El 17 de mayo, de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Este fue un hito global en la lucha …
En resumen:
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La violencia contra personas LGBTIQ+ persiste, impulsada por discursos conservadores.
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Los discursos de odio normalizan agresiones y refuerzan estigmas que afectan profundamente la vida y salud mental de las personas diversas.
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La ausencia de políticas públicas efectivas refleja un silencio estatal frente a las demandas históricas del movimiento LGBTIQ+. Activistas exigen al gobierno de Bernardo Arévalo acciones concretas.
El 17 de mayo, de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Este fue un hito global en la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+. Con el tiempo, este se convirtió en el Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
«En Guatemala, aunque este cambio no tuvo un impacto inmediato a nivel estatal o institucional, es profundamente significativo para los movimientos sociales y activistas que comenzaron a encontrar en esta fecha un respaldo simbólico para exigir derechos y visibilidad», decía una representante de la Red Multicultural de Mujeres Trans en Guatemala (REDMUTRANS) a los medios de comunicación el 19 de mayo.
Ese día, la organización, junto al colectivo de hombres trans Trans-Formación realizó una conferencia de prensa en un restaurante del Centro Histórico de Ciudad de Guatemala. Aunque era un día conmemorativo, las cifras de violencia contra la población LGBTIQ+ no dan muchas esperanzas.
Las dimensiones de la violencia y los discursos de odio
El Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Lambda registró 39 muertes violentas de personas LGBTIQ+ en 2023. El año siguiente, reportó 36. Tres muertes violentas por mes.
Tan solo entre enero y mayo de 2025 ya se han registrado 39 violaciones a los derechos humanos de personas trans. Esto, según el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe. Cinco de ellos fueron asesinatos.
Gabriel Álvarez, psicólogo y activista de derechos humanos, considera que estas estadísticas suelen ser «un dato muerto». «Hay muchos casos en los que hay violencias que no se nombran. Somos una población que está en el silencio porque nuestra cultura dice que estos temas no se hablan. Y cuando algo sucede se legitima porque “la persona no debería ser así”».
En regiones fuera de la capital de Guatemala, como la Costa Sur, la violencia ha incrementado tanto en lo físico como en lo digital, según la organización CREAR Escuintla.
Las agresiones que se denuncian en la Policía Nacional Civil (PNC) o el Ministerio Público (MP) son pocas. Pero los testimonios que han recopilado reflejan un incremento de la violencia verbal, amenazas, hostigamientos en redes sociales.
Una narrativa incrustada
La violencia contra la población LGBTIQ+ sucede en un contexto global específico en que los ataques a personas con orientaciones sexuales o identidades de género que se alejan de lo normativo no dejan de aumentar. Estos ataques está respaldadas e impulsadas por los propios gobiernos conservadores.
El caso más reciente es el de Budapest, donde el gobierno húngaro de Víctor Orbán prohibió el desfile del orgullo de este año.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele pasó de ser un aliado de la población LGBTIQ+ a convertirse en un referente del conservadurismo. Desde 2019, según elFaro, su gobierno ha eliminado entidades gubernamentales y políticas que buscan garantizar los derechos de esta población.
En Argentina, Javier Milei prohibió los cuidados afirmativos de género en menores de 18 años. También vinculó a la homosexualidad con abuso infantil en declaraciones durante el Foro Económico Mundial.
Por su parte, una de las primeras acciones que Donald Trump realizó, tan solo ocho días después de tomar posesión —de nuevo— como presidente de Estados Unidos, fue firmar una orden ejecutiva. En ella, exigía a las agencias federales que tomaran acción contra los hospitales que aún brindan cuidados afirmativos de género.
Esta se une a por lo menos otras tres acciones tomado contra la población LGBTIQ+ como presidente. La iniciativa Glaad contabiliza 263 ataques desde antes de que ganara la presidencia por primera vez.
Estas acciones contribuyen al posicionamiento de un conjunto de narrativas que, a nivel regional, «“envalentona” los discursos para colocar a la población (LGBTIQ+) en la mira», explica Álvarez. «Lo que sucede es que somos una población que se usa. Cuando hay una cuestión política, cuando hay algo que ocultar, cuando hay una cuestión que sacar a la luz… ¡boom! Salimos», lamenta.
Los discursos y narrativas anti LGBTIQ+ refuerzan la violencia cultural. Es decir, aquella que devalúa y destruye las identidades y formas de vida humanas particulares. A criterio del psicólogo, son sumamente poderosos pues constituyen representaciones sociales y crean imaginarios. Estos atraviesan las instituciones y construyen la realidad social.
La llegada al poder de estas ideas ha permitido que la violencia contra las personas LGBTIQ+ se perciba como un fenómeno «más permitido» a nivel social. En el último año, las expresiones de violencia verbal, como insultos, burlas, chistes ofensivos y amenazas se han normalizado aún más, según Mynor Reyes, comunicador de CREAR. Sucede tanto en la calle, como en las redes sociales y, muchas veces, no se percibe como violencia.
«Lo preocupante es que estas expresiones ya no generan tanta indignación social, y en algunos casos se celebran o se justifican como libertad de expresión. Eso es grave, porque el lenguaje también mata: esas palabras refuerzan estigmas, empujan a personas al aislamiento o a dejar sus estudios, sus trabajos o sus hogares», agrega el activista.
Estas narrativas son acuñadas por grupos sociales como la iglesia, los partidos políticos, empresas privadas y grupos sociales organizados. Ellos utilizan «expresiones como “eso no es natural” o “quieren pervertir” a los niños afectando directamente a jóvenes que comienzan a cuestionar su identidad o que buscan acompañamiento», dice Mynor Reyes.
La prevalencia de estas expresiones de violencia provoca lo que Ilan Meyer denominó «estrés de las minorías»: una preocupación causada por estresores que son únicos y basados socialmente en relación a su identidad minoritaria.
«Es vivir en un estrés constante. Vivir con la cuestión de “espero que no se me note” y “que en este espacio no logren identificarme”», explica Álvarez.
El silencio gubernamental
Según un estudio de Visibles, en Latinoamérica, el movimiento antigénero (es decir, las redes internacionales que, en esencia, buscan a retroceder y obstaculizar los derechos humanos de las mujeres y de las personas diversas), ha declarado a las personas LGBTIQ+ y el feminismo como una amenaza para la familia y la sociedad.
De esa manera, buscan legitimar la discriminación, la violencia basada en género y la violación de los derechos de estas poblaciones. Dicho movimiento ha logrado posicionarse dentro de los Estados latinoamericanos.
En Guatemala, a un año y medio de la toma de posesión, el presidente Bernardo Arévalo, no se ha pronunciado en contra de los derechos de las personas LGBTIQ+. Pero, según las organizaciones de derechos humanos consultadas por Agencia Ocote, tampoco han existido medidas positivas.
«Es muy fácil ignorar. No ha habido voluntad política para escuchar. La cooperación internacional intenta hacer ese diálogo entre instituciones y las organizaciones de sociedad civil, para hacer esos pequeños diálogos, pero sabemos que ahí es mucho de sacar la foto y llenar listados de participación», asegura Álvarez.
En la conferencia de prensa de mayo, los colectivos de personas trans solicitaron al presidente Arévalo la apertura de espacios de diálogo permanente con las organizaciones de personas LGBTIQ+. También exigieron el nombramiento de un Comisionado de Diversidad Sexual e Identidad de Género.
