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MP dice que no recibió la denuncia de la Contraloría por no suspender mina Fénix

La Contraloría General de Cuentas asegura que después de diez meses, el Ministerio Público (MP) no los ha llamado para ratificar la denuncia que presentaron contra Alberto Pimentel y Luis Alfonso Chang, titular y extitular del Ministerio de Energía y Minas. La CGC los denunció por no suspender el proyecto de la Compañía Guatemalteca de Níquel en El Estor. La fiscalía a cargo argumenta que no tiene la denuncia, pese a que la Contraloría cuenta con un documento en el que consta que sí fue recibida por el MP.

El 18 de julio de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia con la que ordenó la suspensión del proyecto minero Fénix, propiedad de la Compañía Guatemalteca de …

El 18 de julio de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia con la que ordenó la suspensión del proyecto minero Fénix, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ubicado en El Estor, Izabal.

En la resolución, la máxima corte de Guatemala argumentó que no se había celebrado una consulta comunitaria en El Estor antes de poner en marcha el proyecto de explotación minera. 

Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas no ordenó que se interrumpieran las operaciones hasta el 25 de enero de 2021, es decir 18 meses después, de acuerdo con una auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en septiembre de 2021. 

En la auditoría, que llevó a cabo una comisión de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Contraloría, se estableció, por medio de inspecciones de campo y declaraciones juradas de producción de la CGN, que el derecho minero continuaba activo hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Como consecuencia de este retraso en la suspensión, el 30 de agosto de 2021, la Contraloría presentó una denuncia en el Ministerio Público contra Luis Alfonso Chang Navarro, quien era ministro de Energía y Minas cuando la CC emitió su sentencia; y contra Alberto Pimentel Mata, actual ministro de la cartera, quien no suspendió a la minera cuando asumió el cargo.   

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Ministro dice que desconocía el fallo contra la CGN 

Como parte del proceso de la auditoría que hizo la Contraloría, Pimental presentó su justificación para desvanecer los señalamientos. El funcionario aseguró que desconocía la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Según dijo, la Dirección General de Minería y la Asesoría Jurídica del ministerio no le informaron sobre el caso cuando asumió como ministro, a pesar de que él les había solicitado que le actualizaran sobre los temas relevantes de la cartera.

“Las unidades con incidencia en asuntos judiciales (Asesoría Jurídica) y la instancia encargada de conocer el tema minero (Dirección General de Minería) dentro de sus informes rendidos no informaron pendientes relacionados con el derecho minero Fénix”, aseguró Pimentel a la Contraloría. 

El ministro indicó además que no supo de la resolución de la CC hasta el 2 de enero de 2021, luego de que la Asesoría Jurídica y la Dirección General de Minería le enviaran informes sobre el caso. “Habiéndome enterado de la existencia de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad y verificado que efectivamente esta no había sido cumplida (…) procedí inmediatamente a dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional”,  aseguró.  Esto ocurrió el 25 de enero de 2021. 

Pimentel señaló como responsable de no haber ejecutado la resolución al ministro anterior: Luis Alfonso Chang Navarro. Por eso, el 21 de febrero de 2021 presentó una denuncia en el Ministerio Público contra quien fuera responsable de haber incumplido la sentencia de la CC. 

En la auditoría realizada por la Contraloría, la institución también señaló a Chang por no haber cumplido la resolución de la CC. En una nota que envió a la Contraloría para desvanecer los hallazgos, el exfuncionario aseguró que no tenía responsabilidad porque la ejecutoria del amparo provisional con el que se suspendió el proyecto se notificó al ministerio el 22 de marzo de 2021, cuando él ya había finalizado su gestión. 

Sin embargo, la Contraloría consideró que los argumentos de Chang y Pimentel no fueron suficientes para desvanecer los señalamientos. En la auditoría determinó que el amparo provisional debía acatarse desde el 19 de julio de 2019, cuando se emitió la sentencia de la Corte.

La CGC recalcó que en esta sentencia, la CC había hecho énfasis en que la suspensión del proyecto minero debía cumplirse “en tanto durara la tramitación del presente amparo” y “que los efectos del amparo provisional prevalecen hasta que el fallo definitivo cause firmeza”. 

En esa línea, la CGC indicó Pimentel es responsable de no haber ejecutado la resolución desde el momento en que asumió como ministro, el 14 de enero de 2020.

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La denuncia que no aparece 

Tras rechazar los alegatos de Pimentel y Chan, el 30 de agosto de 2021, la comisión de la Contraloría que estuvo a cargo la auditoría presentó la denuncia contra Chang y Pimentel. El Ministerio Público la asignó a la Fiscalía de Delitos Administrativos. 

Según la Contraloría, la denuncia se unió al expediente MP001-2021-5868, que se había abierto con la denuncia que presentó Pimentel en febrero de 2021. 

Mónica Monge, portavoz de la Contraloría, aseguró que, hasta el 31 de mayo de 2022, la Fiscalía no había solicitado que la institución ratificara la denuncia que interpuso hace diez meses. 

Según un fiscal consultado por Ocote, el MP suele solicitar que se ratifiquen las denuncias presentadas, antes de iniciar a investigar el caso. Esto, porque las personas o instituciones que denuncian pueden contar con otros documentos o evidencias que sean relevantes para las indagaciones. 

Edwin Marroquin es el jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Antes, integró la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y fue parte del caso que se abrió por el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. 

Se le consultó sobre los avances en la investigación y por qué razón no se había llamado aún a la Contraloría para que ratificara la denuncia. 

El funcionario aseguró que dentro del expediente MP001-2021-5868 no figura la denuncia de la Contraloría, a pesar de que en el informe de la institución sí se detalla que la denuncia fue incorporada a este expediente. “Ya revisamos el expediente hoja por hoja y no existe nada de la Contraloría General de Cuentas”, dijo Marroquín. 

Sin embargo, la Contraloría cuenta con un documento en el que consta que la denuncia fue identificada con número DAJ-D-077-2021 y fue recibida en el Ministerio Público el 31 de agosto de 2021 a las 11:23 horas. Además, en el documento se describe que, efectivamente, se incluyó en el expediente MP001-2021-5868

Sobre la denuncia que puso el actual ministro, Alberto Pimentel, en febrero de 2021, hace 18 meses, el fiscal Marroquín dijo únicamente que habían solicitado información a diferentes instancias y que tenían “algunas dudas” en relación al amparo que suspendió las operaciones. Estas dudas, dijo, tenían que ver con “varios recursos de aclaración y ampliación que fueron planteados” después de la resolución de la CC

La reactivación

El proyecto minero Fénix fue reactivado en enero de 2022, después de que el Ministerio de Energía y Minas finalizara una consulta comunitaria en El Estor, en diciembre de 2021. 

Aun así, 47 comunidades indígenas que se oponen a la CGN y que pretendían acreditarse en el ministerio para participar en la consulta, señalan que fueron excluidas de la misma. 

Robin Sicaján, director de la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral -conocida como Defensoría Q’eqchi’-  afirma que la defensoría, autoridades ancestrales y un grupo de pescadores denunciarán el proceso de consulta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio.

Esperan que este órgano internacional investigue las posibles anomalías y las violaciones de derechos humanos que consideran que se han cometido contra los pobladores que se oponen a la minera. Varias de estas anomalías fueron señaladas en el especial periodístico Mining Secrets, publicado en marzo de este año.

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En 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales, la Policía Nacional Civil reprimió a decenas de personas que protestaban contra la empresa, señalada de contaminar el Lago de Izabal. Lo mismo ocurrió en octubre de 2021, cuando las fuerzas estatales desalojaron a los manifestantes que mantenían un bloqueo contra la empresa.

José David López Vicente

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