Todas las noches, antes de dormir, Jorge Hernández, el padre de Luz Leticia Hernández revisaba los periódicos del día. Recortaba notas, guardaba fotografías y archivaba cualquier referencia que pudiera explicar …
Hay una escena que resume buena parte de los últimos cuarenta años de la familia Hernández Agustín: un hombre revisando periódicos por las noches y guardando recortes entre manuales de radiotécnico.
Ese hombre era Jorge Hernández, padre de Luz Leticia. No era archivista ni abogado. Apenas había cursado tercero primaria donde aprendió a leer y escribir —decía: «Con tiza y una mi pizarra»— mientras trabajaba desde niño como colono en fincas de la Costa Sur.
Pero después de la desaparición de su hija, en noviembre de 1982, empezó a guardar y reconstruir todo: periódicos, fotografías, cartas, denuncias, cualquier papel que mencionara el caso de Luz Leticia.
«Mirá, encontré este artículo», les decía a sus hijas mientras les enseñaba recortes cuidadosamente doblados, recuerdan Marta y Mirtala Hernández. No se imaginaba que, cuatro décadas después, esos documentos familiares terminarían dialogando con archivos oficiales y con las pruebas que hoy aparecen en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal.
Los papeles se fueron convirtiendo en pruebas, pero también en una forma de resistirse al olvido. «Eran la evidencia de que ella había existido», dice Marta.
La desaparición de Luz Leticia Hernández
La mañana del 21 de noviembre de 1982, las fuerzas de seguridad guatemaltecas desplegaron un operativo para localizar a Jorge Mario Ríos Muñoz, sobrino de Efraín Ríos Montt. Ríos Muñoz había sido secuestrado semanas antes por una «organización subversiva», como se mencionaba en los artículos y notas que publicó entonces la prensa.
La noticia ocupó titulares durante días. Los periódicos hablaban del rescate como un triunfo de la inteligencia y seguridad nacional. Los operativos policiales eran descritos como acciones exitosas coordinadas entre distintas fuerzas del Estado.
Pero mientras la prensa seguía el rescate del sobrino del jefe de Estado de facto, dos mujeres desaparecieron. Una de ellas Luz Leticia Hernández. La otra, Ana María López Rodríguez..
A principios de los años ochenta, Luz Leticia se había incorporado a Nuestro Movimiento, una organización político-militar vinculada a la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). En su familia, sin embargo, casi nadie sabía exactamente en qué estaba involucrada.
Mirtala recuerda que su hermana era muy reservada y se guardaba muchas cosas. A ella alguna vez le pidió ayuda para enseñar mecanografía a jóvenes que participaban en reuniones clandestinas, pero nunca le explicó quiénes eran ni cómo se llamaba el grupo.
Años después de su desaparición, la familia entendió que el grupo al que pertenecía Luz Leticia había participado en el secuestro de Ríos Muñoz. La intención era presionar por la liberación de la estudiante nicaragüense Ileana del Rosario Solares Castillo.
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Cuando Luz Leticia desapareció, Marta tenía 21 años y Mirtala 17.
Luz Leticia era la hermana mayor; estaba por cumplir 25 el mismo día en que ocurrió lo que ellas todavía llaman «el evento», «la situación» o «el hecho». A veces evitando nombrarlo directamente.
Eran seis hermanos y vivían cerca de la estación del tren en la Ciudad de Guatemala, en una casa pequeña que sus padres fueron ampliando poco a poco sobre un terreno alquilado.
Su padre —Jorge— era radiotécnico. Valentina, la madre, sostenía la dinámica de una familia atravesada por carencias económicas.
Marta menciona que las tres hermanas mayores —Luz Leticia, Flori y ella— dormían en el mismo cuarto. Por las noches hablaban de la universidad, del trabajo, de lo que ocurría en Guatemala y de la violencia que se sentía cada vez más cerca.
Luz Leticia era la hermana que preguntaba todo. Cómo les había ido, quiénes eran sus amigos, qué problemas tenían, qué pensaban.
Aunque mantenía parte de su vida política en secreto y con el tiempo se había distanciado de algunas dinámicas familiares, su desaparición fracturó por completo a la familia.
«Noviembre es un mes sin color para mí», dice Mirtala hoy. Recuerda el miedo constante que se instaló en la casa después de que supieron que su hermana había desaparecido.
La familia no supo inmediatamente qué había pasado con Luz Leticia. Dos o tres días después de su desaparición, un joven armado llegó de noche a buscar a Jorge, el padre. Según recuerda Mirtala, el joven le contó que a Luz Leticia «le había sucedido algo».
Fue la primera señal de que algo grave había ocurrido.
En los días siguientes comenzaron la búsqueda en hospitales, morgues y centros de detención. También empezaron a circular rumores, versiones contradictorias y noticias fragmentadas sobre operativos de seguridad relacionados con el secuestro de Ríos Muñoz.
«Uno seguía haciendo sus cosas diarias, pero al mismo tiempo vivía en pánico», explica Mirtala.
Comienza la búsqueda
Tras la desaparición de su hija, Jorge Hernández reunió todo lo que encontraba sobre el caso.
Entre los recortes de prensa había noticias sobre el secuestro de Ríos Muñoz, las negociaciones para liberarlo y los operativos realizados por las fuerzas de seguridad. Guardaba todo en los libros viejos de electrónica y radiotécnica que conservaba en su casa.
Con el paso de los meses, las búsquedas de familiares desaparecidos comenzaron a cruzarse unas con otras. Padres, madres y familiares coincidían en hospitales, oficinas públicas, morgues y tribunales para preguntar por personas que nunca aparecerían.
Así empezó a formarse el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Mirtala recuerda que su madre participaba como podía: ayudaba a cocinar, a pesar víveres y a asistir a manifestaciones junto a otras familias que también buscaban a sus desaparecidos. «Ellos se fueron organizando porque miraban que se repetían los mismos patrones de violencia y desaparición», dice.
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En 2005, una comisión de supervisión de la Procuraduría de Derechos Humanos descubrió el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) dentro de un antiguo edificio policial en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.
El lugar estaba lleno de millones de documentos abandonados: reportes de vigilancia, fichas policiales, novedades diarias, oficios y registros internos producidos durante décadas por la Policía Nacional, incluyendo los años más violentos del conflicto armado interno.
Para muchas familias, el archivo abrió por primera vez la posibilidad de encontrar rastros que el Estado había negado durante años.
Marta supo del archivo tiempo después, mientras la familia seguía buscando cualquier información sobre Luz Leticia. .
Habían pasado más de veinticinco años desde la desaparición, pero ella seguía imaginando que, en algún lugar entre los documentos policiales del conflicto armado, tenía que existir una respuesta.
Así que decidió ir al lugar. En 2008, pidió trabajar como voluntaria Llegaba todos los días, temprano, se sentaba frente a cajas repletas de reportes policiales, novedades diarias y documentos administrativos amarillentos por el paso del tiempo. Pasaba horas leyendo nombres, operativos, direcciones, reportes escritos a máquina y frases burocráticas que intentaban resumir la violencia de los años ochenta.
Quería revisar personalmente los documentos relacionados con el operativo de noviembre de 1982 y entender si, entre miles millones de páginas acumuladas por décadas, todavía quedaba alguna huella de lo que había pasado con Luz Leticia.
A veces sentía que no iba a encontrar nada. Y otras veces tenía miedo de encontrar demasiado.
Marta no era investigadora. Hasta entonces, había trabajado en una farmacia, en una clínica pediátrica, dando clases de matemáticas y hasta de taquillera en el Cine Trébol para ayudar a su familia después de la desaparición de su hermana.
Durante seis meses convirtió el archivo en una rutina voluntaria en la búsqueda de Luz Leticia.
En el lugar, otros voluntarios e investigadores le enseñaron cómo funcionaban los documentos policiales. Aprendió qué eran las novedades —reportes diarios donde la PN registraba operativos, capturas y movimientos internos— y cómo se redactaban los circunstanciados; informes utilizados para describir hechos específicos o procedimientos policiales.
También empezó a entender cómo los mandos policiales reportaban información entre distintas unidades de seguridad.. Poco a poco, Marta aprendió a leer la lógica burocrática de una maquinaria estatal que durante décadas había negado información sobre desapariciones forzadas.
El archivo era inmenso. Millones de papeles acumulados en carpetas interminables. «Uno entra pensando que va a encontrar todo rápido», recuerda Marta. «Pero la cantidad de documentos era astronómica.»
Un día, mientras revisaba documentos relacionados con el Quinto Cuerpo de la Policía Nacional —la unidad que había participado en el operativo donde desapareció su hermana— Encontró el primer rastro concreto vinculado al caso de Luz Leticia en un reporte relacionado con el operativo de noviembre de 1982, que mencionaba hechos vinculados al caso de su hermana.
Marta recuerda que no decía claramente qué había pasado con Luz Leticia. No había tampoco una frase que explicara dónde estaba ni quién la había desaparecido. Pero ahí estaba: la prueba de que el Estado sí había registrado el operativo.
«Me dio miedo encontrar que iba a decir que ella estaba muerta», cuenta ahora.«Miedo de encontrar detalles que no estaba preparada para soportar.»
Después, vino otra sensación: certeza de que el Estado sí había dejado huellas.
«Había descripciones exactas de quiénes estuvieron en el operativo», recuerda.
Lo que encontró en los siguientes meses terminó contradiciendo la versión oficial que el gobierno había construido durante décadas sobre el rescate de Ríos Muñoz.
Entre los documentos y recortes de prensa que revisaron apareció también la cobertura publicada por El Gráfico en noviembre de 1982.
Las fuerzas de seguridad aparecían como las responsables de un rescate exitoso logrado gracias a la «colaboración de la ciudadanía» y a una «paciente investigación». Los reportes describían con detalle el escondite subterráneo donde estaba retenido el estudiante de medicina y celebraban la «eficiencia» de los cuerpos de seguridad.
La desaparición de Luz Leticia y Ana María apenas aparecía mencionada.
La versión oficial aseguraba que los ocupantes de la vivienda «optaron por entregarse» cuando fueron rodeados por las fuerzas de seguridad. También afirmaba —incluso en los días previos al rescate—, que el gobierno nunca negoció con los secuestradores y que el operativo había sido resultado de labores de inteligencia exitosas.
Pero los documentos que Marta encontró décadas después en el AHPN contaban otra historia.
Los reportes internos mostraban inconsistencias, nombres omitidos y versiones fragmentadas del operativo. Algunos documentos señalaban la participación de inteligencia militar y altos mandos del Ejército en la coordinación del caso. Otros permitían reconstruir cómo las fuerzas de seguridad realizaron capturas y cateos desde la madrugada del 21 de noviembre de 1982.
Durante años, la familia Hernández Agustín había escuchado versiones ambiguas, contradictorias o incompletas sobre la desaparición de Luz Leticia. Pero en esos documentos aparecían pedazos de una historia que alguien intentó ocultar.
Uno de los hallazgos más importantes fue un oficio de consignación fechado el 15 de diciembre de 1982. El documento describía parcialmente los hechos y consignaba a algunas personas ante tribunales de fuero especial, pero dejaba vacíos evidentes.
Los nombres no aparecían completos. Había referencias ambiguas y omisiones que, según la familia y sus abogados, formaban parte del encubrimiento construido alrededor del caso.
«Era una historia encubierta», dice Marta. «La misma policía creó una historia dependiendo de cómo querían contarla.»
Por ejemplo, reportes de archivo describían capturas realizadas de madrugada, allanamientos y seguimientos en distintas colonias de la capital. Documentos que, según la interpretación de querellantes y analistas del archivo, permitían observar cómo personas detenidas eran utilizadas para obtener información bajo coerción y continuar los operativos.
Los hallazgos en el AHPN permitieron a la familia y a sus abogados reconstruir parte del operativo de noviembre de 1982 y comenzar a identificar posibles responsabilidades dentro de las fuerzas de seguridad.
Comienza el juicio
Desde finales de la primera década de los años 2000, la familia impulsó denuncias e investigaciones junto a organizaciones de derechos humanos. Para entonces, ya habían reunido documentos policiales, recortes de prensa y testimonios que, según sus abogados, permitían sostener que la desaparición de Luz Leticia no había sido un hecho aislado, sino parte de un operativo coordinado por estructuras estatales.
Pero avanzar judicialmente tomó años.
Mirtala recuerda que hacia 2012 el caso ya tenía una investigación avanzada, aunque seguía sin poder judicializarse. La familia insistía en que no quería procesar únicamente a agentes de bajo rango, sino a quienes habían dirigido los operativos y dado las órdenes.
Entre los señalados aparecía Juan Francisco Cifuentes Cano, un alto mando policial vinculado a operaciones contrainsurgentes durante los años ochenta.
La identificación de Cifuentes Cano tomó fuerza en 2021, cuando fue capturado dentro del caso Diario Militar. La abogada de la familia reconoció entonces su nombre entre los imputados y avisó a Marta y Mirtala.
«Aquí está el imputado del caso de ustedes», recuerda Mirtala que les dijeron.
Con el paso de los años, el caso también incorporó a otras víctimas relacionadas con el operativo de noviembre de 1982, entre ellas Ana María López Rodríguez. Según la familia Hernández Agustín, el MP consideró que las capturas y desapariciones ocurridas alrededor del rescate de Ríos Muñoz habían formado parte de un mismo contexto operativo.
Agencia Ocote trató de hablar con la Fiscalía consultarle sobre el caso, pero declinó responder preguntas por encontrarse en fase de debate oral y público.
Ahora, más de cuarenta años después, Marta y Mirtala vuelven a vivir alrededor de documentos que recopilaron durante años. Solo que esta vez están en tribunales.
Todos los martes, miércoles y jueves de mayo de 2026, han asistido al juicio.
Se levantan antes del amanecer, preparan sus mochilas la noche anterior con documentos, fotos, algo de comer, agua, medicina… Mirtala sale desde Villanueva, Marta desde la zona 7 de la capital. Ambas usan el transporte público para llegar al quinto piso del Organismo Judicial a la Sala de Audiencias.
A veces casi no duermen. «El estrés le quita el sueño a uno», dice Mirtala. Además, cuenta que incluso el sonido de un mensaje en el teléfono puede despertarla por completo la noche antes de una audiencia.
El abogado querellante Alejandro Axpuac explica que una parte importante del juicio ha consistido en reconstruir el operativo a partir de documentos policiales y archivos históricos.
«Los documentos permiten observar cómo distintas estructuras estatales participaron y cómo se intentó construir una narrativa oficial distinta a lo que realmente ocurrió», resume.
Las audiencias han avanzado lentamente entre presentación de documentos, testimonios y discusiones legales. Esta semana, incluso, una de las jornadas tuvo que suspenderse por repetidos cortes de energía eléctrica en el edificio judicial.
Ellas siguen llegando todos los días. Escuchan, observan, toman notas y ven cómo documentos que alguna vez estuvieron escondidos en cajas, archivos policiales o entre libros viejos de su padre ahora son leídos frente a un tribunal.
Las hermanas insisten en que no buscan venganza. Buscan verdad, justicia y encontrar los restos de Luz Leticia Hernández.
Creen que existe una alta probabilidad de que estén en fosas clandestinas dentro del cuartel militar de Mariscal Zavala. «Que abran ese lugar», pide Marta.
El juicio todavía continúa. Faltan peritajes, testigos y nuevas diligencias. Pero para ellas, haber llegado hasta aquí ya representa algo difícil de explicar.
Durante décadas sintieron que el Estado intentó borrar todo rastro de su hermana. Sin embargo, entre reportes de periódicos, fotografías, y cajas llenas de papeles, la familia Hernández Agustín hizo exactamente lo contrario: guardó cada fragmento posible para impedir que Luz Leticia desapareciera por completo.
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Texto: Andrea Godínez
Edición: Carmen Quintela
Fotografías: Christian Gutiérrez
Nota de edición: El martes 2 de junio a las 8:20 se corrigió una imprecisión en el descubrimiento del Archivo Histórico de la Policía Nacional. En el texto original se indicaba que trabajadores del Ministerio Público habían descubierto el lugar, cuando fue una comisión de la Procuraduría de Derechos Humanos.
