El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aplicó una sanción económica de Q276,789.34 a la hidroeléctrica Pasabien el 23 de febrero. El pago, según la entidad, no sustituye ni …
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aplicó una sanción económica de Q276,789.34 a la hidroeléctrica Pasabien el 23 de febrero. El pago, según la entidad, no sustituye ni extingue la obligación ambiental de la empresa.
Según un comunicado publicado por el ministerio el 23 de febrero, la empresa incumplió los «compromisos ambientales contenidos en la resolución aprobatoria de la hidroeléctrica Pasabién, la cual data de 1995».
El MARN también notificó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que evalúe la continuidad de la licencia de operación. La hidroeléctrica interpuso un recurso de revocatoria.
A criterio de Óscar Mata, alcalde de Río Hondo, la sanción «no impacta tanto al poder económico de la empresa, pero es una medida que, por lo menos, deja algún antecedente para hacer las cosas diferentes».
La situación no es algo nuevo, según Mata. «La empresa ha hecho las enmiendas (dictadas por auditorías ambientales) al daño que está provocando en el ecosistema», indica.
Sobre la sanción impuesta, el pago no sustituye ni extingue el deber del cumplimiento ambiental, el cual subsiste independientemente y debe atenderse de acuerdo a la normativa vigente, ha informado el MARN.
El impacto ambiental
La hidroeléctrica se ubica en el municipio de Río Hondo, Zacapa. Se encuentra en el área de amortiguamiento de la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas (RBSM) y utiliza el agua del río Pasabien.
Antes de la llegada de la hidroeléctrica, «aquí eran unos subinables (formaciones de arcilla o barro arenoso) los que habían. Todo esto era monte alto», dijo Rufino González, un agricultor local de 85 años a Agencia Ocote en noviembre de 2025.
Por décadas el acceso al agua potable entubada fue inexistente. Las comunidades obtenían el líquido que bajaba de la sierra por medio de «tomas de agua», un sistema de canales artesanales con el que obtienen la necesaria del río y la dirigen hacia las comunidades y parcelas.
Ahora, la captación y distribución está comprometida por la presencia de la hidroeléctrica. Las comunidades cercanas la acusan de apropiarse del recurso y de realizar el desfogue después de 11 comunidades.
La hidroeléctrica «perjudica a las comunidades que se abastecen (del río) para consumo humano y la producción agrícola y pecuaria. Las bocatomas, utilizadas para eso, quedan desabastecidas por la represa que construyó la hidroeléctrica en la parte alta», denuncia el alcalde.
Un conflicto constante
Una de las comunidades en conflicto con la hidroeléctrica es Santa Rosalía Mármol. El 29 de julio de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) desalojó a comunitarios que ocupaban las instalaciones de la hidroeléctrica.
La acción fue justificada con una orden judicial solicitada por el Ministerio Público (MP). Su objetivo era facilitar el ingreso de los trabajadores de la hidroeléctrica.
Los vecinos exigían el cese de operaciones de la hidroeléctrica. Tanto ellos como la municipalidad aseguraban que las fincas utilizadas por Pasabien fueron sobretituladas de manera anómala, pues desde 2014 carecían de dueño. En 2017, el Estado también entró en litigio por la tenencia del terreno.
El desalojo despertó un estallido de violencia que dejó tres personas fallecidas: un policía y dos comunitarios. El personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que acompañó la diligencia también alertó que 200 personas quedaron atrapadas en la comunidad.
Por su parte, Pasabien calificó a quienes ocuparon las instalaciones como «grupo criminal» en un comunicado.
«Hidroeléctrica Pasabien se solidariza con las familias de las personas fallecidas y denuncia ante la opinión pública el cobarde ataque de delincuentes ya condenados, que con la cara cubierta dirigieron estos actos disparando indiscriminadamente a miembros de la PNC», indicaron.
Operan con irregularidades
El conflicto provocó la instalación de una mesa interinstitucional, convocada por Carolina Orellana, diputada distrital. En ellas participaron instituciones como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Registro General de la Propiedad (RGP).
Las sesiones de esta mesa revelaron las irregularidades con las que la hidroeléctrica trabaja. En una de ellas, el alcalde Oscar Mata indicó que la empresa opera con una licencia del MEM vencida y sin una fianza de cumplimiento (requisito legal necesario).
Además, el estudio de impacto ambiental presentado al MARN concluyó que no era factible operar.
Según un comunicado de la Junta Directiva de la RBSM, la hidroeléctrica no tiene una licencia ambiental vigente desde 2019 y, en 2021, el Conap emitió una opinión no favorable a la actualización de su Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
«Estos antecedentes revelan que el caso no se limita a la tenencia de tierras, sino que también involucra aspectos de la legalidad ambiental y de gobernanza de los recursos naturales», sentenció la Junta Directiva.
Mata asegura que la municipalidad ha solicitado al MEM, en diversas ocasiones, que revoque los permisos de la hidroeléctrica. Consideran que el incumplimiento de las normas ambientales es motivo suficiente para la revisión del contrato de operación. Justo la petición que ahora el MARN hace de nuevo al MEM junto a la sanción económica a la empresa.
Consulta municipal suspendida
Así, la municipalidad de Río Hondo convocó a una consulta municipal el 21 de diciembre. En ella, los vecinos decidirían si autorizarían la instalación de proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Pasabien.
Sin embargo, la actividad fue suspendida tras un amparo provisional otorgado por el Juzgado de Primera Instancia Civil de lo Económico Coactivo de Zacapa otorgado a Pasabien. El mismo juzgado, constituido en tribunal de amparo, resolvió posteriormente que el amparo no procedía.
La consulta no ha sido reprogramada debido a que la hidroeléctrica presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC). En ella, afirman que «no es competencia de la municipalidad realizar este tipo de consultas, sino directamente del MEM», explica Mata.
Mientras los diversos procesos legales siguen su curso en las instancias administrativas y legales, la Hidroeléctrica Pasabien sigue operando sin cumplir con los requisitos para hacerlo, y con la inconformidad y afectación de las comunidades.
