Entre 1982 y 1983, durante los años más cruentos del conflicto armado, decenas de mujeres achies fueron violadas. La mayoría de ellas estaban solas. Habían perdido a sus esposos, padres y hermanos durante la guerra. Algunos habían sido asesinados y otros desaparecidos por las fuerzas estatales.

En 2011, 36 de ellas decidieron denunciar en el Ministerio Público (MP) la violencia sexual que habían sufrido en esos años. El camino para alcanzar la justicia empezó entonces, pero se alargó durante más de una década.

Las mujeres esperaron siete años para que la fiscalía presentara el caso en los tribunales, pero cuando ocurrió, se enfrentaron a una realidad que no esperaban. El MP acusaría únicamente a quienes cometieron las violaciones contra cinco de ellas, pese a que se habían recolectado pruebas que implicaban a mandos militares que habrían consentido que sus soldados y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) violaran a las demás.

Durante el proceso judicial, Claudette Domínguez, la titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, decidió archivar de manera permanente el caso contra tres de los acusados y lo cerró provisionalmente para otros cinco. La jueza enfrenta hoy una denuncia por racismo que fue presentada por el trato que tuvo hacia las mujeres y hacia sus abogadas mayas. 

De los dos grupos de acusados, solo el caso de los cinco hombres volvió a abrirse tras batallas legales en las salas de apelaciones. Avanzó cuando pasó a las manos del juez Miguel Ángel Gálvez, que decidió enviarlos a juicio. Los acusados en el caso son Benvenuto Ruíz Aquino, Bernardo Ruíz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Albarado y Francisco Cuxum Alvarado. Todos ellos eran patrulleros de autodefensa civil.

La sentencia la dictará el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por Yassmin Barrios, quien inició el juicio en contra ellos el 5 de enero de 2022.

Los cinco podrían enfrentar una condena de hasta 30 años por delitos contra los deberes de la humanidad en modalidad de violencia sexual.

Ana Lucía Xiloj, abogada indígena k’iche’ que representa a las víctimas, habla en esta entrevista sobre ese laberinto que han tenido que sortear para llegar al fin del juicio que se celebrará este lunes 24 de enero.

El caso empezó una década después de que las mujeres denunciaran las violaciones que sufrieron ¿Qué provocó que se demorara tanto?

El Ministerio Público se tomó siete años para judicializar el caso, pese a que contaba con los medios de prueba para hacerlo desde 2015. Esto fue porque decidió presentar antes el caso Creompaz, que conllevó que muchos fiscales de la la Fiscalía de Derechos Humanos se involucraran en el proceso. Fue así entonces que el caso se quedó esperando su turno.

Otro factor además era que la jueza Claudette Domínguez estaba a cargo de las dos carpetas judiciales. Y luego cuando ya se judicializa (en 2018) empiezan las complicaciones con ella. En 2019, la jueza cerró por un tiempo el caso para los cinco patrulleros que hoy se juzgan y archivó de forma permanente el caso para otros tres (Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Felix Tum Ramírez).

Nosotras y el Ministerio Público decidimos entonces presentar apelaciones y una recusación contra la jueza. Finalmente el caso contra los cinco se vuelve a abrir y es conocido por el juez Miguel Ángel Gálvez, que decide enviarlos a juicio. Irónicamente el caso contra ellos avanzó durante la pandemia de COVID-19. Pero aún están pendientes que se resuelvan los recursos para que se abra el caso contra los otros tres.

Pese a esa demora para judicializar el caso, solamente se están juzgando las violaciones que se cometieron contra cinco de las mujeres y no contra las 36. ¿Por qué?

Fue una decisión del Ministerio Público. En 2018, la fiscalía nos dijo: “O seguimos trabajando el caso de manera más integral o nos vamos sólo con los actores materiales que ya están plenamente identificados y ubicados”.

Nosotras ya habíamos esperado mucho tiempo para que el caso se judicializara, lo habíamos empezado en 2011, entonces decidimos aceptar la propuesta. Ahora esperamos continuar con una segunda fase que alcance a los militares que consintieron las violaciones. Aunque sabemos que es un poco improbable con la actual Fiscal General.

¿Qué pasa entonces con los testimonios y denuncias de las 31 mujeres restantes?

En el expediente aparecen las 36 mujeres y los testimonios de 23 de ellas que declararon en anticipo de prueba por su avanzada edad o porque están enfermas. Por eso en el juicio los peritajes también mencionaban a las 36 mujeres, que fueron las que empezaron este caso, con el que hemos evidenciado que no solo las cinco mujeres fueron víctimas, sino que fueron las 36 y que se trató de una estrategia contrasubversiva dirigida contra los cuerpos de las mujeres mayas de Rabinal.

¿Por qué las violaciones contra las mujeres achies son consideradas como una estrategia contrasubversiva?

Se cuestiona muchas veces que no fue una estrategia porque no hubo órdenes directas de violar a las mujeres, algo que también sucedió en el caso del genocidio ixil. Por supuesto que no se encontrará un documento que diga expresamente que se cometa genocidio o violencia sexual.

Nosotras consideramos que forman parte de las operaciones militares de control físico y psicológico porque es un patrón que se repitió en varias partes de Guatemala como Chimaltenango, en el área ixil, y que ha sido demostrado en los casos Sepur Zarco (mujeres q’eqchi’s que militares violaron) ​ e incluso en uno más individual como el caso Molina Theisen (Emma Guadalupe Molina Theissen fue violada y torturada por militares).

En todos estos casos el Ejército tenía que controlar a los militares y a las Patrullas de Autodefensa Civil. Era su obligación. Pero en todos estos hechos no hubo sanciones. Eso significa que hubo una tolerancia de parte del Estado. Casos internacionales han determinado que más que tolerancia es una estrategia, pues se da una orden abierta de controlar física y psicológicamente a la población usando todo los medios. No era una estrategia explícita, sino implícita.

¿Cuáles son los patrones que se han repetido en los casos de violencia sexual ocurridos en Sepur Zarco y el área ixil?

En todos estos lugares se separaban a las mujeres de sus esposos y sus familias. Las dejaban en un estado de indefensión para luego trasladarlas a destacamentos y atacarlas. Las violaban y las sometían a servidumbre.

En el caso de Sepur Zarco se condenó al encargado del destacamento militar. ¿En este caso ustedes también buscaban llegar a altos mandos y no solamente a los integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil?

Definitivamente. Ellos están plenamente identificados. Hay muchos obstáculos para poder llegar a estas personas. Primero porque se trata de militares vinculados a otros casos como Creompaz y muchos de ellos están prófugos o son de avanzada edad. Se podría solicitar su orden de captura, pero si no ha sido posible en casos como este, es poco probable que también se cumpla en el de las mujeres achies.

Otro problema que es característico de los casos del conflicto armado es que las víctimas están falleciendo (Rosalina Sic Che, Seferina Roman López y Jesusa Osorio Sánchez) y los victimarios también.

Por ejemplo, uno de los nombres que surgió en el juicio fue el del comandante José Antonio Solares, que era encargado del destacamento militar de Rabinal y que murió hace un par de años. Pero sin duda la construcción de la investigación, de los peritajes, estaba encaminada a vincular a los militares que tienen responsabilidad.

¿Cuál fue la justificación técnica del Ministerio Público para no proceder contra los mandos militares?

Desconocemos cuáles fueron los argumentos. Llevamos diez años con esta investigación, donde se establecieron la estructura militar y los posibles responsables. Además un peritaje determinó que ellos eran responsables por no ejercer el control sobre los soldados y los patrulleros de autodefensa civil. Tenían la responsabilidad de revisar sus acciones y no lo hicieron. Con lo que teníamos para nosotras había suficientes medios de prueba para vincular a estas personas.

¿Aparte del comandante José Antonio Solares, hubo otros militares que fueron identificados como posibles responsables?

Está Juan Antonio Ovalle Salazar, uno de los encargados de la zona militar 21, que fue detenido en el caso Creompaz. Contra él se pudo proceder, pero por decisión del Ministerio Público únicamente se ha procedido contra los patrulleros de autodefensa civil.

¿Qué mandos específicos del Ejército eran los responsables de las PAC?

En el inicio estaban bajo la coordinación del encargado de operaciones del Estado Mayor de la Zona Militar 21 y posteriormente bajo el encargado de asuntos civiles, que es el S5. Hubo cambios en la estructura, pero siempre fueron militares quienes los tenían a cargo.

¿Como abogadas de las mujeres continuarán insistiendo en perseguir a los mandos militares?

Es un análisis que todavía no hemos hecho porque es un desgaste emocional para las mujeres. Desde el 2011 que se presentó el caso, las mujeres han tenido obstáculos en el sistema de justicia. En 2019, ellas tuvieron una resolución desfavorable por parte de la jueza Claudette Domínguez, que decidió clausurar parte del caso en la primera fase del proceso. Eso para ellas fue bastante complicado.

Y ahora en el juicio ha sido difícil para ellas escuchar que cuestionan sus testimonios. Además algunas de ellas están enfermas. Por otro lado, creemos que la elección de un nuevo Fiscal General este año también será un elemento que debemos analizar.

¿Por qué en el caso de las cinco mujeres sí se pudo identificar a quienes las habían violado y con el resto no?

La mayoría de las mujeres no reconocen a quienes cometieron la violencia sexual. Ellas fueron detenidas por el Ejército y llevadas al destacamento militar donde fueron violentadas por soldados que no conocían, que no eran de la comunidad. En cambio, las cinco víctimas del juicio reconocen directamente a los patrulleros de autodefensa civil porque eran de su comunidad.

Por eso en el caso de la mayoría de víctimas se investigaba a los militares que tenían la obligación de supervisar las acciones de estos soldados, tal como ocurrió en el caso Sepur Zarco, en el que se condenó al teniente Esteelmer Francisco Reyes Girón, encargado del recinto militar donde violaron a un grupo de mujeres q’eqchi’es.

El caso empieza con la denuncia de 36 víctimas, pero ¿podría haber más mujeres de este municipio que hayan sufrido violencia sexual de parte del Ejército y las PAC?

Así es. En la actualidad se está documentando un nuevo caso con más víctimas. Además lo que ocurre en este tipo de procesos del conflicto armado es que las mujeres deciden únicamente denunciar las desapariciones y muertes de sus familiares, y no los vejámenes que se cometieron contra ellas. Siempre se les ha hecho creer que ellas como mujeres deben soportar todo. En este caso incluso las mujeres se centraban en los hechos que sufrieron sus esposos y familiares, y no en lo que ellas habían sufrido.

¿Las declaraciones de las mujeres han sido las pruebas más importantes en este juicio?

Las principales pruebas han sido las declaraciones de las cinco víctimas directas. Solo una de ellas (Pedrina López de Paz) pasó al estrado del tribunal que está celebrando el juicio, pues cuatro de ellas ya habían presentado su testimonio como anticipo de prueba entre 2017 y 2018.

Se presentó también un peritaje de género de la doctora Aura Cumes que explica por qué se violentó el cuerpo de las mujeres como parte de la política contrasubversiva del Estado. Otro importante fue el Marc Drouin, que establece que el Ejército tenía responsabilidad sobre las Patrullas de Autodefensa Civil.

Aparte de las declaraciones de las mujeres, también hubo declaraciones de otras personas de la comunidad que presenciaron estos hechos.

Sí, tuvimos testigos que narraron cómo separaron a las mujeres de los hombres y que luego se cometieron violaciones contra ellas. Otros identificaron a las personas que están siendo juzgadas como integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil.

Hubo dos personas que eran parte de las PAC y que testificaron contra ellos. Además, uno de los testigos entrevistó a varias personas que fueron patrulleros de autodefensa civil para una investigación que realizaba y con la que se determinó cómo operaban.

¿Qué ha significado para ellas haber sido escuchadas ante un tribunal 40 años después de los crímenes que cometieron en su contra?

Fue bastante importante. Ellas aparte de ser escuchadas, querían entender por qué sufrieron esas vejaciones. Ahora, gracias a los peritajes y los demás testigos, ellas dicen que han empezado a comprender por qué ocurrieron estos hechos. Aunque también les ha indignado y frustrado que se les cuestione sus testimonios de parte de la defensa.

Si no fuera cierto, ellas dicen que podrían estar tranquilas en su casa y no tendrían que pasar por lo que han pasado durante todo el proceso. Ellas quieren que se haga justicia, que se conozca la verdad. Es una forma de dignificarlas por lo que vivieron y una manera para que en sus comunidades sepan que no fueron culpables de lo que les ocurrió y que en realidad fueron víctimas.

Los acusados del caso residían en las mismas comunidades que las mujeres, ¿esto ha supuesto represalias contra ellas?

Algunas ya no viven en estas comunidades y eso les facilita seguir con sus vidas. Pero para otras ha significado recibir cuestionamientos y ofensas de los parientes de sus familias. Otras han recibido amenazas a través de otras personas para que no sigan con el caso.

Se han denunciado, pero estas no han avanzado porque es difícil comprobarlas. Por eso mismo algunas tienen medidas de seguridad otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay policías designados para ellas.

¿Esas amenazas o las trabas que impuso el sistema judicial implicaron que alguna de las víctimas desistiera de continuar con el caso?

Lo valioso de este proceso es que hay bastantes mujeres. Entre ellas se han dado ánimos para continuar. Tienen además un acompañamiento psicosocial y han recibido formación en derechos humanos y derechos de las mujeres que las ha ayudado a continuar. Pero en algunos momentos sí han querido salir por los mismos cuestionamientos a sus testimonios. Aunque pese a todo han seguido porque quieren lograr que se haga justicia.

¿Hubo algún momento específico que provocara que quisieran abandonar el caso?

Hubo un momento en el que ellas se sintieron bastante indignadas. Fue cuando la jueza Claudette Domínguez les preguntó si habían sido obligadas o pagadas por el Ministerio Público para que llegaran a declarar. Fue esa pregunta la que hizo que una sala de apelaciones separara a la jueza del caso porque había faltado a su imparcialidad y objetividad. La jueza había provocado un ambiente hostil. Eso cambió cuando el caso fue trasladado a otro juzgado.

Ustedes presentaron una denuncia en contra de la jueza Claudette Domínguez por discriminación en su modalidad de racismo, ¿Qué pasó con ese caso?

Fue en diciembre de 2019, pero hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado la solicitud de antejuicio contra la jueza.

¿Qué actos de la jueza consideraron que fueron racistas?

El primero fue en el momento en que una abogada de la defensa empezó a discriminar a las víctimas en su alegato. Dijo que ellas habían tenido muchos hijos y por eso presentaban este tipo de denuncias para obtener un beneficio.

Entonces decidimos interrumpir y pedir a la jueza que llamara al orden a la abogada porque se trataba de un discurso discriminatorio, pues se estaba replicando un estereotipo sobre las mujeres indígenas.

La jueza decidió no atender su petición y en cambio nos llamó la atención para que no interrumpiéramos a la defensora. Además dijo que la abogada tenía el derecho a expresarse como quisiera.

Pero cuando Gloria Reyes (abogada indígena, querellante en el caso)- presentó sus alegatos y dijo que el caso de un militar que había fallecido quedaría en la impunidad, la jueza la interrumpió y le llamó la atención por expresarse de esa manera sobre el militar. Eso evidencia el trato diferenciado que había para nosotras.

El otro momento fue cuando la jueza cuestionó a las víctimas sobre si habían recibido un pago para declarar. Fue un trato de discriminación no solo como indígenas, sino como mujeres.

Hubo dos estereotipos que se replicaron. El primero fue que la jueza reprodujo el estereotipo que hay sobre las mujeres que denuncian los actos de violencia que sufren, a quienes no se les cree y se asegura que mienten. El segundo es el estereotipo que se ha creado sobre los indígenas que denuncian, ya que se cree que únicamente buscan un beneficio económico.

¿Qué esperan de la sentencia de este caso?

Esperamos que se haga justicia para las víctimas y que el Estado de Guatemala se responsabilice y que emita reparaciones, pero no económicas, sino medidas que puedan ayudar a las comunidades de las mujeres. Esto a través de la reparación digna que contempla el proceso penal en Guatemala.

Esperan que el Estado mejore las condiciones en los servicios de salud en el municipio de Rabinal, sobre todo para las mujeres. También que se incluya el tema de memoria histórica en los centros educativos. Además esperan que mejoren los servicios educativos para los niños de rabinal. Las mujeres creen que si sus papás o sus esposos estuvieran vivos, sus hijos hubieran tenido mejores condiciones de vida.

Imagen de portada: Simone Dalmasso /Plaza Pública