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“Yo me enteré por un tuit de Alfred Kaltschmitt”, explica Rodas a Fáctica sobre la acusación de ser parte de la acusación en el caso conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1996.
“Demandar al Estado para indemnizar a los animales que violaron y asesinaron una niña de 4 años es el límite hasta donde ha llegado el Procurador. Uno trata de comprender esta acción tan descabellada como injusta y la conclusión es que el PDH no está en sus cabales”. Este fue el tuit que publicó el columnista de Prensa Libre, Alfred Kaltschmitt, el pasado sábado 23 de noviembre, y que al día siguiente fue eliminado.
Fáctica buscó comunicación vía mensaje directo con el columnista, para conocer las fuentes en que basó su comentario, pero no dio respuesta. Mientras, Rodas publicó en sus redes sociales que esta era una campaña de desinformación en su contra.
“Esto lo hacen para deteriorar la imagen de los derechos humanos y de mi persona. No descarto que venga del poder político y económico. Si no les funciona una cosa, prueban con otra”, asegura Rodas.
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Al hacer una búsqueda en las cuentas de Twitter y Facebook de “Jordán Rodas”, “Alfred Kaltschmitt”, “PDH”, “fusilamiento” o “CIDH”, se encuentran opiniones diversas. Y más desinformación. Páginas de Facebook como “Bajo Fuego Cruzado”, “Libertad Héroes Militares Guatemaltecos” y “Tele Informativo Izabal” comparten la misma publicación que señala al PDH de haber demandado al Estado, en una serie de publicaciones sin autoría ni fuentes.
Pedro Castillo Mendoza y Roberto Girón fueron condenados en 1996 por el delito de violación a una menor, crimen ocurrido tres años antes. “En aquella época, este delito era condenado con pena de muerte”, explica Oswaldo Samayoa, abogado del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) y ex miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), organización que junto a The Magnus F. Hirschfeld Centre for Human Rights y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) presentaron el caso ante la CIDH en 1996, según se detalla en el Informe de Admisibilidad y Fondo.
Tras conocer el caso, la Comisión responsabilizó al Estado de Guatemala por la violación de los derechos humanos de Girón y Mendoza, por “la condena a la pena de muerte y la ejecución mediante fusilamiento… haberlos sometido al ‘corredor de la muerte’ y haber transmitido su ejecución por televisión, y… la violación del derecho a las garantías judiciales, por la ausencia de defensa técnica desde el inicio del proceso penal”. Y recomendó compensar, satisfacer y rehabilitar a las familias de Girón y Mendoza.
“Para poder acceder a la Corte Interamericana (con sede en Washington D.C., Estados Unidos), primero se debe presentar el caso ante la Comisión Interamericana (con sede en San José, Costa Rica). Y fue la Comisión la encargada de presentar el caso ante la Corte, después que Guatemala no respondiera a las recomendaciones de 2017”, explica Samayoa.
El pasado 15 de octubre de 2019, la Corte Interamericana emitió la Sentencia de responsabilidad internacional para Guatemala por no haber garantizado una defensa técnica para los procesados y por violación a los derechos humanos. El desconocimiento sobre esta condena inició la desinformación en torno al Procurador.
“Jordán Rodas no tuvo nada que ver. A mí también me atacaron en redes sociales por haber sido parte del Instituto de Estudios Comparados. Yo en 1996 estaba en tercero básico, ni sabía si quería ser abogado”, dice Samayoa.
“Estaba asumiendo como síndico en el primer gobierno indígena de Quetzaltenango, dirigido por Rigoberto Quemé, por parte del comité cívico Xel-Ju. Me había graduado a finales de 1995”, agrega Rodas.
Junto a los mensajes en redes sociales, circula una imagen en la que se asegura que Claudia Paz y Paz y Frank La Rue son quienes dirigen la CIDH. Información que también es falsa. Esta Comisión es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) representado por siete miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Actualmente, Paz y Paz es la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para el programa de Centroamérica y México, que acompaña a víctimas de violaciones de derechos humanos, en sus demandas ante la CIDH.
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