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Comunidades demandan al Estado en la CIDH y PNC captura a dos de sus líderes

El mismo día en que se anunció que comunidades q’eqchi’es de El Estor, en Izabal, y de Panzós, en Alta Verapaz, habían demandado al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la operación del proyecto minero de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la Policía Nacional Civil detuvo a dos de sus líderes.

El 13 de enero de 2022, Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas, informó que había firmado una resolución con la que reactivaba el proyecto minero Fénix, de la …

El 13 de enero de 2022, Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas, informó que había firmado una resolución con la que reactivaba el proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en el Estor, Izabal

El proyecto había sido detenido en enero de 2021, un año y medio después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitiera una sentencia en la que ordenaba su suspensión. El argumento de la CC fue que no se había celebrado una consulta comunitaria en El Estor antes de poner en marcha el proyecto de explotación minera.

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El Ministerio de Energía y Minas reanudó las operaciones de la mina después de realizar esta consulta comunitaria que inició el 12 de noviembre de 2021, en medio de un Estado de Sitio que el gobierno había decretado por las protestas de pobladores que se oponían al funcionamiento de la CGN. 

Sin embargo, 47 comunidades indígenas que pretendían acreditarse en el ministerio para participar en este proceso señalaron que fueron excluidas de la consulta.  

El 8 de junio de 2022, casi seis meses después de que Pimentel anunciara la reactivación del proyecto, comunidades q’eqchi’es de El Estor y de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz, presentaron una demanda contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  En la misma, señalaron que no fueron consultados para aprobar la operación de la minera, que se les ha despojado de sus tierras y que han sido perseguidos judicialmente por oponerse al proyecto. 

Juan Castro, abogado y director del Bufete para Pueblos Indígenas, que acompaña legalmente a las comunidades, informó en una conferencia de prensa el 13 de junio que la demanda fue firmada por  representantes de 22 comunidades de El Estor y Panzós y por organizaciones y personas que se oponen a la minera. 

“Debido a la negación de acceso a la justicia por parte del Estado de Guatemala, ante el despojo de nuestras tierras, la contaminación de nuestro territorio y bienes naturales y la negación al derecho a ser consultados, acudimos ante el sistema interamericano”, dijo uno de los representantes de las comunidades quien, junto con otros líderes, prefirió no dar su nombre por seguridad.  

De acuerdo con el abogado Juan Castro, la demanda de las comunidades describe tres aspectos que, según denuncian, han violado los derechos humanos de la población q’eqchi’: 

El primero, el despojo sistemático de tierras comunales q’eqchi’es en las que estaría asentado el proyecto de explotación minera. “Hay que revisar la legalidad de por lo menos de 1,500 caballerías de tierras”, dijo el abogado. 

Esta no es la primera vez que se busca demostrar, a través de una demanda, que el lugar donde está la mina es territorio ancestral de las comunidades q’eqchi’es. La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce el caso de la comunidad Agua Caliente, de El Estor, que busca que se reconozca que sus tierras son ancestrales y exigen un título de propiedad para decidir sobre estas. 

El segundo punto que se planteó en la demanda fue la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada, explicó Castro. “La consulta fue hecha de forma secreta. Se llevó a cabo fuera  de El Estor y en el marco de un Estado de Sitio. Eso es totalmente violatorio a los derechos humanos y tergiversa el diálogo que debe abrirse entre las comunidades y el Estado”, señaló. 

El abogado indicó que el otro aspecto que sostiene la demanda es el derecho al debido proceso, que ha sido prohibido. “El Estado de Guatemala ha utilizado el derecho penal para reprimir la protesta social de las comunidades, se ha perseguido a comunitarios solo por levantar la voz contra El Estado. Hay varios procesos abiertos y varias órdenes de capturas”, dijo Castro. 

Después de las protestas realizadas en 2017 en contra de la minera, el Ministerio Público (MP) emprendió un caso contra personas que se manifestaron. Cinco años después, cuatro pescadores y un periodista aún enfrentan cargos. Además, durante el Estado de Sitio de 2021 se realizaron allanamientos en casas de líderes comunitarios y periodistas y se giraron órdenes de captura. 

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“La situación por la que estamos acá es porque los pescadores en el año 2017 encontraron el lago de Izabal como si fuera sangre y porque las instituciones no han tomado en cuenta nuestras denuncias, y ahora nuestros cultivos no están creciendo”, dijo otro representante de la comunidad. 

El líder se refería a una mancha roja que apareció en ese lago y que fue una de detonantes de las protestas ese año. En una de las manifestaciones murió el pescador Carlos Maas, quien también fue recordado durante la conferencia de prensa por una de los autoridades comunitarias, ya que su caso sigue impune. 

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La captura

El mismo 13 de junio, horas después de la conferencia de prensa, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Cristóbal Pop Coc, de 45 años, y Roque Sub Sacul de 50 años. Pop Coc es presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, de El Estor. Sub Sacul es autoridad del Consejo Ancestral maya q’eqchi’ de Panzós.

Ambos fueron capturados cuando regresaban a sus departamentos desde Ciudad de Guatemala. Según el reporte policial, Pop tenía una orden de captura por el delito de incitación a delinquir y Sub por el cargo de detenciones ilegales con circunstancias agravadas. 

Según el reporte de la PNC, las órdenes de aprehensión habían sido dictadas el 21 de septiembre de 2021. Los hechos de los que les señalan serán conocidos en la audiencia de primera declaración. 

Los dos fueron trasladados a la Torre de Tribunales, en Ciudad de Guatemala, para hacerles saber el motivo de detención. Juan Castro, el abogado que acompaña a las comunidades, explicó que serán trasladados a Izabal y Alta Verapaz respectivamente, pues fueron juzgados de esos departamentos los que emitieron las órdenes de detención. 

Una denuncia de la Contraloría 

Hace dos semanas, se dio a conocer que la Contraloría General de Cuentas (CGC) había denunciado a Alberto Pimentel y a Luis Alfonso Chang, titular y extitular del Ministerio de Energía y Minas. 

La CGC los denunció por no haber suspendido el proyecto de la Compañía Guatemalteca de Níquel en El Estor, como lo había ordenado la Corte de Constitucionalidad. La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por la institución fiscalizadora. 

La Fiscalía de Delitos Administrativos, a cargo del caso, dijo que no contaba con la denuncia, pese a que la Contraloría tiene un documento en el que consta que sí fue recibida por el MP. 

José David López Vicente

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