Este 8 de marzo, como cada año en el Día Internacional de la Mujer, organizaciones, activistas, niñas, adolescentes y mujeres adultas, salieron a las calles de Guatemala. Cientos de ellas …
Este 8 de marzo, como cada año en el Día Internacional de la Mujer, organizaciones, activistas, niñas, adolescentes y mujeres adultas, salieron a las calles de Guatemala. Cientos de ellas participaron en la marcha.
Y, como cada año, volvieron a visibilizar que las demandas históricas relacionadas con los derechos de las mujeres y la igualdad siguen pendientes.
Pocas acciones para prevenir la violencia de género, problemas para el acceso a la justicia, falta de políticas públicas… son problemas «estructurales», recordó Marta Godínez, de la Coordinadora 8 de Marzo y la Alianza Política Sector de Mujeres.
«Es necesario fortalecer la lucha por los derechos humanos básicos que están siendo retrotraídos y violentados», dijo Godínez.
Embarazos y desapariciones de niñas y adolescentes: el gran pendiente
Durante la marcha del 8 de marzo, cientos de mujeres portaban pancartas mientras caminaban. La mayoría elaboradas por las propias participantes, en cartulinas grandes donde destacaba el color morado con letras llamativas y dibujos que reforzaban el mensaje. También llevaban letreros impresos y mantas vinílicas para identificar a las organizaciones.
«Por qué te espantas por las que luchan y no por las que desaparecen», «Que quede claro, la responsabilidad de la violencia sexual es del agresor», «Somos las niñas alzando nuestras voces exigiendo los derechos que no nos dieron», decían algunos carteles.
Entre estas demandas históricas de las mujeres guatemaltecas están los embarazos en niñas y adolescentes. Durante el año 2025, el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), registró 56,889 nacimientos de madres entre 10 y 19 años. Los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango son los que tienen cifras más altas.
El Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes (PLANEA), que coordina acciones de salud, educación y protección de derechos para reducir la maternidad temprana, es otra de las demandas de las guatemaltecas. El plan vigente cubría el período 2018-2022, por lo que debía actualizarse con una nueva versión. Sin embargo, lleva más de dos años de retraso en el Organismo Ejecutivo.
Marta Godínez mencionó que este es un tema urgente. «Enfrentamos problemas de violencia contra las mujeres, violencia sexual, embarazos en niñas menores de 14 años con niveles de impunidad», lamentó.
Las niñas y adolescentes de Guatemala se enfrentan a otro problema grave: las desapariciones. El sistema de Alerta Alba-Keneth registró más de 6,300 alertas en 2025. El 60% de los casos fueron adolescentes entre 13 y 17 años. En los dos primeros meses de 2026 ya se habían activado 943 alertas.
Las iniciativas y convenios que siguen engavetados
En otra de las pancartas se leía «Un patrono señala con el dedo, para intimidar a las mujeres trabajadoras», a su lado también estaba un dibujo de Mafalda que cuestionaba ese gesto autoritario.
«¿Qué pasó con los lugares seguros y dignos para las trabajadoras en lactancia?» decía una cartulina pegada en la espalda de una mujer mayor, mientras avanzaba en la caravana.
En otra, se criticaba a los diputados «El Congreso dice no a la ley de lactancia materna, las madres trabajadoras no estamos pidiendo un favor, exigimos derechos».
Por ahora, sigue sin aprobarse una ley que permita espacios dignos e higiénicos para las madres lactantes, aunque el Congreso tiene una iniciativa en sus manos.
La aprobación de las iniciativas de ley que dan seguimiento al cumplimiento de los derechos de las mujeres, como la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (LeyDem), también se incluyó en las demandas.
Esta ley permitiría promover la autonomía económica de las mujeres mediante el acceso a crédito, capacitación, apoyo a emprendimientos, empleo digno y participación en actividades productivas.
Otro tema pendiente es la ratificación de los convenios 189 y 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sobre trabajo doméstico y violencia en el trabajo.
Demandas de mujeres trans
En una manta vinílica que encabezaba el bloque de la organización OTRANS al inicio de la marcha, las mujeres trans también se expresaron.
«Nuestra orientación sexual o identidad de género no limita nuestros derechos», este era uno de los muchos afiches que rodeaban a la carroza de la Coordinadora 8 de Marzo.
Maite Marroquín, representante de OTRANS Reinas de la Noche, señaló que no existen protocolos ni procesos establecidos en instituciones oficiales que protejan a la población trans en Guatemala
Hizo hincapié en la necesidad de avanzar en una ley sobre identidad de género, impulsada por su organización. La falta de una iniciativa así, consideró, es un reflejo de exclusión institucional, criminalización e impunidad.
Según los datos sistematizados por el Centro de Documentación y Situación Trans Latinoamericano y el Caribe (CEDOSTALC), durante el 2025 se registraron 439 casos de violencia contra personas LGBTQI+ en Guatemala. De estos, 299 fueron mujeres trans; más de uno de cada tres.
El informe detalla que el 47% fueron por actos de descriminación y alrededor de 44 de estos casos fueron transfemicidios.
«Por parte de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), no tenemos ni siquiera un proceso ni protocolos que nos puedan estar amparando a nosotras las mujeres trans», lamentó Maite Marroquín.
Sistema de justicia y violencia contra las mujeres
«Vengo porque hace un año me violaron y cuando les dije a mis papás no me creyeron», comentó Gabriela, una joven quien portaba una pancarta en la que se leía «levanta la voz por las que no tienen voz».
«Hoy ya no tengo miedo. Levanto la voz porque se lo debo a la niña que no pudo gritar, por el sistema judicial que no me creyó y al agresor que sigue libre», expresó Susi, que por quinta vez consecutiva asistió a la marcha acompañada de sus familiares, mientras muestra un cartel que dice: «Dos hermanas sobrevivientes, el secreto familiar terminó».
Sobre el suelo de la Plaza de la Constitución se leía en una manta vinínilica «Justicia para Maria Fernanda». Sus familiares, hermanas, madre e hijos habían elaborado el cartel. Llevan dos años esperando justicia y no se les ha asignado audiencia. «El agresor sigue libre», afirmaron.
Desde el trabajo con víctimas de violencia, Paula Barrios, de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), expresó preocupación por el funcionamiento del modelo de atención a víctimas de violencia dentro del sistema de justicia. Durante años, MTM ha buscado especializar la atención a mujeres que denuncian agresiones.
«Vemos que el Ministerio Público ha decaído considerablemente en la persecución penal y la especialización que en su momento tenían las fiscalías. El personal capacitado ha sido removido», dijo Barrios, en referencia a las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer dentro del Ministerio Público.
Informe: 105 fiscales destituidos por el MP de Consuelo Porras – Agencia Ocote
Barrios indicaó que estos cambios también han impactado en la atención que reciben las víctimas al momento de presentar denuncias o buscar asistencia institucional.
«Hoy hay falta de personal. El personal no está capacitado y las mujeres muchas veces se retiran después de ocho o diez horas de estar a la espera de ser atendidas por un médico forense o por un fiscal que tome la denuncia», explicó.
Violencia política y acosos en espacios universitarios
Las estudiantes también señalaron pendientes relacionados con la participación política y acoso dentro de las universidades. El informe realizado por Entremundos, revela que nueve de cada diez estudiantes universitarias en Guatemala, han vivido algún tipo de acoso sexual.
Leila Chún, secretaria adjunta de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), cuestionó que «muchas veces cuando las mujeres participan o se pronuncian en espacios políticos o públicos se enfrentan a ataques, amenazas o exposición de información personal».
Además de la violencia política, Chún mencionó que dentro de los espacios universitarios también se discute la necesidad de abordar el acoso. Las autoridades, dice, no velan por la seguridad de los estudiantes cuando presentan estas denuncias. «Es algo de lo que se habla muy poco en las universidades y hasta cierto punto está normalizado».
Mujeres con discapacidad
«Decidir es un derecho», era otro de los carteles pegados en la carroza de la organización Sector de Mujeres donde se incluía una ilustración de una mujer en silla de ruedas.
Silvia Quan, presidenta del Colectivo Vida Independiente de Guatemala, explicó que «las políticas y los mecanismos que existen para atender la violencia contra las mujeres no toman en cuenta las condiciones específicas de las mujeres con discapacidad».
Quan también señaló que aún existen vacíos dentro de la legislación de Guatemala, donde las personas con discapacidad no se han reconocido como sujetos de derechos.
Entre las demandas que plantean las organizaciones se encuentra el reconocimiento de estas violencias específicas y la incorporación de apoyos que permitan a las mujeres con discapacidad acceder a los sistemas de denuncia y justicia.
Nueve años del incendio del Hogar Seguro
Al finalizar la marcha a lo largo de la Sexta Avenida, las participantes llegaron a la Plaza de la Constitución, donde se reunieron frente al altar en memoria de las niñas víctimas del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Este 8 de marzo se cumplieron nueve años del suceso.
En el altar en memoria de las víctimas del Hogar Seguro, miembros de la agrupación Bikers Unidos por Guatemala encendieron velas en conmemoración de las niñas que murieron en el albergue estatal.
Una de las personas que estuvo en el altar fue Chiqui Ramirez, una mujer de 81 años y autora del libro La Guerra de los 36 años, sobre el conflicto armado interno en Guatemala.
«Estoy hoy acá junto al altar de las niñas, indignada por lo que les pasa a las mujeres de este país, pero mientras tenga vida, seguiré presente».
Entre pancartas, consignas y testimonios, las participantes recordaron que el 8 de marzo no es solo una fecha conmemorativa, sino también un recordatorio de las luchas que continúan. Para muchas mujeres, niñas y poblaciones diversas en Guatemala, la exigencia sigue siendo la misma: vivir sin violencia, acceder a la justicia y que sus derechos sean garantizados.
Créditos:
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera y Carmen Quintela
