La fase probatoria del caso Diario Militar inició el 28 de marzo de 2022 en el Tribunal de Alto Riesgo “B”, presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez. En 18 …
La fase probatoria del caso Diario Militar inició el 28 de marzo de 2022 en el Tribunal de Alto Riesgo “B”, presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez. En 18 sesiones que tuvieron lugar a lo largo de cinco semanas, la Fiscalía de Derechos Humanos, representada por los fiscales Erick De León y Elena Sut, presentó las acusaciones contra 9 de los 14 militares retirados y expolicías, capturados entre mayo de 2021 y febrero de 2022.
Los acusados son señalados de ser responsables de la detención ilegal, tortura, desaparición forzada, homicidio y violencia sexual de al menos 195 personas durante el gobierno de facto del general Óscar Mejía Víctores, entre 1983 y 1986.
La mayoría de las víctimas registradas en el documento de inteligencia militar llamado Diario Militar y conocido también como “Dossier de la Muerte”, eran dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles. Según explicó el fiscal De León, estas personas fueron catalogadas por los militares como un “enemigo interno” que debía ser eliminado. Entre las víctimas hubo niños y niñas, incluso menores de dos años.
La fiscal Sut detalló los cargos específicos en contra de cada uno de los nueve sindicados. La acusación se basó, en su mayoría, en las declaraciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas, documentos oficiales y documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos.
Las partes están citadas para este miércoles, 4 de mayo de 2022, para conocer la decisión del juez Gálvez sobre si existe evidencia suficiente para enviar a juicio los nueve sindicados que, según la Fiscalía de Derechos Humanos, son autores materiales e intelectuales de los delitos registrados en el Diario Militar.
El caso entró a los tribunales de Guatemala luego del arresto el 27 de mayo de 2021 de once militares retirados y expolicías:
- Marco Antonio González Taracena, general retirado de División DEM retirado, exjefe del Archivo General y del Servicio de Apoyo del Estado Mayor Presidencial.
- Víctor Augusto Vásquez Echeverria, general retirado de Brigada DEM, comandante de la Zona Militar de Chimaltenango.
- Gustavo Adolfo Oliva Blanco, teniente coronel retirado, exjefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT).
- Juan Francisco Cifuentes Cano, teniente coronel de Policía retirado, exjefe del Batallón de Reacción y Operaciones Especiales.
- José Daniel Monterroso Villagrán, sargento mayor especialista de Inteligencia Militar (D2), retirado.
- Edgar Virgilio de León Sigüenza, sargento mayor especialista de Inteligencia Militar (D2), retirado.
- Enrique Cifuentes de la Cruz, sargento mayor especialista del Archivo General y del Servicio de Apoyo del Estado Mayor Presidencia, retirado.
- Edgar Corado Samayoa, sargento mayor especialista del Archivo General y del Servicio de Apoyo del Estado Mayor Presidencial, retirado.
- Rone René Lara, sargento mayor especialista del Archivo General y del Servicio de Apoyo del Estado Mayor Presidencial, retirado.
- Eliseo Barrios Soto, Sargento Mayor Especialista del Archivo General y del Servicio de Apoyo del Estado Mayor Presidencial, retirado.
- Mavilo Aurelio Castañeda Bethancourt, cabo especialista y sargento técnico especialista de la Policía Militar Especialista, retirado, y guarda almacén del Archivo General y del Servicio de Apoyo del Estado Mayor Presidencial.
Durante el primer día de la comparecencia, el 1 de junio de 2021, el coronel retirado del Ejército Jacobo Esdras Salán Sánchez se entregó y fue puesto bajo arresto junto con los otros sindicados.
Tras una serie de audiencias de primera declaración celebradas entre junio y septiembre de 2021, el juez Gálvez ligó a proceso a once de los sindicados. Decidió apartar a Castañeda Bethancourt del proceso, hasta poder evaluar su situación, ya que se estableció que sufría problemas de salud mental.
En esta primera sesión de la etapa probatoria, el juez también apartó del proceso a Edgar Virgilio de León Sigüenza y Eliseo Barrios Soto, después de que informaran que sus abogados habían renunciado repentinamente. Aún no se ha anunciado fecha para iniciar la etapa intermedia en el caso de ambos.
Dos sindicados recién capturados en enero y febrero de 2022, Malfred Orlando Pérez Lorenzo y Alix Leonel Barillas Soto, fueron ligados a proceso y también esperan el inicio de la fase probatoria.
Cuatro sindicados en el caso siguen prófugos.
¿Qué es el Diario Militar?
El Diario Militar es un documento de inteligencia militar elaborado entre 1983 y 1985, durante el régimen de Óscar Humberto Mejía Víctores. Consta de 73 páginas, que incluyen información de operativos desplegados por agentes estatales y paraestatales en contra de 195 personas, la mayoría de ellas activistas de movimientos sociales y de organizaciones revolucionarias de Guatemala consideradas por los militares guatemaltecos como “enemigo interno”. Según la Fiscalía, estas personas fueron vigiladas, detenidas ilegalmente, torturadas y sometidas a otras formas de trato cruel, inhumano y degradante.
El documento, que se hizo público en 1999 por el National Security Archive, contiene fichas de 183 de las 195 personas que fueron capturadas ilegalmente, junto con información clave, como sus seudónimos, las organizaciones a las que pertenecían, las fechas de su captura y las de su ejecución, de su traslado o de su liberación.
Según la Fiscalía, al menos 15 de las víctimas registradas en el Diario Militar fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en espacios públicos con la intención de sembrar el terror entre la población. El MP tiene evidencia que 131 de ellas fueron desaparecidas forzosamente.
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El documento revela cómo Mejía Víctores, al igual que los gobiernos de sus predecesores, los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Ríos Montt (1982-1983), puso en marcha operaciones basadas en la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina, promovida por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, establece a las fuerzas de seguridad como los guardianes naturales del orden interno y les instruye en la necesidad de la identificación y eliminación del “enemigo interno“.
Mientras la estrategia contrainsurgente desplegada por los gobiernos de Lucas García y Ríos Montt se enfocó principalmente en las zonas rurales -con políticas de tierra arrasada que tenían como objetivo la erradicación de los movimientos guerrilleros- el gobierno de Mejía Víctores lanzó una ofensiva contrainsurgente en la capital de Guatemala y en otras zonas urbanas en contra de los líderes de movimientos sociales y organizaciones armadas.
Como señala el documento La Autenticidad del Diario Militar, publicado en 2011 por la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República —entidad extinguida por el gobierno actual de Alejandro Giammattei— el Diario Militar es “un inventario de las bajas y capturas causados al ‘enemigo’, conforme avanzaba la ofensiva contrainsurgente en la Ciudad de Guatemala entre 1983 y 1985”.
La larga búsqueda por justicia
Luego de hacerse público el Diario Militar y de que se confirmara su autenticidad, las familias de las víctimas se dedicaron a la búsqueda de justicia. Dada la casi total impunidad existente en Guatemala en aquel momento, decidieron llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2005.
Seis años después, la CIDH elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012, emitió una sentencia. En la misma, determinó que el Estado de Guatemala era responsable de las muertes, desapariciones forzadas y otros delitos registrados en el Diario Militar y le ordenó, entre otras medidas, que investigara, procesara y sancionara a los responsables.
En 2011, varias de las sobrevivientes solicitaron ser querellantes adhesivos en el caso. Entre ellas, María Hercilia Illescas de Estrada, Antonia Chigüil de Salanic, Josefa Andrade de Rodas, Natalia Galvez de Ramírez y Aura Elena Farfán.
La Fiscalía de Derechos Humanos continuó la investigación del caso junto a los querellantes. En marzo de 2016, el juez Gálvez incautó ocho planes militares relacionados con el caso, que fueron fundamentales para el avance de la investigación.
Pero no fue hasta 2021 que se produjeron las primeras capturas.
Conexiones entre el pasado y el presente
El caso del Diario Militar es complejo. No solo por estar dividido y contar con varios sindicados y acusados. Al menos dos de los señalados de más alto rango militar tienen vínculos con redes actuales de corrupción y crimen organizado.
Marco Antonio González Taracena, general de división retirado del Ejército y ministro de Defensa entre 1995 y 1996, fue jefe del Archivo General y Servicios de Apoyo, conocido como “El Archivo”, o “La Regional”, entre 1983 y 1985.
El Archivo era una unidad de contrainteligencia y espionaje del Estado Mayor Presidencial (EMP) que coordinaba con la Dirección de Inteligencia del Ejército (D-2) las operaciones especiales de inteligencia registradas en el Diario Militar. La fiscalía acusa a González Taracena como responsable de la desaparición forzada de 14 personas, del asesinato de tres, de un intento de asesinato, y de 21 cargos de crímenes contra la humanidad.
Al momento de su captura, en 2021, era vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), fundada en 1995 por altos funcionarios de inteligencia militar que se oponían a las negociaciones de paz. Varios de estos oficiales, incluyendo González Taracena, han sido señalados por tener vínculos con la Cofradía, una red de crimen organizado.
Avemilgua también se ha opuesto a los juicios contra los responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Durante el juicio por genocidio de 2013 contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, por ejemplo, Avemilgua lanzó una campaña política y mediática que negaba el genocidio y que buscaba desacreditar a los jueces, fiscales y testigos participantes en el juicio.
En 2019, en su calidad de vicepresidente de Avemilgua, González Taracena cabildeó para presionar al Congreso guatemalteco para que aprobara un proyecto de ley que buscaba conceder una amnistía general a todos los acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos vinculados al conflicto armado interno. El proyecto de ley fue finalmente bloqueado por la Corte de Constitucionalidad.
Avemilgua también se opuso a la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2006. Fue uno de sus críticos más vociferantes y apoyó los esfuerzos para asegurar su desaparición, lo que ocurrió en 2019.
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Otro sindicado en el caso Diario Militar con vínculos en las estructuras de poder en la actualidad es el coronel retirado del Ejército Jacobo Esdras Salán Sánchez, quien al momento de los hechos era el subjefe del curso de adiestramiento y operaciones especiales “kaibil”.
La Fiscalía afirma que Salán Sánchez coordinaba y operaba con la unidad de contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (D-2), y lo acusa de ser uno de los encargados de torturar a las personas detenidas. Está acusado de participar directamente en la desaparición forzada de al menos tres personas, el asesinato de una persona y una tentativa de asesinato. También enfrenta diez cargos de crímenes de lesa humanidad.
Según un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Salán Sánchez ha sido vinculado a varias redes de crimen organizado, entre ellas la Red Moreno, el grupo “Salvavidas” y la Cofradía.
WOLA también vincula a Salán Sanchez con la red criminal liderada por el general retirado Luis Francisco Ortega Menaldo, identificado por el Gobierno de Estados Unidos a principios de la década de 2000 como el líder de la mafia de la droga más poderosa de Guatemala.
Sálan Sánchez se vio obligado a dimitir del Ejército a instancias de la Embajada de Estados Unidos a finales de los años noventa, debido a sus presuntas conexiones con el narcotráfico. Sin embargo, siguió vinculado al poder.
Tras la elección de Alfonso Portillo, quien llegó a la presidencia de Guatemala en 2000 con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), formó parte de su círculo de asesores más cercanos.
En 2014, tras una investigación del Ministerio Público y la CICIG, Salán Sánchez fue condenado por el robo de Q120 millones del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Portillo. Salán Sánchez también ha estado implicado en otros casos de violaciones de los derechos humanos, como el secuestro y asesinato de varios estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 1989 y el asesinato del ciudadano estadounidense Michael Devine en 1990.
Otros exaltos oficiales militares sindicados en el Diario Militar
Otro sindicado en el caso del Diario Militar es el general retirado Víctor Augusto Vásquez Echeverría, quien fue comandante de la Zona Militar No. 3, ubicada en Chimaltenango, entre el 16 de abril de 1983 y el 31 de mayo de 1985.
Entre 2003 y 2005, la FAFG exhumó más de 200 restos humanos en el antiguo destacamento militar ubicado en el municipio de San Juan Comalapa, en Chimaltenango.
Entre 2011 y 2012, la FAFG identificó estos seis cuerpos, que habían sido localizados en la misma fosa dentro del destacamento militar, como víctimas registradas en el Diario Militar. Según consta en el documento, fueron ejecutados el mismo día:
Amancio Samuel Villatoro, registrado en la ficha No. 55
Sergio Saúl Linares Morales, registrado en la ficha No. 74
Zoilo Canales Salazar, registrado en la ficha No. 75
Juan de Dios Samayoa Velásquez, registrado en la ficha No. 78
Hugo Adail Navarro Mérida, registrado en la ficha No. 81
Moisés Saravia López, registrado en la ficha No. 88
Sus nombres y fotografías están registrados en el Diario Militar, junto a la anotación “29-03-84=300”. Según el Ministerio Público, esto se refiere al día en que fueron ejecutados, ya que “300” sería el código para indicar que las personas fueron asesinadas.
La Fiscalía acusa a Vásquez Echeverría de ser responsable de la desaparición forzada de estas seis personas ya que, como comandante de la zona militar, tenía bajo su mando, control y supervisión el destacamento militar de San Juan Comalapa.
También se le acusa de la desaparición forzada de Juan Pablo y María Quirina Armira López, dos hermanos que fueron enviados a la zona militar de Chimaltenango, según anotaciones en el Diario Militar.
Además, se acusa a Vásquez Echeverría del traslado ilegal de otras doce personas, entre ellas dos niños, a la zona militar de Chimaltenango.
Un cuarto militar de alto rango sindicado en el caso es el teniente coronel retirado Gustavo Adolfo Oliva Blanco, quien fue oficial de inteligencia clandestina y jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) entre el 16 de agosto de 1982 y el 1 de febrero de 1984.
Según la Fiscalía de Derechos Humanos, Oliva Blanco fue miembro de estructuras clandestinas e ilegales de inteligencia militar compuestas por unidades de élite comandos militares, la Policía Nacional y otros miembros clandestinos que habrían realizado los actos criminales registrados en el Diario Militar.
Los fiscales sostienen que Oliva Blanco autorizó a personal bajo su mando a realizar allanamientos y detenciones ilegales para privar de la libertad a civiles no combatientes identificados como enemigos internos por su activismo político. Esto, con el objetivo de obtener información para el sistema de inteligencia.
También se le acusa de haber creado las condiciones para que estas personas fueran recluidas en centros de detención clandestinos e ilegales, y de haberlas sometido a interrogatorios mediante torturas y tratos crueles e inhumanos.
Se le señala además de ser responsable de la desaparición forzada de al menos cuatro personas y de crímenes de lesa humanidad contra al menos 12 personas, entre ellas dos niños de cuatro y dos años.
Según la Fiscalía, durante los operativos de allanamiento y captura de los acusados, en la casa de Oliva Blanco fueron localizados archivos vinculados al caso. La Fiscalía presentó algunos de estos documentos en las imputaciones en contra de varios oficiales, pues hacían referencia a víctimas por las cuales están acusadas.
Los riesgos para el caso
Los hechos que se imputan en el caso del Diario Militar ocurrieron hace casi 40 años. Las familias de las víctimas han esperado cuatro décadas para llegar a tribunales. Consideran que hay grandes riesgos en el caso, tanto por la debilidad del sistema judicial actual, como por el poder de varios de los sindicados.
El proceso se desarrolla en el contexto de ataques en contra de fiscales y jueces independientes. En los últimos meses, estos ataques se han intensificado y han obligado al menos 22 jueces y fiscales independientes a huir de Guatemala. El caso más reciente fue el de Erika Aifán, una de las principales juezas anticorrupción de Guatemala, quien anunció su renuncia a finales de marzo, desde Washington, D.C., a causa de la falta de garantías para su vida e integridad física.
En octubre de 2021, poco después de las primeras capturas en el Diario Militar, Hilda Pineda fue removida como jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, puesto que ocupó durante cinco años.
A pesar de sus más de diez años de experiencia investigando casos de graves violaciones a los derechos humanos durante del conflicto armado interno, como el caso de Genocidio, el de Sepur Zarco y el de CREOMPAZ, fue traslada a dirigir la unidad de crímenes contra turistas. La orden la dio la Fiscal General, Consuelo Porras, quien ha sido señalada por el gobierno de Estados Unidos de graves hechos de corrupción.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales denunciaron que la apertura del proceso en el caso Diario Militar podía ser el motivo de este cambio.
Los familiares de las víctimas, el juez Miguel Ángel Gálvez y fiscales del caso han denunciado haber sido seguidos y vigilados. Algunos han recibido amenazas desde que inició el proceso de comparecencia.
Los abogados de la defensa presentaron además una moción de recusación en contra del juez Gálvez, bajo la argumentación de que no era imparcial, ya que, según alegaron, utilizaba “literatura de izquierda” —en referencia al informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico— en sus deliberaciones.
El 22 de septiembre de 2021, la Sala Segunda de Mayor Riesgo rechazó la moción, lo que permitió que el proceso avanzara hasta la actual etapa intermedia, que inició el 28 de marzo de 2022.
En Twitter, algunas cuentas anónimas, incluyendo una ya suspendida por violar las reglas de Twitter, utilizaron el hashtag #SomosLaPanel, en referencia a las furgonetas blancas que se utilizaban durante la guerra para secuestrar a disidentes políticos en la década de los ochenta. Los responsables de estas cuentas amenazaron a quienes habían presentado cargos contra los militares y policías del caso y dijeron que “pagarán un precio muy alto“.
Otro motivo de preocupación para los familiares y querellantes del caso es que un grupo de congresistas del partido Valor, presidido por Zury Ríos, presentó un nuevo proyecto de ley —apenas dos semanas después de las detenciones por el caso del Diario Militar, el 8 de junio de 2021— que busca la extinción de toda responsabilidad penal por los delitos cometidos durante el conflicto armado interno.
Entre los ponentes del proyecto de ley está Antonio Arenales Forno, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Arenales Forno fue Secretario de la Paz durante el gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, entre 2012 y 2015, actualmente procesado por hechos de corrupción. Según publicó el diario La Hora, Arenales Forno asesoró al expresidente Jimmy Morales en la estrategia diplomática para frenar la lucha contra la corrupción liderada por la CICIG.
Si este proyecto se convierte en ley, el caso Diario Militar quedaría cerrado y los acusados serían puestos en libertad. A su vez, todos los condenados o procesados por casos relacionados con el conflicto armado interno serían liberados de inmediato.
Para las personas sobrevivientes del caso, está en juego la oportunidad de lograr saber la verdad y alcanzar la justicia para sus familiares. Así lo hicieron saber los querellantes en el caso, Manuel Antonio Farfán, Alejandra Cabrera Tenas, Salomón Estrada Mejía y María Elisa Meza Paniagua. Durante la tarde del viernes 29 de abril, expresaron cómo les había impactado la desaparición forzada de sus familiares y solicitaron al juez Gálvez que enviara a juicio a los nueve acusados.
Las palabras de Meza Paniagua, quien perdió a sus padres y a su tía, resumen la razón porque estas personas han dedicado buena parte de su vida a buscar verdad y justicia para sus familiares desaparecidos:
“Yo no pedí vivir esto, señor juez, pero los sindicados así lo quisieron. Y yo, como mi papá, mi mamá y mi tía, no me iba a quedar sentada sin ellos. Así que aquí estoy, haciendo lo que me tocó. Pedir justicia, cuestionar a los sindicados por el paradero de mi papá y señalar al responsable de la violación y el asesinato de mi tía.
Yo me merecía tener una familia. A mi mamá, a mi papá y a mi tía. A los cuales yo pudiera nombrarles así. Con los cuales yo pudiera contar y hablar de nuestras historias y vivencias juntos y juntas. Pero los sindicados decidieron desaparecer a mi mamá y a mi papá, matarme a mi tía y por último matarme a mi mamá.
No me iba a quedar callada después de lo que los sindicados hicieron a mi alrededor. Aquí estamos, porque somos las voces de ellos y ellas. Somos las más de 45 mil. Somos las mujeres y los hombres que violaron, torturaron, desaparecieron. Somos las niñas y los niños que dejaron sin uno o dos, como en mi caso. Las niñas y los niños que perdieron la identidad. Somos seres humanos que soñaban con una Guatemala más justa. Somos las y los sobrevivientes. Somos las y los combatientes, que su único delito fue pensar diferente. Anhelar una vida digna y justa para todos y todas”.
Jo-Marie Burt es profesora de ciencias políticas de la Universidad George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Paulo Estrada es defensor de derechos humanos y miembro de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Burt y Estrada son codirectores del Observatorio Judicial Verdad y Justicia en Guatemala.
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