Por: Daniel Haering y María del Carmen Peláez

Se piensa en tiempos, en eficiencia, en formas de resolver las denuncias, pero no se considera ni se discute cómo la ciudadanía se acerca a las instituciones públicas. Si se pretende que estas sean mejores, la ciudadanía debe estar en el centro de la política pública. Se debe, por tanto, pensar en una categoría aparte: el acceso. 

Lo anterior, bajo el entendido de que el acceso se explica, para esos efectos, como la cercanía y accesibilidad del sistema de justicia a la población. 

Esta definición de acceso, no se debe confundir con el acceso a la justicia (que es un concepto mucho más amplio e integral, que implica hablar de la justicia no sólo desde la función pública, sino desde sus implicaciones políticas, sociales, culturales, económicas y antropológicas).

El acceso, definido como cercanía y accesibilidad al sistema de justicia, no es un acceso a la justicia. Es, más bien, un acceso a la jurisdicción. Acceder a la jurisdicción, en este sentido, significa acceder a la justicia formal, acudir a las instituciones oficiales de justicia para presentar una denuncia que pone en términos jurídicos y legales un hecho ocurrido.

Y, por otro lado, en un sentido integral y desde la perspectiva de los derechos humanos, el acceso a la justicia implica, entre otros, el derecho a la igualdad, y conlleva el alcance de asegurar y propiciar cercanía, confianza, facilidad y sencillez de diligenciar peticiones, demandas, conflictos, defensas, reivindicaciones y cualquier caso o situación ante el sistema de justicia. 

Por lo que, contemplar el acceso a la justicia, supone contemplar el acceso a la jurisdicción, y además, la debida observancia de derechos y garantías de los plazos legales, las respuestas del sistema de justicia a los casos que son sometidos a su conocimiento, la erradicación de la impunidad, y el gasto público en justicia. 

¿Cómo se puede medir el acceso a la jurisdicción?

Dada la aclaración anterior, para comenzar a abordar el tema de acceso, el primer reto a salvar es la recopilación de datos. 

Si las instituciones públicas no se preocupan por registrar información sobre usuarios (ya sean víctimas, victimarios en el caso de justicia penal o partes en cualquier otra disputa) va a ser muy difícil hacer análisis y más aún reorientar políticas públicas para hacerlas centradas en el usuario. 

La Balanza de Diálogos, un nuevo instrumento de transparencia en justicia, posee datos que nos permiten empezar a contemplar el perfil de personas que acceden, y las que no acceden, a la justicia penal en el país. 

Los datos con los que cuenta el Ministerio Público y que están sistematizados y accesibles en La Balanza son escasos, pero son un comienzo. 

El análisis de estos, como era de esperarse, muestra que el acceso es desigual, con diferencias significativas, como veremos más adelante, dependiendo, por un lado, de las características de las personas y por otro, de las políticas (o la ausencia de estas) de parte de las instituciones de justicia. 

Dadas las limitaciones de información antes mencionadas y teniendo en cuenta que este es un ejercicio preliminar para ahondar en los próximos años en la variable de acceso y su evolución. 

El 18 de este mes se cumplen cinco años de Consuelo Porras como fiscal general y es un buen momento para evaluar los datos presentes y futuros.

Para hacer una primera reflexión y análisis de la información pública a la que tuvimos acceso, en Diálogos definimos las variables a estudiar y proponemos las siguientes categorías:

• Características demográficas.
  • Urbano-rural. Guatemala sigue siendo un país muy rural si lo comparamos con la media latinoamericana. Por definición, los retos de acceso serán mayores en las áreas predominantemente rurales.

¿Quiénes denuncian en Guatemala por área geográfica?

El mapa de La Balanza permite extraer la data a nivel municipal donde están clasificados los municipios en las categorías rural y urbano. 

• Hombre-mujer. La variable de sexo es crucial para comprender el acceso a la justicia penal, especialmente desagregando, como nos permite La Balanza, el delito. 

¿Quiénes denuncian en Guatemala por sexo?

La evolución de 2008 a nuestros días es clara e indica que las mujeres encontraron mayor acceso a la justicia en los últimos años, pasando de una brecha de 13.2% a una de -0.5% entre mujeres y hombres.

Al respecto, es oportuno mencionar que en Guatemala, el 15 de mayo del año 2008, entró en vigencia el Decreto 22-2008 del Congreso de la República, que contiene la Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer. 

Este instrumento legal es un elemento sumamente importante a considerar para entender y dimensionar los datos anteriores, ya que regula conductas delictivas que se cometen específicamente contra las mujeres en un contexto histórico de discriminación, exclusión, machismo y misoginia. 

El solo hecho de que exista un marco jurídico con delitos que contemplan conductas como la violencia sexual, física, psicológica o económica, que puede denunciar cualquier mujer que es víctima de esas violaciones a sus derechos, implica ya un presupuesto importante para que más mujeres denuncien. 

A esto, además, debe agregarse la disposición de la misma Ley Contra el Femicidio, que dispone la creación de órganos jurisdiccionales especializados para la aplicación de la ley. 

Tal disposición se ha ido materializando paulatinamente (a partir de 2010, cuando se formalizan los primeros órganos jurisdiccionales de esta naturaleza) con la creación de diversos órganos jurisdiccionales con distintas competencias por grado y por territorio. 

Al respecto, cabe destacar que los primeros departamentos en contar con estos órganos especializados fueron Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango.

Aunado a lo anterior, es oportuno anotar que los datos reflejan que las denuncias de mujeres se registran principalmente en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango. 

Asimismo, en cuanto a los delitos más denunciados, se verifica que, precisamente, el delito que más denuncian las mujeres es el de Violencia Contra la Mujer. Diálogos ha profundizado, también, en el estudio y la comprensión de este fenómeno desde el área temática de Seguridad y Justicia.

Para concluir este punto en particular es importante decir que en virtud de las cuestiones expuestas y, concretamente, de los datos de La Balanza, se ha determinado que probablemente existe una posible correlación entre el número de denuncias que presentan las mujeres y el marco institucional y normativo de protección específica que atiende a las condiciones diferenciadas y de vulnerabilidad a las que históricamente se han enfrentado. 

• Características culturales.
  • Pueblo de pertenencia. En pocos lugares se ve de manera tan clara el problema de recopilación de información.

¿Quiénes denuncian en Guatemala por pueblo de pertenencia?

Como se puede ver en la gráfica, la parte coloreada de celeste corresponde a los casos de los que no se tiene información del pueblo de pertenencia del denunciante. 

La mala noticia es que los sistemas de información de las instituciones del sistema de justicia cuentan con escasísimos datos al respecto. La buena es que en los últimos años se han recopilado cada vez más datos (antes de 2016 son prácticamente inexistentes) abriendo la posibilidad de mejorar en el conocimiento de los usuarios año con año. 

Asuntos pendientes: ¿Cómo se puede medir el acceso a la justicia?

A la par de algunos datos que se tienen, existe una gran cantidad de variables que desconocemos.  No tenemos, por ejemplo, manera de medir la confianza en el sistema de justicia y cómo afecta al acceso. 

Tampoco somos capaces de dimensionar variables étnicas, culturales o identitarias de las personas denunciantes o denunciadas ante el sistema de justicia y la influencia que esto tiene en el resultado final. 

Sobre todo si pudieran medirse las que determinan diversas condiciones de vulnerabilidad como podría ser la situación socioeconómica, las discapacidades, identidad de género u orientación sexual. 

Necesitamos, también, conocer más sobre las características demográficas, culturales y económicas de los funcionarios que integran el sector justicia y entender si eso juega o no un rol en su ejercicio. 

Sería oportuno identificar y medir el subregistro que seguramente existe con respecto a los delitos cometidos y las personas víctimas que efectivamente los denuncian. 

Asimismo, la cercanía física de las oficinas públicas de justicia a ciertas comunidades (sobre todo en áreas rurales, lejanas a los centros de los municipios), bajo la estricta consideración, además, de las capacidades, competencias y facultades que realmente cumplen dichas instituciones en los lugares concretos. 

Finalmente, estos análisis deben propiciar la comprensión multidimensional que implica el acceso a la justicia, e integrarse a otras categorías como la privación de libertad y la observancia de las garantías procesales, los tiempos, las salidas procesales, la impunidad y el gasto público en justicia.

Así es claro que todavía falta mucha información para entender quiénes y por qué acceden a la justicia, además del cómo acceden. Se requiere de investigaciones con entrevistas a profundidad, de mejorar y enriquecer los registros introducidos en los sistemas internos de las instituciones de justicia y de mayor interés y voluntad por integrar variables que caractericen a las personas. 

Por ello, se espera que el presente análisis preliminar resulte útil para poner sobre la mesa los datos y los primeros hallazgos de La Balanza y, sobre todo, la voluntad de seguir ahondando y midiendo esta parte del desempeño del sistema de justicia. 

Ojalá el Ministerio Público y el Organismo Judicial se unan y se comprometan a esfuerzos como este.

Este artículo académico fue elaborado por Diálogos a través del equipo Lucha Anticorrupción y Transparencia basados en los datos del proyecto La Balanza una herramienta de uso público con datos e información sobre el sistema de justicia guatemalteco. Diálogos es un centro de pensamiento que investiga distintos fenómenos sociales aportando datos y análisis para la toma de decisiones basadas en evidencia.