Redaccion · Por qué Guatemala decomisa menos cocaína donde más droga pasa Dos pistas delatan que, en los departamentos sin operadores políticos del narcotráfico conocidos públicamente, las cosas no se …
Dos pistas delatan que, en los departamentos sin operadores políticos del narcotráfico conocidos públicamente, las cosas no se manejan solas: el comportamiento errático de los decomisos y la ausencia de picos de violencia. O, al menos, un aparente equilibrio.
En las regiones que colindan con Honduras, El Salvador, México y la costa sur, hay una larga lista de funcionarios y exfuncionarios (exdiputados, exalcaldes, exconcejales, exagentes de policía municipal) capturados y condenados por narcotráfico—en Guatemala o en EE. UU.—que explican mucho de la dinámica en esos territorios.
Pero ¿cómo se explica lo que ocurre en otros departamentos con trasiego de drogas, pero sin operadores políticos tan visibles?
Jaime Lopez-Aranda, exfuncionario mexicano experto, quien ha sido analista para InSight Crime considera que «es muy poco probable que no haya operadores políticos en un departamento con mucha actividad (del narcotráfico). Se ha observado que, a mayor actividad, mayores vínculos, y conexiones».
El analista explica que muchos factores pueden intervenir en la falta o la reducción de los decomisos en las fronteras, como la falta de interdicción y persecución, y que se trate de rutas poco activas.
Ese no es el caso de Guatemala.
La falta de conflicto constante en estos departamentos puede implicar que hay un equilibrio, según López-Aranda. Particularmente si una estructura no tiene roces con las autoridades, y monopoliza el uso de la violencia en su territorio (un municipio, un departamento o una región). Esto se manifiesta en pocos homicidios, o ninguno, y baja delincuencia.
Es esta falta de roces lo que permite al operador político mantener un bajo perfil.
Los departamentos como Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Retalhuleu y Petén han sido corredores del narcotráfico (los primeros tres, del mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación en su paso hacia Honduras, según hechos registrados). En parte, estos corredores cruzan la Franja Transversal del Norte.
Petén y Retalhuleu concentraron el 72% de los aterrizajes de narco vuelos entre 2019 y 2021. Oficiales de la Fuerza Aérea se encargaban de retrasar la respuesta a los aterrizajes, para que los traficantes pudieran huir con la droga. En 2026, estos departamentos funcionan como rutas terrestres.
Sin embargo, en la zona no tienen operadores políticos conocidos públicamente. Al menos no a nivel nacional.
Franja Transversal del Norte: bajos decomisos
Los decomisos de cocaína en los departamentos mencionados son notoriamente bajos o erráticos, aunque son ruta de trasiego.
En Quiché, la PNC incautó 50 gramos en 2023, aunque en febrero de ese año aterrizó una aeronave en la aldea La Reformita, en Playa Grande Ixcán, sin que las autoridades lograran decomisos o capturas.
Sí decomisaron, en cambio, otros 5.8 y 1.3 kilos en 2024 y 2025.
El Ixcán, que fue un lugar de tránsito en aterrizajes (hasta hace tres años) y para pasos ciegos hacia México, todavía es un lugar clave de trasiego. En septiembre de 2025, la PNC capturó a un sujeto en Ixcán que pertenecía a una estructura de narcotráfico que operaba en Los Amates, Izabal.
Este fue un municipio que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) perdió en las elecciones pasadas, y que ganó Todos (expartido de José Ubico, vinculado con financiamiento ilícito, según el caso del exdiputado).
Ahora, un municipio con trasiego no implica necesariamente que el gobierno local—la municipalidad—esté cooptada. Aunque es interesante observar cuáles partidos son más prevalentes en las rutas del narco.
Hace 15 años, el expresidente Álvaro Colom (UNE 2008-2012), le habló al centro académico Woodrow Wilson acerca de un alcalde en Alta Verapaz, en un sector tomado por el narcotráfico, que «no podía abrir la boca» porque estaba amenazado. «Aunque el alcalde está limpio, su conducta está controlada por estos criminales», señaló.
En Alta Verapaz, los decomisos no han alcanzado los tres kilos anuales desde 2023.
Es un departamento donde, hasta 2022, Chisec era uno de los municipios con más narco aterrizajes en los seis años anteriores.
Chisec, Raxruhá y Fray Bartolomé de las Casas pasaron de manos de la Unión del Cambio Nacional (UCN), Winaq y Victoria (respectivamente) a Podemos, UNE y Humanista.
Raxruhá, que fue ruta de los Zetas en la administración UNE (2008-2012), mostró señales de también ser ruta de Jalisco Nueva Generación para 2022.
En Izabal, de 2023 a 2024, los decomisos de cocaína subieron de 2 kilos a 7.5 kilos, para caer a sólo 10 kilos el año pasado. En parte, porque Estados Unidos bombardeó lanchas sospechosas a mansalva en el Atlántico y el Mar Caribe.
De sus cinco municipios, tres eran dominados por la UNE, y dos por UCN y Prosperidad Ciudadana.
Es peculiar que, entre 2020 y 2022, las plantaciones de cocaína se quintuplicaron en el departamento, hasta alcanzar las 131, más que todas las ubicadas en el resto del país combinadas (86, de las que 74 estaban en Petén y Alta Verapaz, y el resto, en Zacapa y Santa Rosa).
En 2024, Puerto Barrios, El Estor y Morales pasaron a manos de Vamos, el partido del expresidente Alejandro Giammattei (los primeros dos, con alcaldes reelectos que migraron de partido) y los otros municipios quedaron con Cambio (Livingston) y Todos (Los Amates).
Desde entonces, la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), ha erradicado un número considerable de arbustos de hoja de coca en Izabal (así como en Petén y Alta Verapaz).
El 26 de enero pasado, tres sujetos intentaron acribillar al alcalde de Los Amates, Miguel Augusto Jordán Canales, hecho del cual salió ileso. Sus tres atacantes, sujetos presuntamente originarios de la aldea El Rico, fueron capturados. Desde los años 90, El Rico—a 27 kilómetros o 45 minutos en vehículo de Honduras—es conocida por el trasiego ilegal de armas de fuego y drogas.
En abril pasado, el Ministerio Público (MP) reveló que hay vínculos entre un concejal de la municipalidad de Los Amates y una estructura que traficaba cocaína entre Zacapa e Izabal, aprovechando pasos ciegos con Honduras.
Hubo varias capturas como resultado de la investigación, que sigue su curso. El municipio es clave para el almacenamiento de drogas, y su eventual transporte por rutas terrestres hacia México.
Retalhuleu no es distinto a los departamentos mencionados. Las autoridades sólo incautaron 340 gramos de cocaína en 2023, aunque el 26 de noviembre de ese año capturaron a 22 personas en la cabecera y Champerico (además de Alta Verapaz y la capital) incluyendo a tres policías y tres militares en un caso de narcotráfico investigado durante casi cinco años.
Sorpresivamente, 72 horas después de las capturas, el MP despidió al jefe de la Fiscalía de Narcoactividad Gerson Alegría, que lideró el operativo. Explicó que el despido obedecía a «acciones para el fortalecimiento institucional».
En ese entonces, Champerico era municipio de la UNE, la cabecera y San Andrés Villa Seca estaban con el partido Bienestar Nacional (BIEN) y también la UNE, respectivamente. Hace dos años, sólo Champerico cambió de manos, al partido Visión con Valores (VIVA), pero es además el municipio con la segunda tasa de homicidios más alta del país, según cifras que Diálogos analizó.
Desde entonces, en 2024, las autoridades incautaron sólo dos kilos de cocaína en el departamento, y en 2025, diez kilos.
El caso de Champerico es una excepción, aunque la violencia podría tener otros móviles, o podría detonar o ser detonada por decomisos voluminosos. Pero nada de esto se observa.
Hay bajos decomisos o estos tienen un comportamiento volátil. Además, hay un equilibrio aparente entre narcotraficantes, o entre estos y autoridades locales (aun si es a punta de amenazas).
De los departamentos mencionados, sólo Retalhuleu (con Champerico) y Petén (con San Andrés y San Benito) tienen municipios en el top 10 de tasas de homicidio municipales, según un análisis de Diálogos de enero pasado.
El hecho de que sean corredores del narcotráfico sugiere que en la zona hay una mayor disponibilidad y uso de armas de fuego, que en zonas donde no hay trasiego.
Los picos de violencia podrían obedecer a una momentánea ruptura del equilibrio, como el asesinato de un exalcalde de Petén, aunque ocurrió en un municipio que no tiene una de 10 de las tasas municipales más altas de homicidio. Lo mismo aplica al atentado en enero pasado contra el alcalde de Los Amates, Izabal.
El caso de Petén
Petén se mantenía hasta 2021 en el top 5 de los departamentos con más incautaciones (de 3 mil a 9 mil kilos de cocaína por año, transportada por aire o tierra). De pronto, en 2022, la PNC reportó cero kilos incautados.
Un fiscal de narcoactividad de entonces dijo que se debía a la vigilancia efectiva del departamento, y a la destrucción de pistas, pero esa razón no era compatible con el hecho de que ese año aterrizaron tres aeronaves en el departamento, conforme a registros del Ministerio de la Defensa.
Las aeronaves llevaban un mínimo de 1,800 kilos entre las tres, según la documentada capacidad promedio de las avionetas descubiertas.
Por aparte, Petén recibe trasiego terrestre desde Izabal, principalmente, o desde Belice.
En 2023, la PNC incautó 1,505 kilos en Petén (de los que 1,255 paquetes eran transportados por dos aeronaves que aterrizaron en San Andrés y Sayaxché), aunque parte de lo incautado también se interceptó en rutas terrestres. En el gobierno actual, los decomisos cayeron a cuatro kilos en 2024 y a un kilo en 2025.
Estos datos son un síntoma de que el crimen organizado capturó las instituciones encargadas del tema, según Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (AC). Un detalle que no es tan público, porque Petén está aislado de la capital.
Marroquín sostiene que los departamentos con un comportamiento errático de las incautaciones, o donde disminuyeron considerablemente, cuando son ruta obligada para el trasiego terrestre de cocaína, tienen la intervención de operadores políticos. Quienes quiera que sean.
«Si ya lleva varios años a la baja, quiere decir que la estrategia está funcionando para ellos», afirma.
En Petén, en el gobierno pasado, dominó la UNE en los municipios con mayor actividad del narcotráfico (San Benito, La Libertad, y Sayaxché, donde aterrizó una de las aeronaves con droga en 2023).
Desde 2024, la UNE se quedó sólo con un municipio (Las Cruces, también de alta actividad narco, y donde un fuerte armamento y drogas fueron hallados en enero de 2026), y fue desplazada por Vamos en San Benito (que también tiene San Francisco), y Cambio en La Libertad (que también tiene Flores). Un comité cívico se quedó con Sayaxché, y Cabal, con San Andrés y San Luis.
El departamento tiene dos municipios en el top 10 de los más violentos, según las cifras analizadas por Diálogos: San Andrés, de Cabal (en cuarto lugar, y también corredor de droga) y San Benito de Vamos (en décimo lugar).
Ambos tienen tasas interanuales de homicidio (59 y 48, respectivamente) que superan el promedio nacional de 16.9.
Sin embargo, en esa lista no estaba Dolores, que fue escenario del asesinato el 26 de febrero pasado del exalcalde de ese municipio, Marvin Rolando Cruz, quien gobernó con Vamos en 2020-2024.
El hecho fue atribuido preliminarmente a que el exfuncionario proporcionó información que llevó a la captura (el 20 de febrero pasado) de tres hermanos del actual jefe edil Francisco Morales Guerra (Valor Unionista).
Los detenidos eran buscados por narcotráfico y Estados Unidos los pedía en extradición porque operaron en el país entre 2006 y 2024. Es decir, cuando el alcalde Morales estuvo en campaña y fue alcalde.
Las autoridades revelaron que otro posible móvil podría ser que el exfuncionario pensaba postularse de nuevo al puesto en 2027.
Repercusión en los decomisos
La dinámica entre las estructuras de narcotráfico y entre éstas y las autoridades locales tienen un impacto en el volumen de cocaína incautada en Guatemala, que puede ser una mínima parte de la droga traficada por el país.
Un informe del Departamento de Estado de 2019 señaló que al menos 1,400 toneladas (un millón 400 mil kilos) de cocaína habían sido traficadas por Guatemala en 2018.
De esta cifra, el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) sólo incautó el 1%. Aunque es la administración con mayor incautación de cocaína desde 2012.
El Reporte Mundial de Drogas 2025, de la Organización de las Naciones Unidas, señala que la producción mundial de cocaína alcanzó las 3,708 toneladas (3 millones 708 mil kilos) en 2023, y que en Colombia—el principal origen de la droga que llega a EE. UU. vía México—la producción aumentó en un 50%.
Otro informe del Departamento de Estado, de 2025, señala que el gobierno de Bernardo Arévalo ha tenido avances en la lucha antinarcótica, pero que la «corrupción endémica» sigue limitando la habilidad del país para reducir el volumen del trasiego de drogas asociado con el crimen organizado transnacional.
