Después de las tormentas
Ciudadanía
El retorno de las protestas y un gobierno contraataca
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El presidente Alejandro Giammattei, como sus dos antecesores, ha conseguido que los guatemaltecos vuelvan a las calles a protestar. Pero, es un escenario distinto: hay una pandemia y no hay una Comisión Internacional Contra la Impunidad. Además, los manifestantes de la plaza central hallaron represión de la policía y señalamientos de un Ministerio Público que les acusa sin pruebas. Aquí la crónica de una semana de incertidumbre, desatinos e indignación.


El detonante fue un presupuesto desfinanciado que la mayoría oficialista del Congreso aprobó la madrugada del 18 de noviembre por “urgencia nacional”.   De manera discrecional los diputados aumentaron fondos superfluos al mismo Congreso y eliminaron gastos a varios rubros de salud, y a la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otros.

Las manifestaciones en las principales cabeceras departamentales sumaron a miles de guatemaltecos. Ahora sin vuvuzelas, con mascarillas y con bastante menos humor. Y zs gestaron en un ambiente enrarecido, con una serie de acciones represivas que no se habían observado en años recientes en las zonas urbanas del país.

Sigue aquí la cobertura del sábado de la manifestación de sábado 21.

Las protestas del sábado 21 contra el gobierno sirvieron, quizás, para archivar el presupuesto 2021, pero hallaron eco para las otras demandas: la renuncia de  los diputados que lo aprobaron y la del presidente Alejandro Giammattei. No hubo respuesta, ni comentario, a la exigencia de deshacer el Centro de Gobierno -una especie de gabinete paralelo con asesores cercanos al Presidente diseñado, según él, para coordinar al Gabinete oficial-.

La noche del miércoles 25 de noviembre, tras gritos, jugo de naranja volando por los aires y amenazas de golpes, los diputados votaron para poner fin a la propuesta del criticado presupuesto de Q99.7 millardos.

Los congresistas, resguardados en la gran sala del Teatro Nacional, decidieron archivar el decreto que incluía un incremento en los gastos de alimentación, la construcción de un edificio y la compra de vehículos para los diputados. El acuerdo también contemplaba, entre otros, un recorte de Q20 millones para la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Ese presupuesto en parte sería financiado con dos préstamos por US$448 millones, pero ambos corrieron con la misma suerte: fueron engavetados.

Ese miércoles, Allan Rodríguez, presidente del Congreso, aseguró que se encontraban en el teatro porque el Ministerio Público (MP) continuaba recabando información en el edificio legislativo por el incendio en la entrada principal ocurrido el sábado 21, y no porque temiera a la indignación de la ciudadanía.

Allan Rodríguez, presidente del Congreso, fue uno de los funcionarios más insultados durante la manifestación del 21 de noviembre. Crédito: José David López Vicente

En esta sesión los diputados también decidieron proteger al ministro de Gobernación, Gendri Reyes.  Los congresistas rechazaron la propuesta que buscaba pedirle al presidente Alejandro Giammattei que lo destituyera por los abusos policiales cometidos contra los manifestantes el sábado.

Solo 58 congresistas votaron a favor de la iniciativa, 88 se opusieron.    

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–Qué tristeza que no tengamos el coraje de pasar la factura a aquél que atenta contra la integridad y dignidad de los guatemaltecos –dijo Oscar Argueta, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).  

Un día antes, el martes 24,  la bancada de Argueta y la del Movimiento Semilla citaron a Reyes. Pero en las dos reuniones el ministro esquivó las interrogantes de los congresistas. 

–Yo actúo conforme a la ley –respondió Reyes luego de que el diputado Aldo Dávila le recriminara las medidas que tomó la Policía Nacional Civil (PNC) durante la manifestación.

–La ley entonces sería pencasear a la gente, agredirla, tirarle bombas lacrimógenas, lastimar niños, ancianos, mujeres –replicó Dávila, en referencia a las personas heridas y el lanzamiento a mansalva de gases lacrimógenos.

El ministro eludió los demás cuestionamientos con una misma excusa: sería la fiscalía y un juez los que determinarían si hubo violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de fuerza. 

Los manifestantes en tribunales

El sábado al anochecer, los primeros manifestantes que capturó la policía empezaron a llegar a la Torre de Tribunales cuando aún explotaban decenas de bombas lacrimógenas en las calles del centro de la ciudad. Engrilletados y hacinados en el sótano del edificio judicial, esperaron su turno para ser fichados. Algunos, con la ropa sucia tras haber sido derribados y arrastrados por la calle por los policías que los detenían.

Los manifestantes fueron alojados en la carceleta oscura e insalubre, donde pasaron hasta tres días como Melvin Rolando García, el último de los capturados que un juez liberó. La abandonó el mismo día en que se celebraron las dos citaciones contra el ministro de Gobernación.

Solo en la Ciudad de Guatemala fueron detenidas 36 personas.  Se calculan siete capturados en Quetzaltenango, sin que las autoridades den el número exacto, y dos en Huehuetenango, detenidos en las manifestaciones que ocurrieron en las dos cabeceras departamentales de Occidente.

Desde el domingo,  seguidilla, los fiscales fueron reprendidos por los jueces. La fiscalía procuraba que los detenidos fueran ligados a proceso penal ligados por delitos como atentado, desorden público, manifestaciones ilegales y depredación de bienes culturales,  sin dar evidencias. 

El MP basó sus acusaciones en descripciones colectivas:  “rompieron el cordón policial”, “dañaron el edificio legislativo” y “lanzaron piedras y palos contra los agentes”. No presentaron fotografías o videos que demostraran qué había hecho, supuestamente, cada uno de los capturados.

Uno de los grupos de personas que fueron capturadas durante su audiencia de primera declaración. Crédito: José David López Vicente

Los fiscales incluso presentaron cuatro testimonios de policías que eran un “copy-paste”, de acuerdo con la abogada Diana Vivar que representó a Yancarlo Marín, uno de los detenidos.

–No es posible que hasta los puntos y comas estén en el mismo lugar –dijo la defensora.

Una de las fiscales, Erica Pesquera, reconoció en una audiencia que no contaban con suficientes indicios porque el MP tenía poco personal.

–¿Cuál es el fin de la audiencia si no hay evidencia material? –cuestionó Mario Martínez, uno de los jueces que el domingo conoció el caso de los manifestantes.

Martínez junto con otros jueces ordenaron que los fiscales investigaran el abuso policial denunciado por las personas capturadas. 

–Ellos (los detenidos) son las víctimas. ¿Dónde están los agentes que cometieron estas situaciones? –reclamó el abogado Mario Cano durante su intervención.

Él fue uno de los defensores que pidió que se identificara y se juzgaran a los policías.

De todos los acusados, solo dos continuarán con causas judiciales. Pablo Altamirano, que fue procesado por atentado, y Ana Paulina Estrada que debe enfrentar una audiencia por supuesta alteración del orden público, un hecho considerado como una falta y no un delito.  Ambos fueron liberados.

La Policía en citación

El martes 24, durante las dos citaciones realizadas por los diputados de oposición, José Tzubán, director de la PNC, afirmó que no emitió ninguna orden para reprimir o agredir a los manifestantes y periodistas.  Y trasladó la responsabilidad al subcomisario Ángel Ernesto Vargas Maldonado, de la Comisaría 11, quien afirmó, era uno de los funcionarios que tenía el control de los operativos.

–Vamos a seguir una línea de investigación –aseguró Tzubán.  

El director de la PNC no fue el único que prometió una investigación, el MP también aseguró que realizaría una, de manera “objetiva e imparcial”.

Los manifestantes huían de las bombas lacrimógenas que lanzó la policía. Crédito: José David López Vicente

Una semana después de la protesta, aún no se ha solicitado la captura de ningún agente, y la policía no ha sancionado a ninguno de sus integrantes. 

Tampoco han señalado a algún responsable por la bomba lacrimógena que cayó en la plaza central. Esa que se esparció entre cientos de personas que manifestaban pacíficamente.

Tampoco se ha informado de la investigación o la captura del policía que hirió en la cabeza al fotoperiodista Carlos Sebastián, quien segundos atrás lo había enfrentado por romper su cámara al intentar retratar una de las detenciones.

No hay información sobre los responsables de que Carlos González de la Cruz, de 29 años, y Kenneth Gamaliel López Miranda, de 21, perdieran un ojo después de recibir en el rostro el impacto de una bomba lacrimógena. 

Tampoco hay respuestas institucionales relacionadas a la quema de la entrada principal del Congreso: Hubo pocos elementos policiales que resguardaban el edificio a diferencia de otros días y otras manifestaciones, quienes observaron impasibles el incendio. Se  suma a la incógnita,  las imágenes dentro del edificio, en que se observa a un grupo de antimotines que tampoco actuó cuando las personas empezaron a quebrar las ventanas.

Los manifestantes celebraron la quema de la entrada principal del Congreso. Crédito: José David López Vicente

El Presidente en el Palacio

El Presidente no ha dado una      conferencia de prensa, no ha emitido alguna explicación ni ha solicitado públicamente alguna investigación por la reacción policial, que su vicepresidente Guillermo Castillo ya reconoció.

La última vez que el mandatario habló con periodistas fue en un viaje que realizó el 11 de noviembre a Chajul, Quiché. Llegó hasta el municipio por el daño que causó el huracán Eta en esa región.

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Desde entonces, solo ha aparecido en un mensaje televisivo, rodeado de sus ministros,  en que afirmó que escucharía las demandas, en un video amenizado con marimba en el que empresarios respaldan una mesa de diálogo y en una fotografía con delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La mesa de diálogo se integró el 24 de noviembre para abordar los posibles cambios al presupuesto del próximo año, aunque un día después el Congreso archivó el decreto con el que se le dio vida.  Fue conformada por entidades como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Alianza Evangélica de Guatemala, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Universidad de San Carlos (USAC).

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), anunciaron que no formarían parte de dicha mesa. Las razones: se redujo el tiempo para intervenir y  se excluyeron a diferentes actores. Entre ellos –una vez más– representantes de los pueblos indígenas.

Ese mismo martes, también en la plaza central frente a Palacio, la Alcaldía Indígena de Sololá, los 48 cantones de Totonicapán y el Parlamento Xinca exigía la renuncia de Giammattei, la de sus diputados y la del ministro de Gobernación.    

–Si no nos escuchan, no nos verán solo a nosotros, sino a todo el pueblo –dijo uno de los representantes  de los pueblos indígenas.   Esa mañana apenas eran unas  100 personas, pero recordaron que pueden convocar hasta 100 mil.

La mesa de diálogo no fue la única puerta de salida a esta crisis. Un día después de la manifestación, Giammattei solicitó a Luis Almagro, secretario General de la OEA, hacer valer la Carta Democrática Interamericana, un instrumento para solicitar asistencia a la OEA para que se realicen acciones para garantizar el respeto del orden constitucional de los países miembros.

En un comunicado, el gobierno informó que la petición fue planteada por los “actos de violencia sistemática” que buscan “forzar un golpe de Estado“. 

Los comisionados de este aparato internacional aterrizaron en el país el viernes 27.

El vicepresidente calificó la petición del mandatario como “exagerada” y aseguró que no se reuniría con los delegados de la OEA. De esa forma agudizó más el conflicto que los dos mantienen. Una pugna que llegó a su momento más álgido la semana pasada, cuando en una conferencia de prensa, Castillo declaró que le propuso que ambos renunciaran a sus cargos.

El tiempo dirá qué pasará con el vicepresidente, cuyo discurso, por ahora, coincide con algunas demandas de la ciudadanía,  como la disolución del Centro de Gobierno, a cargo de Miguel Martínez, señalado de amedrentar a la prensa, convertirse  en un superministro, duplicar funciones de otras instituciones y ganar un salario de Q42 mil.

El fin de la crisis política es incierto. El  sábado, las plazas de cabeceras departamentales volvieron a ser ocupadas por manifestantes que también reprueban el manejo de la pandemia de COVID-19 y la desatención a las víctimas de tormentas que recién arrasaron algunas zonas del país.

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