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Luis Pacheco y Héctor Chaclán, expresidente y extesorero de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán saldrán de prisión, después de más de 15 meses recluidos a petición del Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y la Fundación contra el Terrorismo (FCT) que a partir de ahora ya no formará parte del proceso.
Ambos exdirigentes son criminalizados tras encabezar el Paro Nacional que en 2023 permitió la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo.
Su caso no es único, otras dos autoridades ancestrales (Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones, y Esteban Toc, exvicealcalde indígena de Sololá) enfrentan proceso penal por el mismo motivo. Otro grupo de liderazgos ancestrales se encuentra en el exilio por esta criminalización.
Durante la audiencia para conocer las medidas de coerción, el 4 de agosto de 2026, el MP y la Procuraduría General de la Nación (PGN) aceptaron terminar con la prisión preventiva de Pacheco y Chaclán.
«Los peligros de fuga han sido desvanecidos a través del arraigo, asimismo, el peligro de obstaculización de la justicia», aseguró el fiscal Cristian Arturo Beteta Valenzuela.
«Privarlos de libertad sería agravar la situación», agregó Julio César López Bravo, el abogado de la PGN.
Las condiciones
Mynor Moto, juez que lleva el caso de los exlíderes ancestrales, aceptó beneficiarlos con prisión domiciliaria a cambio de presentarse a la sede del Ministerio Público cada mes.
Sin embargo, también ordenó que cada uno pague una caución económica de Q160 mil quetzales. El criterio del juzgador es que la medida intenta compensar pérdidas económicas durante los 106 días del Paro Nacional.
Eduardo Tax, actual presidente de los 48 Cantones, dijo que están «contentos con la resolución» en favor de sus exdirigentes. Además, agregó que «tendrán que platicar» para definir cómo pagarán la caución económica que suma Q320 mil.
Ligados a otro delito
El antiguo MP acusó a Pacheco y Chaclán de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, obstrucción de la justicia, terrorismo y obstaculización a la acción penal. El 25 de abril de 2025, en la audiencia de primera declaración, la jueza Carol Patricia Flores aceptó solo los últimos dos.
El MP apeló dicha resolución y la Sala Cuarta de Apelaciones decidió agregarles también el delito de asociación ilícita desde 2025. Sin embargo, como el caso habia mantenido un retardo malicioso por parte de la FCT, la diligencia se había suspedido en repetidas ocasiones.
Ahora, el juez Moto hizo efectiva la decisión de la sala y ambos quedaron ligados a proceso también por este delito. También aceptó la solicitud de los abogados defensores de ampliar el plazo de investigación para este delito. Otorgó un mes más de investigación.
Por ello, la audiencia de etapa intermedia, en donde las partes presentan sus pruebas y el juez decide si envía a los acusados juicio, fue programada para el 22 de septiembre.
La inclusión del delito de asociación ilícita fue rechazada por Eduardo Tax. «Nosotros no somos una asociación ilícita. Los 48 Cantones tienen más de 200 años de existencia», dijo a Agencia Ocote al finalizar la audiencia.
Fuera la Fundación contra el Terrorismo
El juez Moto también conoció un memorial de la FCT en el que solicitó mantenerse en el proceso como querellante adhesivo, pese a que ni su presidente, Ricardo Méndez Ruiz o su abogado, Raúl Falla se presentaron.
Los defensores de Pacheco y Chaclán se opusieron. «No estar presente denota falta de interés», indicó también López Bravo, en nombre de la PGN.
Moto resolvió dejar a la FCT fuera del caso. Desde la captura de Pacheco y Chaclán, el 23 de abril de 2025, esta organización mantenía el proceso estancado. Lo hizo a través de un litigio malicioso, basado en denunciar y recusar a los jueces que lo conocían, con la pasividad del anterior MP.
Entre retraso y retraso lograron que el proceso llegara al juez Fredy Orellana, sancionado por el gobierno de los Estados Unidos (desde 2023) y la Unión Europea (2024). Él se abstuvo de conocerlo por lo que pasó a manos de Mynor Moto, juez B del Juzgado Tercero.
Moto estuvo separado del puesto durante dos años entre 2021 y 2023. En ellos, logró evadir dos órdenes de captura giradas en su contra por casos de corrupcion. La primera, por obstrucción a la justicia, vinculado al caso Comisiones Paralelas y la segunda por cobro de sobornos relacionado con el caso Libramiento de Chimaltenango.
Ahora, para la etapa intermedia, en septiembre próximo, deberán comparecer los cuatro líderes indígenas ante el juez Moto.
Luis Pacheco y Héctor Chaclán, podrían recuperar su libertad en los próximos dias, cuando formalicen la caución económica. Mientras que Basilio Puac y Esteban Toc esperan en esa condición desde 2025.
