Conoció el caso desde el principio. En 2011 fue una de las abogadas que empezó a documentar las violaciones sexuales que vivieron decenas de mujeres en comunidades de Rabinal, Baja …
En resumen
- Mujeres maya Achi de Rabinal, Baja Verapaz, lograron una segunda sentencia contra tres exparamiliares por abuso sexual y delitos contra los deberes de humanidad durante el Conflicto Armado Interno.
- Haydeé Valey, una de las abogadas que acompañó el caso mujeres Achi, considera relevante que los tribunales tomaran en cuenta el valor que tienen los testimonios de las víctimas de abuso sexual.
- La nueva sentencia también es un reconocimiento a las mujeres en contra de las injusticias, la impunidad y el olvido de las graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna.
Conoció el caso desde el principio. En 2011 fue una de las abogadas que empezó a documentar las violaciones sexuales que vivieron decenas de mujeres en comunidades de Rabinal, Baja Verapaz.
Hoy, con dos sentencias (2022 y 2025) que condenan a ocho exparamilitares por delitos de lesa humanidad, Haydeé Valey recuerda el esfuerzo que implicó buscar justicia. También insiste en que estos hombres no actuaron solos: lo hicieron bajo órdenes del Ejército de Guatemala, que hasta ahora no ha asumido su responsabilidad por estos crímenes.
Egresada de la Universidad Rafael Landívar, Valey es una abogada maya Achi que reivindicó con justicia la barbarie cometida contra mujeres de su pueblo. Agencia Ocote presenta sus impresiones sobre el camino transitado.
¿Cuál ha sido su trayectoria y experiencia como abogada en casos de derechos humanos?
Trabajé para el Bufete Jurídico de Rabinal, (Baja Verapaz) precisamente en el caso de las mujeres Achi, documentando las graves violaciones cometidas en contra de ellas.
Desde 2014 me incorporé a Impunity Watch, como acompañamiento a organizaciones de víctimas que reclaman el cumplimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición.
Mi experiencia es en justicia transicional, derechos humanos y derechos de las mujeres.
¿En qué momento se vincula como abogada del caso mujeres Achi?
En 2011, comencé a documentar y construir un caso de violencia sexual en contra de las mujeres Achi. En ese año, el Bufete Jurídico de Rabinal ya tenía documentado el caso de la masacre de Chichupac donde varias mujeres se refirieron a las violaciones contra sus parientes y mencionaron las que ellas sufrieron.
Se documentaron testimonios y se hizo una lista de sobrevivientes de violencia sexual, además se analizaron los casos, se determinaron patrones y se comenzó a construir un caso específico de violencia sexual.
En ese momento, no se había litigado por violencia sexual en el Conflicto Armado Interno en Guatemala. En 2019 el Bufete de Rabinal e Impunity Watch realizaron un convenio para trabajar en el caso porque en 2018 se giraron las primeras órdenes de captura.
¿Tiene recuerdos que le hayan impactado cuando tomó el caso?
De las primeras en el 2011, cuando hablé con las mujeres en idioma Achi. Gloria Reyes (también abogada Achi) me apoyó porque eran varias.
No había un trabajo especializado o enfocado en la violencia sexual, en conocer cómo ocurrió, identificar perpetradores, modos, patrones, esa fue nuestra tarea.
Me impactó conocer casos tan terroríficos, actos de violencia sexual deshumanizante. Varias de ellas también sobrevivieron a masacres como la de Río Negro o Rancho Bejuco.
El Ejército y los patrulleros ni siquiera les permitían llevar alimentos cuando salían de su comunidad porque decían que eran para los guerrilleros. Una de ellas dijo que escondía una tortilla en su huipil.
También fue impactante escuchar sobre el asesinato de sus hijos, nietos. Una que se quedó con varios nietos los fue a dejar a un convento que funcionaba en Rabinal donde los dieron en adopción porque eran tantos niños que no podían mantenerlos.
¿Cuál ha sido el abordaje que la justicia y el Estado en general han dado al caso de las mujeres Achi?, ¿cree que es suficiente?
Hubo un esfuerzo desde la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), por hacer una investigación profunda del caso y presentar una acusación sustentada. Pero hay una deuda.
El MP debe subir en la (investigación de la) cadena de mando del Ejército. Hay responsabilidad de la zona militar número 21 de Cobán (Alta Verapaz), de la zona militar número 4 de Salamá (Baja Verapaz) y del destacamento militar de Rabinal.
Sobre el Organismo Judicial, en 2019 la jueza Claudette Domínguez otorgó sobreseimiento a tres capturados. Hubo deficiente manejo de los estándares internacionales y sentencias de DDHH. Los testimonios de las víctimas de violencia sexual son pruebas como cualquier documento, peritaje. Hay un desarrollo jurisprudencial que así lo confirma.
También hemos constatado que el sistema de interpretación (de idiomas indígenas) continúa siendo deficiente. La Secretaría de Pueblos Indígenas debe de asumir con mayor seriedad esa responsabilidad.
A nivel de Estado en general, sigue siendo una deuda establecer mecanismos eficientes para que las medidas de reparación puedan ser cumplidas.
Tras ver la cobertura en medios y el abordaje en general del caso, ¿considera que haya elementos que no se han abordado y cuáles serían?
Se ha dado gran cobertura sobre el caso y se ha resaltado principalmente la lucha de las sobrevivientes, como protagonistas de este proceso de búsqueda de justicia.
Pero también es necesario vincular el caso con la responsabilidad del Ejército. Que hay una responsabilidad del Estado, porque los Patrulleros de Autodefensa Civil condenados no actuaron solos, fue bajo órdenes del Ejército y bajo una lógica de guerra contrasubversiva que impactó gravemente a la población civil.
También hay que resaltar el racismo y los mecanismos de tortura extrema en contra de mujeres, niñas, niños, hombres, ancianas indígenas. Se les humilló y degradó al máximo para causarles el mayor sufrimiento posible.
Como ha sucedido en otros casos, incluso en la primera sentencia a favor de las mujeres Achi y con las abuelas de Sepur Zarco, las medidas de reparación no han llegado, ¿considera que ahora sí se podrían implementar y qué se necesita para lograrlo?
Es importante tomar las lecciones que nos dejan el caso Sepur Zarco y la primera sentencia de las mujeres Achi, porque el cumplimiento de las medidas de reparación son cuesta arriba.
Hay poca voluntad de las instituciones públicas para cumplir las medidas de reparación, porque hay un limitado entendimiento de lo que implican los derechos humanos.
Más allá de cuestiones asistencialistas, sociales, requiere la implementación de procesos específicos.
Siete mujeres Achi han fallecido en el proceso, pero como reiteró Doña Paulina Ixpatá una de las sobrevivientes, son muchas las que vivieron esa pesadilla. ¿Existe algún análisis de esas víctimas que tienen miedo de denunciar o fallecieron sin justicia?, ¿cuántas pudieron ser?
Lamentablemente no tenemos datos. Tenemos los testimonios y las historias de vida de 36.
Sabemos de casos específicos que no han querido hablar por el temor de sufrir estigmatización a nivel comunitario y por vergüenza dentro de la familia.
¿Cuál cree que será el camino de la defensa de los exPAC, apelarán la sentencia, qué implicaría para las mujeres Achi y qué rutas tomarán ustedes?
Es 100% probable que se apele y más porque se trata de la Defensa Pública Penal. Eso ocurrió con la primera sentencia.
Cuando el expediente se eleve a la Sala Primera de Mayor Riesgo o Sala Segunda de Mayor Riesgo va a seguir el trámite normal. Hasta que se pronuncie, dependiendo del sentido, ya veremos si impugnamos o no.
Como abogada de las querellantes corresponde continuar la lucha, defender esta sentencia histórica que dignifica a las sobrevivientes y defenderla hasta las sus últimas instancias.
¿Hay más exparamilitares identificados en este o en otros casos sobre los cuales se pueda buscar justicia?
Con este juicio se agota toda posibilidad de individualizar a personas que tuvieron responsabilidad como autores materiales de los hechos. Había una orden de captura pendiente, pero tenemos confirmado que la persona falleció.
En otros casos seguramente hay. Por ejemplo, uno de los acusados en el caso Achi y ahora sentenciado, Simeón Enríquez Gómez, aparece en una sentencia de 1999 donde el tribunal ordenó que fuera investigado junto a otras personas porque hay testigos que los ubican como perpetradores de la masacre de Río Negro.
Como abogada indígena, como mujer, ¿qué representa para usted este caso?
Es una sentencia que celebro, con la que me identifico, porque es una sentencia que dignifica a las víctimas y que reconoce la importancia de los testimonios de las sobrevivientes.
Aporta en la lucha de las mujeres contra la violencia sexual. Es una sentencia histórica porque sirve como referente del valor, de la fortaleza política que pueden llegar a tener las mujeres que luchan contra las injusticias, contra la impunidad. Esto quedará para la memoria de las siguientes generaciones.
Conoce la crónica y cobertura que Ocote realizó de la sentencia por el segundo juicio del Caso Mujeres Achi dando click aquí
