivos no se han cumplido.
Para esta primera etapa, se estableció que tendrían que hacerse capacitaciones y estudios, crear una mesa de trabajo para la prevención de la violencia, asegurar servicios efectivos y garantizar recursos económicos.
El punto de partida sería conocer las actitudes sociales frente a la violencia sexual y cómo la ciudadanía tolera estas agresiones. Esto tendría que haberse hecho a través de estudios e informes que, hasta la fecha, no se han realizado. Estaban a cargo de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM). Según el documento, eran la base de toda la política propuesta.
La falta de asignación de un presupuesto específico para cumplir la política es otro vacío. Cada institución involucrada debía asignar fondos para ello. Tampoco lo hicieron.
Aunque instituciones como la SVET y el Ministerio de Gobernación aseguran avances —principalmente, capacitaciones, charlas y conformación de mesas de trabajo— los resultados no son alentadores, sobre todo si atendemos a las metas propuestas por la propia política. Entre estas, está una reducción del 5% en el número de embarazos en niñas menores de 14 años.
Sin embargo, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, en los últimos cuatro años, aumentaron. Pasaron de 2157, en 2019, a 2272, en 2022.
La política también plantea reducir la violencia sexual en un 2% en los primeros cinco años.
De 2019 a 2020, de acuerdo con los datos que registra la Ciprodeni, hubo una disminución en los casos, pero después del primer año del Gobierno de Giammattei, de nuevo, las cifras comenzaron a subir.
De 2020 a 2021, el incremento fue de 1155 casos más. Los datos de la Ciprodeni están basados en la información que les proporciona el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). En total, los casos de violencia sexual a menores de edad registrados durante el período de gobierno de Giammattei es de 20 254, aunque los datos del último año no están completos.
Aunque la mayoría de las violaciones las sufren niñas de 13, 14 y 15 años, durante el gobierno de Giammattei también hubo un aumento de agresiones a niñas de 3, 4 y 5 años. Pasaron de 356 casos, en 2020, a 453, en 2021.
Ciprodeni considera que la reducción de 2020 se debe al encierro provocado por la pandemia de COVID-19. No es que se hayan producido menos abusos, es que las víctimas no tuvieron facilidades para denunciar. Además, en todo caso, el confinamiento hizo que las víctimas pasaran más tiempo con sus agresores. Así, la violencia se acentuó sin medidas de prevención por parte del gobierno.
«Hay un claro retroceso. Presentamos informes del país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Ni siquiera hemos tenido una línea de trabajo clara para la prevención en el país. Se capacita a los funcionarios, a los servidores públicos y está bien, pero la prevención va más allá. Debe llegar a los territorios, a los Cocodes (Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural), debemos ir a los departamentos y a las municipalidades para empezar un engranaje desde los municipios», recuerda Ruiz Bejarano, de Ciprodeni.
Haroldo Oquendo Reyes, representante legal de la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (Conacmi), lamenta que «hay un retraso total, en términos de una política que existe y que debería implementarse. No pasó nada. No hubo ninguna respuesta. Lamentable, sobre todo desde el Ministerio de Gobernación. La SVET tuvo capacitaciones, pero muy poca incidencia. En violencia sexual, no te puedo mentir: no hay ningún avance».
Consultamos al Ministerio de Gobernación sobre este señalamiento. La institución respondió que, durante 2023, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia asumió un papel de liderazgo para implementar la política pública y articuló mesas de trabajo para generar un plan de acción. Ahora el plan está en proceso de revisión para ejecutarse.
Además, de acuerdo con el ministerio, de 2018 a 2023, se llevaron a cabos actividades de educación integral en sexualidad para prevenir embarazos en niñas y adolescentes, que llegaron a 91 021 jóvenes.
Un acceso nulo a la atención en salud física y mental
En los cuatro años del Gobierno de Giammattei, el Inacif registró 20 254 casos de violencia sexual contra menores de edad. Solicitamos al Ministerio de Salud cuántas de estas niñas y niños habían recibido atención médica física y psicológica. La institución no segregó datos por edad, pero según sus estadísticas, apenas un 16% de las personas (adultas y menores) han tenido acceso a algún tipo de atención médica.
En todo caso, los especialistas advierten de que el ministerio no garantiza la atención integral. Para hacernos una idea de esto, solicitamos por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública, las cifras de kits de emergencia de las 72 horas para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud no proporcionó los datos por edad, pero en los totales de cada año se evidencia que, a partir de 2020, se entregaron menos insumos.
En cuanto a los antirretrovirales para la prevención del VIH en víctimas de violencia sexual, el ministerio redujo su entrega, pasando de 1299 pacientes a sólo 925, entre el año 2019 y el 2020.
«No es justo ni lógico que venga una niña, víctima de violencia sexual, desde Quiché, porque en Quiché no tenían el kit de las 72 horas. La trasladan a Ciudad de Guatemala porque aquí sí había kits. Es como una triple vulneración. Debemos organizar una ruta adecuada desde el territorio local para que no tenga que subir hasta lo nacional y que en todo ese proceso la víctima no sufra otra vulneración», exige Bejarano, directora de Ciprodeni.
Para las niñas y adolescentes que entran en un proceso penal hay un breve acompañamiento psicológico. Pero, independientemente de esto, el Ministerio de Salud debe encargarse de las terapias a todas ellas.
Lo hace a través de las Clínicas Especializadas de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que atienden a personas adultas y menores de 18 años. Hasta 2019, había 42 de estas clínicas en Guatemala. Durante el período de Giammattei únicamente se sumó una más, según la respuesta del Ministerio de Salud a una solicitud de información pública.
La atención no estuvo ni está disponible para todas las víctimas. De los 340 municipios de Guatemala, sólo en 42 hay una clínica para atender a sobrevivientes de violencia.
Por otro lado, el Ministerio de Salud cuenta con apenas 380 psicólogos, un promedio de sólo 3 por cada 100 mil habitantes. Estos profesionales se concentran en las cabeceras departamentales y municipales.
Para acceder a la salud mental, las víctimas deben viajar a estas cabeceras, pero no siempre pueden, así que suelen abandonar el tratamiento.
Oquendo Reyes, representante legal de Conacmi, explica que muchas de las sobrevivientes de violencia viven en comunidades lejanas. «Para pasar por el proceso terapéutico tendrían que gastar un dinero que no tienen. La psicóloga está para ofrecer procesos terapéuticos, pero no puede llegar. Entonces, se pierde».
La otra opción son las organizaciones no gubernamentales, como Conacmi, que atienden de 300 a 350 casos anuales. «Uno de los casos que hemos visto es el de una niña abusada sexualmente durante varios años. Cuando iniciamos el proceso terapéutico necesitamos que esté la mamá. Resulta que la mamá también fue objeto de abuso y, cuando investigamos, también la abuela. Una historia transgeneracional donde no han recibido ayuda. Necesitamos trabajar con las víctimas, apoyarlas, iniciar procesos terapéuticos y garantizar la restitución de ese derecho que les fue violentado», dice Oquendo Reyes.
En la capital de Guatemala, para las víctimas de violencia sexual la situación es complicada, pero en los otros departamentos se agudiza. En los municipios alejados a ciudad de Guatemala hay más víctimas que no hablan español y esto es un obstáculo más para acceder a los servicios, porque la mayoría de las psicólogas no hablan idiomas mayas, garífunas y xincas.
«No se trata sólo de que haya personal; debe ser pertinente, conocer el contexto y ser bilingüe. Muchas veces se contrata, pero no se toma en cuenta el contexto de la población. En un municipio de Quetzaltenango, por ejemplo, fue contratado un hombre (psicólogo). La mayoría de las víctimas de violencia sexual son mujeres y la población es mayormente indígena. Las víctimas nos dicen que no tienen confianza de ir», cuenta Telma Suchi, facilitadora técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar) en Quetzaltenango.
El Programa Vida que no llegó a todas las niñas
El Programa Vida del Ministerio de Desarrollo Social supone, sobre el papel, una alternativa para que las niñas víctimas de violación, a las que obligan a ser madres, tengan recursos para subsistir. Se les obliga porque el aborto en Guatemala está penado por ley.
Durante los cuatro años que gobernó Giammattei, el programa apenas logró atender al 7% de ellas, aunque, de 2021 a 2022, el presupuesto tuvo un ligero aumento. Para 2024 será igual a 2023: se dispondrá de 1.5 millones de quetzales.
«Al Programa Vida no se le asignó el presupuesto que correspondía para poder atender a estas niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual», cuestiona Suchi, del Osar. «Adicionalmente, no se les admite en este programa hasta que el caso está judicializado, de lo contrario no pueden ingresar. Yo creo que ahí hay una limitante bastante significativa», recalca.
En las cifras de partos de niñas de 10 a 14 años el Osar señala un aumento durante los cuatro años del gobierno de Giammattei.
La educación integral en sexualidad es una de las vías para prevenir la violencia sexual. Pero, durante el Gobierno de Alejandro Giammattei quedó aún más estancada. Por escrito, el Ministerio de Educación respondió a Ocote que, durante el periodo de 2013 a 2019, implementó la educación integral en sexualidad con fondos de cooperación, en el marco de convenios interinstitucionales. La inversión fue de 4.6 millones de quetzales.
Durante el periodo de 2020 a 2022 no se contó con fondos de cooperación internacional ni fondos nacionales. Por lo tanto, no se implementó adecuadamente. En el último año del gobierno de Giammattei, 2023, se asignaron fondos para la educación en valores y sexualidad de más de 1 millón de quetzales.
No hubo campañas y la única decía: «No más violencia sexual».
Carolina Escobar Sarti es escritora, investigadora social y directora de Asociación Alianza Guatemala, una entidad que trabaja con niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas.
Sarti observa que, más allá de una campaña, no hay información continua del Estado alrededor de la violencia sexual. Percibe una resistencia del partido Vamos, la organización política del expresidente Alejandro Giammattei, en hablar de temas como género, educación integral en sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos.
La SVET indicó a Ocote que contó con 52 materiales para campañas y difusión sobre violencia sexual. Entre estos sólo había un video y cuatro productos radiales, uno en español y otro en q’eqchi’.
La mayoría —47— son impresos y de estos solo hay tres en idiomas indígenas. Estos materiales fueron usados para playeras, lapiceros, afiches, blocks de notas, bolsas, accesorios para celulares… La mayoría con la frase: «No más violencia sexual».
Algo que, según las organizaciones y especialistas, fue insuficiente.
Las iniciativas de ley que no importaron en el Congreso
Las leyes para víctimas de violencia sexual o para prevenir la violencia sexual que llegaron al Congreso durante el período 2020-2024 se quedaron estancadas. Una de estas fue la Ley Angelina, creada a partir del caso de una niña violada por el capataz de la finca donde vivía. Ella tenía 12 años. Quedó embarazada y tuvo gemelas. Fue inscrita en el programa Vida, pero no recibió la ayuda. Su agresor está libre porque tiene medida sustitutiva.
La iniciativa 6090 pretende una reforma al artículo 264 del Código Procesal Penal para que los acusados de violar a niñas menores de 14 años no tengan medida sustitutiva, como el arresto domiciliario, y continúen en prisión preventiva. Fue presentada en 2022 y, aún, no avanza.
Otra de las iniciativas es la Ley de Educación Integral en Sexualidad que ingresó al Organismo Legislativo con el número 6157 en octubre de 2022. No ha pasado ni la primera lectura.
La Ley Marco de Reparación Transformadora para Las Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, que propone políticas de reparación para las víctimas, llegó al Congreso en octubre de 2020 y se suma a las iniciativas engavetadas y que aún no avanzan a la primera lectura.
¿Qué hará el nuevo gobierno de Arévalo?
En el informe que el expresidente Alejandro Giammattei presentó con los logros de su último año en el Gobierno, no estaba mencionada si quiera la respuesta a la violencia sexual contra menores de edad.
«Tristemente encontramos graves retrocesos. Hablamos de quienes denuncian, pero también hay muchos que no pueden hacerlo. Hay casos que no salen a la luz en las denuncias, no están en los números. El subregistro es inmenso”, alerta Ninfa Alarcón, responsable del programa de derechos de niñez y adolescencia del área de cultura de paz de la ODHA (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala).
El 14 de enero de 2024, asumió en Guatemala el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. En las propuestas de cambios para los primeros 100 días de su gobierno se incluye la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas, que será responsabilidad, específicamente de la vicepresidencia, en coordinación con las municipalidades.
Ocote consultó con los ministerios de Salud, Educación y Gobernación para conocer las acciones que tienen previstas para atender esta problemática. Después de siete días de espera, Salud y Educación no respondieron. Gobernación sí lo hizo, a través de su departamento de Comunicación Social.
Desde el ministerio aseguran que, a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), se fortalecerán los mecanismos de coordinación interinstitucional para contrarrestar la violencia sexual que afecta a la niñez. Lo pretenden lograr por medio de talleres de prevención en la comunidad educativa y población en general.
El ministerio señaló 13 acciones que pasan por revisar las estrategias existentes, identificando sus limitaciones y deficiencias, así como fortalecer campañas de sensibilización (especialmente con material educativo), denuncia y atención a la víctima, y promover la colaboración entre entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sectores educativos.
El 17 de enero de 2024 la vicepresidenta juramentó a Danissa Ramírez como secretaria ejecutiva de la SVET (de la que había sido subsecretaria). Ocote contactó con Karen Enrriquez, asistente de la Secretaría, para conocer la postura de la SVET y las acciones que tomará para reducir la violencia sexual infantil, pero indicó que Ramírez estaba muy ocupada y pronto atendería a las consultas, algo que, al cierre de edición de este texto, no había sucedido.
*Esta publicación es parte de la colaboración con la alianza de periodismo colaborativo otrasmiradas.info
