Después de las tormentas
John Lundine, director de Plan Internacional
“Proteger a la niñez es una deuda y responsabilidad del Estado”
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La muerte violenta de las niñas Hillary Arredondo y Sharon Figueroa y todos los delitos sexuales que se cometen de manera recurrente contra la niñez, provocaron el pronunciamiento de la organización Plan Internacional, que demanda al Estado de Guatemala políticas de prevención y un sistema de protección. En esta entrevista, John Lundine, director de esta organización, habla de impunidad, de la cultura de violencia, y de los cambios sociales y legales que se requieren para proteger a la infancia.


El 16 de febrero, Plan Internacional hizo públicos en un comunicado su preocupación y rechazo por la violencia en contra de la niñez y exigió protección y justicia por las muertes de niñas y adolescentes. 

Esta organización, fundada en España en 1937 y que opera en 70 países, recordó al Estado de Guatemala, que el país es firmante de tratados internacionales en materia de derechos humanos y esto lo compromete a hacer todos los “esfuerzos necesarios” para cumplir con los compromisos adquiridos.

El Observatorio de la Mujer del Ministerio Público (MP), registra desde el 1 de enero al14 de febrero, 1039 niños, niñas y adolescentes (NNA) maltratados.  Así como 950 víctimas (niñez y mujeres) de violación sexual.

En el mismo periodo de tiempo, la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth reportó 779 NNA desaparecidos, de los cuales 500 han sido localizados y 279 aún tienen alerta vigente: 181 niñas y 98 niños.

John Lundine, es el director de Plan Internacional, que trabaja en Guatemala desde hace 43 años y promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas; y que tiene presencia en 20 municipios y en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintla, Jalapa y Quiché.

Lundine, es experto en desarrollo internacional con experiencia en América Latina y El Caribe, Asia y África.  Ha diseñado e implementado programas en educación, salud y nutrición, empoderamiento juvenil, medios de vida, resiliencia, seguridad alimentaria y protección infantil.

En las últimas semanas han ocurrido hechos de violencia contra la niñez y mujeres (Sharon Figueroa de ocho años, Hillary Arredondo de tres y de otros asesinatos), que impactaron en la opinión pública. Plan Internacional decidió hacer una declaración pública, ¿qué acciones piden al Estado?

Nosotros exigimos al Estado mejoría en términos de redoblar los esfuerzos de prevención, apoyar en los procesos que ya tienen las diferentes entidades para denunciar fácilmente y de forma segura la violencia.  También reforzar su respuesta en el sistema judicial contra estos sucesos.

En el marco del tema de prevención, no solo es el Estado o el gobierno en sí, debe ser una responsabilidad compartida entre toda la sociedad.  También crear la cultura de denuncia es responsabilidad de todos nosotros.  Nos preocupa que hasta un 98% de los casos no son resueltos, la capacidad es limitada dentro del Estado guatemalteco, para llegar a un punto de justicia o llevar los casos a su finalidad y obtener justicia para las víctimas de estos hechos horribles.

¿Consideran que es necesaria la iniciativa 5285 Ley del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia que está estancada en el Congreso de la República?

Nosotros pensamos que es necesaria una reforma de esa naturaleza.  También pensamos que es importante asegurar la institucionalización y responsabilidad clara de entidades del Estado para tratar la violencia y resguardar la integridad y la protección de toda la niñez que necesita el apoyo y la protección especial.

La iniciativa 5285 está pendiente de tercera lectura en el Congreso.  Nosotros hemos apoyado técnicamente la creación del proyecto original de ley junto con varias organizaciones similares.

¿Cómo evalúan las acciones interinstitucionales para la protección de la niñez y adolescencia? ¿Consideran que realmente existe un sistema de protección?

Nosotros vemos que hay brechas de coordinación.  Trabajamos principalmente en áreas rurales y remotas. A veces el alcance del Estado no permite una coordinación adecuada, parte de la iniciativa de Ley 5285, es una reforma institucional para tener rendición de cuentas y responsabilidad más clara para todo el sistema de protección en el país.

Actualmente, encontramos un sistema que a veces funciona bien, o una parte funciona bien, a veces no, pero es un sistema bastante fragmentado entre diferentes dependencias del Estado.  Nosotros promovemos y apoyamos la iniciativa en el sentido de una nueva institucionalidad para promover el bienestar total de los niños y niñas más vulnerables, que son víctimas de violencia.

La violencia sexual afecta más a las niñas y adolescentes ¿qué acciones se demandan al Ministerio de Salud, de Educación y Gobernación para la prevención y atención de la violencia sexual y embarazos en niñas y adolescentes?

Es lamentable y horrible lo que está sucediendo en el país.  La violencia sexual afecta más a la niña y es una preocupación particular para nosotros que hay miles de embarazos en niñas menores de 14 años en el país, todos los años.  El año pasado hubo diferentes cifras, pero alrededor de entre 2,000 a 4,000 embarazos en niñas menores de 15 años, eso es una violación de ley, es un delito tener relaciones sexuales con niñas de esa edad, son miles de víctimas de violencia sexual.

Hay bastante trabajo que hacer en temas de prevención y judiciales para resolver casos específicos.  En términos de prevención, un tema que nosotros pensamos es necesario, es la educación integral en sexualidad para que la niñez y juventud estén informados sobre temas relevantes de su sexualidad.

La otra parte es seguir teniendo el diálogo sobre este flagelo y que el Ministerio de Salud Pública siga apoyando los servicios especializados, orientados a la adolescencia y juventud relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Una preocupación que hemos compartido con otras entidades es la pandemia. Por el hecho que hemos visto particularmente en áreas rurales que dejaron de funcionar muchos de estos espacios importantes para la salud sexual y reproductiva, para toda la población y particularmente para adolescentes y jóvenes.

[Lee también: Olvidadas en la pandemia: embarazadas y mujeres que requieren métodos anticonceptivos]

¿Con la pandemia el Ministerio de Salud dejó de funcionar en esas otras áreas?

El Ministerio de Salud ha apoyado ciertos servicios especializados para la salud sexual y reproductiva de jóvenes. Por temas de la pandemia, y otras consideraciones, muchos han dejado de funcionar en hospitales, centros de salud y otros espacios. 

Es una preocupación para nosotros en tiempos difíciles, de confinamiento, la población y particularmente la población joven no está recibiendo los servicios de salud sexual y reproductiva.

El maltrato contra la niñez es otro de esos grandes temas que afectan a la sociedad guatemalteca, ¿cómo podemos abordarlo?

En otros países se ha logrado un cambio de cultura en el maltrato contra la niñez. Es un proceso para trabajar a nivel familiar, comunitario, de la sociedad, a través de diferentes actores, de mensajes claves y tener campañas bien pensadas y duraderas para cambiar la cultura y aceptación social comunitaria del maltrato.

Nosotros hemos visto avances, a través de trabajar por décadas. En algunas comunidades hemos visto cambios en la cultura de comunidades rurales y remotas, en términos de reconocimiento de los derechos de la niñez.  Uno de esos derechos es estar libre de la violencia.  Hemos visto patrones, a pesar de que la situación es precaria y complicada, poco a poco va cambiando con nuevas generaciones.

¿Cuál es el llamado al Estado de Guatemala en general, para prevenir la violencia homicida contra la niñez, violencia sexual y desapariciones?

El llamado general es que haya conciencia social sobre este problema y que es momento de actuar. Hay soluciones técnicas que no son una panacea para esta problemática, pero existen soluciones técnicas y necesitamos reforzar y redoblar los esfuerzos en términos de prevención, de fomentar la cultura de denuncia y es momento de adoptar el proyecto de Ley 5285. Es necesario reconocer que es una deuda y responsabilidad del Estado el proteger a los más vulnerables,  principalmente a la niñez.

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