Acoso sexual
Obras libres de acoso: deconstruir a los que construyen
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Un programa piloto de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) busca eliminar el acoso sexual que sufren las mujeres en las obras de construcción. Es un proyecto que pusieron en marcha en Ciudad de Guatemala y Escuintla, y en el que participaron 350 personas.


Decenas de personas que construyen un hospital temporal del IGSS para albergar a pacientes con COVID-19, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, dejan a un lado su trabajo para reunirse en un comedor provisional que se instaló a un lado de la obra. Hoy recibirán la última fase de un taller contra el acoso sexual.

El programa, llamado Obras Libres de Acoso, organizado por UNOPS y el IGSS, empezó en mayo de este año y finaliza este lunes 19 de julio. Las charlas, como esta última que se está dando hoy, también se realizaron en un proyecto de construcción temporal de Escuintla. Fueron cuatro sesiones en las que participaron, en total, unas 350 personas, la mayoría hombres. Hoy, aquí, hay unas 100.

—¿Qué aprendió, Edgar?  —pregunta Cynthia Viviana Figueroa, gerente de recursos humanos del IGSS, frente a los participantes, que están repartidos en grupos en 12 mesas de acero, bajo el cobertizo metálico que funciona como comedor.

—Que debemos respetar a las mujeres, que no debemos ser machistas —responde el trabajador.

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El taller tuvo cuatro módulos que abarcaron conceptos básicos sobre la desigualdad de género, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres y las niñas, y el hostigamiento en el lugar de trabajo.

El proyecto es parte de las políticas de género, diversidad e inclusión de UNOPS, con las que buscan mantener espacios de trabajo seguros y libres de acoso. Además, es uno de los pilares del convenio entre esa dependencia de Naciones Unidas y el Seguro Social, que fue firmado en abril de 2020 y fue llamado INFRAIGSS. 

Este acuerdo contempla la asesoría técnica de UNOPS para el diseño de un complejo hospitalario en zona 11 y de un hospital en zona 5. Además, también incluye el diseño y la construcción del Hospital Regional de Oriente en Zacapa, con 203 camas, y un hospital de alta complejidad en zona 11 de la Ciudad de Guatemala, que contará con 300 camas.

Figueroa, la gerente de recursos humanos del seguro social, asegura que buscará que las capacitaciones sobre acoso sexual se repliquen en las diferentes áreas del del IGSS. Dice que ya ha tenido pláticas con el personal de UNOPS para contar con su asesoría.

Cynthia Figueroa, del IGSS, y Paula Gento, de UNOPS, en el taller contra acoso sexual.

—Acá no se están construyendo únicamente obras de infraestructura que ayudarán al país. Acá se está construyendo un cambio de conducta y de mentalidad. Es un aporte para mejorar la cultura, para que en los espacios de trabajo haya respeto hacia las mujeres —dice.

Paula Gento, especialista en género de UNOPS, toma la palabra en la sesión de cierre.

—El otro día en Escuintla, preguntaba si alguno quiere ser discriminado, si alguno quiere menos derechos que otros. Nadie levantó la mano allá y nadie la levanta ahora. Pues las mujeres tampoco quieren menos derechos. Todas y todos tenemos los mismos derechos. Todas y todos anhelamos el mismo desarrollo —explica.

Gento reitera frente al grupo de participantes que, históricamente, las mujeres han sufrido discriminación por su género en el acceso al derecho al trabajo. Lo ejemplifica con la cantidad de asientos que hoy ocupan las mujeres en el taller. Apenas son diez entre más de cien hombres.

—La sociedad ha construido la idea de que hay profesiones que son desarrolladas por hombres y otras por mujeres. Las mujeres que están acá han roto barreras, y han superado múltiples dificultades a lo largo de toda su vida, y de todo su ejercicio profesional para estar donde están. Ellas rompen estereotipos. Son mujeres arquitectas e ingenieras —añade Gento.

Su intervención la cierra con una explicación sobre el acoso sexual. Lo define como cualquier comportamiento de naturaleza sexual indeseado que atenta contra la libertad de las mujeres y que tiene graves consecuencias emocionales y psicológicas: “Las mujeres pasan miedos, ansiedad, insomnio”,detalla.

Silvia Chouciño, gerente del programa de UNOPS para la modernización de la infraestructura y el equipamiento hospitalario del IGSS, comenta que este tipo de talleres contra el acoso sexual también se ha realizado en El Salvador, Costa Rica y Brasil.

—Se busca que las obras sean espacios libres de violencia y acoso contra las mujeres para garantizar su integridad física y psicológica —dice la representante de UNOPS, quien asegura que este programa piloto continuará en el resto de obras de construcción que realizará UNOPS junto con el IGSS.

Trabajadores de construcción en las instalaciones del hospital temporal del IGSS de zona 11.

Los otros espacios

En Guatemala, el 96% de las víctimas de acoso callejero son mujeres. Así lo muestran los datos del mapeo del Observatorio Contra el Acoso Callejero en Guatemala (OCACGT), actualizado al 20 de julio de 2021.

El 59% de los casos de acoso fueron reportados por mujeres de 21 a 30 años. La mayoría fue hostigada con piropos y silbidos.

Débora Chacón, integrante del OCACGT, celebra que cada vez haya más instituciones que se preocupen en erradicar el acoso sexual y que procuren espacios de trabajo libres de violencia. Explica, además, que sensibilizaciones como las que ha organizado UNOPS con el IGSS son el primer paso para cambiar este tipo de conducta violenta.

Aun así, Chachón señala que este tipo de programas deberían abarcar otros sectores y no solo las obras de construcción.

—Hay un estigma muy fuerte sobre los trabajadores de construcción, que está relacionado con el clasismo y el racismo de este país. Se nos olvida que en todas partes existe el acoso. No se señala ni se juzga de la misma manera a un albañil que a un director creativo de una agencia de publicidad o a un gerente de empresa que realizan un ejercicio constante de poder sobre sus víctimas —apunta.

El OCACGT reporta que las vías públicas (avenidas y las calles) son los lugares donde más casos de acoso sexual han registrado. Según el mapeo, el transporte público, las estaciones de buses y, en cuarto lugar, las obras de construcción son otros de los espacios donde las mujeres se han sentido acosadas.

La organización, junto con la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda de León, también realizó un mapeo de acoso sexual dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Los resultados fueron publicados en abril de este año.

Una de las conclusiones del estudio, realizado a partir de 786 reportes que se recibieron sobre acoso sexual, es que un 30% de las denuncias que registraron eran contra profesores. El 89% de las víctimas eran mujeres.

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El acoso aún no es delito en Guatemala

En Guatemala todavía no se ha aprobado ninguna ley que sancione el acoso sexual. La última iniciativa fue presentada el 8 de marzo de 2021 por Sofía Hernández, vicepresidenta del Congreso, junto con las diputadas Ana Lucrecia Marroquín, Patricia Sandoval y Marleni Matías.

La propuesta de ley busca que se creen mecanismos sancionatorios en las entidades estatales contra los funcionarios que acosen sexualmente a las trabajadores de las instituciones. 

En noviembre de 2019, la exdiputada Nineth Montenegro ya había presentado una iniciativa de ley que buscaba penar el acoso callejero como violencia contra la mujer. Sin embargo, tampoco ha sido aprobada hasta ahora. Con esta propuesta se pretendía establecer una multa para quien cometiera acoso callejero. También se decretaban penas de cárcel en caso de que la persona acosada fuera menor de edad.

[Lee aquí: El acoso sexual sigue sin estar tipificado como delito]

Dos años antes, en 2017, las entonces congresistas Alejandra Carrillo, Eva Monte y la actual diputada Marleni Matías también habían intentado, sin éxito, sancionar el acoso sexual. Buscaban reformar la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas para incluir una sanción contra el acoso sexual.

Esta sanción supondría una multa equivalente a tres salarios mínimos y la asistencia obligatoria durante seis meses a sesiones sobre sensibilización, prevención y erradicación de esta forma de violencia. Sin embargo, después de conocerse en segunda lectura en febrero de 2018, quedó archivada.

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