Autoría: Valeria Guzmán y Gabriela Cáceres

Después de dos días sin noticias de ella, sin que respondiera llamadas, los compañeros de trabajo de Yoli decidieron ir a su casa a buscarla. Llamaron a la puerta, gritaron el nombre de Yoli, pero nadie salió a abrir. Uno de ellos se agachó e intentó ver por debajo de la puerta, pero solo percibió un olor putrefacto. Faltaban tres días para que finalizara el 2018. Yoly ya llevaba dos días muerta en su cuarto de la casa. Mientras que un hombre, después de matarla, se paseaba de un lado al otro por la casa con un cuchillo en la mano.

Yoli era la jefa del departamento de cosméticos de Almacenes Simán en San Miguel, la principal ciudad al oriente del país, y tenía 48 años cuando fue asesinada. Madre soltera, desde 2012 tenía una relación con Benjamín Fajardo, empleado del área de mantenimiento del almacén. 

Benjamín se ganó su confianza y durante cuatro años vivieron juntos en casa de ella. Fernanda, la hija de Yoly, tiene ahora 22 años y recuerda la cotidianeidad de los primeros años con Benjamín en la familia: veían televisión, comían pizza… Pero en 2016 Benjamín comenzó a beber demasiado y a ponerse violento. Yoly le pidió que se fuera, pero la separación duró algunos meses. Benjamín convenció a Yoly de que cambiaría, pero en realidad no dejó beber. Una vez se emborrachó y se fue a dormir empuñando un cuchillo. Fernanda recuerda que otro día, desde el patio, amenazó con matarlas blandiendo un machete. 

Demasiados asesinatos, demasiada impunidad

En 2012, el mismo año en que Yoly inició su relación con Benjamín, entró en vigor la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV), que tipificó por primera vez en El Salvador el feminicidio y otras modalidades de violencia de género. En teoría, dicha legislación debía servir para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, el 52.9 por ciento de la población.

Ese año se reportaron 321 asesinatos de mujeres, según el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). En 2013, la cifra se redujo a 217. En los dos años posteriores, las muertes violentas aumentaron significativamente, hasta que en 2015 el fenómeno alcanzó su pico máximo con 574 asesinatos. A partir de 2016 se ha registrado una reducción gradual, pero eso no impidió que El Salvador se coronara en 2019, según la Cepal, como el país América Latina más violento para las mujeres.

El asesinato de Yoly fue uno de los últimos casos de 2018. Con estadísticas nacionales de ese año, el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL concluyó meses después que El Salvador alcanzó una tasa de 6.8 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Detrás quedaron Honduras con una tasa de 5.1 y Bolivia con 2.3. 

“La disminución empezó desde el año 2016, hasta llegar a su menor expresión que ha sido la del año 2019”, admite Silvia Juárez, coordinadora de la Organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). En 2019 se reportaron 230 muertes violentas, la cifra más baja en el último lustro. En total, 3,015 mujeres han sido asesinadas en El Salvador en los últimos ocho años. Sin embargo, pese a que la LEIV obliga al Estado a castigar con severidad el feminicidio, la Fiscalía ha logrado condenas solo en un tercio de los casos, y la mayoría de ellas no relacionan de forma directa las muertes con violencia de género.

Entre 2013 y 2019 fueron asesinadas  2,694 mujeres. En ese mismo periodo la Fiscalía registró 1,017 condenas por asesinatos donde la víctima fue una mujer. Esas condenas se obtuvieron, de acuerdo con la institución, por el delito de homicidio simple y homicidio agravado, es decir, no se probó que esas mujeres hayan sido víctimas de violencia de género en el proceso penal. El Faro intentó conseguir las cifras desde 2012, pero la institución dijo no contar con la información de ese año en sus bases de datos. 

El año pasado la cifra general de asesinatos en El Salvador se redujo notablemente. El 2019 cerró con una reducción general del 28% en los asesinatos. La fiscal Graciela Sagastume, coordinadora de la Unidad de la Mujer de la FGR,  explicó a El Faro que se espera que los feminicidios bajen en la medida en que baja la cifra general de muertes violentas. “Al bajar los homicidios, efecto cascada, las muertes de mujeres bajan”, consideró. Sin embargo, organizaciones feministas como CEMUJER y ORMUSA hacen hincapié en señalar que los contextos en los que mueren las mujeres están marcados por el machismo y el desprecio hacia las mujeres. 

Desde que la LEIV entró en vigencia hasta finales del año pasado, se habían emitido 259 condenas por feminicidio (incluyendo simple y agravado) y 63 por intento de feminicidio en todo el país. En términos estadísticos, en el 8.5% de las muertes de mujeres procesadas durante los últimos siete años se ha logrado probar que ocurrió un feminicidio. 

[Revisa aquí todos los datos de femicidio en Guatemala, El Salvador y Honduras]

“Con toda claridad, las estadísticas reflejan solo la punta del iceberg” opina Ima Guirola, la representante de la organización feminista CEMUJER. Dicha organización trabaja con mujeres víctimas de violencia de género. A su juicio, las estadísticas esconden detrás patrones de violencia y años de maltratos que se quedan sin denuncia. El análisis de las expertas permite inferir que el Estado sigue siendo incapaz de prevenir que no ocurran casos como el de Yoly y, cuando ocurren, fiscales, y jueces coinciden en que existe el riesgo de que el sesgo personal de los funcionarios haga más difícil probar la existencia de un feminicidio.  

La misma coordinadora de la Unidad de Mujer de la FGR, Graciela Sagastume, señala que no todos los fiscales están preparados para procesar e investigar casos de feminicidio o de otro tipo de violencia hacia la mujer. También hace una crítica a los juzgadores: “Creo que el Órgano Judicial está en deuda en preparación, pero tampoco le voy a decir que el 100% de fiscales conocen este (enfoque). No lo conocen. Y tenemos fiscales machistas”. La magistrada de la Cámara Especializada de la Mujer, Roxana Lara, asegura que aún “en el Órgano Judicial se cuelan ciertos sesgos de género en las decisiones”. Esta afirmación es también compartida por la Jueza de Instrucción Especializada de la Mujer de San Miguel, Elsy Morales: “Cuesta con los jueces”, asegura. 

La falta de pericia en el sistema de justicia no solo afecta casos de feminicidios, sino también de violaciones a menores mujeres. En 2017 El Faro reveló que en un caso de violación de menor de 15 años, un juez puede absolver aunque se haya probado el delito y su autoría. Entre 2013 y 2016, la impunidad en estos crímenes fue del 90 %, con jueces que llegaron a justificar que la menor “aparentaba ser toda una señorita” o que confiaron en la buena intención del agresor y procuraron con su sentencia que víctima y victimario formaran un hogar.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, desde 2013 hasta finales de 2019 se presentaron 809 requerimientos por feminicidio e intento de feminicidio. Sin embargo, al pasar a la siguiente etapa procesal, solo 404 de esos casos fueron admitidos con esta tipificación en audiencia preliminar. Al final, en el mismo periodo, la Fiscalía logró 322 condenas por feminicidio en sus diferentes modalidades. La Fiscalía asegura que los casos de feminicidios que se pierden son por la poca capacitación en temas de género de parte de los jueces. Dos juezas que hablaron con El Faro sostienen que los casos se pierden por carencia de prueba de la Fiscalía.

“¿Qué pasó con la muchacha?”

A finales de 2018 Benjamín Fajardo laboraba en una venta de lácteos y al salir del trabajo se emborrachaba a diario. No pagaba las cuentas de casa, ni la comida. Así lo recuerda Fernanda. Aquel diciembre, la hija de Yoly consiguió un trabajo en Prisma Moda, en San Salvador, así que no pasó con su madre la navidad. La noche del 26, mientras Yoly volvía del almacén a su casa, fue la última vez que hablaron.

A las 10:30 de la noche, Yoly empezó a gritar. “Auxilio, Auxilio”, repitió. Al ser una casa pequeña, algunos vecinos escucharon el pedido de ayuda de Yoly, pero ninguno llamó a las autoridades. Un vecino se acercó a la puerta, tocó y esperó. Al ver que nadie atendía, se marchó. “Son cosas de pareja”, pensó, de acuerdo con su declaración judicial. 

Al siguiente día, Fernanda llamó a su mamá. Quería contarle que había conseguido el 31 de diciembre libre. Yoly no contestó. Ya no podía. Un día más tarde, el 28 de diciembre, la joven recibió una llamada de la gerente de Simán, preguntándole si sabía algo de su mamá. No había ido a trabajar. A esa misma hora, dos empleados del almacén estaban frente a la casa de Yoly. Fernanda llamó a una vecina, que le contó que había gente en la puerta del hogar. Uno de los compañeros de Yoly quitó un vidrio de la ventana de la casa y pudo observar hacia adentro. Así se descubrió que Benjamín cargaba un cuchillo y llamaron a la policía.  Al ver a los agentes llegar, Benjamín decidió quemar el cuerpo de Yoly. Incendió todo: el cadáver, la cama y la casa. 

“Pensé que había explotado un transformador”, dice un año después un anciano que salió a ver qué ocurría. La policía forzó la puerta y logró entrar. Sacaron a Benjamín sin camisa y lo sometieron. Otro vecino tomó un video y lo subió a redes sociales. “Ay, dios mío, la mujer… Pero ¿y la muchacha? ¿Qué pasó con ella?”, se oye a una persona preguntar en la grabación. 

Más tarde, Fernanda recibió una llamada confirmando su mayor temor: “Él la mató”, le dijeron. Tomó un taxi hacia San Miguel. En el camino leyó las primeras noticias sobre el crimen y vio las publicaciones en redes sociales que detallaban lo que había pasado. La autopsia reveló que Benjamín estranguló a Yoly la noche del 26 de diciembre.

El patrón de los feminicidios 

Aun calcinado, el cuerpo de Yoly conservó las marcas de la violencia. Al expediente judicial se anexó una fotografía de su tráquea dañada. En los escasos casos de feminicidios que han llegado a una condena judicial, ha quedado demostrado que a menudo las mujeres no murieron de inmediato. Antes del ataque feminicida, se observa un patrón de violencia extrema. Por ejemplo, el 30 de diciembre de 2012, una niña de 11 años se dirigía a visitar a su papá en San Juan Opico, cuando un vendedor que la niña ya había visto antes la llevó a un predio baldío, la desnudó y la violó. La niña se desmayó del dolor. Después de violarla, el hombre de 43 años tiró trapos encima del cuerpo de la niña y les prendió fuego. La niña despertó desnuda, sangrando y prendida en fuego. Pero logró pedir ayuda y sobrevivió.

El Faro analizó las sentencias de 82 víctimas de los delitos de feminicidio y feminicidio tentado desde 2012. Estas son las únicas sentencias disponibles al público que presenta la Corte Suprema de Justicia, según la oficina de acceso a la información del órgano judicial. Aunque hay más sentencias y más casos procesados, el Órgano Judicial se confiesa incapaz de dar cifras totales y procesadas de los casos porque algunos tribunales no cuentan con un sistema de seguimiento de expedientes penales. En otros casos, la Corte argumentó que los colaboradores no contaban con tiempo suficiente para revisar cada expediente y proporcionar los datos. 

La información disponible demuestra que hay hombres que matan por razón de género tanto a niñas recién nacidas como a mujeres de 70 años y confirma que el principal victimario en los casos de feminicidio es su pareja o una persona de su círculo cercano. Solo en 20 casos de los 82 analizados no se prueba ninguna relación o trato previo con los victimarios. 

Veintinueve de esas mujeres atacadas fueron agredidas por sus parejas y quince por sus exparejas. Pero no todo feminicidio ocurre dentro de una relación sentimental. “Al inicio yo tenía la idea que el feminicidio era solo el íntimo, un contexto de pareja. Y en los primeros casos decía ‘no hay un vínculo entre el agresor y la víctima, en consecuencia no hay una relación desigual de poder’. Lo cambiaba a homicidio y lo mandaba al tribunal común”, reconoce la jueza especializada Elsy Morales. “Con el correr del tiempo, hemos sido capacitadas bastante.  Probablemente otros jueces tengan la idea que yo tenía al inicio”, señala la juzgadora. 

Por ejemplo, el 2 de marzo de 2017 Roxana Jímenez, de 21 años, fue asesinada en Antiguo Cuscatlán por Balmore Calleja, un hombre de 55 años que la acosaba. Ella era empleada doméstica en una casa y Balmore realizaba trabajos como jardinero. La familia de Roxana  aseguró que el victimario la llamaba sin cesar e incluso había llegado a ofrecerle dinero a cambio de una relación. Roxana se negó y él, harto, la mató en la calle principal de la residencial Cumbres de Cuscatlán. Él fue capturado minutos más tarde en una finca cercana. En sus ropas tenía manchas de sangre. De acuerdo con Medicina Legal, Balmore destrozó su cuello con una “herida contusa cortante de veintiún centímetros de largo”. 

Balmore Calleja ya tenía antecedentes por violencia en contra de las mujeres. Dos años atrás había sido condenado a tres años de prisión por desobediencia en un caso de violencia intrafamiliar en contra de su propia pareja. Pero, la pena había sido suspendida y él se limitaba a presentarse a firmar en un juzgado. En el juicio, Wilfredo Ayala, juez de Sentencia de Santa Tecla, decidió cambiar la tipificación del caso a “homicidio agravado”. En su razonamiento no explicó por qué consideraba que no era un feminicidio. Calleja fue condenado a 30 años de cárcel. De haber sido condenado por feminicidio agravado, podría haber enfrentado una condena de hasta 20 años más. 

La violencia, en el caso de las sentencias analizadas se da casi por igual en el ámbito público (39) como en el privado (43). En los dos espacios, la pareja es el principal victimario. Y esta violencia no distingue del grado académico de las víctimas: las hay vendedoras, estudiantes, empleadas, cocineras, enfermeras, amas de casa… 

En 22 de los casos analizados por El Faro fue utilizada un arma de fuego a la hora de cometer el delito y en 51 las mujeres fueron atacadas con un arma blanca. En 26 ocasiones fue utilizado un cuchillo y en 19, un machete.  Pese a la violencia o los patrones de violencia de género, en 39 de los casos la tipificación del delito cambió durante el proceso judicial, generalmente hacia un delito más laxo, es decir, con menos pena de cárcel. 

De los casos analizados, en 12 se dictó absolución contra el imputado, pero la ausencia de una condena no borra la violencia ejercida contra las víctimas y certificada en la causa judicial. Una de esas resoluciones a favor fue para Fredy Antonio G. R,  acusado de intentar asesinar a su expareja. El motivo: ella se negó a platicar con él, a las 5:15 de la tarde del 30 de octubre de 2013. Según la FGR, la víctima se encontraba afuera de su casa, ubicada en Santiago de  vivienda. Enfurecido, él sacó un machete, la atacó y la hirió en la espalda. Ella trató de defenderse, pero no pudo. Fredy aprovechó para darle un machetazo en el estómago. 

La mujer fue llevada por personas que se encontraban cerca de la zona al hospital. Le quedaron “cicatrices permanentes, deformantes e incapacidad permanente para la extensión y flexión” de algunos dedos. La evaluación psicológica del imputado lo describió con tendencia a conducta delictiva, incapacidad de control y tendencia agresiva. Pero el juez del tribunal de Sentencia de Usulután liberó de cargos a Fredy porque la fiscalía no pudo “ubicar a los testigos para que declararan en juicio”. La sentencia, de apenas seis páginas, no incluye cuestionamientos al imputado y tampoco se anexó la fecha de captura del mismo. Según el juez, la fiscalía logró probar que la mujer había sido atacada, pero no le presentaron pruebas para saber por quién.

El análisis de los casos también permiten concluir que otro de los catalizadores de la violencia feminicida es que la mujer no se someta a cumplir los deseos del victimario. “El hombre sigue considerando a la mujer como una cosa, como un objeto, y sigue queriendo disponer de su cuerpo”, dice la jueza Morales, titular en el juzgados Especializado de la Mujer de San Miguel.

A Silvia, por ejemplo, un joven de 19 años casi la mató por haberse negado ante sus avances sexuales. Ella, de 42, vivía en un edificio de la zona metropolitana y en la madrugada del 1 de enero de 2020 escuchó golpes en la puerta. Pensó que era alguno de sus hijos. Adormitada, abrió la puerta. Quien la buscaba era su vecino, Carlos Alemán, un pandillero del Barrio 18, según documentos judiciales. 

Él la había mensajeado con anterioridad, pero Silvia no estaba interesada en una relación. A Carlos no le importó y aquella noche la besó a la fuerza. Ella forcejeó para quitárselo de encima y pidió auxilio a gritos. Alemán se enojó y la besó nuevamente. Luego le mordió la nariz y la golpeó en los pómulos para que se callara. Silvia siguió gritando. Su agresor intentó violarla, pero Silvia siguió gritando. El hombre, enfurecido, introdujo dos dedos de su mano derecha en la garganta de la víctima para asfixiarla. Silvia perdió el conocimiento.

El ruido hizo que los vecinos se preocuparan. Cuando intentaron abrir la puerta del apartamento, Alemán escapó por el patio del condominio. Pasados unos minutos, Silvia despertó y denunció el caso ante las autoridades. Alemán fue ubicado un mes después del ataque, el 4 de febrero. Actualmente la Fiscalía lo acusa de feminicidio tentado. 

Las mujeres desconfían en el sistema 

A diferencia de Silvia, que se atrevió a poner una denuncia en flagrancia, no todas las mujeres se atreven a denunciar a sus victimarios. Fernanda y Yoly, por ejemplo, nunca denunciaron las amenazas que recibieron de Benjamín. “Las dos estábamos asustadas. Eran conductas medio tontas las que tenía él. Y de ahí que a mi mamá le tocaba sacarlo de la casa por la fuerza”, cuenta Fernanda.

Ni siquiera las cercanías con las oficinas del Estado diseñadas para prevenir la violencia contra la mujer animaron a Yoly a poner una denuncia. Ese 2018 se inauguró un juzgado especializado para la mujer a dos cuadras de su casa. Y contiguo a este recinto está ubicada una delegación de la Policía Nacional Civil.

“Solo seis de cada 100 mujeres víctimas de violencia deciden poner la denuncia o pedir ayuda, dice la encuesta de victimización que levantó la DIGESTYC en 2017”, explica la coordinadora de la ORMUSA, Silvia Juarez. Esta cifra incluye denuncias por violaciones, violencia psicológica y otros abusos. De acuerdo con esta lógica, la cifra real de hechos de violencia contra mujeres podría ser de 500 mil al año. “De cada 100 casos, en 94 el Estado es incapaz de detectar la violencia”, considera Juárez. 

La Encuesta Nacional de la Violencia contra la Mujer 2017 de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) comprueba que el Estado salvadoreño ha sido incapaz de convencer a las mujeres de que les brindará la atención necesaria. El 47% de las encuestadas que no denunciaron un hecho de violencia en su contra dijo que la razón por la que no denunció fue por falta de accesibilidad a un centro de denuncias. El segundo argumento que más se repite en la encuesta es: “pensó que no le iban a creer”. 

“En los casos de feminicidios cometidos en el ámbito familiar, por lo general se cuenta con un historial previo de agresiones que, aunque no hayan sido previamente denunciados por la víctima, reproducen un ciclo en el que la violencia va en incremento hasta culminar en la muerte de la víctima“, ha explicado ya el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) en uno de sus informes sobre el estado y situación de la violencia en contra de las mujeres. Y año tras año, la cifra de hechos violentos denunciados contra mujeres se mantiene en los 20 mil. Bajan los feminicidios, pero no baja la violencia que los precede. 

El temor de las mujeres a denunciar se convirtió en debate cuando al sistema judicial -y al país, gracias a la exposición mediática- llegó en marzo de 2012 el primer caso procesado por feminicidio tras la puesta en marcha de la LEIV. Manuel Gutiérrez fue acusado por el asesinato de su esposa, Lida Huezo. Hasta el día de hoy,se encuentra prófugo. Cuando pasó por el sistema judicial, el juez suplente del Tribunal Cuarto de Sentencia, Manuel Lara, creyó que era imposible condenarlo, pese a las pruebas.

El expediente del caso recoge que el 24 de marzo de 2012, a las tres de la mañana, los vecinos y la empleada doméstica de la casa de Lida y Manuel escucharon el disparo de un arma. “Maté a mi esposa”, le escuchó decir la empleada. Los vecinos llamaron a la policía. Los agentes lo encontraron borracho y con manchas de sangre en la ropa. Al personal del sistema 911, Manuel le respondió que tuvo una pelea con su esposa y la mató. Cuando la sobriedad volvió a su cuerpo, cambió la versión: dijo que todo se había tratado de un accidente.

Manuel y Lida tenían 20 años de matrimonio. Él era gerente de una venta de automóviles y ella ama de casa. Lida recibió un disparo en el lado izquierdo del cráneo. Murió desangrada. En las manos de Manuel quedaron residuos de disparo del arma de fuego, pero eso no fue prueba concluyente para el juez Manuel Lara.

Los peritajes demostraron que Lida sufría desde hacía tiempo violencia de género, pero el juez consideró que Lida no podía ser víctima de un feminicidio porque en su clóset se observó “ropa bonita”. Otro argumento del juez para desestimar la existencia de violencia de género fue que si Lida se mostraba sumisa, como dijeron testigos en el juicio, era, interpretó él, porque “no tenía nada más que hacer en la casa” y “era una forma de atender” a su esposo.

Manuel Gutiérrez quedó libre. La fiscalía apeló el proceso y la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó repetir el juicio, pero el acusado no se presentó la segunda vez ante la justicia. En 2018, seis años después del crimen, los tres hijos del matrimonio hicieron público un video en el que defienden a su padre y piden un nuevo juicio justo. “Lo que pasó el 24 de marzo fue un accidente”, dijo una hija de la pareja quien, al momento de la muerte de su madre, era menor de edad. Hasta la fecha, el asesinato de Lida permanece impune. 

“Como Estado seguimos tolerando la violencia contra la mujer”, asegura la jueza de Instrucción Elsy Morales. De acuerdo con la juzgadora, ese es el mensaje que se le brinda a la sociedad cuando en el proceso penal no se logra condenar al victimario. Y además, porque estatalmente no se ha hecho lo suficiente para combatir la violencia de género. “Una se encuentra con barreras para combatir esa violencia, ¿cómo vamos a deconstruir al hombre, cómo vamos a empoderar a la mujer?”, se pregunta. A juicio de Morales, la falla ha sido generalizada. Considera que otras instituciones como la Procuraduría General de la República y el ISDEMU, deberían asumir un rol más protagónico en materia educativa y preventiva. “Se espera que la violencia de género sea erradicada a través del poder punitivo del Estado, sin embargo las instituciones deben tomar un papel más protagónico y responsable en este tema. La erradicación de la violencia va a depender de una prevención efectiva, lo que no se ha hecho hasta el momento”, considera. 

Además, no solo escasean campañas efectivas de prevención de la violencia de género, también hace falta más personal estatal para investigarla y condenarla. En 2013 la Fiscalía creó la primera unidad especializada en San Salvador para atender este tema y en los siguiente tres años se crearon cinco unidades más en Santa Ana, Sonsonate, Zaragoza, San Vicente y San Miguel. Sin embargo, la Fiscalía cuenta con recursos limitados para combatir los feminicidios. A nivel nacional son 46 las personas contratadas en las unidades de atención especializada para las mujeres (incluyendo colaboradores jurídicos, coordinadores y jefes de unidad). La fiscal Sagastume calcula que hay cerca de 30 fiscales especializados en el tema a escala nacional que, además de feminicidios, deben investigar otros hechos de violencia de los cuales son víctimas mujeres. 

Los casos se acumulan y corren el riesgo de quedar en la impunidad. La jefa de la Unidad de la Mujer de la Fiscalía reconoce que “difícilmente se va a dar respuesta a todos”. Un ejemplo es el caso de Reina Esperanza de Martínez: el 24 de noviembre de 2016 su exesposo llegó hasta su casa, a pesar de tener una orden de restricción por un episodio de violencia ocurrido dos meses antes. Reina se encontraba sola y Germán logró ingresar a la vivienda. Ese fue el último día de vida de Reina. Su esposo llamó a emergencias y anunció que ella se había suicidado. 

Según la acusación fiscal, Reina estuvo casada 38 años con Germán. Dos meses antes de morir, lo había denunciado por violencia doméstica. La noche del 30 de septiembre de 2016, Reina le platicó a su esposo que la hija menor de ambos quería aplicar a una beca en España y necesitaba que la apoyaran económicamente. Germán se molestó porque no estaba dispuesto a aportar el dinero y la amenazó: “No te acerqués, porque te podés arrepentir”, le dijo, de acuerdo con el expediente del caso. 

Durante el desayuno del día siguiente, Reina intentó tocar de nuevo el tema y German respondió lanzando al piso un televisor, un chinero, quebrando el celular de Reina y golpeándola. Moreteada, llegó al juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador a solicitar medidas de protección. El juzgado se las otorgó. Reina se quedó viviendo junto a su hija, pero la paz duró poco. Según un documento judicial, el 23 de noviembre de 2016 Germán recibió un citatorio del juzgado de Paz por violencia intrafamiliar. Al día siguiente se fue a buscar a Reina. Su versión, consignada en el expediente, es que ella lo invitó a almorzar una sopa de res. Supuestamente, cuando él llegó la encontró ahorcada con un lazo verde. Luego, marcó al sistema de emergencia 911.

El equipo de emergencia que llegó a la vivienda encontró el cuerpo de Reina estaba en el suelo de la sala. El Instituto de Medicina Legal (IML) dijo preliminarmente que era un posible suicidio. Sin embargo, en la autopsia encontraron señales de estrangulamiento que no fueron producidas por el lazo. Para confirmar la hipótesis, Medicina Legal ordenó una autopsia psicológica de la víctima. La Fiscalía entrevistó al círculo cercano de Reina, hicieron vaciado telefónico de su celular e investigaron la violencia que había sufrido al lado de su esposo. 

Las autoridades descubrieron que Reina fue sometida a violencia física, financiera y psicológica durante casi todo su matrimonio. A mediados de 2017, la Fiscalía acusó a Germán de feminicidio y este permaneció detenido durante el proceso penal. Sin embargo, un tribunal Especializado de la Mujer lo absolvió en 2019. La Fiscalía apeló a la resolución y la Cámara aún no emite resolución. El juzgado no quiso brindar detalles, porque el caso tiene reserva total.  

“Las mujeres están un 61 % más seguras en este Gobierno”

En 2020 la curva descendente continúa, pero el encierro provocado por la pandemia de COVID-19 ha hecho sonar las alarmas por el alza de las denuncias por violencia doméstica en comparación con los meses previos a la crisis sanitaria. En los primeros cuatro meses del año, 43 mujeres fueron asesinadas, de acuerdo con la Dirección de Información y Análisis del Ministerio de Seguridad. De ese total de casos, 20 han sido inicialmente catalogados como feminicidios. Las organizaciones feministas aseguran que el total de feminicidios en realidad han sido más, basadas en su monitoreo de medios, y exigen al Estado mayores acciones para prevenir e investigar los casos.

Cuestionan al presidente Nayib Bukele, que desde que llegó al poder en junio de 2019  no se había pronunciado sobre el tema pero el 4 de junio pasado, en cadena nacional, lo hizo para atacar a las organizaciones feministas. Como los primeros meses del año muestran una disminución en las cifras de homicidios en general, incluidos los de mujeres, Bukele dijo que las organizaciones feministas deberían estar “contentas”. “Han muerto el 61 % menos mujeres de lo que murieron en el mismo periodo del gobierno anterior… o sea que las mujeres están 61% más seguras en este gobierno”, dijo el mandatario. La conclusión del presidente fue que estas organizaciones que lo cuestionan son parte de su oposición partidaria. “Ellas no defienden a las mujeres”, sentenció.

El presidente no mencionó que durante los primeros dos meses de la cuarentena por COVID-19, la PNC recibió un 30% más de llamadas por violencia intrafamiliar que el año anterior en el mismo periodo. Tampoco se pronunció sobre los obstáculos que la emergencia ha supuesto en los últimos meses para que las mujeres denuncien a sus abusadores. 

Un mes antes de que la pandemia del coronavirus llegara a El Salvador, el caso de Yoly, la empleada de un almacén, finalizó en los tribunales con una sentencia condenatoria. En una de las audiencias, su asesino, Benjamín Fajardo pidió “perdón por el mal momento”. Fernanda, la hija de Yoly, tuvo que declarar en contra del hombre que formó parte de su familia desde que ella tenía 14 años. En febrero del 2020, Benjamín obtuvo una condena de 52 años de prisión por el feminicidio. Mientras hay cientos de muertes de mujeres que quedan sin resolverse cada año, el de Yoly formó parte de la excepción. “Tenemos, entre comillas, la fortuna de saber quién mató a mi mamá…Hay mujeres que quedan tiradas en la calle”, dice Fernanda.

Lee aquí el primer episodio completo de Estación del Silencio.

_{“Estación del silencio” es un proyecto transnacional coordinado por Agencia Ocote que investiga y reflexiona sobre las violencias contra las mujeres en Mesoamérica. Este texto es parte de la primera entrega sobre femicidios, en las que participan: Agencia Ocote (Guatemala), elFaro (El Salvador)  y ContraCorriente (Honduras).}

_{Con el financiamiento de Foundation for a Just Society, y el apoyo de Oak Foundation y Fondo Centroamericano de Mujeres.}