Los derechos de las personas LGBTIQ+ solo pueden garantizarse en una democracia. Así lo resume Ana Lanz, directora ejecutiva de Visibles. «Cuando tenemos en el poder a una persona que …
Los derechos de las personas LGBTIQ+ solo pueden garantizarse en una democracia. Así lo resume Ana Lanz, directora ejecutiva de Visibles.
«Cuando tenemos en el poder a una persona que no respeta los derechos humanos, no se puede hablar sobre un avance para las protecciones de las personas LGBTIQ+», explica Lanz.
Por ello, en 2023, la elección del binomio presidencial del partido político Movimiento Semilla, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, se vio como una luz después de una serie de gobiernos con políticas conservadoras. «Que Bernardo Arévalo saliera electo fue una gran ilusión y una esperanza. Era una persona que decía que iba a trabajar por los derechos humanos de toda la población», recuerda la directora Visibles.
Sin embargo, al echar la vista atrás dos años y medio después, algunas de las expectativas se fueron desinflando.
Alejandro Maldonado, promotor de derechos humanos y voluntario de la Asociación Iniciativa por la Diversidad Sexual de Occidente (IDSO) considera que, en el día a día, poco ha cambiado.
«Seguimos teniendo retos. Hay muchas deudas pendientes en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+», lamenta.
Maldonado considera que uno de los avances presentados por este gobierno es el Código de ética del organismo ejecutivo. En él, se reconoce como principio ético la no discriminación «por orientación sexual e identidad de género».
«Este avance no es un regalo. Ha sido una lucha de las poblaciones y las organizaciones de la población LGBTIQ+», explica.
Las peticiones de la comunidad LGBTIQ+
En 2024, cuando Arévalo asumió como presidente, colectivos y organizaciones LGBTIQ+ formularon un documento con 24 peticiones. Ahí desarrollaron las necesidades de las personas diversas que el Estado debía atender. Lo presentaron en una reunión con Arévalo en octubre de 2024.
El documento abordaba urgentes como la especialización y no discriminación en la atención en el servicio de salud. También la inclusión laboral y educativa, así como la protección en materia de seguridad.
Año a año, las organizaciones han recopilado vulneraciones a estos derechos. Por ejemplo, un estudio de Visibles en 2020 reveló que el 30.8 % de las personas LGBTIQ+ que participaron en la investigación habíasufrido violencia y discriminación en espacios de atención médica. En estos lugares, se suele dar también una estigmatización hacia la comunidad, pues se le vincula con la portación del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
«Siempre habrá un prejuicio desde los funcionarios públicos al trabajar con la población LGBTIQ+. Que un gobierno sea pro derechos humanos, no quiere decir que todos sus funcionarios lo sean», recuerda Maldonado.
El documento de peticiones incluye además una necesidad clave: la formulación de una política pública enfocada en la población LGBTIQ+. Para construirla, es clave entender las necesidades individuales de cada grupo. La comunidad LGBTIQ+ «no es homogénea», explica el psicólogo e investigador social Gabriel Álvarez
«Las personas trans tienen necesidades diferentes a las de las mujeres lesbianas, por ejemplo. Son luchas totalmente diferentes y, aunque lo encasillemos en lo que se considera como la “diversidad sexual y de género”, primero tendrían que explorarse todas esas distintas necesidades que hay y como una política pública puede cubrirlas».
Los diálogos
Cuando recibió el documento con las peticiones, Arévalo ordenó que las instituciones del Ejecutivo le dieran seguimiento. Así, el proceso inició con la Secretaría Privada de Presidencia y luego pasó a manos de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).
La Copadeh se comenzó a reunir en meses interinstitucionales con los ministerios de Gobernación (Mingob), Salud y Asistencia Social (MSPAS), Educación (Mineduc), Desarrollo Social (Mides) y Trabajo (Mintrab). También con el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De manera paralela, en 2025, empezaron a hacer diálogos ciudadanos para personas y organizaciones LGBTIQ+ en distintas regiones. Realizaron 11 en total, con presencia de personas de los 22 departamentos del país.
Alejandro Maldonado participó en el diálogo realizado en Quetzaltenango. Aunque lo ve como algo positivo, recuerda que «es obligación del Estado acercarse a nosotros».
Según Flor de María Salazar, subdirectora ejecutiva de Copadeh, asistieron 26 organizaciones y 206 personas a nivel nacional. Durante el proceso, la institución identificó 594 desafíos para la garantía de los derechos humanos de la población LGBTIQ+. Estos estaban relacionados con el acceso a salud, seguridad, educación y trabajo.
En el último tema, las juventudes LGBTIQ+ se han pronunciado. Ven el panorama de oportunidades económicas como «desolador». Especialmente, para quienes su expresión de género no encaja en los «estándares heteronormativos de la sociedad».
Según Ana Lanz, de Visibles, es necesario que el Mintrab promueva acciones para la prevención de la discrminación contra las personas LGBTIQ+ en los procesos de reclutamiento. «No te vamos a obligar a que contrates personas LGBTIQ+, eso es como un nivel 50. Estamos buscando un nivel 1, lo más básico», explica.
Las necesidades particulares
Estos diálogos también permitieron identificar las necesidades y brechas que las personas LGBTIQ+ enfrentan en regiones específicas, fuera de la capital. Por ejemplo, en los territorios fronterizos y con mayor presencia del crimen organizado, la integridad física de las personas de la comunidad es más vulnerable y el riesgo ante la trata de personas es más latente.
Alejandro Maldonado considera que otra prioridad es la descentralización de los servicios para las personas LGBTIQ+. Por ejemplo, de la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
«Las violaciones a los derechos humanos o las situaciones que enfrentamos las personas de la diversidad sexual y de género en Guatemala no solo ocurren en la Ciudad de Guatemala. Necesitamos atenciones, que sea más fácil el ir a poner una denuncia o ir a pedir acompañamiento», demanda.
El proceso liderado por la Copadeh también permitió la identificación de otras necesidades particulares. Por ejemplo, la desprotección de las personas LGBTIQ+ mayores y la violencia digital.
En Quetzaltenango, mientras los colectivos LGBTIQ+ se preparaban para el desfile del Orgullo celebrado el 20 de junio, la página de Facebook del comité organizador se llenaba de mensajes de odio.
Estos mensajes «atentan contra nuestra seguridad, nuestra dignidad y nuestras vidas. (…) Tenemos derecho a manifestar, es un derecho que está consagrado en la Constitución y en pactos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala», sentencia Maldonado.
En Antigua Guatemala, el concejo municipal trató de prohibir la manifestación LGBTIQ+, que finalmente también se realizó el 20 de junio.
La estrategia especial de atención, un primer paso
La construcción de una política pública especializada en la población LGBTIQ+ implicaría un gran desafío: Guatemala no cuentan con estadísticas oficiales que registren qué porcentaje de la población se autoidentifica como parte de la población LGBTIQ+. Los censos poblacionales del INE no incluyen este indicador.
Además, las necesidades que la ciudadanía ha identificado abordan una gran cantidad de temáticas. No hay una institución que tenga la rectoría absoluta del tema y es algo que se necesitaría para construir una política pública.
A esto hay que sumarle que el proceso de construcción de una política pública tomaría entre cuatro y seis años. Por ello —y con la asesoría de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan)—, la Copadeh decidió elaborar una estrategia especial para la atención de personas LGBTIQ+.
Álvarez encuentra una debilidad en este mecanismo. Según el experto, cada institución debería crear sus propios protocolos o estrategias para ejecutarla. «Pero creo que no hemos encontrado la voluntad política para que eso ocurra», agrega.
Por ejemplo, Álvarez participó en la formulación de una Estrategia de Atención Integral y Diferenciada en Salud para las personas trans en Guatemala. Su vigencia inició en 2016 y terminará en 2030. Sin embargo, indica, no se ha visto ningún avance.
Por su parte, Maldonado señala que esta estrategia —y cualquier política pública que se llegase a elaborar— debe incluir a las personas indígenas. «Yo soy una persona orgullosamente homosexual, pero también estoy orgullo de ser una persona maya k’iche’. La descentralización también debe ser a través de nuestros idiomas e, inclusive, en lenguaje de señas para quien así lo requiera», indica.
Un futuro incierto
La construcción de la estrategia especial que propone la Copadeh aún no puede ser considerada una victoria, según Lanz. «Este trabajo no es significativo, no es palpable hasta que se “dé el banderazo para salir”. Hasta que no esté, yo no podría hablar de un avance», indica.
Según Salazar, la Copadeh espera tener lista la estrategia al finalizar este gobierno. Es decir, durante los últimos meses del 2027. Con unas elecciones generales que se realizarán en 2027 y un nuevo gobierno que entrará en 2028, , el futuro del proyecto es incierto.
Es pronto para saber el rumbo que tomará el próximo Ejecutivo, pero el rumbo en buena parte de la región ha sido un avance del autoritarismo. «Veo la tendencia hacia buscar un gobierno autoritario por la desesperación que hay en cuanto a la crisis de delincuencia que estamos viviendo —a la que se suman las narrativas desinformadoras y la política del miedo—, pero también puede que las redes sociales, la comunicación y los personajes nos vuelvan a sorprender», analiza Álvarez.
En este contexto, los derechos de la población LGBTIQ+ vuelven a estar en disputa.
«Esto se puede intensificar y va a volver nuestro día a día bastante más retador. No creo que todo esté perdido, pero siento que de parte del colectivo LGBTIQ+ tenemos que encontrar una resistencia más organizada para poder, de alguna manera, confrontar estos hechos, discursos y propuestas de odio que hay», indica el psicólogo.
Aun así, los colectivos LGBTIQ+ esperan que Bernardo Arévalo «mantenga su palabra» y «cumpla sus mandatos constitucionales», aun cuando no ha sido vocal sobre la situación de las personas de la diversidad sexual y de género en Guatemala.
«Su estrategia responde al miedo a perder la poca aprobación que su gobierno ha tenido hasta el momento. Nosotros estamos cansados de esperar la aprobación de los funcionarios para exigir condiciones dignas de vida», finaliza Lanz.
Texto: Kristhal Figueroa
Edición: Carmen Quintela
Fotografías: Christian Gutiérrez
