Pedrina Alvarado no calla. Dice que le hace bien hablar, aunque es doloroso recordar, no teme alzar la voz y buscar justicia por sus familiares, víctimas de la masacre en …
Pedrina Alvarado no calla. Dice que le hace bien hablar, aunque es doloroso recordar, no teme alzar la voz y buscar justicia por sus familiares, víctimas de la masacre en el caserío Rancho Bejuco.
«Tenemos ese dolor, tristeza. Yo cuento todo lo que pasamos. No me escondo, ni me voy a esconder porque es verdad. Hay muchos que ya no quieren hablar, yo sí», afirma Pedrina con la voz entrecortada, mientras seca sus lágrimas con el rebozo.
Es jueves 24 de agosto de 2023. Hace 41 años, también un jueves, pero de 1982; Pedrina regresó del mercado a su caserío y encontró los cadáveres de sus padres, hermanos, esposo y un hijo. Los habían masacrado junto a otros vecinos. Ella estaba embarazada de su hija Olivia, así que decidió huir para esconderse en la montaña. Logró sobrevivir y salvar a su bebé.
Pedrina es una mujer fuerte, una bisabuela, de 68 años, que ha llegado hoy a la plaza frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para participar en un acto en conmemoración de sus familiares y otras víctimas.
Está sentada en las gradas junto a Olivia, que ahora tiene 40 años; su hermana menor María Natividad, de 67 años; y otras mujeres achi. Se acompañan. Todas viajaron en bus desde Rabinal, Baja Verapaz a la ciudad de Guatemala para escuchar la sentencia.
Detrás de las mujeres, hay carteles con los nombres de las víctimas. Enfrente, un círculo de flores, pino, velas e incienso. Mientras Pedrina habla con periodistas, Olivia y María Natividad y conversan entre ellas, son más reservadas y prefieren no platicar con la prensa.
Durante una conferencia, las mujeres indican quienes son las personas de los retratos que sostienen. Olivia pasa al frente y se acerca al micrófono «Él es mi papá», señala en voz baja. Sus ojos están húmedos. Su madre murmura palabras en achi detrás de ella. Olivia sube el tono de su voz. «Yo quiero justicia para él, porque no es justo lo que hicieron a mi padre. Él tenía 18 años cuando lo mataron», declara con firmeza.
Los retratos son de seis adultos. La mayoría de las personas asesinadas eran niños y niñas, las familias no tenían fotografías de ellos. De al menos 25 víctimas, 17 eran menores de edad. La masacre ocurrió el 29 de julio de 1982, en el caserío Rancho Bejuco, del municipio de Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz, durante el régimen de facto del general José Efraín Ríos Montt. Su gobierno fue el periodo más sangriento de la guerra, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Según los testimonios, el día de la masacre llegó al caserío una patrulla de soldados, dos comisionados militares y 15 patrulleros de autodefensa civil (PAC) de la aldea Pacoc. Los soldados asesinaron a las familias lanzando explosivos hacia la casa donde las tenían retenidas, después trasladaron sus cuerpos a una fosa que cavaron los mismos patrulleros. El Ejército utilizó como excusa para eliminar a toda la comunidad que los hombres de Rancho Bejuco no habían querido unirse a las patrullas.
En el informe de CEH se menciona esta masacre como un ejemplo de la persecución sistemática dirigida a la eliminación total de comunidades achi. También registró múltiples casos de crueldad a la niñez aplicados por soldados y patrulleros civiles.
El juicio empezó el 7 de junio de 2023. En la audiencia inicial, el Ministerio Público (MP) acusó al coronel retirado Juan Ovalle Salazar por dirigir la operación para capturar, trasladar y ejecutar a las personas, cometer actos de violencia y violación sexual en contra de menores de edad. Aunque no estuvo presente el día de la masacre.
Además, la fiscal Rosa Carolina López Garrido señaló como responsables de la matanza a los ex comisionados militares de Baja Verapaz, Mario Elfidio Córdova y Santiago Cojón Galeano; los exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), Carlos Sesam Cajbón, Juan López Sic, Lauro Garrido Córdova, Lázaro Alvarado de Paz, Mario Garrido Córdova y Santos Cojón Galeano. Fueron detenidos el 2 de febrero de 2022.
Entre las pruebas contra Ovalle Salazar, el MP presentó las planillas que establecen el cargo que ejercía en 1982 y manuales del Ejército que definían sus funciones. Mario Elfidio Córdova y Santiago Cojón Galeano aparecen en un listado de ex comisionados militares asignados a Baja Verapaz.
En el caso de los expatrulleros, las pruebas son constancias del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) donde los acusados indicaron que su jefe directo eran los excomisionados Córdova o Cojón, declaraciones de testigos que los ubican en el lugar el día de la matanza, según la acusación, detuvieron y trasladaron a pobladores y abrieron fosas para enterrar a las víctimas. Además, el testigo A, un expatrullero con nombre bajo reserva, los identifica como miembros de la patrulla de la aldea Pacoc.
A todos se les imputó el delito contra los deberes de la humanidad. Este es un grave crimen, que comete quien realiza cualquier acto inhumano contra población civil, hospitales o lugares destinados a heridos, y es sancionado con veinte a treinta años de prisión.
La última petición de los acusados
Previo a la sentencia, en una audiencia el 17 de agosto, uno tras otro, los nueve acusados pasaron al estrado para asegurar que son inocentes y pedir su libertad al Tribunal de Mayor Riesgo D integrado por el juez presidente Walter Mazariegos, y los jueces vocales Catalina Cortez y Rudy Bautista.
Antes de hacer su petición, el coronel retirado bajó la cabeza un par de segundos, luego volvió su mirada hacia los jueces y, con voz calmada empezó su discurso. «La verdad es que es importante tomar en cuenta, se los pido a ustedes, tomen en cuenta las declaraciones que hicieron mis abogadas con respecto a mi no participación en el evento en el Chol».
Ovalle Salazar evitó decir que fue una masacre. A pesar de que sus abogadas no negaron los hechos, pero alegan que su defendido no tenía conocimiento ni participación.
El coronel insistió en que los manuales del Ejército definían las funciones del comandante del batallón, el cargo que tenía en 1982. Según Ovalle, se limitaba a recibir y entrenar a todos los soldados de la zona militar de Cobán, Alta Verapaz.
«Desgraciadamente la educación en los pueblos de Guatemala es escasa, eran casi sólo analfabetas. Con mi profesión anterior, de maestro de primaria, yo me dedicaba a educar a todas las personas (soldados) que llegaban, que ni hablar la castilla sabían. Pido mi libertad porque no tengo absolutamente nada que ver con esas actividades, si las hubo o no las hubo», puntualizó.
El expatrullero Lázaro Alvarado de Paz, de 72 años, casi murmuró la solicitud. Su voz apenas se escuchaba, aún con micrófono. «Yo soy inocente. Más que todo, quiero mi libertad, porque sinceramente de lo que a mí me acusan no sé nada de eso. Ni he participado en nada». El acusado reafirmó con voz suave: «Yo soy inocente, señor juez» y guardó silencio.
«Su silencio me indica que usted ha terminado, ¿Es lo único que quiere decir?», le preguntó el juez Mazariegos. «Sí», respondió Alvarado y regresó cabizbajo a la carceleta.
«Nosotros sufrimos la guerra personalmente, ese dolor se nos queda porque somos humanos. Aquí estoy presente ante la justicia, yo solicito mi libertad», exigió con firmeza Santos Cojón Galeano, de 63 años. El expatrullero negó haber participado en la masacre. «Mis manos, si ustedes tienen aparato para examinar mis manos, aquí están, porque realmente yo no sé», dijo Cojón mostrando sus manos al tribunal.
El juicio tardó tres meses. La fiscalía presentó pruebas documentales como planillas y manuales del Ejército, fotografías de la vestimenta y objetos de las víctimas, los restos óseos de al menos 15 personas, actas de nacimiento y defunción, las declaraciones de un sobreviviente, seis testimonios y tres peritajes. Entre los testimonios están el de un ex patrullero y un ex comisionado militar. No se pudo identificar por medio de muestras genéticas a las víctimas, solamente se les identificó por la ropa localizada en las fosas.
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Una condena para el coronel
Esta es la primera condena contra Ovalle Salazar, a pesar de que se encuentra en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala desde hace siete años. Es acusado también por el caso Creompaz y fue detenido en enero de 2016. Este caso sigue entrampado en un laberinto legal que aún no se resuelve, debido a las apelaciones de la defensa.
A las 2 de la tarde del 25 de agosto de 2023, la pequeña sala de audiencias está abarrotada. El espacio sólo tiene tres filas de asientos para unas 18 personas.
Después de la conferencia, seis mujeres achi se sientan en sillas de la sala de audiencias para esperar la sentencia. Entre ellas, Pedrina y María Natividad. La prensa y algunos observadores internacionales se quedan de pie. El calor es sofocante, un oficial del juzgado enciende un ventilador para los jueces.
Los acusados ingresan a la carceleta dentro de la sala. Todos están esposados, a excepción de Ovalle Salazar. El coronel retirado usa un cabestrillo, que lleva a cada audiencia desde el año pasado. Un recurso que han utilizado otros detenidos, políticos y empresarios, para evitar las esposas. Ovalle se sienta en una esquina de la carceleta.
Diez minutos después, entra el tribunal. El juez Mazariegos empieza su intervención, titubea, lee documentos del expediente y trata de no dirigir su mirada a las cámaras de los medios de comunicación. «Este tribunal, respetuoso de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, quiere evitar que se mediatice o se tenga una actividad exaltada», expone Mazariegos, para luego indicar que dará paso a la resolución y dejará de último la explicación de sus argumentos.
El tribunal decidió que el coronel Juan Ovalle Salazar es responsable de la masacre y resolvió absolver a los otros ocho acusados: seis expatrulleros y dos excomisionados militares.
Mazariegos hablará sobre objetividad, derecho y filosofía por más de 30 minutos.
«Si regresamos a los filósofos y las preguntas universales, es que el ser humano es el único ser vivo que se pregunta qué hace, a qué vino y se pregunta sobre estas cuestiones universales o del cosmos, porque no vemos a un perro preguntando por qué es perro».
El juez permanece en silencio por un minuto, revisa documentos. Luego retoma su argumento: «Esta visión metafísica nos hace arribar de que existe un ente que se convirtió en el soberano, ya la soberanía no estaba instaurada en el pueblo, sino que el pueblo fue convertido en un súbdito», explica Mazariegos.
Ana Carolina Patricia Nichols Herranz y Lidia Mercedes Ramírez Orellana, abogadas de Ovalle Salazar, murmuran entre ellas. Nichols frunce el ceño y dirige la mirada a los abogados querellantes, Lucía Xiloj e Ignacio Santiago Urquijo, de la Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal (ABJP). Defensa y querellantes parecen no entender los argumentos del juez.
Carmen Peralta Marroquín y Lignen Ubaldo Peñate Rodríguez, abogados de la defensa pública penal, sólo asienten y toman notas. Mientras el abogado César Obed Palacios Delgado utiliza su teléfono celular y escucha con la cabeza agachada. Sus defendidos fueron absueltos, están conformes con la resolución.
Mazariegos señala que Ovalle Salazar es responsable porque tenía alrededor de dos años en la base militar de Cobán, conocía el área y el accionar de sus subalternos, aunque no hubiera estado en el lugar el día de la masacre.
El juez recuerda que más del 80 % de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno fueron ejecutadas por patrulleros de autodefensa civil, pero objeta que los ocho acusados no son culpables.
«Aquí no hay culpabilidad porque cómo se le podía exigir que actuara de otra manera, si la otra manera representaba la muerte. La muerte para un patrullero y un comisionado militar si no cumplía con sus obligaciones», razona Mazariegos.
Pedrina y María Natividad oyen atentas al juez. Pedrina frota sus ojos, junta sus manos sobre su pecho. María Natividad llora, y con un papel seca sus lágrimas. Melissa González, psicóloga de ABJV, la consuela se arrodilla frente a ella, pone las manos sobre su brazo.
Al escuchar la condena de 20 años de prisión inconmutables, Ovalle Salazar baja la cabeza y pasa la mano por su cabello canoso. Permanece cabizbajo unos segundos.
Tras finalizar la audiencia, Nichols se acerca a la carceleta para hablar con su defendido. «¡Respeten!», grita a los periodistas que intentan fotografiar a Ovalle Salazar. Los exnpatrulleros y ex comisionados militares absueltos sonríen y abrazan a sus abogados.
Familiares de las víctimas salen apresuradas de la sala de audiencias. Se dirigen a la plaza frente a la CSJ a recoger las flores, el incienso, las mantas y carteles con los nombres de sus familiares que colocaron por la mañana. No hay celebración.
«Una justicia a medias»
La abogada querellante Lucía Xiloj asegura que apelarán la sentencia. «Es una justicia a medias, un retroceso para la justicia transicional porque otra vez el sistema de justicia da la espalda a las víctimas», expresa.
Ignacio Urquijo, abogado querellante, habla con las familiares en la plaza frente a la CSJ, las anima, les dice que el tribunal reconoció a las víctimas, que condenó al coronel, que apelarán la sentencia.
Pedrina camina junto a su hija y hermana, toman los retratos y las flores. Se siente cansada y triste. Les espera un viaje de tres horas en bus para regresar a su casa en Rabinal.
«Yo me voy con coraje, con tristeza. No sólo él (coronel) hizo, él llegó con sus patrulleros. Los patrulleros también tienen la culpa. No sé qué vamos a hacer, si vamos a apelar o cómo», dice Pedrina Alvarado entre llanto.
