Después de las tormentas
Violencia de género
El acoso sexual sigue sin estar tipificado como delito
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La última iniciativa de ley presentada en el Congreso, que busca tipificar el acoso sexual, fue presentada en noviembre de 2019; en la legislatura anterior. Una forma de violencia que es denunciada públicamente por decenas de mujeres y por organizaciones, pero que aún no se constituye como delito. La emergencia de la COVID-19 podría ser un nuevo impedimento para que las leyes que buscan defender los derechos de las mujeres avancen, incluida la ley contra el acoso.


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En el Congreso de la República se han propuesto varias iniciativas de ley que buscan condenar a aquellas personas que violentan a través del acoso sexual. Espacios de trabajo, centros educativos o la calle, son espacios donde las mujeres denuncian ser violentadas. Sin embargo, aún no hay sanciones para los hechores. Todo tipo de violencia contra la mujer está contenido en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, pero no hay artículos específicos que permitan que las víctimas denuncien y lleven a juicio a los denunciados con facilidad.

El 25 de noviembre de 2019, la exdiputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala (EG), presentó la iniciativa de ley que busca penar el acoso callejero como violencia contra la mujer. Esta iniciativa “contra el acoso callejero y otras formas de violencia contra la mujer” fue recibida por el Consejo Directivo en noviembre, y no ha sido leída ni asignada a una comisión. 

Según informa la diputada Sonia Gutiérrez Raguay, de la bancada Winaq e integrante de la Comisión de la Mujer, la iniciativa se encuentra archivada por haber cumplido tres meses de la nueva legislatura sin que algún diputado la reclamara para ser leída o delegada a alguna comisión en el pleno. 

“Reformas a la ley de desaparición de mujeres, ley de dignificación de comadronas, ley de la creación del Ministerio de la mujer y ley de desarrollo económico de las mujeres, son algunas de las prioridades”, enlista Gutiérrez Raguay, y explica que la Comisión trabaja más de veinte iniciativas y, por tanto, ha sido complejo priorizar.

Además, con la emergencia de la pandemia de la COVID-19, Gutiérrez señala que como Comisión de la Mujer no ven condiciones para que la legislación en materia de mujeres sea prioridad. Habla de la posibilidad de rescatar la iniciativa en un futuro, porque “cualquier iniciativa que vaya enfocada a contrarrestar la violencia contra las mujeres vale la pena. Después veremos si es necesario reformar artículos o hacerle correcciones”, dijo.

La diputada Andrea Villagrán Antón, del partido Bienestar Nacional (BIEN), quien es integrante de la Comisión de la Mujer reconoce desconcer el contenido de esta última iniciativa, pero explica que éste no es el único esfuerzo que se ha hecho por condenar el acoso sexual. Villagrán, quien fue reelecta en las pasadas elecciones, menciona a Eva Montes Bac, Sandra Morán, Alejandra Carrillo y Nineth Montenegro, como diputadas que han buscado, desde diferentes perspectivas, posicionar el debate en el pleno. Sin embargo, ha habido pocos resultados.

La Ley contra el Femicidio no es suficiente

La Ley contra el  Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer ha sido uno de los parteaguas en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres, diseñada para penalizar y prevenir la violencia específica que sufren las mujeres en Guatemala. Con esta ley se logró la penalización de diversos tipos de violencias hacia las mujeres como la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia física o psicológica, y el femicidio. 

“Pero no es suficiente”, asegura Dorotea Gómez Grijalva, defensora de la Mujer en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). “Hace falta que el Estado cree precedentes para penalizar el acoso sexual, combinado con acciones de prevención. El Congreso tiene alta responsabilidad en legislar a favor de los derechos humanos. En este caso de las mujeres. No deben descartar iniciativas que sumen a la visibilización de la violencia”, puntualiza.

Gómez considera que la iniciativa presentada por Montenegro tiene algunos vacíos en cuanto a reglamentación y sanciones al acoso en el sistema educativo. El acoso, asegura, no solo se vive en las calles, “las adolescentes lo viven en sus centros de estudio y lo viven las universitarias. También en sus lugares de trabajo. Las mujeres son víctimas de acoso constante”, dice.

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El artículo 2 de esta iniciativa conceptualiza el acoso como “toda conducta o acción física o verbal, con connotación sexual no deseada, realizada por una o más personas en contra de toda mujer”.

En palabras de Lidia Guerra, directora y fundadora del Observatorio Contra el Acoso Callejero Gutemala (Ocacgt), “el acoso callejero es violencia a través de algún sonido, gesto o piropo. Acciones demasiado rápidas. No te da chance a recolectar evidencia para luego denunciar”. El OCAC se ha encargado con campañas de comunicación y formación de generar conciencia sobre las diversas formas de acoso callejero, además de llevar un registro de denuncias.

“El problema con estas iniciativas es que tienden a ser muy escuetas”, afirma Guerra, quien recuerda la iniciativa presentada por la exdiputada Alejandra Carrillo en 2017, que buscaba penalizar la violencia sexual en múltiples formas. Entre ellas el acoso callejero, desde los piropos, sin consentimiento, e intimidatorios. Esta iniciativa incluía una  pena para el grooming (acoso y abuso sexual online) y el sexting (entendido en la ley como el envío de audiovisuales que menoscaben la intimidad). 

“La concepción es errada. Sexting es intercambiar multimedia con fines sexuales y eróticos, con consentimiento. Hace falta ser explícito en otras formas de acoso como la toma de fotografías o el material audiovisual sin consentimiento, el exhibicionismo, la masturbación y eyaculación pública”, agrega Guerra.

A partir de esta iniciativa, el equipo de mujeres del OCAC se reunió con organizaciones de mujeres para asesorarse, y determinaron que la legislación es necesaria, pero no suficiente.

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Importante, urgente, pero no suficiente

Desde la Alianza Política “Sector de Mujeres”, una red de organizaciones de sociedad civil, Sonia Escobedo opina que es urgente que el Congreso establezca mecanismos de denuncia, y además reglamente el delito del acoso sexual. “La ética de quien legisla debe ir en la línea de defender; defender a las mujeres”, dice. 

Guerra no es tan optimista con las leyes. Asegura que es necesario un cambio cultural y generacional. “La esperanza está puesta en la niñez y en la juventud. Sus formas de relacionarse pueden estar libres de violencia”, dice. Narra que hace dos años, cuando el OCAC trabajó con los institutos María Luisa Samayoa y el Rafael Aqueche, en donde presentaron un libro sobre cómo conocer nuevas personas con consentimiento y sin violencia, tuvieron problemas con los maestros y maestras, que en promedio tenían 45 años de edad, según relata. “Cuando llegaron a la página de sexo y género, se alertaron. Existe una brecha generacional. Por eso creemos que la diferencia la puede marcar la juventud”.

En el mismo sentido, Gómez afirma que el cambio es cultural.  La defensora de la mujer de la PDH habla del resguardo de la dignidad y los derechos de las mujeres. “No podemos quedarnos solo con la parte punitiva, ni solo con la preventiva”, opina. “Es necesario crear condiciones seguras para las mujeres. En la escuela, en el trabajo; porque el acoso no solo se sufre en las calles”, enfatiza. 

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El rol del Ministerio de Educación es fundamental, según la perspectiva de Lidia Guerra. Pero primero “deben dejar de abordar el tema solo desde la biología o la higiene. Se tienen que atrever a hablar de sexualidad, porque el tema no abarca solo las relaciones sexuales, sino los planes de vida”, dice. 

Agrega que la causa de que el acoso esté normalizado es por la falta de educación: “Aunque las mujeres somos autónomas e independientes, se cree que si no vamos acompañadas de nadie o vamos solo mujeres, o vestidas de tal forma, entonces la violencia es justificada”, concluye.

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Además, Gómez explica que el acoso sexual en las escuelas es un motivo de deserción. Según el Censo de Población 2018, son 2,418 mujeres las que han dejado de asistir a un establecimiento educativo por sufrir algún tipo de violencia. Y agrega que una de las primeras acciones que debe tomar el Estado, es penalizar ese acoso.

Villagrán aseguró a Agencia Ocote que en la Comisión de la Mujer no habrá problema en verificar las iniciativas para tener un punto de partida en su trabajo. Sin embargo, considera que la verdadera batalla está en el pleno. “Es necesario sensibilizar a los colegas diputados, hacer campañas de trabajo en conjunto con organizaciones de sociedad civil y diputadas de otras bancadas y comisiones que amadrinen las iniciativas. Nuestra cultura política es machista”.

Algunas salidas

Sin embargo, a pesar de la falta de legislación específica, según expertos, el acoso puede ser denunciado como violencia psicológica en el Ministerio Público. La Ley contra el Femicidio menciona en su artículo 7 que el hostigamiento, el menosprecio sexual y la restricción de la libre disposición de las mujeres, constituyen un delito. Esto ha permitido a las víctimas hacer denuncias y acusar a los hechores por esta vía.

Dorotea Gómez señala directamente al Estado de ser responsable, a través de las instituciones de educación y de derecho, de promover un nuevo imaginario en el que la violencia contra las mujeres no sea normal. 

“Reto a los diputados a que legislen y penalicen. Somos mayoría de población (51.53% según el Censo) y somos vulnerables”, dice Escobedo con fuerza: “Llamo a quienes están en la línea de ser transparentes. Llamo a las bancadas mayoritarias del Congreso. Llamo a quienes defienden la familia”, puntualiza en su invitación a la acción.

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