El año que supimos que no sabíamos

“Un lanzamiento de dados jamás abolirá el azar”

Stephane Mallarmé

Una suma de eventos

¿Qué de este tiempo será recordado? ¿Qué elegiremos recordar? Es un presente extraño en los primeros días del 2024 y vale preguntarse, ¿qué escribirán los libros de este tiempo que vivimos?

Me suelto acá un poco bastante a la subjetividad y lanzo una serie de eventos que inician, por alguna razón a esta alta hora de la noche en que escribo, con el asesinato de la antropóloga Myrna Mack en manos de las fuerzas del Estado guatemalteco el 11 de septiembre de 1990.

Aquel asesinato nos lleva al trabajo incansable de su hermana Helen por esclarecerlo; y ser parte de un grupo de personas que construyeron las bases para la investigación científica en la justicia guatemalteca. 

[Escucha aquí la cápsula sonora de «Aquí pasó algo» sobre el asesinato de Myrna Mack]

Este grupo de personas era muy diverso. Desde el equipo que trabajó en la ODHA, pasando por fiscales, otras activistas, líderes religiosos, periodistas, etcétera; que sumando varios puntos de vista desembocan, entre otras muchas cosas, en poder teorizar sobre los Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) en Guatemala. 

De la sistematización y análisis sobre las CIACS y por el esfuerzo de ese grupo multidiverso de actores, se empujó la creación de una Comisión internacional Contra la Impunidad, que en la práxis se convirtió en una super fiscalía con personal internacional de primer nivel y gran capacidad de acción para sus investigaciones. El resultado de cómo Cicig jugó sus piezas contra la corrupción en los gobiernos de Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, mostró una compleja imagen pública de la justicia. Como oportunidad de transformación social y como brazo político y, por lo tanto, pugna de poder. 

La no renovación de Cicig, el Ministerio Público de Consuelo Porras y la Corte Suprema de justicia 2014-2023 (sí, este fue el único poder del Estado que, bajo argucias legales, tuvo continuidad del gobierno de Pérez Molina al de Giammattei) demostraron que la crisis de justicia en Guatemala se arreglará desde dentro o no se arreglará. 

La suma de aquello que gestó las 27 puñaladas sobre el cuerpo de Mack es un mecanismo que muta sobre sí mismo adaptándose a las estructuras -de poder y represión- de turno. Toda esa serie de causales han movido la máquina hasta nuestro tiempo.

Paradójicamente, si jalamos los cables que conectan al aparato, volvemos a llegar a una situación extrañamente parecida al presente -pero al revés-. Una en la que la embajada estadounidense jugó un rol esencial: 1954; y que 70 años después vuelve a jugarlo.

Claramente, la transición democráctica de 2023-2024 no fue una invasión pensada sobre una mesa de la CIA, pero el tutelaje e implicaciones de las políticas estadounidenses en el actual proceso nos recuerda que, aunque el piso esté parejo, hay niveles.

La democracia, la república, el Estado de derecho, la separación de poderes, la alternabilidad del poder, esas bases sobre las cuales está constituída la lógica de Estado-nación se sostienen, en su mayor parte, de su propia narrativa; y en una mucho menor, en su capacidad operativa. Hay una forma simple de detectarlo: «La democracia atraviesa una profunda crisis». No importa cuándo leas esto. 

Que la democracia tiene infraestructura y funciona, ni qué dudarlo. Que funciona como dice, como se narra a sí misma, me parece que la respuesta es, claramente, no. 

A lo anterior podemos sumar que, sepultado el modelo comunista que se vendía como alternativa durante poco menos de un siglo, y sobre la cuál las luchas revolucionarias se habían parado, mostrando sus consecuencias poco ejemplares excepto por el mero hecho de ser “alternativa”, ¿qué queda?

Orfandad pareciera ser la palabra.

Un siglo XXI donde un único modelo, el capitalista, se yergue en un famoso péndulo que, en teoría, se debate entre un liberalismo basado en la reducción del Estado sin medir sus consecuencias; y en una social democracia basada en el fortalecimiento de un Estado de garantías sociales que no sabe a quién cobrárselas. Más todos los grises que quepan entre una y otra, y sus respectivos extremos de tornasoles extraños. 

En la vida cotidiana guatemalteca, el péndulo famoso es más bien un mutante de un estado colonial rentista a la siglo XXI, al que le cayó encima el narco. 

Con algo de cinismo, pienso que es divertido escribir esta simplificación del Estado Guatemalteco, burda y efectiva para fines literarios. Como si empujáramos un dominó en una de esas máquinas que hacen cosas raras y asistimos, no a las que nos dejan boquiabiertos, sino a una verdaderamente mal hecha, llena de fallos y de eventos predecibles. 

Podemos pensar que en la síntesis del primer cuarto de siglo XXI guatemalense, muchos logros en realidad fueron más bien la mediocridad de la máquina mutante. No “ganamos”, perdió la máquina. 

Y aún así, resulta esencial señalar que las plantas que han ido creciendo, entre silvestres y cultivadas, tienen nombres de personas y de pueblos. Y eso no tiene que ver con la máquina del terror, sino con otro tipo de mecanismo activo y resiliente que insiste y persiste.

Un despertar, ¿de la consciencia?  

Entre finales de 2016 e inicios de 2017, se pusieron sobre la mesa política guatemalteca las reformas al sector justicia. Un paquete de reformas legales propuesto y liderado por la Cicig que intentó llegar a ser discutido en el Congreso de la República en pro de robustecer la independencia judicial. A través de una serie de mesas de diálogo con un considerable número de sectores de todo el país, se llegó a un documento base de las propuestas de reforma. 

Uno de sus puntos más “controversiales”, era la propuesta de reforma al artículo 203 de la Constitución, en el marco del concepto de pluralismo jurídico. La propuesta tenía una directa alusión al sistema de justicia de los pueblos indígenas y buscaba, en palabras del texto presentado por la Cicig:

“En el marco expuesto, cualquiera que sea el sistema de coordinación entre ambas jurisdicciones, deberá ser lo suficientemente flexible para facilitar un diálogo intercultural entre las autoridades indígenas y autoridades de la jurisdicción ordinaria:

• Cuando el sistema jurídico ordinario esté conociendo asuntos que la jurisdicción indígena normalmente conoce o que pueda mejor resolver.”

La inclusión de este punto generó un fuerte rechazo en algunos sectores, particularmente en el Cacif que pidió, explícitamente, que no se aprobara este punto de la reforma. 

Podríamos no solo pensar que aquella propuesta también fue parte del dominó de la máquina. Por un lado no logró avanzar en el Congreso ni siquiera quitando el punto controversial, sino que también es posible marcar en ello el inicio del declive de la fuerza política de Cicig que, claramente, la tuvo.

La tarde del 13 de febrero de 2017 participé en una mesa virtual sobre “Pluralismo jurídico”, organizada por el colectivo Justicia Ya. La conversación buscaba despejar algunas dudas sobre una discusión que duró varios meses de aquel año. En aquella mesa estaba Gladys Tzul -socióloga y escritora k’iche’ – y Oswaldo Samayoa -abogado especialista en derechos humanos-.

Hacia el final de la conversación, Tzul a manera de conclusión y mostrando también una parte esencial de los mecanismos propios de justicia de muchas comunidades indígenas, habló en un plural generoso y crítico que transcribo literalmente de la grabación del evento:

“Nosotros les deseamos a los urbanos capitalinos que también tuvieran la posibilidad y la capacidad de interprelar a sus gobernantes, a sus jueces, o respaldarlos en el caso de que hubiera que respaldarlos. Ese ejercicio democrático real es el que tenemos como reto. Creo que habría que también tener distintos mecanismos para leer las derrotas y los avances que vamos teniendo, y esas derrotas y esos avances que vamos teniendo se miden en términos procesales en lo que ganamos y lo que perdimos, aunque aparezca como derrota o aunque aparezca como victoria. 

«Entonces yo creo que ese es nuestro reto, como todos los ciudadanos comunes y corrientes que vivimos de nuestro trabajo y no del trabajo ajeno; tenemos ese reto de establecer términos de convivencia y términos de justicia donde la justicia de uno no significa la criminalización de otro»-

Y efectivamente, ¡esto no es de ahora!, como dijo otra autoridad en uno de los textos anteriores de esta crónica por entregas sobre el Paro Nacional de 2023. 

[Lee aquí: Parto Nacional I: El tiempo]

«Ancestral» es la palabra con que muchos pueblos indígenas califican algunos de los mecanismos que utilizan en distintos estamentos de sus vidas. La justicia, la organización política y la organización comunitaria suelen venir acompañadas de esta palabra que transmite, no solo el principio de legado, sino de resistencia en el tiempo.

Y siendo elementos tan complejos y estructurados estos de las comunidades, es absolutamente necesario afirmar que la mayoría de las personas ladino-mestizas de los grandes espacios urbanos desconocíamos su existencia y su mística profunda hasta haberlo visto activarse a partir del mes de octubre de 2023. La manera en que distintas organizaciones de autoridades indígenas se organizaron y nos organizaron nos demostraron algo que era evidente pero es necesario decirlo: no sabíamos que no lo sabíamos. 

Siendo un sistema tan complejo y sofisticado, además de vigente y en cotidiano uso en la gran mayoría de comunidades indígenas, la organización comunitaria ancestral, por decirlo de alguna manera, habla de siglos de ceguera colectiva desde los espacios urbanos y ladinos, a la que, sin buscar un juicio al respecto, sabemos que hay un largo listado de elementos que la han provocado, empezando claramente por el racismo. 

Y eso, como testigos privilegiado de este tiempo extraño que vivimos, me parece que es el más alto quiebre de consciencia social que hayamos visto, sin duda en el siglo XXI; y acá me mojo al cuello diciendo que quizás solo comparable a aquello que pasó en 1944. 

Y sí, es un riesgo grande hablar del presente desde el presente, arriesgarse a darle calificaciones trascendentales a un evento que atestiguamos, a no dejar que el tiempo se decante en el análisis a posteriori. Pero permítaseme ese privilegio de escritor al poder afirmar que el gran quiebre al que me refiero – y quiebre sospecho que esa es la palabra justa-, consiste en dar el paso de nos saber que no sabíamos,  a saber que no sabemos. Y sí, eso también es un despertar. Uno trascendental aunque se diga así de fácil y aunque parezca así de lejos.

17 de octubre de 2023

A ver, han pasado demasiadas cosas trascendentales, jugamos ahora a la estructura del dominó pero de una máquina comunitaria y con piezas y dinámicas muy distintas: atestiguamos la diferencia entre otorgar la palabra a pedirla. 

Y esto es literal. Quienes llevaron los micrófonos y coordinaron las voces del Paro Nacional fueron los pueblos indígenas representados en sus autoridades. Para poder hablar ahí, en el foro que se armó frente a la fachada del MP y en el que, básicamente, cualquiera podía y pudo hablar; había que esperar que ellos nos dieran la dieran. 

(¿Ellos? ¿Nosotros? Se hace necesaria la distinción en donde no hay un nosotros sin ellas y ellos. Nunca lo ha habido pero, insisto, no sabíamos que no lo sabíamos).

Dicho esto, quisiera volver al rol testimonial que me emociona, a la complicidad del lenguaje y las personas. Al intento de dejar un registro de este tiempo, confrontándonos con la pantalla de lectura en la cuestión del qué recordaremos de este tiempo;  registrar también la herida y lo que no vimos, y dejarla puesta como una ofrenda floral sobre el altar que creció durante el Paro. 

Y entonces, por aquello de la historia que podemos reclamar en nuestras palabras, propongo llamar la atención a la media noche entre el 16 el 17 de octubre de 2023 en el que considero uno de los eventos públicos más trascendentales del siglo XXI en Guatemala. 

Habiendo el Paro Nacional ganado sus letras mayúsculas y avanzado entonces ya durante 15 días, la noche del 16, un camión del Ejército de Guatemala entró a la aldea Nimapá en Totonicapán.

Rápidamente, la comunidad organizada impidió el paso de aquel camión que transportaba personal militar en medio de la noche. Pero también atravesaba una de las comunidades particularmente activa y protagónica durante esos días de paro; el pueblo de Totonicapán. 

No haría falta explicar lo que significaba aquel gesto de un camión del Ejército atravesando la noche de una comunidad víctima de la primera masacre posterior a los Acuerdos de Paz, un 4 de octubre de 2012. Gesto a lo mejor ingenuo, pero absolutamente sintomático por parte del Ejército.  

La comunidad detuvo al camión y a sus tripulantes mientras decidían qué era lo mejor que se podía hacer en ese momento de tensión en el que los pobladores, justamente, se sintieron amenazados.

El evento fue atestiguado por cientos de personas del lugar, y por otro importante grupo de población que lo mirábamos en una transmisión de un canal local que hizo un live de Facebook.

La acción la coordinó el vicepresidente de los 48 cantones que mantuvo presencia en Totonicapán, mientras el presidente era parte del grupo que había acampado frente a la fachada del Ministerio Público en la capital. 

En una asamblea express, se decidió una solución por demás digna y ejemplar que consignaron en un acta que fue leída en voz alta por una de las autoridades, y que escuchamos con un temblor inédito cientos de personas por las redes sociales a la una y media de la mañana del 17 de octubre. 

Transcribo acá el punto segundo y tercero de un acta en cuyo inicio se nombraron a todas las personas implicadas que iban en el camión, y a quienes serían los responsables de la solución. Se escuchó la lectura por unas bocinas. Una de las autoridades de pies sobre un pickup leía directamente del libro de actas de la alcaldía indígena, iluminado por una lampara de un teléfono:

«Segundo: en virtud de lo anterior la población comunitaria y autoridades ancestrales, exigimos al presidente de la república de Guatemala, al ministro de Gobernación y al de Defensa Nacional, evitar este tipo de contingentes, ya que se consideran una provocación e intimidación hacia la población debido al momento de coyuntura nacional, por lo que hacemos responsables al Gobierno de la República y a la Fiscal General, Consuelo Porras, por todo lo ocurrido en esta comunidad, municipios, departamentos y a nivel nacional.

Tercero: Respaldando nuestros actos, que son actos, que son pacíficos, así como nuestras peticiones son justas, se decide escoltar al camión, juntamente con el personal de la PDH, así como a los miembros del Ejército ya identificados, hacia el destacamento ubicado en la Nueva Santa Catarina Ixtahuacán, resguardando su integridad física. Demostrando con este acto que somos un pueblo culto y pacífico, no como se nos ha tildado en estos días por exigir nuestros derechos».

Y acá no queda más que transcribir, guardar silencio, sentir eso exactamente que estamos sintiendo luego de imaginar la escena.

No quiero añadir más que el acta que leyeron tenía la fecha 17 de octubre de 2023 y fue cerrada a la una y cincuenta minutos de la madrugada. Siendo entonces el día 4 E, del tzolkin, el día del camino.