«Pilas, va a haber fiesta». Lo escribió un policía municipal en Suchitepéquez a un traficante, en un chat por celular. Era una advertencia: la policía antinarcótica iba por él. Pero …
«Pilas, va a haber fiesta».
Lo escribió un policía municipal en Suchitepéquez a un traficante, en un chat por celular. Era una advertencia: la policía antinarcótica iba por él. Pero no vio el mensaje a tiempo. Se enteró cuando lo capturaron. Los agentes descubrieron el texto después de decomisar el teléfono.
Una fuente del Ministerio de Gobernación (Mingob), que habló bajo la condición de anonimato, y describió el caso, dice que en los últimos dos años ha sido común que la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentre con policías municipales que intentan sabotear los operativos, porque son cómplices de los narcotraficantes. La fuente reveló que ha ocurrido también en Izabal, Alta Verapaz, Retalhuleu y Chiquimula, entre otros departamentos. No reveló municipios específicos por seguridad.
La presunción es que los policías municipales no son el único personal edil involucrado con los narcotraficantes, como lo revelan casos en los últimos 35 años. El pasado 10 de abril, el Ministerio Público (MP) informó que investiga una posible relación entre un concejal de la municipalidad de Los Amates, Izabal, y una estructura que opera en ese departamento y Zacapa, y trafica cocaína desde Honduras para enviarla a Estados Unidos.
De hecho, ya en el año electoral 2019, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), reveló que 60 de 340 alcaldes electos tenían vínculos con el narcotráfico.
«Ya se habla de que un tercio de los diputados (unos 53 de 160) responden a grupos del narcotráfico directamente, como los alcaldes de la costa sur, y de las fronteras», dijo en 2025 a Oxfam Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana.
Pocos funcionarios acusados en casos de narcotráfico
Sin embargo, el número de funcionarios municipales o del Legislativo que el MP ha acusado en casos de narcotráfico es mínima. En parte, se debe a que investigar los casos, en este tipo de escenarios, es complejo además de peligroso. La citada fuente del Mingob menciona cómo, en Gracias a Dios, en Nentón, Huehuetenango, por ejemplo, hay presencia de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, aun cuando en el lugar hay personal militar y de la PNC, sin que éste tome acción alguna.
Sólo un puñado de casos de funcionarios y fuerzas de seguridad involucrados con el narcotráfico, o en delitos relacionados con las drogas, se ha vuelto público. Porque Estados Unidos ha solicitado capturas y extradiciones (no siempre con éxito). O porque la Fiscalía de Narcoactividad ha pedido—casi siempre de manera infructuosa— que se le retire la inmunidad a un alcalde o diputado para investigarle y juzgarle en Guatemala. Por ejemplo, el caso del diputado por Chiquimula, Esduin Javier Javier, cuando el MP quiso investigarlo por homicidio y lavado de dinero vinculados al narcotráfico.
Por lo general, los funcionarios pierden la inmunidad por dejar el cargo antes de que una corte lo decida así. Un ejemplo es Erik Súñiga Rodríguez, exalcalde de Ayutla (2008-2019), San Marcos. Se entregó a autoridades estadounidenses a finales de 2019, después que perdió la reelección. Murió de cáncer en 2020, recién extraditado.
También están los casos del exdiputado de Todos, José Ubico Aguilar, extraditado en 2024 y luego condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y Héctor Romeo Ramos Cruz, exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa (2020-2024), capturado en 2024 y extraditado en 2025 por narcotráfico.
El kilómetro cero
Un abogado del Cártel de Sinaloa dijo que gran parte de los acuerdos entre su cliente y el poder Ejecutivo, en México, «se establecen desde los tiempos de las precampañas o campañas electorales». Así lo escribió en su libro El Traidor la periodista mexicana Anabel Hernández.
Agregó que «el cártel financiaba recurrentemente las campañas políticas de diversos candidatos (…) porque así ganara uno o el otro, la organización nunca perdía».
En Guatemala, el asunto no es diferente. Aplica a los acercamientos entre el narcotráfico y alcaldes y diputados, entre otros funcionarios.
Los narcotraficantes se acercan a funcionarios públicos directamente, o por medio de redes de corrupción locales, si no es que se infiltran en el Estado como contratistas, con sus empresas constructoras. En algunos casos, sus propietarios las emplean para el lavado de dinero.
Financiar sus campañas políticas les permite procurarse operadores en estructuras de gobierno local o nacional.
Por eso, este año preelectoral en Guatemala y las elecciones generales de 2027 serán claves para determinar quiénes serán algunos de esos operadores, y quienes gobernarán los municipios con más actividad de narcotráfico.
Además, pasadas las elecciones de segundo grado en 2026, ya se conoce la composición de la Corte de Constitucionalidad, que puede validar o invalidar una candidatura, o defender la inmunidad de un funcionario público que las autoridades—en Guatemala o Estados Unidos— quieran procesar por narcotráfico.
En ese sentido, Manfredo Marroquín explicó a Oxfam que el Congreso se ha convertido en un refugio. Las diputaciones y alcaldías quedaron reservadas para «la gente que más plata puede meter en una campaña (…) para asegurarse la inmunidad que es tan valiosa para esos grupos».
Se refería a los del crimen organizado. Por eso, Jaime López-Aranda, exfuncionario del gobierno mexicano que ha sido analista para InSight Crime, reitera la importancia de las etapas preelectoral y electoral para una organización criminal, como para cualquier otro grupo que quiera apoyar o posicionar un candidato.
En el año electoral 2023, información extraoficial de líderes comunitarios en Chiquimula reveló que José “Che” Manuel López Morales (encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico en 2017 y deportado en 2021, después que colaborar con una fiscalía encogió su condena de 11 años de cárcel a cuatro) supuestamente patrocinó las candidaturas de 23 diputados de ese departamento, Jutiapa, Zacapa, El Progreso, Izabal, Alta Verapaz y Petén. Del grupo, supuestamente ganaron 18.
Ninguna evidencia comprueba este extremo. Pero en agosto de 2024, la comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Congreso rindió homenaje a tres ganaderos por su «contribución a la dignificación del gremio y a la economía local y nacional». Uno de ellos era Che Manuel.
El evento lo organizaron el diputado de Cabal por Jutiapa, Luis Aguirre (originario de Santa Rosalía, Zacapa), y los diputados Byron Rodríguez de Todos, por Quetzaltenango, y César Fión —independiente—, por Petén. Los diputados luego dijeron a Soy502 que desconocían que Che Manuel había estado encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico. Por aparte, Aguirre ha tenido una cercana relación con el diputadoEsduin Javier, de Chiquimula, según fuentes extraoficiales en el Congreso.
De la periferia al centro
Hace años, una creencia popular decía que, como al narcotraficante no le gustaba la exposición pública, prefería patrocinar candidaturas a participar en las elecciones u ocupar un cargo público.
No es lo que se ha observado en Guatemala, a juzgar por los funcionarios públicos detenidos y/o extraditados por narcotráfico. Aunque también se presume que algunos se involucran en el trasiego de drogas después que han llegado al puesto.
Sin embargo, hay excepciones.
Está el caso de Exadillas Ramos Aguilar, quien se identificó públicamente como narcotraficante cuando aún estaba en campaña en 2023, para ocupar la alcaldía de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, cargo que todavía ocupa pese a que Estados Unidos pidió su captura y extradición.
Hace 35 años, el narcotráfico comenzó a permear las municipalidades—y desde entonces no se ha detenido. Además, ha continuado con el Congreso por medio de diputados como José Ubico, y con miembros del gabinete presidencial y hasta candidatos a la presidencia.
De 1990 data el caso del primer alcalde capturado por narcotráfico (extraditado en 1992), Arnoldo Vargas, de Zacapa.
Una década y media después, la influencia del narcotráfico ya estaba afianzada en el Congreso, según la embajada estadounidense. En 2007, el entonces embajador de Estados Unidos, James Derham, escribió en un cable diplomático que «dado que Guatemala está inundada de narcodinero, es improbable que no se infiltre en las campañas».
Se refería a las campañas políticas de Otto Pérez Molina y Álvaro Colom ese año. No obstante, en 2009 aseguraba que varios diputados en el Congreso, vinculados con traficantes de droga, preferían aprobar leyes contra el crimen organizado antes «que ser expuestos públicamente como defensores de intereses del narco».
López-Aranda, también especialista en recolección y análisis de datos, explica que el crimen organizado no busca la visibilidad de la política, sino afianzar estructuras de control territorial. «No sólo se trata de recibir protección de las autoridades, sino de establecer vínculos de poder y de control», dice el analista.
«No es necesario que los criminales se presenten a las elecciones, como pasó con Pablo Escobar en su momento. Sino que el vínculo entre ciertos actores políticos corruptos y los grupos criminales, se vuelve muy estrecho y difícil de distinguir», añade. El propósito, explica, es el control social y político, y conseguir un mayor dominio sobre el territorio donde operan.
Los candidatos del narco también se perciben protegidos por la impunidad, según Marroquín. «Sienten que las instituciones son aliadas» y eso les incentiva a legitimarse en municipalidades o alcaldías.
Si no, que lo diga el alcalde de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, Exadillas Ramos Aguilar, a quien el MP quería investigar por narcotráfico, y otros delitos, y lo impidió la Corte de Constitucionalidad al rehusarse a retirarle la inmunidad en mayo de 2024. Un mes después, Estados Unidos pidió en vano su captura y extradición.
No es casualidad que haya cabezas políticas del narcotráfico—alcaldes y diputados—en las rutas tradicionales del trasiego: en las fronteras y la costa sur, conectadas a redes locales de corrupción.
En 2009, en el juicio por narcotráfico del guatemalteco Jorge Mario Paredes en Nueva York, un agente de la DEA explicó que la corrupción determina las rutas de trasiego, porque es donde se pactó el paso libre de los cargamentos.
Desde entonces, se han registrado otros casos de operadores políticos del narcotráfico—detenidos y juzgados en Guatemala, o extraditados—en Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa, Escuintla, San Marcos, Huehuetenango, y Sacatepéquez, entre otros departamentos.
En países como Guatemala, esto requiere poder político, según López-Aranda. Para este analista, el narcotráfico es otro actor económico que se trata de beneficiar de la corrupción.
«Conforme se extiende el control territorial y social, la relación se vuelve más simbiótica», explica. «Entonces, el rol de cliente de las redes de corrupción es tal vez el más natural para el crimen organizado».
El poder de los narco-operadores políticos
En 2017, un fiscal de narcoactividad dijo que debían llevar a policía de la capital para operativos en otros departamentos porque, si pedían apoyo a la comisaría local, siempre había fuga de información, y cualquier operativo de captura o decomiso fallaba. No quería decir que todos los policías eran corruptos, pero sí que el narcotráfico y narcomenudeo tenían suficientes contactos en las comisarías y subestaciones para sabotear los operativos.
En Zacapa y Chiquimula, algunos residentes perciben que algunos policías sí están al servicio del narcotráfico. En 2017, cuando Chiquimula ya era un importante puente de trasiego terrestre de cocaína de Honduras a Guatemala—según la fiscalía de Narcoactividad y el Viceministerio de Asuntos Antinarcóticos—el jefe de operaciones de la Comisaría local, Yuri Ramírez, dijo que el departamento «estaba limpio» de narcotráfico.
Fue el mismo año en que Che Manuel fue detenido y extraditado a EE. UU. por narcotráfico.
Además, en 2015, la CICIG había señalado que el entonces alcalde electo de Ipala, Chiquimula, Esduin Javier Javier, tenía vínculos con el trasiego de drogas. El ahora diputado, dijo dos años después a InSight Crime, «Yo pienso que (…) conocer a alguien, que indiscutiblemente sea o no sea narco, no lo hace uno narco».
Para 2023, había varios recuentos de prensa respecto a amenazas proferidas por Javier a otros candidatos a alcalde en Ipala, antes que ganara el puesto en 2015 y 2019. También luego, cuando se lanzó como diputado en 2023, año en que su hermano participó en las elecciones municipales, para sucederlo en la comuna de Ipala. Javier siempre desmintió estas versiones.
La fiscalía lo quiso investigar por lavado de dinero y tres homicidios vinculados al narcotráfico, pero para 2023, la Corte de Constitucionalidad había anulado lo actuado por errores de procedimiento de la Corte Suprema de Justicia, que impidió retirarle la inmunidad.
Ese mismo año, Javier fue electo diputado por Chiquimula y llegó al Congreso con el partido Cambio, del excandidato a la presidencia Manuel Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos.
En 2024, Javier y un grupo de empresarios de Chiquimula intentaron despojar al Comité Comunitario de Desarrollo (Cocode), de la aldea El Ingeniero, en la cabecera departamental, de un terreno municipal que la comuna le cedió hace años. Después de que el presidente del Cocode, Marco Antonio Vásquez, denunció que hombres armados con fusiles de asalto llegaron a su comunidad a amedrentarlo y recibió amenazas del diputado, la Fiscalía Distrital del departamento le ordenó a la Comisaría de la PNC de Chiquimula brindarle seguridad perimetral.
Vásquez, además, tenía la copia de un oficio donde la Sección de Operaciones de la PNC también le ordenó a la Comisaría en mayo brindarle seguridad y enviar informes circunstanciados cada semana de sus patrullajes. Sin embargo, dijo que la policía sólo llegó a su vecindario dos veces, y que para 2025 las amenazas continuaron. El congresista negó todo en declaraciones a la prensa, y sostiene que el terreno no le pertenece al Cocode.
No había información para determinar si Javier influyó en la conducta de la PNC en Chiquimula, aunque ésta sí ignoró una orden del mando superior y de la fiscalía distrital. No era un caso único.
El diputado por Sacatepéquez José Ubico (extraditado a Estados Unidos en 2024), según su expediente, había ordenado en años anteriores el retiro de patrullajes policiales en sitios donde aterrizaban aeronaves con droga (aun fuera de su jurisdicción).
En Huehuetenango, en enero de 2021, fue capturado Henry Hernández Herrera, hermano de la diputada Sofía Hernández Herrera, y entonces primera vicepresidenta del Congreso. El sujeto tenía una orden de captura desde 2018, por su involucramiento en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, pero que demoró en ser ejecutada por los contactos que tenía con autoridades del departamento, según la PNC. El hermano de la diputada salió en libertad, y el mismo año murió asesinado en el departamento. En agosto de 2021, el sobrino de la diputada, Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, fue capturado y extraditado un año después a EE. UU. por narcotráfico. El MP nunca relacionó a la parlamentaria con los casos de su hermano y sobrino.
Más escandalosos fueron los casos del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que Estados Unidos acusó por narcotráfico en 2017, cuando ambos ya estaban encarcelados en Guatemala por delitos relacionados con corrupción.
Una persona encarcelada por narcotráfico reveló que López Bonilla supuestamente vendía cocaína incautada, y que además tumbaba transporte de dinero para el pago de la droga. En 2021, la fiscalía de Narcoactividad admitió que no tenía ninguna pista al respecto. El exfuncionario se rehusó a conceder una entrevista respecto a los cargos en su contra, que se le solicitó por medio del Sistema Penitenciario.
Para entonces, ya casi era noticia vieja la captura por narcotráfico en Miami del candidato a la presidencia Mario Estrada, por el desaparecido partido Unión del Cambio Nacional (UCN), que la Embajada de EE. UU. clasificó en la categoría «narcos» desde 2007 en un cable diplomático.
También en Miami, una fiscalía acusaba al exministro de Economía del presidente Jimmy Morales (2016-2020),Acisclo Valladares Urruela, de «conspirar con un reconocido narcotraficante, un político corrupto, y un empleado bancario» para lavar alrededor de US$10 millones. El dinero, según la acusación, provenía de fuentes ilícitas, y fue utilizado para «sobornar a políticos entre 2014 y 2018».
Funcionarios corruptos son activos del narco
Los cárteles, o estructuras de narcotráfico, consideran a este perfil de autoridades como parte de sus recursos.
«Los funcionarios del gobierno de alto rango son muy importantes para la infraestructura del narcotráfico», dijo un testigo en una corte de Nueva York, según recoge el libro El Traidor. “El aparato de funcionarios corrompidos que año con año cobran dinero por proteger al cártel forma (…) parte de los activos de su empresa criminal”.
Mientras tanto, en Guatemala, la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) debe transitar este campo minado en el combate al trasiego de drogas, donde el enemigo está en una zona gris. Poco ha cambiado en 35 años, salvo para empeorar, a juzgar por el caso de Suchitepéquez en la administración actual, y que la fuente del Mingob mencionó.
Reportes de prensa indican que Erik Súñiga, cuando fue alcalde de Ayutla, San Marcos (2008-2019), empleó personal de la municipalidad para almacenar y transportar droga (su hija, Isel Súñiga, dirige la comuna desde 2024, aunque no ha sido acusada de delito alguno por el Ministerio Público).
En octubre de 2019, el alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, Otoniel Lima Recinos, fue capturado por narcotráfico. Un caso en el que también cayeron el jefe de la Policía Municipal de Tránsito del municipio, Jorge Mauricio González, y otros empleados municipales. En 2021, un tribunal de Mayor Riesgo condenó a Lima Recinos a 30 años de cárcel. Es uno de los pocos casos de un exalcalde condenado en Guatemala por tráfico de drogas, en lugar de ser extraditado y condenado en Estados Unidos.
Para las autoridades no cooptadas, combatir al enemigo cuando ha permeado el poder local y al Estado, sólo lo hace más peligroso.
Y en las épocas preelectoral y electoral, el riesgo sólo puede subir de volumen.
*Nota de edición: Se corrigió una imprecisión en un dato del uno de los diputados.
