El Paro Nacional, un movimiento liderado por autoridades de pueblos indígenas desde el 2 de octubre en Guatemala, ha buscado la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, …
El Paro Nacional, un movimiento liderado por autoridades de pueblos indígenas desde el 2 de octubre en Guatemala, ha buscado la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, el fiscal José Rafael Curruchiche Cucul, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez y el juez Fredy Raúl Orellana Letona.
Los cuatro han operado una ofensiva contra el proceso electoral, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Movimiento Semilla. Estos funcionarios también tienen en común haber sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que los ha incluido en la Lista Engel. Pero ellos no son los únicos que forman parte de este listado.
En 2021, Estados Unidos estableció esta sanción en la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. Según Estados Unidos «fortalecer la gobernabilidad democrática y erradicar la corrupción está al centro de nuestros esfuerzos por abordar las causas fundamentales de la migración».
El país norteamericano la denominó Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, aunque es conocida como Lista Engel porque la normativa fue propuesta por el congresista demócrata Eliot Engel.
Para ser incluidas dentro de este listado, las personas deben estar «involucradas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, o en casos de corrupción significativa u obstrucción de investigaciones». Esta información debe estar documentada y confirmada por al menos dos fuentes creíbles, según la embajada de Estados Unidos.
«Las personas se identifican con base en información fidedigna facilitada por el Departamento de Estados y otras agencias del gobierno de Estados Unidos, así como por nuestros socios», según explicó la embajada estadounidense a Ocote.
La institución indica que no existen plazos para investigar a una persona: «La ley define la fecha de entrega, al menos una vez al año, con listas adicionales según sea necesario».
Aparte de nombrarlos como «actores corruptos», la sanción también implica la cancelación de su visa o considerarlas inelegibles para que esta les sea otorgada.
En total, desde su creación en 2021, Estados Unidos señaló a 48 guatemaltecos de socavar la democracia o estar involucrados en corrupción, entre los que están Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana, que fueron sancionados entre 2022 y 2023.
Pese a la sanción, estos cuatro funcionarios han continuado con la persecución de fiscales, abogados, periodistas y jueces anticorrupción, que iniciaron a partir de la salida de Guatemala de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), en 2018. Y se acentuaron tras la victoria de Bernardo Arévalo y Karin Herrera en la primera y segunda vuelta electoral.
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Pero antes, algunos de los actores incluidos en la Lista Engel fueron señalados de participar en un plan para cooptar la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones. Así fue revelado en el caso Comisiones Paralelas 2020, uno de las últimas investigaciones reveladas por la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La mayoría están conectados entre sí por amigos, abogados, objetivos en común.
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La cooptación de las Cortes
Los pactos entre funcionarios y operadores políticos para controlar las cortes en Guatemala han salido a la luz en dos ocasiones.
En 2018, la antigua FECI y la extinta CICIG empezaron a desenmarañar las negociaciones que se habían dado cuatro años atrás para elegir a los magistrados.
El caso fue denominado Comisiones Paralelas, un nombre que hacía alusión a grupos de poder no oficiales que operaban junto a las comisiones de postulación encargadas de definir una lista preliminar de aspirantes, que los diputados del Congreso deben votar.
La investigación fue dividida en dos fases. En la primera se revelaron eventos, festejos, pagos, promesas y beneficios para algunos comisionados a cambio de elegir a ciertos candidatos a magistrados. Según el expediente, uno de los principales operadores fue el abogado Roberto López Villatoro, conocido como El Rey del Tenis.
En la segunda fase, que se hizo pública en 2019, se dio a conocer que durante 2014, los aspirantes se habían reunido con Alejandro Sinibalidi y Manuel Baldizón para ser electos por las bancadas del Partido Patriota y la agrupación Libertad Democrática Renovada (Líder). Esto, según uno de los investigadores del caso, era con el objetivo de obtener impunidad y resoluciones que sirvieran a sus intereses.
Eso volvió a ocurrir en el siguiente proceso de elección de magistrados, según un nuevo caso que fue llamado Comisiones Paralelas 2020. En febrero de ese año la antigua FECI, liderada por Juan Francisco Sandoval, reveló una investigación que mostraba cómo jueces, diputados, magistrados, abogados y operadores políticos se habrían reunido o comunicado en secreto para elegir a los magistrados que integrarían la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las cortes de apelaciones ese año.
De acuerdo con esa investigación, uno de los principales articuladores del plan para integrar las cortes fue Gustavo Alejos Cámbara, empresario farmacéutico y exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom Caballeros que ha estado implicado en diferentes casos de corrupción.
Entre ellos, el financiamiento irregular de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante la campaña electoral de Sandra Torres en 2015, las negociaciones para pactar precios de medicamentos adquiridos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y una causa judicial relacionada con el Transurbano.
Gustavo Alejos es una de las 22 personas que fueron incluidas en la Lista Engel en 2021, el primer año en que se sancionaron a actores de Guatemala, El Salvador y Honduras.
La antigua FECI recopiló comunicaciones y documentó reuniones que Gustavo Alejos mantenía con funcionarios y abogados que podían incidir o votar dentro de las comisiones de postulación, así como con candidatos que pretendían permanecer o ganar una magistratura en estas cortes.
En los encuentros o negociaciones habrían participado diputados y magistrados que en la actualidad continúan en sus puestos. Entre los congresistas figura Jorge Estuardo Vargas Morales, diputado de la UNE y principal operador de Sandra Torres en el Legislativo, según Insight Crime y Plaza Pública.
Según el MP, Jorge Estuardo Vargas, también incluido dentro de la Lista Engel en 2021, se reunió con Gustavo Alejos en febrero de 2020 en medio del proceso de elección de magistrados. En las elecciones de este año, el diputado consiguió una curul en el Parlamento Centroamericano, con lo que seguirá manteniendo su inmunidad.
Jorge Estuardo Vargas y Gustavo Alejos tuvieron en común a un mismo abogado: Juan Carlos Borrayo Carbajal. El defensor auxilió a Gustavo Alejos en el caso Negociantes de la Salud y al diputado en el caso de financiamiento irregular de Sandra Torres. Así lo detalló la antigua FECI en el caso Comisiones Paralelas 2020.
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En el caso Negociantes de la Salud, Gustavo Alejos también fue defendido por el abogado Manuel de Jesus Ixmay García, quien ha sido abogado y parte de la junta directiva de la Fundación Contra el Terrorismo, dirigada por Ricardo Méndez Ruiz, incluido también en la Lista Engel.
Manuel Ixmay fue señalado por la antigua FECI de estar relacionado con el juez Fredy Orellana por una fotografía en la que los dos están juntos en una actividad de tiro. La imagen fue usada para pedir que lo separaran como juez del caso, bajo el argumento de que era amigo del defensor del acusado.
Fredy Orellana ha sido uno de los rostros que más se vio en las mantas hechas por los manifestantes del Paro Nacional. Él fue el juez que suspendió la personería jurídica del Movimiento Semilla, quien autorizó los allanamientos en el TSE y quien firmó la orden captura de la registradora de ciudadanos, Eleonora Noemí Castillo Pinzón.
Antes de esto, Fredy Orellana también había ordenado la detención del exfiscal Juan Francisco Sandoval, envió a juicio al periodista José Rubén Zamora y dictó una condena contra el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), excandidato a la alcaldía por Movimiento Semilla, Juan Francisco Solórzano Foppa.
La sentencia fue emitida después de que Solórzano Foppa afirmara que aceptaría los cargos, debido a que no tendría un «juicio justo». Fredy Orellana también se hizo conocido por cerrar el caso a favor del exdiputado fallecido Baudilio Hichos, implicado en un caso de corrupción del IGSS.
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El caso Comisiones Paralelas 2020 también documentó otras conexiones de Gustavo Alejos con jueces y magistrados.
Una de las personas que visitó al empresario y operador político, en medio de la elección de magistrados, fue Geisler Pérez, uno de los jueces que entonces buscaba integrar una sala de apelaciones. Dos años después, en 2022, Estados Unidos decidió incluirlo en la Lista Engel.
La investigación de la FECI también documentó que el juez sostuvo un encuentro con Juan Carlos Borrayo Carbajal —el abogado de Gustavo Alejos y el diputado Jorge Estuardo Vargas— y el entonces juez Mynor Moto, señalado de recibir sobornos en el caso del Libramiento de Chimaltenango y de tratar de detener el caso Comisiones Paralelas 2020.
Geisler Pérez fue el juez que en diciembre de 2021 autorizó el arraigo contra el periodista Juan Luis Font. Dos meses después anuló la orden de captura contra Mynor Moto, por el caso Libramiento de Chimaltenango.
Desde marzo de 2022, Geisler Pérez ha tenido en sus manos el caso contra la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo, que hoy se encuentra en el exilio. Fue ese juez que la había enviado a prisión preventiva.
Casi un año después, en febrero de 2023, fue él mismo quien ordenó el desalojo de los estudiantes que estaban en resistencia en contra de la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), que fue señalada de fraude .
Estados Unidos incluyó a Mazariegos en la Lista Engel en 2023 por esa misma razón. «Socavó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución educativa pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento», dice la justificación de ese país.
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En febrero de 2020, cuando el caso Comisiones Paralelas fue revelado, la entonces jueza Erika Aifán —hoy en el exilio— era quien estaba a cargo del expediente.
Pero en noviembre de ese año, el entonces juez Mynor Moto, que se había reunido con los señalados y que no podía conocer casos de mayor riesgo como este, intentó asumir el control de ese proceso, a solicitud de uno de los sindicados. Sin embargo, la antigua FECI señaló que Moto en realidad buscaba frenar la investigación y por eso pidió que lo procesaran.
La orden de detención que se giró en su contra, a raíz de su intento de hacerse del caso Comisiones Paralelas, nunca se concretó. En diciembre del año pasado, el juez Jimmi Bremer decidió anular la orden contra Mynor Moto.
Tanto Moto como Bremer están incluidos en la Lista Engel.
Estados Unidos señala a Mynor Moto de participar «en actos significativos de corrupción al obstaculizar la justicia y recibir sobornos a cambio de dictar una decisión favorable». Mientras que Jimmy Bremer fue sancionado por «autorizar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas por ejercer su libertad de expresión».
El acusado que le había solicitado a Mynor Moto quitarle el caso a la jueza Erika Aifán es Dennis Billy Herrera Arita, que había sido el representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la Comisión Postuladora para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Dennis Herrera, incluido también en la Lista Engel en 2022, es otra de las personas que se había reunido y comunicado en medio de ese proceso de elección con Gustavo Alejos, al igual que su hermano, Douglas Eduardo Herrera Arita.
Según la FECI, los dos hermanos son cercanos a Geisler Pérez. Douglas Herrera habría mantenido reuniones con el juez en medio del proceso de elección de magistrados.
Mientras que Dennis Herrera aparece junto con Pérez en una fotografía de un viaje en yate que fue filtrada a los investigadores del caso Comisiones Paralelas 2020.
En esa imagen también está el juez Pedro Laynez, conocido por cerrar un caso en contra del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y otro expediente en contra de Patricia Marroquín, esposa del expresidente Jimmy Morales.
El exfuncionario del gobierno del Partido Patriota es otro de los incluidos en la Lista Engel. De hecho fue uno de los primeros que fueron sancionados en 2021.
Los magistrados perpetuos
En el caso Comisiones Paralelas 2020, la FECI también buscó investigar a la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La fiscalía los señaló de estar detrás de las negociaciones para integrar las cortes del país.
Esos magistrados todavía se mantienen en el cargo después de nueve años, pese a que su elección era únicamente para cinco. Esto debido a que hasta ahora no se ha concretado esa elección, que precisamente dio origen al caso. El Congreso sigue sin elegir a los sustitutos.
La antigua FECI pidió quitarle la inmunidad a Silvia Patricia Valdés Quezada, José Felipe Baquiax Baquiax, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Vitalina Orellana y Orellana, Nery Oswaldo Medina Méndez, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, José Antonio Pineda Barales y Silvia Verónica García Molina. Además, a Ranulfo Rafael Rojas Cetina, hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Nester Mauricio Vásquez Pimental, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Uno de los investigadores del caso afirma que la antigua FECI contaba con los testimonios de cinco personas que relataron el involucramiento de esos funcionarios en la elección de magistrados. También asegura que habían comunicaciones en las que se les mencionaba.
Ambos, Rojas Cetina y Vásquez Pimentel, eran integrantes de la CSJ antes de asumir sus nuevos puestos.
Entre 2021 y 2022, cuatro de ellos fueron sancionados por el Departamento de Estado, que los incluyó en la Lista Engel: Manuel Duarte Barrera, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Nery Oswaldo Medina Mendez y Vitalina Orellana y Orellana. Los nombres de esos funcionarios fueron agregados por «influir de manera indebida y manipular» la elección de magistrados.
Nester Vásquez fue además uno de los magistrados de la CC que el 18 de octubre de este año ordenó que se despejara el ingreso del Ministerio Público (MP), que ha sido tomado por los manifestantes que solicitan la renuncia de Consuelo Porras. Ese fallo fue polémico, pues el pleno de la corte mencionó que se usará al Ejército si fuese necesario.
Desde la CSJ, Manuel Duarte, Nery Medina y Vitalina Orellana han negado las solicitudes del Movimiento Semilla y del presidente electo Bernardo Arévalo. El partido buscaba detener el caso emprendido por la FECI liderada por Rafael Curruchiche y la orden emitida por Fredy Orellana con la que se suspende el partido político.
Consuelo Porras, el epicentro de la crisis democrática
El principal objetivo del Paro Nacional ha sido que la Fiscal General Consuelo Porras renuncie o sea destituida de su cargo. La acusan de atentar contra la democracia en Guatemala y de pretender ejecutar un golpe de Estado, pues ha sido bajo su mandato que el MP ha emprendido el caso contra el Movimiento Semilla luego de que sus candidatos a la presidencia pasaran a la segunda vuelta electoral.
Esa causa judicial, además, fue usada para realizar el allanamiento en el que se sustrajeron las actas que registran los resultados de la primera vuelta electoral.
En esa cruzada, el MP también ha buscado criminalizar a los magistrados del TSE por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), una persecución que no se dio en la primera vuelta electoral pese a que ya se había utilizado ese programa informático.
Antes del paro nacional, el 25 de agosto, Consuelo Porras solicitó un amparo contra las las críticas que recibe en redes sociales. En el recurso legal, que finalmente fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad, incluyó publicaciones hechas por activistas y periodistas. Su petición fue leída por periodistas y medios como un ataque a la libertad de expresión y un intento de censura.
A eso se suma que en su administración se ha perseguido a jueces como Erika Aifán y a fiscales anticorrupción como Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, Carlos Vides y a Eduardo Pantaleón, así como a periodistas como José Rubén Zamora y Juan Luis Font.
Consuelo Porras fue nombrada como Fiscal General por Jimmy Morales en 2018. Tres años después fue premiada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) por aumentar la cobertura de la institución a nivel nacional. Esto, pese a que se ha señalado que el incremento de fiscalías debilitó a otras.
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En estas acciones, Consuelo Porras ha contado con Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, que desde la FECI han abierto los casos y emprendido los allanamientos.
En agosto de 2021, Rafael Curruchiche fue nombrado como jefe de la FECI después de que Juan Francisco Sandoval fuera obligado a exiliarse. Desde esa posición se ha dedicado a abrir expedientes contra los operadores de justicia que habían abanderado la lucha contra la corrupción.
Esos casos han contado con el espaldarazo de la Fundación Contra el Terrorismo que es dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, y que hoy figura como querellante —parte acusadora— en varios de esos procesos.
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Rafael Curruchiche no sólo ha perseguido a figuras clave anticorrupción dentro del sistema de justicia, también ha dejado desmoronarse las investigaciones iniciadas por la antigua FECI y la extinta CICIG. Una de esas causas judiciales que lo evidencian es el emblemático caso Odebrecht, en el que se descubrió como la empresa brad
La FECI bajo el mando de Rafael Curruchiche no se opuso a que una sala de apelaciones anulara los acuerdos de colaboración eficaz que habían implicado a Manuel Baldizón y Alejandro Sinibalidi, y que eran vitales para demostrar su culpabilidad y la de otros acusados.
A finales de septiembre, cuando la FECI realizó los allanamientos en el TSE, el mismo Rafael Curruchiche se presentó al edificio y salió a defender su trabajo. «Estas diligencias nosotros las consideramos como un rescate para la democracia, un rescate para la soberanía del país que ha sido violentada», dijo en esa ocasión.
Hasta el momento, no se han presentado resultados de esa investigación. Sólo se sabe que está relacionada con las elecciones de 2023. En esos comicios, Rosalia Curruchiche Cucul, hermana del fiscal, participó como candidata a concejal de la alcaldía de San Benito, Petén. Lo hizo con Vamos, el partido político de Alejandro Giammattei.
Antes de que se hiciera cargo de la FECI, Rafael Curruchiche había sido jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales.
Desde esa dependencia, el fiscal trató de que siete empresarios acusados de financiar a Jimmy Morales de forma oculta fueran beneficiados con criterio de oportunidad —los acusados tendrían una sanción menor a cambio de aceptar su responsabilidad—. La entonces jueza Erika Aifán rechazó la petición.
El caso emprendido contra el TSE se desprende de la investigación contra el Movimiento Semilla. En ese expediente ha participado la fiscal Cinthia Monterroso. La funcionaria lideró uno de los allanamientos en el que se confiscaron las hojas de adhesión del partido político e investigó a su diputado del Parlamento Centroamericano, Juan Gerardo Guerrero Gárnica, pese a que goza de inmunidad.
Antes de ese caso, Cinthia Monterroso estuvo a cargo de la persecución penal del periodista José Rubén Zamora y la exfiscal Samari Gómez. En ese proceso, la fiscal le pidió al juez Jimi Bremer que autorizara una investigación contra nueve periodistas de elPeriódico, la cual fue aceptada.
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La fiscal también es conocida porque en una ocasión solicitó información a una floristería para saber quiénes compraban y recibían los arreglos, pues una de sus mejores amigas sospechaba que su marido le era infiel.
Tanto Rafael Curruchiche como Cinthia Monterroso fueron incluidos dentro de la Lista Engel, en 2022 y 2023. Los dos son señalados de «armar casos infundados y políticamente motivados».
Ambos fiscales —además de Porras y del juez Fredy Orellana— no han aparecido en público desde que comenzó el Paro Nacional el 2 de octubre. Solo la Fiscal General ha salido en videos en los que exigió que los bloqueos fueran despejados por el Ministerio de Gobernación. «Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito. Ustedes como autoridades tienen la obligación y capacidad para resolver de forma expedita esta problemática», dijo enfática.
Más tarde solicitó a la Corte de Constitucionalidad la destitución del entonces ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, que decidió renunciar antes de que los magistrados se pronunciaran.
A través de su equipo de comunicación, Porras ha asegurado que no renunciará y los líderes de los pueblos indígenas han afirmado que continuarán con sus manifestaciones contra la funcionaria.
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Bajo el mandato de Consuelo Porras los casos de corrupción también se han resquebrajado. Un ejemplo de eso es precisamente el caso Comisiones Paralelas 2020. El expediente ha sufrido reveses desde la salida de Juan Francisco Sandoval de la FECI en julio de 2021 y el exilio de Erika Aifán en marzo de 2022, que era la jueza que estaba a cargo.
A mediados de octubre, Prensa Comunitaria reveló que el MP ha iniciado una persecución contra una de las principales testigos del caso. En su declaración habría evidenciado cómo Silvia Patricia Valdés y Vitalina Orellana, magistradas de la CSJ, participaron en la negociación para integrar las cortes.
Después de la denuncia de esas dos magistradas, la FECI ha solicitado que la testigo sea sometida a un proceso penal por ese testimonio. La acusan de falsedad ideológica, un delito que contempla penas de dos a seis años de prisión por declarar hechos falsos.
Además, el MP ha perseguido a dos fiscales que interrogaron a Dennis Billy Herrera Arita, el excomisionado de postulación y abogado cercano a Gustavo Alejos, Mynor Moto y el juez Geisler Pérez.
Las perseguidas son Aliss Morán y Paola Escobar, que investigaron el caso Comisiones Paralelas 2020. Las dos fueron denunciadas por Dennis Herrera, algo que implicó que las enviaran a prisión. El caso de las funcionarias fue emblemático debido a que en un inicio se les declaró falta de mérito por un juzgado, pero por instancia de la fiscalía una sala ordenó repetir la primera declaración.
Fue hasta ese momento que se les ligó a proceso penal. Pero en total estuvieron en prisión por ocho meses. Luego de que una sala de apelaciones ordenara que salieran bajo arresto domiciliario, el juzgado tardó cuatro días en ejecutar el fallo.
Los diputados inmunes
En la lista de «actores corruptos» del Departamento de Estado, figuran otros diputados, además de Jorge Estuardo Vargas.
Entre ellos, Boris España, Felipe Alejos y Sofía Hernández Herrera por «abusar de su puesto» o estar involucrados en «corrupción».
Con sus votos en el Congreso, han apoyado propuestas del partido oficialista, como la aprobación del presupuesto 2021 que desató una protesta contra Alejandro Giammattei, y que finalizó con represión y criminalización de los manifestantes.
Sofía Hernández es diputada de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), un partido fundado por Mario Estrada, condenado a 15 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos y también incluido en la Lista Engel.
Según el caso de Comisiones Paralelas 2020, Hernández fue una de las personas que visitó a Gustavo Alejos en el proceso de elección de magistrados. La congresista afirmó que mantenía una amistad y que por esa razón había llegado a visitar al operador político.
La sanción de Estados Unidos contra la diputada llegó un año después de que su hermano reconociera que colaboraba con Los Huistas, una agrupación dedicada al trasiego de drogas en el occidente del país, en la frontera con México.
Hernández ha sido vicepresidenta del Congreso, igual que el diputado Boris España, que en las elecciones de junio consiguió su reelección con Vamos, el partido de Alejandro Giammattei. Hace unas semanas el diputado, dejó entrever que contaba con información sobre el próximo golpe que dará el MP contra los magistrados del TSE.
«Existen diferentes criterios y momentos por los cuales se están dando las manifestaciones. Es evidente y contundente la información que se va a dar dentro de pocos días sobre un desfalco en el Tribunal Supremo Electoral de una sobrevaloración del programa informático, solo se están esperando los documentos necesarios», dijo Boris España en el contexto del paro nacional liderado por los pueblos indígenas.
El TSE cuestionó que un diputado, que no tiene facultades para investigar, conozca detalles de un caso bajo reserva.
«Llama la atención que se hable de investigaciones que se realizan, cuando, en el caso de los Magistrados del TSE, gozan del privilegio y protección de inmunidades (antejuicio) y mientras esta les asiste no procedería legalmente ninguna investigación», señaló la institución en un comunicado.
La antigua FECI y la extinta CICIG señalaron a Boris España de haber propuesto construir un hospital, a cambio de una comisión ilegal. El contrato costaría Q85 millones. Según las investigaciones, el diputado recibiría una comisión de Q4.2 millones de quetzales.
La Fiscalía señaló al congresista de asociación ilícita, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones y lavado de dinero. Pero la CSJ rechazó la solicitud de antejuicio, una decisión que avaló la CC en febrero de 2022, librándolo de enfrentar un proceso penal.
El congresista no es el único que se ha librado de un proceso penal. Su compañero de la bancada TODOS, Felipe Alejos fue acusado por la CICIG y la FECI de tráfico de influencias.
Pero la CSJ resolvió tres veces no retirarle la inmunidad para que fuera investigado por un caso en el que se beneficiaba a empresarios a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) gracias a su intervención.
Varios funcionarios, algunos empresarios
La mayoría de actores de la Lista Engel son funcionarios y políticos.
Sólo cinco de los 48 son empresarios: Axel Arturo Samayoa Camacho, Mauricio Lopez Oliva, Ramiro Mauricio Lopez Camey, Ramon “Moncho” Campollo Codina, Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernandez.
Están vinculados a empresas de construcción y de energía eléctrica. El Departamento de Estado de los EE.UU. los acusa de pagar sobornos para beneficiarse con contratos u otros favores.
Sobre el bajo porcentaje de empresarios señalados de «actores corruptos», el vocero de la embajada estadounidense asegura que la lista Engel «no está dirigida a actores específicos. Su objetivo es denunciar la corrupción y las acciones antidemocráticas dondequiera que se produzcan. Estas designaciones abarcan diversos sectores y muestran la profundidad y amplitud de la corrupción y los ataques contra la democracia».
Para Edgar Gutiérrez, economista, exministro de relaciones exteriores y director de la Fundación Derechos Económicos, Sociales y Culturales para América Latina (DESC), la elite empresarial en Guatemala ha sido «privilegiada» por el Departamento de Estados de los EE.UU.
«A ellos les advierten. No les han dicho que los incluirán en la Lista Engel, sino que les subrayan que no deben cruzar cierta línea roja porque de lo contrario los consideran no aliados. Muchos de ellos han recibido la advertencia», asegura.
Gutiérrez explica que la Lista Engel tiene dos consecuencias sobre los sancionados. El primero es un daño en su reputación que implica aislamiento de círculos sociales en Guatemala y a nivel internacional.
El segundo son los efectos económicos indirectos como el rechazo de créditos bancarios o intereses más onerosos por el riesgo que suponen. En otros casos, explica, pueden haber solicitudes para retirar sus depósitos o abrir cuentas en algunos bancos.
«Estados Unidos continuará con las sanciones y las puede elevar, ser más severas, si la amenaza de la democracia continúa, si hay represión a las manifestaciones ciudadanas», dice Gutiérrez. Aunque deja ver una contradicción en las políticas exteriores de ese país norteamericano.
Además, añade que con El Salvador, se ha tenido más «elasticidad» que con Guatemala. «En El Salvador yo veo difícil que que Estados Unidos actúe con la misma drasticidad aunque ya haya incluido nombres cercanos a Nayib Bukele. Estados Unidos siempre pondera la legitimidad de un régimen y Bukele ha hecho muchas cosas, que son quizá ilegales e inconstitucionales, pero tiene una alta aceptación del pueblo salvadoreño», concluye Gutiérrez.
