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Planes de salud, becas y una petición de disculpa del Ejército como reparación para las mujeres achies

En la misma semana en la que fueron condenados cinco expatrulleros de autodefensa civil en el “Caso Mujeres Achi”, el Tribunal de Mayor Riesgo A ordenó que el Estado implemente medidas de reparación por los daños causados a las sobrevivientes de las violaciones sexuales ocurridas durante el conflicto armado interno de Guatemala.

El Tribunal de Mayor Riesgo A ordenó que el Estado implemente medidas de reparación en el Caso Mujeres Achi.

Un proceso penal en Guatemala no finaliza con una sentencia. El sistema de justicia contempla que, después de que un tribunal emita una condena, se dicten medidas a favor de las víctimas como una reparación por los daños que sufrieron.  

El Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por Yassmin Barrios, Patricia Bustamente y Gervi Sical, celebró este jueves 27 de enero la audiencia de reparación digna para el caso de las mujeres achies, cuya sentencia emitió el lunes 24 de enero.

En la audiencia, el tribunal ordenó al Estado de Guatemala implementar una serie de disposiciones a favor de las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual cometida por un grupo de expatrulleros de autodefensa civil en Rabinal, Baja Verapaz, durante el conflicto armado interno.

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Las medidas de reparación

Aunque el caso empezó en 2011 con la denuncia de 36 mujeres achies, el Ministerio Público únicamente procesó a los acusados de cometer violencia sexual contra cinco de ellas: Pedrina López, Margarita Alvarado Enríquez, Marcela Alvarado Enríquez, Inocente Alvarado Enríquez y Estefana Alvarado. Por ese motivo, algunas de las medidas que se dictaron las beneficiarán solo a ellas. 

El tribunal estableció una indemnización de Q300 mil a favor de las cinco mujeres. Según Haydeé Valey y Gloria Reyes Xitumul, abogadas que acompañan a las sobrevivientes, esa cantidad debería ser pagada por los acusados. Aun así, prevén que ellos puedan alegar que no cuentan con este dinero. Si esto ocurre, el Estado sería el responsable de realizar el pago, explican, pues también figura como demandado en el caso a través de la PGN. 

“Se ordena implementar planes de salud para cada una de las cinco víctimas con tratamiento psicológico, psiquiátrico y ginecológico de conformidad con sus afectaciones particulares y proveer los exámenes médicos y demás tratamientos”, ordenó también el tribunal. Esta otra medida debe ponerla en marcha el Ministerio de Salud y Asistencia Social, que además deberá habilitar puestos de salud en las comunidades donde viven las mujeres.

El tribunal también ordenó que la Defensoría de la Mujer Indígena capacite a las mujeres, y a sus hijas y nietas sobre derechos humanos, participación política, violencia contra las mujeres y mecanismos de denuncia. 

Los jueces resolvieron que el Ministerio de la Defensa debe realizar un acto público en Rabinal, Baja Verapaz en el que reconozca y haga una petición de disculpas por los crímenes cometidos, ya que durante el juicio se evidenció que las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) estaban bajo el control de comandos del Ejército. 

Además, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación deberán crear un curso para la prevención de la violencia sexual dirigido al Ejército y a la Policía Nacional Civil.

Otras de las medidas de reparación son la creación de un documental y un mural del “Caso Mujeres Achi” que estará a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes. 

Los jueces establecieron también que dentro del currículo de estudios se debe incluir la historia de las vidas de las mujeres achies que sobrevivieron a la violencia sexual cometida durante el conflicto armado. Esto debe implementarlo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Deportes. 

El Ministerio de Educación también deberá otorgar becas de estudio a los hijos y nietos de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en Rabinal, Baja Verapaz. Estas deberán abarcar primaria, secundaria y diversificado.  

El tribunal además ordenó que el Organismo Judicial publicite la sentencia en su página web y que sea traducida al idioma achi. 

La diligencia judicial se realizó -como establece la ley- tres días después que este mismo tribunal condenara a Benvenuto Ruíz Aquino, Bernardo Ruíz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado a 30 años de prisión, por el cargo de delitos contra los deberes de la humanidad en su modalidad de violencia sexual. 

En la sentencia, la  judicatura determinó que los hombres las obligaron a tener relaciones sexuales de “forma violenta, a través de las fuerza, amarrándolas, amenazándolas con armas o indicándoles que las matarían si no accedían a estar con ellos”. 

Otra de las conclusiones de los jueces fue que las mujeres achies fueron convertidas en un objetivo de guerra y por ese motivo se usó contra ellas fuerza física y psicológica en sus “mayores extremos”. 

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El reto de cumplir las medidas

Las medidas de reparación establecidas en el “Caso Mujeres Achi” son similares a las otorgadas en otros procesos, como el caso de violencia sexual de las mujeres q’eqchi’es de Sepur Zarco

En el mismo también se ordenó que se dieran becas para la niñez y los adolescentes de la comunidad, la habilitación de un puesto de salud y la creación de un documental sobre los crímenes cometidos contras las mujeres.

Pero Paula Barrios, abogada de Mujeres Transformando el Mundo, organización que acompañó el caso Sepur Zarco, explicó a Ocote que la implementación de estas medidas de reparación a favor de las víctimas ha sido un reto. 

Por ejemplo, las becas fueron otorgadas en 2020, cuatro años después de que se dictara la condena. Estas, dice la abogada, han sido de beneficio para los jóvenes que aspiraban a estudiar diversificado y que antes no tenían esa posibilidad. 

Por otro lado, el documental sobre el caso de Sepur Zarco se encuentra estancado en el Ministerio de Educación. De acuerdo con Barrios, en la cartera no se ha apoyado la divulgación del material que ya ha sido elaborado por el Ministerio de Cultura. Ocote trató de comunicarse con el equipo de comunicación del ministerio para conocer qué ocurrió con el proyecto, pero no respondieron los mensajes y llamadas. 

En el caso de la habilitación de puestos de salud, en Sepur Zarco únicamente se instaló una unidad móvil en la que solo atiende un enfermero. Hasta ahora no se le ha podido dar certeza jurídica a las tierras de la aldea y eso ha evitado la construcción de un puesto de salud formal.  

Barrios concluye que algunas de las medidas se han cumplido gracias a que la organización ha impulsado la creación de mesas de trabajo -con representación de las mujeres sobrevivientes- que incluyen un seguimiento trimestral de los compromisos de las instituciones. 

José David López Vicente

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