En enero de 2026, Huité era el quinto municipio menos violento de Zacapa. El dato puede parecer contradictorio, si se consideran dos hechos: Zacapa es uno de los departamentos con …
En enero de 2026, Huité era el quinto municipio menos violento de Zacapa. El dato puede parecer contradictorio, si se consideran dos hechos: Zacapa es uno de los departamentos con más presencia del narcotráfico en Guatemala, y Huité es uno de los territorios históricamente dominado por el clan familiar de los Lorenzana, uno de los más duraderos del país.
Estos datos, entre otros, ayudan a entender cómo se configura la relación entre el narcotráfico, la política y la violencia en algunos lugares de Guatemala.
Los narco caciques de Zacapa, el poder local y el cártel de Sinaloa
En Zacapa, el clan de los Lorenzana tradicionalmente ha estado vinculado al Cártel de Sinaloa, desde finales de los años 80 y principios de los 90. El narcotraficante guatemalteco Otto Herrera —relacionado con esa estructura— admitió en 2016 que él era uno de los proveedores de cocaína para los Lorenzana, según su expediente en una corte en Estados Unidos. La presunción, según fuentes policiales, es que el sur (oriente, occidente y costa) de Guatemala sigue bajo influencia de este cartel.
Pero, desde abril de 2011, el clan se ha debilitado. Comenzó con las capturas del jefe de la familia —Waldemar Lorenzana Lima— y la de su hijo Eliú Lorenzana Cordón ese año, y la de sus hermanos Waldemar, Haroldo y Marta Julia Lorenzana Cordón en los siguientes diez años. El impacto fue significativo en el dominio que ejercía este núcleo familiar en el oriente, aunque no impidió que siguiera traficando también en Petén, Izabal, Chiquimula y Alta Verapaz, así como en Retalhuleu y San Marcos, según una fuente del Ministerio de la Defensa en 2011, y el expediente de la familia en una corte en EE. UU. Las autoridades en ese país indican que además operan en Alta Verapaz.
Del lado político, los siete municipios de Zacapa más activos en el narcotráfico están repartidos. Vamos (partido del expresidente Alejandro Giammattei) destaca en tres; la UNE (de la excandidata presidencial Sandra Torres) en dos; y Cabal (de Edmond Mulet) en otros dos, incluyendo a Huité, tierra de los Lorenzana. Los otros cuatro son de Todos, Valor-Unionista y dos comités cívicos.
Pero, lo cierto, es que en el departamento de Zacapa, a los municipios los suele gobernar un alcalde o alcaldesa y, en paralelo, un narco cacique. Con frecuencia, este narco cacique tiene más autoridad, por el temor que genera, según fuentes locales, que prefieren no ser identificadas.
La cooptación o amenaza de los narco caciques sobre las autoridades municipales, y el dominio que ejercen sobre otras estructuras criminales, les permite monopolizar el uso de la violencia y ayuda a reducir los picos de hechos violentos. En consecuencia, alejan la atención mediática y de investigación policial y criminal del trasiego.
En el territorio, según autoridades comunitarias, hay tal suministro de drogas, que la disputa de rutas es innecesaria: hay suficiente para todos. El hecho de que haya al menos 130 pasos fronterizos sin presencia de autoridades en la frontera con El Salvador y Honduras, según un informe del Departamento de Estado de los EE. UU. de 2024, facilita el trasiego, lo cual, en apariencia, también incide en el equilibrio. Al menos, por el momento.
Fuentes del departamento indican que hay un grupo traficante por municipio con relativa independencia. Son nombres que sólo se mencionan a nivel local, a susurros, y viendo sobre el hombro, por si alguien está escuchando.
Los cabecillas de esas estructuras alcanzan legitimidad ante sus subalternos por su poder económico, su capacidad para la violencia, para cooptar o amenazar autoridades locales, para evadir su captura o muerte, y por su anuencia a respetar el negocio de trasiego del vecino. El crecimiento de otras estructuras en Zacapa sucedió paralelamente a la reducción de la estructura de los Lorenzana, lo que sugiere que hubo un pacto para el control territorial compartido.
En Huité, el narco cacique es Ovaldino Lorenzana Cordón, el último heredero de Waldemar Lorenzana Lima. Aún sin orden de captura, es el único hermano libre de una familia que tuvo sus orígenes en el contrabando, y en una alianza con Arnoldo Vargas Estrada, alcalde de Zacapa en la segunda mitad de los años 80, y el primer narco operador político identificado en el país.
La historiadora y socióloga Matilde González-Izás, en su libro Territorios, actores armados y formación del Estado, señala que Vargas y Lorenzana Lima fueron caudillos del oriente leales a las fuerzas armadas (durante el conflicto armado). Por ello, Vargas fue premiado con un puesto como “vista” y “administrador de aduanas”, y con esa calidad se permitía libertades en el paso de mercancías desde Honduras por la frontera. A Lorenzana Lima, en cambio, le entregaron tierras. El expediente de este último en una corte estadounidense señala que ambos comenzaron a traficar en los años 80.
Vargas fue capturado en 1990, y extraditado por narcotráfico a EE. UU. dos años después. Regresó deportado en 2017, después de cumplir su condena. Su comité cívico fue el más votado en Zacapa en las elecciones de 2019, aunque su candidatura a alcalde fue anulada tres semanas antes. El concejal primero en la planilla ocupó la alcaldía en su lugar, y Vargas fue designado gerente municipal. Según un empleado de la comuna, también fue el poder detrás del trono. Falleció en 2025.
Lorenzana Lima había fallecido en 2021, presa del Alzheimer, en EE. UU., aunque el gobierno estadounidense mantiene que el poder de su familia prevalece al mando de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito” (hijo de Haroldo Lorenzana Cordón), cuya captura y extradición solicitó en 2025. La influencia de su tío Ovaldino, designado narcotraficante por el Departamento del Tesoro en EE. UU. en 2012, también se mantiene intacta.
“Si una organización es lo suficientemente grande como para que otras no le traten de quitar el territorio, se entiende que (…) tiene forzosamente vínculos con autoridades, para que le permitan operar; el arreglo es completo”, señala el analista y exfuncionario mexicano Jaime López-Aranda, quien advierte que estos equilibrios también se pueden romper.
Huehuetenango: los Huistas, CJNG y el brazo político de los Hernández
En 2026, una fuente del Mingob, que pidió no ser identificada, señaló que San Marcos, Huehuetenango y Quiché son también zona de operación del Cártel de Sinaloa. Ya en 2022 el Departamento del Tesoro de los EE. UU. había mencionado la relación de los Huistas en Huehuetenango con ese cártel y Jalisco Nueva Generación.
En Huehuetenango, entre los municipios de la frontera con México y la cabecera, sólo uno era de Vamos en 2023.
Desde hace dos años, todos los municipios en la frontera son de Vamos, incluido Santa Ana Huista (bastión de los Huistas) y Nentón y el paso fronterizo Gracias a Dios, por donde ha ingresado el CJNG, y donde personal policial y militar presente no lo ha impedido, según una fuente confidencial del Mingob. No existe información disponible acerca del papel de las municipalidades de Vamos en las actividades del narcotráfico en la frontera.
Para 2021, la nueva influencia en Huehuetenango del CJNG se extendió a otros departamentos a lo largo de la Franja Transversal del Norte: Quiché (también con influencia del Cártel de Sinaloa, según la fuente del Mingob) y Alta Verapaz. Asimismo, hacia Izabal, tierra de los hermanos Mendoza (narco caciques en Morales y Puerto Barrios), donde no hay síntomas de roces todavía, que funciona como su puente con Honduras.
El hecho de que el CJNG también ha operado en la costa sur, como en Retalhuleu (con el trasiego aéreo de cocaína, entre 2019 y 2021), que tradicionalmente ha sido zona del Cártel de Sinaloa, comprueba lo que decía el politólogo Héctor Rosada en 2009: que los territorios del narco ya no eran graníticos, y que rutas de al menos dos grupos podían surcar la misma zona.
En Huehuetenango, los Huistas, al igual que los Lorenzana, también perdieron hegemonía. Aunque no poder ni influencia. Se adaptaron a los cambios para seguir funcionando.
En 2008 habían respondido con violencia a la incursión de los Zetas (con la masacre en Agua Zarca). Pero para 2021, tras el ingreso en el territorio Cartel Jalisco Nueva Generación, la ausencia de una respuesta parecida, sugería cierto equilibrio —aunque haya sido impuesto por el cartel—.
Extraoficialmente, la diputada de Vamos por Huehuetenango, Sofía Hernández Herrera, es identificada como la operadora política de los Huistas. Sin embargo, con un hermano encarcelado y luego asesinado (Henry Hernández), y un sobrino capturado y extraditado a Estados Unidos en 2021, ambos vinculados a los Huistas y capturados por narcotráfico, la parlamentaria—aunque integra la lista Engel—no enfrenta ninguna acusación relacionada con el crimen organizado desde que llegó al Congreso en 2012.
Según un exfuncionario de Huehuetenango, el sobrino de la diputada, Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, estaba siendo perfilado como el nuevo brazo político de los Huistas. En cambio, acabó declarándose culpable de la acusación que enfrentaba en una corte estadounidense, y después aportó información que lo asociaba directamente con Don Darío.
Este era el alias de Eugenio Darío Molina López, que había sucedido a Aler Baldomero Samayoa, alias “Chicharra”, capturado y extraditado en 2025 a EE. UU. Fue el último de esa primera generación de los Huistas al mando de la estructura hasta que fue capturado en ese país. El mismo exfuncionario asegura que los hijos (la segunda generación) compartían el control desde hace casi 15 años. Además, la hija de Samayoa, Danury Lizeth Samayoa Montejo, su esposo Fredy Arnoldo Salazar Flores (capturado y procesado en EE. UU.), y su suegra María Alma Judith Flores Porras de Salazar, fueron electos diputados ante el Parlacen en 2019.
San Marcos: los operadores políticos más visibles
Los Chamalé en San Marcos, donde el socio fundador Juan Alberto Ortiz López, alias “Chamalé” o “Hermano Juan”, le dio nombre a la estructura, se debilitaron con la captura de Ortiz en 2011. También con las capturas de sus hermanos y otros cómplices en años posteriores: dos sobrinos en 2021 y 2022. Ortiz guarda prisión en una cárcel de Carolina del Norte, EE. UU., y su fecha estimada de salida está fijada para noviembre de 2028.
Paralelo a la caída de Ortiz, otras estructuras comenzaron a crecer. Por ejemplo, la de Erik Súñiga, que llegó a la alcaldía de Ayutla en 2008 y la ocupó hasta 2019, cuando fue extraditado a Estados Unidos y murió poco después. Esto revela que los Chamalé comenzaron a perder hegemonía hace casi 15 años.
Lo demuestra el surgimiento de otras familias fuertes: los Preciado Navarijo. Carlos Preciado Navarijo, alcalde de Ocós (hasta su captura y extradición desde Panamá en 2021). O su hermana Vivian Preciado Navarijo, la diputada por Unión del Cambio Nacional (partido desaparecido, y del excandidato presidencial Mario Estrada, detenido por narcotráfico en 2019 en Miami) y después de Nosotros y ahora con el partido Victoria.
No menos importante es la madre de ambos, Edilma Navarijo De León, que se posicionó como la alcaldesa del municipio La Blanca, que también migró de Nosotros a Victoria.
La Blanca, y Ayutla (ahora gobernado por Isel Súñiga, hija del alcalde extraditado, y esposa del también extraditado por narcotráfico Juan José Morales Cifuentes, en 2024), más Ocós, son los tres municipios con las tasas interanuales más altas de homicidios del departamento (31 a 36)—incluso por encima de la tasa nacional.
En San Marcos, nada indica que haya roces entre el grupo Súñiga y otros alcaldes o figuras del narcotráfico en el resto del departamento. Al contrario de Zacapa, la figura de algunos alcaldes en este departamento unifica las figuras del alcalde y el narco cacique.Pesa más que La Blanca y Ocós sean municipios de costa —y de frontera, en el caso de Ayutla— por la tasa de homicidios, que es más alta en algunos de esos sectores, según el Observatorio de la Violencia de Diálogos, y otros analistas.
Otros municipios tienen cuadros diferentes: en Esquipulas Palo Gordo con tasa cero de homicidios y en San José El Rodeo, con 19, la cuarta tasa más alta de 29 municipios, gobiernan los hermanos Exadillas y Roderico Ramos Aguilar. Ambos acusados de narcotráfico por EE. UU. y pedidos en extradición por ese país, aunque su inmunidad todavía los hace intocables.
Hasta 2023, Esquipulas Palo Gordo era gobernado por otro alcalde, Crysthian Omar Escobar Ángel, que la segunda semana de abril en 2026 fue condenado por narcotráfico a 27 años de cárcel en Estados Unidos. Según una fiscalía estadounidense, Escobar tenía contactos en los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
En el departamento de San Marcos, de 29 municipios, Vamos ganó en diez, incluyendo en Esquipulas Palo Gordo y en Ocós. Cabal tiene cuatro municipios, y Todos, tres. En Ayutla está el comité cívico de Súñiga, y el resto está repartido entre diferentes partidos o comités cívicos con un municipio cada uno.
En enero pasado, San Marcos no tenía ningún municipio en el top 10 de tasas de homicidio municipales más altas, según datos analizados por Diálogos, y el departamento tenía una tasa que es un tercio de la tasa nacional interanual (5.9). Sin embargo, los tres municipios con las tasas más altas duplicaban la tasa nacional, de 16.9.
En los últimos cinco años, los sucesos ocurridos en la frontera con Chiapas, México, no se rebalsaron del lado guatemalteco—salvo en el caso de Ayutla, donde el atentado de 2023 contra la alcaldesa Súñiga se atribuyó a un comando armado que huyó en camionetas agrícolas en dirección al territorio mexicano—.
Otros hechos violentos incluyeron la muerte violenta o desaparición de varios empleados municipales en Ayutla en los meses que siguieron a las elecciones de ese año. Incluso, parte de los restos de una de las víctimas fueron hallados en México, según reportes de prensa. Desde entonces, no se reportan hechos similares.
Por aparte, fue en Tacaná (en la mitad menos violenta de San Marcos, con tasa 2.3), a donde los Chapitos (un ala del Cartel de Sinaloa) ingresaron en diciembre de 2025 para colocar mantas de reclamo al cartel Chiapas-Guatemala (ala operativa del CJNG), y a quienes le protegen. No se enfrentaron a grupos o autoridades locales, como sí lo hicieron contra una unidad militar en Huehuetenango.
López-Aranda asegura que la ausencia de conflicto significa que puede haber acuerdos (con grupos criminales locales o autoridades), aunque estos se puedan romper.
Escuintla y la dificultad de ubicar operadores políticos
En Escuintla el panorama delictivo es complejo, entre pandillas y otros grupos de crimen organizado aparte del narcotráfico, según fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Esto dificulta identificar determinados hechos o capturados con un grupo en particular, aunque se presume que los alcaldes detenidos en Escuintla por narcotráfico tienen relación con la estructura de Sinaloa.
Héctor Romeo Ramos Cruz, alias “Alfa”, exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, fue capturado en 2024 y extraditado a Estados Unidos en 2025, para enfrentar una acusación de narcotráfico. Durante su gestión, Ramos destacó que tenía “una buena relación” con el entonces presidente Giammattei.
Los cargos contra el exalcalde señalaban su complicidad en ocultar un cargamento dentro de un embarque de cemento traficado desde Venezuela hasta Guatemala.
En otros municipios, la identificación de los partidos no arroja luces sobre operadores políticos y socios en el narcotráfico.
También en Escuintla, Tiquisate pasó de la Unión del Cambio Nacional (UCN) a Cabal en 2024.
Año y medio después, el 7 de septiembre de 2025, fue asesinado en una feria escolar el excandidato a alcalde y presidente del Cocode, Luis Armando Mota. Uno de los móviles que exploró el MP fueron intereses de grupos criminales, además de disputas territoriales y rivalidades internas.
El 6 de diciembre de 2025, Nelson Luciano Marroquín de Vamos, y alcalde de Masagua, Escuintla, fue acribillado en un desfile navideño. El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Sebastián Siero, condenó el hecho de que ciudadanos y funcionarios públicos eran víctimas de una “criminalidad desbordada”.
Información extraoficial, no confirmada por autoridades, revela que la víctima supuestamente había delatado la actividad del narcotráfico en ese municipio.
Chiquimula: De Che Manuel a Javier Javier
En Chiquimula, a nivel local, se habla—en voz muy baja—de José “Che” Manuel López Morales de San Juan Ermita, donde en la década pasada el coliseo fue bautizado con su nombre, y su tío Mario Rolando Lemus Martínez fue alcalde, y también gobernador del departamento. López fue capturado en 2017 y condenado en una corte de Miami, Florida, a 11 años de cárcel por narcotráfico. Luego, su colaboración con la fiscalía le valió una sentencia reducida a cuatro años. Regresó a Guatemala en 2021.
En 2024, de cuatro municipios de la UNE en Chiquimula, tres pasaron a Vamos después de las elecciones. La lista incluye a San Juan Ermita. Hay otro municipio de Cabal, y Esquipulas, que es clave para el trasiego, es Unionista. Ipala quedó con el mismo comité cívico porque Esduin Javier Javier fue electo alcalde en ese municipio en dos comicios anteriores (2016-2024), y en 2023 fue electo diputado distrital y lo sucedió su hermano Lusvin Javier en la alcaldía de Ipala.
El diputado Javier (2024-2028) por Cambio (partido del excandidato presidencial Manuel Baldizón, condenado por lavado de dinero en EE. UU.), fue vinculado al narcotráfico en 2015 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, nunca fue acusado ni detenido, aunque en 2021 la Fiscalía contra la Narcoactividad infructuosamente solicitó que se le retirara la inmunidad para investigarlo por tres asesinatos relacionados al narcotráfico y por lavado de dinero. En 2017, InSight Crime publicó una investigación en la que Javier asegura que tener dinero, y conocer narcos, no lo hace narco. También admite que colaboró con la DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense.
Izabal y otros departamentos
El único departamento con costa al Atlántico es uno de aquellos donde no hay operadores políticos evidentes, pero sí narco caciques visibles. Los hermanos Haroldo y Walter Obdulio Mendoza Matta, señalados por narcotráfico en la década pasada por EE. UU., fueron además investigados por la CICIG y el MP por apropiarse ilegalmente de terrenos en Petén, fueron capturados en 2014 y 2016 respectivamente, condenados, y salieron libres en 2025 y 2024, respectivamente. Una fuente confidencial del Mingob, y un guatemalteco encarcelado por narcotráfico, afirman que los hermanos retomaron el negocio de trasiego de drogas en Morales (su bastión de siempre) y se extendieron a Puerto Barrios—expandiéndose además al mercado del narcomenudeo.
También se movilizan en sectores como Carretera a El Salvador, donde en 2025 celebraron la boda de uno de sus hijos en un lujoso complejo.
Ese mismo año, el Ministerio Público no apeló el cierre del proceso penal contra Haroldo Mendoza Matta, quien no fuera enviado a juicio, porque así lo decidió la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, aunque la CICIG y la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lo habían acusado de liderar una estructura que cometió asesinato y secuestros, además del despojo violento de tierras en Petén e Izabal.
Tampoco hay evidencias de una relación entre los hermanos Mendoza Matta y gobiernos locales, aunque Vamos ocupa las municipalidades de Morales (con un alcalde relecto) y Puerto Barrios (con un alcalde en su tercera administración consecutiva), además de El Estor. Cambio ocupa Livingston, donde proliferan las plantaciones de hoja de coca, según datos de la PNC, y Todos gobierna en Los Amates—tampoco ajeno al narcotráfico.
Los hermanos Mendoza salieron libres después de que el CJNG había comenzado a desplazarse por Izabal, al menos desde 2021, pero no hay señales de roces, o picos de violencia por ese motivo.
«Una alianza entre cárteles y autoridades»
Intentar enhebrar las rutas de trasiego terrestre dentro del país con el hilo de un solo cártel resulta casi imposible, porque surcan tanto las zonas de influencia del Cártel de Sinaloa como de Jalisco Nueva Generación. Algunas salen de Zacapa o Chiquimula hacia la costa sur, para luego conectar con San Marcos o Huehuetenango. Otras salen del oriente o desde la costa sur hacia la capital y luego hacia el occidente. Otras más salen del oriente hacia Izabal, y Petén, buscando México.
El Cártel Chiapas-Guatemala, un brazo de los Huistas para incursionar en México, en asociación con Jalisco Nueva Generación, parece ser más visible en Chiapas, que en San Marcos (salvo cuando los Chapitos colocaron mantas en Tacaná en alusión al mismo en diciembre pasado) y en Huehuetenango (salvo por la incursión militar mexicana en persecución de miembros de Chiapas-Guatemala en junio de 2025).
Un exdiputado familiarizado con la zona, , y que solicitó el anonimato, dijo que la falta de roces entre este pequeño cártel y las autoridades guatemaltecas apuntaba a protección. El gobierno ha negado este extremo.
Mario Mérida, exdirector de Inteligencia Militar (1993) y exviceministro de Gobernación (1994) dice que, más que pensar en corrupción, «habría que pensar en una alianza entre carteles y autoridades».
***
En el resto del país, es complejo identificar para quién trafica cada estructura, a menos que lo mencionen autoridades locales y, más frecuentemente, las estadounidenses. Después, vincular a los cárteles con personajes de la política nacional es más complicado aún. Ningún diputado o alcalde alzará la mano para decir que es del equipo Jalisco o Sinaloa.
Una vez que el territorio no es granítico, es necesario observar municipio por municipio, y caso por caso. Por ejemplo, en el del exdiputado de Todos, José Ubico Aguilar, de Sacatepéquez (capturado en 2024), su involucramiento en la protección de narco aterrizajes—según su expediente en EE. UU.—debió ocurrir en otro departamento porque no se registra el aterrizaje de ninguna aeronave con droga en Sacatepéquez.
En general, las estructuras que sobrevivieron—aun si no intactas—fue porque echaron mano de su flexibilidad (como los Huistas y CJNG, además de Sinaloa), y de su habilidad para tejer pactos con autoridades locales, negociar el control territorial con otros grupos del país, o extranjeros, o para monopolizar el uso de la violencia en su territorio o rutas.
