“Tengo 28 semanas de embarazo, fui al Centro de Salud de Villa Nueva y lo que me dijeron es que no están atendiendo a embarazadas, que vaya con mi comadrona y, si presento alguna complicación, que vaya al Hospital de Amatitlán”. Es el testimonio de una mujer embarazada que, como cientos más, sortean un sinfín de barreras para recibir atención médica en medio de las crisis que ha causado el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19.

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De ese caso tuvo conocimiento Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), quien asegura que como este existen otros casos que evidencian el debilitamiento de los servicios de salud reproductiva y sexual debido a la pandemia.

De acuerdo con un documento proporcionado por el departamento de comunicación del MSPAS, en Guatemala las mujeres y hombres pueden acceder a servicios de planificación familiar en los 1,545 establecimientos que conforman los tres niveles de atención del MSPAS.

En la actualidad estos servicios han disminuido o se han suspendido porque el personal especializado también atiende la pandemia o está contagiado, y las personas además temen infectarse si asisten a las clínicas.

El sistema de salud público está dividido en varios niveles, que pretenden dar cobertura a todo el país. “En el primer nivel de atención -centros comunitarios de salud, puestos de salud y centros de salud- se brinda orientación a la mujer o parejas que lo requieran. Se les brinda atención del control del embarazo, vacunación, consejería sexual, métodos de planificación familiar, promoción de la lactancia materna, micronutrientes, entre otros”, se lee en el texto enviado por el MSPAS.

Además, según la cartera, estos establecimientos organizan jornadas para practicar el papanicolau o la Inspección Visual con Ácido Acético –IVAA- para la detección de cáncer de cérvix. Estos servicios son brindados generalmente por un auxiliar de enfermería y ocasionalmente por enfermeras profesionales.

“En el segundo nivel de atención -centros de atención permanente, centro de atención materno infantil, centros de atención de especialidades y hospitales de baja complejidad- se brinda todo lo expuesto anteriormente y se incluyen otros métodos de planificación familiar permanentes como los quirúrgicos, siempre y cuando la infraestructura del lugar lo permita. Estos servicios son brindados por enfermeras profesionales”, indica el informe.

En el tercer nivel de atención, conformado por hospitales como el San Juan de Dios, Roosevelt o los regionales, se brindan sin excepción todos los servicios mencionados en los dos primeros niveles. Además, se cuenta con médicos aparte de las enfermeras profesionales, según el MSPAS.

Julia Barrera, vocera de la cartera, explica que estos servicios se instauraron en Guatemala con el Programa Nacional de Salud Reproductiva entre el año 2000 y 2003, y se inició con la distribución formal de métodos de planificación familiar a partir del 2001.

Aparte de los servicios mencionados, en Guatemala existen 19 clínicas de planificación familiar especializadas. Estas empezaron a funcionar a principios del año pasado y cuentan con la atención de una ginecóloga o médica general. Antes no existían unidades formales y exclusivas que prestaran el servicio, según el OSAR.

Una de estas clínicas especializadas cerró a causa de la pandemia. Se trata de la ubicada en el hospital regional de Quiché. Su encargada está embarazada y debido a que forma parte de la población en riesgo, las autoridades decidieron suspenderla de sus labores, según la directora de OSAR.

—Quienes llegaban a esa clínica ahora no tienen acceso. El hospital debió retirarla y asignar a una persona más, o por lo menos colocar personal que pueda brindar consejería o proveer los anticonceptivos que los usuarios ya consumían— dice Montenegro.

La Dirección de Área de Alta Verapaz, pese a la crisis, encontró una alternativa para continuar brindándole atención a las mujeres embarazadas.  Según Montenegro, se dispuso que el Hospital de Cobán no las atendería para resguardarlas de la pandemia, pero se ordenó que el encargado del control prenatal y los partos fuera el Centro de Atención Integral Materno Infantil de San Cristóbal, municipio de ese departamento.

—Así como lo hace Cobán, lo debería de hacer el resto de los departamentos, porque de esa manera se garantiza la atención y la disponibilidad de personal competente y capacitado—, dice Montenegro.

La alternativa ideada por las autoridades sanitarias de ese departamento ayuda a que en las familias disminuya el miedo a infectarse de COVID-19, según Montenegro. Aunque también explica que no se trata de una opción perfecta, pues actualmente no funciona el transporte público y eso complica que las personas puedan movilizarse hacia los centros hospitalarios.

Cifras analizadas por OSAR dan cuenta de que el control prenatal brindado por el MSPAS ha disminuido en un 26%. Esto comparando los datos del periodo de enero a mayo de 2019 y 2020.  No obstante, si se confrontan únicamente los números de mayo del año pasado y los de este, se establece que hay una reducción del 60% en la atención de mujeres embarazadas, de acuerdo con las cifras que la entidad consiguió del Sistema de Información Gerencial de Salud.

Otra cifra: de enero a junio de este año, el MSPAS practicó 602 esterilizaciones en mujeres y hombres, mientras que durante todo el 2019 realizó 2,936, según datos obtenidos por Agencia Ocote. Eso significa que durante el primer semestre del 2020 el MSPAS practicó un 41% de los procedimientos que realizó en el mismo período del año pasado.

La pandemia también ha hecho que el personal contratado para las clínicas de planificación familiar deje a un lado sus funciones para atender la actual emergencia sanitaria.

— A partir del 16 de marzo, la prioridad fue contener la pandemia. Y esa prioridad implicó enviar al personal del programa de salud reproductiva -de los distintos departamentos del país- a atender la línea telefónica habilitada por la pandemia. Entonces hay ginecólogas, médicas especializadas en cáncer cervicouterino, utilizando el 50 por ciento de su tiempo en atender el call center. No es que esté mal, pero estas profesionales con todo su conocimiento podrían aportar más desde los programas de salud reproductiva—, afirma Montenegro.

OSAR, la entidad que dirige Montenegro, tiene información de que el resto de personal del programa de salud reproductiva es enviado a puestos de salud ubicados en entradas de comunidades o para conformar cordones sanitarios vinculados con la atención de la pandemia.

—La pandemia vino a quitar estos servicios de salud sexual y reproductiva, y los relegó a un segundo plano aunque sean servicios esenciales—, dice Montenegro, quien además señala que la negación de servicios de atención prenatal puede implicar una muerte materna.

Consultamos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre los problemas denunciados por OSAR.  A través de un mensaje de Whatsapp, Eliú Mazariegos, director general del Sistema Integral de Atención en Salud, afirma que la prestación de estos servicios ha disminuido porque las personas han dejado de asistir por el miedo a contagiarse de COVID-19 y también debido a que el personal se ha infectado. Sin embargo, no menciona si se trata de médicos o enfermeros, ni tampoco detalla alguna cifra.

—Se está buscando contratar personal para los servicios de salud y así recuperar programas prioritarios como la salud materno infantil, vacunación y nutrición— dice el funcionario, sin dar cifras o fechas para las contrataciones.

Este año en total podrían darse 467,765 nacimientos en el país, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) compartidas por el Sistema de Información Gerencial en Salud del MSPAS. 

En Guatemala, el 48% de los partos es atendido en el sector público, el 34% por ciento en la casa y el 9% en el sector privado, según la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil realizada entre 2014 y 2015

Esas cifras podrían cambiar por la emergencia sanitaria y aumentar considerablemente en el caso de los partos atendidos en los domicilios, de acuerdo con Karin Slowing, analista independiente e integrante del Laboratorio de Datos GT.

—Sin duda habrá un incremento en ese porcentaje. No es difícil imaginarlo. Habrá además más muertes maternas, así como muertes por hipertensión y descensos en las tasas de vacunas.  Es un análisis que deberá hacerse cuando todo esto pase. Esto no hay que verlo como efectos secundarios del COVID, sino realmente como efectos de que el Ministerio de Salud no creó un plan de contingencia para mantener la prestación de sus servicios y a la vez atender la pandemia—, explica Slowing. 

El año pasado, 571,717 personas empezaron a usar algún método anticonceptivo en Guatemala, de acuerdo con los datos del MSPAS, basados en las consultas médicas que recibieron en todos sus establecimientos. La cartera además registró que 1,035,448 usaba algún método antes de 2019, y lo continuaron empleando o lo cambiaron por uno diferente durante ese año.

No obstante, los servicios de planificación familiar continúan inaccesibles en algunas regiones del país. El año pasado, por ejemplo, el MSPAS registró que sólo cinco mujeres más se sumaron a otras 14 que ya utilizaban algún método anticonceptivo en Pachalum, Quiché. Las 19 optaron por la inyección bimensual o trimestral. En este municipio, el INE estima que en 2019 había 3,059 mujeres entre 10 y 54 años (edad fértil de una mujer según la segmentación del MSPAS).

En otros municipios como Zunilito, Suchitepéquez, con un estimado de 3,113 mujeres entre 10 y 54 años, se consignó que 34 mujeres más comenzaron a utilizar un método anticonceptivo en 2019. En esta localidad, 218 mujeres que ya empleaban alguno, lo siguieron haciendo en ese año.

Agencia Ocote hizo distintas solicitudes de información pública para obtener los datos sobre métodos anticonceptivos brindados durante este año y el número de centros de atención que siguen dando los servicios. Sin embargo, al cierre de esta nota el MSPAS no los había entregado o respondió con información imprecisa y fuera de los plazos establecidos dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Las unidades móviles que ya no existen

Según la Estrategia Nacional de Planificación Familiar 2015-2020, de la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos, el mayor proveedor de servicios de planificación familiar es el MSPAS, el cual abarca un 50.9% de toda la cobertura nacional. A este le sigue el sector privado con un 20%, la Asociación Pro Bienestar de la Familia (Aprofam) con un 16% y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con 10%.

La Aprofam, que presta servicios de salud generales sin fines de lucro, pero prioriza la salud sexual y reproductiva, también fue afectada por la pandemia del coronavirus.

Isaac Salazar, quien trabaja para Aprofam como auditor de enfermería y formaba parte de la Unidades Móviles, un proyecto que brindaba salud sexual y reproductiva a bajo costo o de manera gratuita a pobladores de todos los departamentos de Guatemala, cuenta que el servicio dejó de funcionar con la llegada de la pandemia.

Salazar explica que este proyecto fue financiado por la Fundación Bergstrom hasta principios de este año. Y por ese motivo la institución absorbió su costo con recursos propios. Una decisión que cambió más tarde, pues lo afluencia de usuarios de todos los servicios que presta la institución disminuyó con la llegada de la pandemia y las medidas de restricción que ordenó el gobierno. Algo que implicó el ingreso de menos recursos económicos y posteriormente la suspensión de los programas.

El proyecto de unidades móviles empezó en 1977 y en los últimos años Aprofam contaba con cinco. Estas llegaban a comunidades lejanas que tienen poco acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.  Cada una contaba con un ginecólogo, un médico general, tres enfermeros, un piloto y un promotor. Estas ofrecían métodos anticonceptivos como dispositivos intrauterinos (DIU), implantes subdérmicos, laparoscopias y vasectomías.

A estas unidades se unió otra que contaba con los servicios de una psicóloga y una enfermera más. Solo en 2018, las Unidades Móviles facilitaron 16,769 métodos de planificación familiar.

Salazar lamenta esta situación, pues cuenta que durante cinco años viajó a distintas zonas rurales del país y atendió a decenas de personas que buscan un método anticonceptivo o una consulta sobre su salud sexual y reproductiva, para quienes además ya es un reto, incluso sin la pandemia.

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Sin acceso y a escondidas, otra pandemia antes de la pandemia

—La cultura patriarcal define el rol de la mujer en la sociedad. Y asocia ese rol a su papel reproductivo. Define que la meta de vida de la mujer es ser madre. En ese marco, los servicios de planificación son rechazados. Además, está toda la influencia religiosa, tanto católica como evangélica, que también se oponen, en una más y en otra menos, a que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Eso se traduce en que las mujeres tengan que pedir permiso a su esposo, a su suegra, a su mamá para ir a un servicio de salud y tomarse unas pastillas o usar una inyección anticonceptiva. Tienen que someterse al deseo sexual de su marido. No tienen control de su vida, sobre su destino y su cuerpo—, dice Karin Slowing, al consultarle sobre los factores que impiden que las mujeres accedan a servicios de salud reproductiva sexual, factores a los que se une la pandemia.

Isaac Salazar, quien trabajó para el programa social de Aprofam, conoció de cerca los temores que conlleva el acceso a métodos anticonceptivos.

— Algunas llegaban a escondidas a pedir algún método anticonceptivo. Algunas no solo por el miedo que les genera su pareja, sino también por la desaprobación de los padres, madres o suegros. Tenían hasta miedo dejar sus números telefónicos, pero nosotros los necesitábamos para darles seguimiento. Esperamos que las unidades móviles empiecen a funcionar de nuevo—, dice Salazar.

Giovanni Meléndez y Amílcar Rivera, integrantes de  Pasmo y su aliada PSI, dos organizaciones que brindan servicios de salud sexual y reproductiva, también han tenido experiencias desafortunadas y por eso lamentan que aumenten las dificultades para acceder a estos.

Meléndez menciona el caso de una mujer que fue pateada por su esposo hasta provocarle una hemorragia que la llevó de regreso al hospital en el que horas antes le habían colocado un dispositivo intrauterino, más conocido como T de cobre. Es un caso similar al que conoció de cerca Rivera: una mujer, a la que le brindó consejería sobre planificación familiar, falleció luego de ser apuñalada por su esposo tras enterarse que se había colocado el implante subdérmico anticonceptivo.

Pasmo y PSI prestan consejerías a personas que buscan algún método de planificación familiar o que buscan ayuda por alguna infección de transmisión sexual. Luego de eso las refieren a hospitales en los que pueden acceder a estos servicios o medicamentos.

De acuerdo con Rivera, estas consultas -llamadas intervenciones- no disminuyeron con la pandemia debido a que se realizan a través de las redes sociales de la organización. Pero señala que las personas se han rehusado a asistir a los centros hospitalarios debido a que temen contagiarse de la COVID-19 o porque no cuentan con algún medio de transporte.

—En los primeros meses, el tema del VIH nos pegó durísimo porque la gente no estaba pensando en hacerse la prueba debido a la pandemia. Ahora las están retomando porque la gente empieza a entender que esto va para largo—, dice Rivera.

Sin soluciones inmediatas

Mirna Montenegro, directora de OSAR, señala que hasta el momento no existe alguna propuesta a corto plazo de parte del MSPAS para facilitar la entrega de métodos anticonceptivos en medio de la pandemia.

Menciona que en reuniones con distintas autoridades se habló de la posibilidad de imitar una estrategia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que consiste en entregar medicamentos a través de mensajeros. Sin embargo, luego se analizó que podría tratarse de una opción riesgosa para las mujeres que los utilizan sin el consentimiento de sus parejas.

Montenegro menciona que las nuevas dirigentes de la cartera tienen contemplado realizar visitas domiciliarias para detectar y tratar casos de desnutrición. Y por ese motivo, como organización, le pidieron que la planificación familiar también fuera incluida en esta estrategia.

Eliú Mazariegos, Director General del Sistema Integral de Atención en Salud, a través de un mensaje de Whatsapp, confirma esa posibilidad, aunque deja entrever que la prioridad es la búsqueda de casos de desnutrición aguda.

— Lo que vamos hacer es búsqueda activa de casos de desnutrición aguda, y de acuerdo a la capacidad de cada servicio de salud se harán intervenciones integrales— dice Mazariegos.

Hasta ahora, dice Montenegro, mucha de la carga del Ministerio de Salud ha recaído sobre las comadronas, quienes no han recibido hasta ahora equipos de protección y sufren dificultades para trasladarse de un lugar a otro debido a las restricciones de movilidad que actualmente existen. 

A finales abril de este año, el MSPAS informó que los establecimientos del primer y segundo nivel de atención entregarían una constancia a las comadronas – al menos 22 mil, según sus registros- para facilitar su movilización en la vía pública durante horarios restringidos o de toque de queda.

Al preguntarle a Mazariegos sobre las dificultades que enfrentan las comadronas, responde que algunas áreas de salud les están proveyendo kits de protección personal.

[Escucha el episodio de Radio Ocote “Los peligros del encierro”]

— Un 70% de las comadronas entrevistadas dice que ahora están atendiendo más controles prenatales y más partos-, dice la directora de OSAR, quien señala que por esa razón es necesario aumentar la capacitación e inclusión en el sistema de salud.

Estos son por ahora algunos de los efectos que ha tenido la crisis sanitaria sobre los servicios de salud reproductiva y sexual en Guatemala. Hasta ahora se desconoce el impacto real que dejará en miles de mujeres de la falta de atención a las embarazadas y el poco acceso a los métodos anticonceptivos.